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Este martes 08 se desarrolló el Foro organizado por la Alianza Minera de América
Latina – ALMA, donde se presentó su primer diagnóstico regional sobre la actual
situación de la extracción ilegal de minerales en América Latina y el Caribe
2026 , un documento que busca comprender el fenómeno más allá de las fronteras
nacionales y reconocer sus dimensiones económicas, sociales, ambientales y de
gobernanza.
Importantes aportes se derivan de la evaluación, entre las que se destacan las siguientes:
considera que existe una cadena regional del mercurio y su origen está documentado;
la responsabilidad del comprador funciona y no funciona la sanción por
jurisdicción; en ningún país la parálisis de la minería formal ha frenado la
extracción ilegal; el punto ciego regulatorio está en la intermediación; la
convergencia con otras economías criminales está medida; la región no mide de
la misma manera y por eso no puede actuar en su conjunto.
Una de las restricciones evidenciadas sustenta que el documento recoge cifras en
circulación que no provienen de fuentes oficiales, lo que se constituye en si misma como
una tarea pendiente que la región debe resolver para poder accionar en forma
conjunta.
La presentación del trabajo estuvo a cargo de Carolina Orozco vicepresidenta de ALMA para Ecuador y la clausura del evento estuvo a cargo de la viceministra de Minas del Perú, Mayra Figueroa, quien recibió, en representación del Gobierno del Perú, este documento que simboliza una invitación a profundizar la cooperación y transformar la evidencia en políticas, acciones y resultados.
El próximo martes 08 de septiembre del 2026 se llevará a cabo en Lima-Perú, la presentación del diagnóstico sobre la actual situación de la extracción ilegal de minerales en Latinoamérica y el Caribe.
La exposición se efectuará en el marco de un diálogo regional a efectos de impulsar acciones conjuntas basadas en evidencia, según lo difundido por los organizadores del Foro ALMA sostenible, Alianza Minera de América Latina.
Autoridades mineras de Perú , Chile, Bolivia y Argentina suscribieron este viernes 28 de
Agosto en Santiago de Chile una declaración conjunta sobre minerales estratégicos, para fortalecer la cooperación regional y posicionar a Sudamérica
como un socio confiable en el abastecimiento mundial de recursos esenciales
para la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de la
inteligencia artificial.
El acuerdo busca promover el desarrollo sostenible de los recursos minerales,
impulsar la cooperación técnica y facilitar la atracción de inversiones
responsables. Asimismo, apunta a aprovechar las ventajas geológicas y
productivas de los cuatro países para fortalecer las cadenas de suministro
internacionales. La iniciativa cobra especial relevancia para el cobre y el litio, dos recursos en
los que la región concentra importantes reservas, producción y proyectos de
inversión.
En la precitada declaración, acordaron coordinar la búsqueda de asistencia técnica
y financiamiento ante organismos multilaterales, con el objetivo de respaldar
proyectos vinculados con minerales estratégicos y fortalecer las capacidades
institucionales del sector. También se prevé impulsar convocatorias para
promover la participación de consorcios públicos y privados en iniciativas de
investigación, desarrollo e innovación.
La declaración suscrita en Santiago busca ampliar la cooperación sobre la base de
mecanismos bilaterales que ya funcionan entre algunos de los países
participantes, como es el caso del Memorando de Entendimiento sobre Asuntos
Mineros suscrito entre Chile y Perú en 2025.
La formación de capital humano será otro de los pilares de esta estrategia,
especialmente en ámbitos como geología, regulación, fiscalización y diseño de
políticas públicas mineras.
La integración regional permitiría, bajo esa perspectiva, facilitar el
desplazamiento de proveedores, tecnología, conocimiento y personal
especializado entre las principales jurisdicciones mineras sudamericanas.
Con la declaración conjunta, los cuatro países buscan convertir su disponibilidad
de recursos minerales en una ventaja estratégica frente al crecimiento de la
demanda global. El siguiente desafío será traducir la cooperación regional en
proyectos e inversiones que combinen competitividad, desarrollo local,
protección ambiental y mayor valor agregado.
Liderazgo en cobre
El ministro de Energía y Minas del Perú, Guillermo Shinno, sostuvo que el
aprovechamiento de los minerales estratégicos debe contribuir directamente al
desarrollo de los territorios. Asimismo, señaló que estos recursos deben
convertirse en instrumentos para cerrar brechas sociales y económicas,
promoviendo una minería moderna, competitiva, ambientalmente integrada y
sustentada en relaciones de confianza con las comunidades.
El ministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, advirtió que la transición
energética y el despliegue de infraestructura para inteligencia artificial
ejercerán una presión creciente sobre las cadenas mundiales de suministro. De
acuerdo con el funcionario, estas tendencias podrían requerir entre 400 % y 600
% más minerales críticos durante la próxima década.
El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter
Landívar, puso énfasis en que el desafío para los países productores no
consiste únicamente en incrementar la extracción y exportación de minerales.
Explicó, que la oportunidad pasa por transformar sus recursos en mayor valor
agregado, desarrollo productivo y bienestar social, fortaleciendo al mismo
tiempo cadenas de suministro confiables y sostenibles.
Por su parte, el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, destacó el
potencial geológico compartido y sostuvo que la región está llamada a
desempeñar un papel determinante en el futuro abastecimiento mundial de cobre.
Según señaló, el bloque regional podría llegar a generar más de la mitad del
cobre del mundo, respaldado por una geología favorable y por proyectos mineros
con horizontes operativos que pueden extenderse entre 50 y 70 años.
El dato
Estos instrumentos de gestión, pueden servir a la renovada gestión 2026-2031 del Parlamento Andino como referencia
para profundizar la integración en materias como infraestructura, desarrollo de
proveedores, intercambio de información geológica, fiscalización, políticas
públicas y formación de capital humano especializado.
 |
| Reunión en Santiago de alta funcionaria de Chile con parlamentarios andinos peruanos 2026-2031 |
 |
| Declaración de Santiago, entre funcionarios representantes de Perú,Argentina,Chile y Bolivia. |
La
reunión sostenida hoy 25 de agosto del 2026 en Santiago entre autoridades chilenas y representantes
del Parlamento Andino, entre ellos el parlamentario andino peruano Jahn
Toledo Palomino, adquiere especial significado cuando se observa a la luz
de una oportunidad estratégica que Perú y Chile comparten: ambos países
producen cerca del 40 % del cobre mundial.
En un contexto en que la
electrificación, la electromovilidad, las energías renovables, las redes
eléctricas, los centros de datos y la inteligencia artificial están impulsando
la demanda de este metal, esta posición constituye mucho más que una ventaja
minera: representa una ventaja geopolítica, económica y tecnológica.
En
este escenario surge el Proyecto 51, iniciativa que plantea elevar la
participación conjunta de Perú y Chile hasta el 51 % de la oferta mundial de
cobre en los próximos años. Pero su verdadera importancia no debería reducirse
a producir más toneladas. El desafío consiste en aprovechar ese liderazgo para avanzar
desde la exportación de concentrados hacia una mayor transformación del cobre, incorporándolo
a la fabricación de cables, componentes eléctricos, electromovilidad,
infraestructura energética y productos tecnológicos.
Para
el Perú, esta oportunidad exige mirar más allá de la minería. Tenemos reservas,
experiencia, profesionales, ubicación estratégica frente al Pacífico y una
importante cartera de proyectos; Chile posee una gran capacidad productiva y
experiencia internacional. La cooperación entre ambos países puede permitir que
esas fortalezas se complementen, siempre que el Proyecto 51 incorpore también
innovación, infraestructura, energía competitiva, gestión responsable del agua,
protección ambiental y generación de empleo y conocimiento.
Desde
Desmitificando la minería en el Perú, considero que allí se encuentra el
verdadero desafío. El Proyecto 51 no debería ser entendido ni como una bandera
propagandística de la minería ni como una iniciativa que deba rechazarse por
principio, sino como una oportunidad que merece ser discutida con visión de
largo plazo.
En este contexto, con el Proyecto 51 se podría conseguir que una proporción
mucho mayor de la riqueza, la tecnología, el empleo y el conocimiento generados
por ese cobre permanezca en nuestros países y contribuya al bienestar de
nuestros pueblos. El cobre puede convertirse de esta manera en un punto de
encuentro entre Perú y Chile y, por qué no, en un nuevo instrumento de
integración latinoamericana que fortalezca las capacidades que ostenta el
Parlamento Andino de cara al futuro.
Una nueva visión sobre el proceso de integración de los países andinos plantea superar una agenda centrada principalmente en el intercambio comercial para avanzar hacia una integración estratégica, productiva, tecnológica,logística,energética, hídrica y de seguridad, capaz de responder conjuntamente a los principales desafíos que enfrenta la región.
La propuesta ha sido expuesta por Jahn
Toledo Palomino, representante del Perú ante el Parlamento Andino, en un
artículo publicado este domingo 23 de Agosto del 2026 en el Diario Oficial El Peruano, en el
que advierte que problemas como la inseguridad, la dependencia de las
actividades extractivas, las brechas tecnológicas y logísticas, la
vulnerabilidad energética y el creciente estrés hídrico ya no pueden ser
enfrentados exclusivamente desde las fronteras nacionales.
La iniciativa toma como marco
institucional el Acuerdo de Cartagena y el Sistema Andino de Integración
(SAI), dentro del cual el Parlamento Andino cumple un papel orientado a
contribuir al proceso de integración, promover la armonización legislativa y
formular propuestas de interés común. Desde esta perspectiva, se plantea
aprovechar y fortalecer las instituciones existentes para generar resultados
concretos en beneficio de los ciudadanos y territorios de los países miembros.
Entre las propuestas planteadas
destaca la creación de un sistema andino de seguridad fronteriza,
orientado a enfrentar de manera coordinada las amenazas que afectan a los
países de la región. En materia económica y productiva, se propone avanzar
desde la exportación de materias primas hacia la industrialización regional
de los minerales, buscando generar mayor valor agregado y capacidades
productivas dentro de los propios países andinos.
La agenda incorpora asimismo una red
andina de innovación y universidades para reducir las brechas tecnológicas
y fortalecer la generación y transferencia de conocimiento. En infraestructura
y conectividad se propone impulsar corredores bioceánicos y ferroviarios,
concebidos como instrumentos para mejorar la integración física, logística y
comercial de la región.
Otro de los componentes centrales
corresponde a la transición energética. La propuesta plantea promover un mercado
andino de energía limpia, aprovechando las complementariedades existentes
entre los países y fortaleciendo la seguridad energética regional. A ello se
suma una propuesta de especial relevancia estratégica: establecer una política
andina de seguridad hídrica, reconociendo que el agua constituye un recurso
fundamental para la seguridad alimentaria, la generación de energía, el
desarrollo urbano, la agricultura y la sostenibilidad.
La propuesta parte de una premisa
fundamental: los desafíos actuales son de naturaleza transfronteriza y, por
ello, requieren capacidades comunes y respuestas coordinadas. En ese
sentido, la integración andina no debería limitarse a facilitar el comercio
entre sus miembros, sino convertirse en una plataforma para generar seguridad,
competitividad, conocimiento, infraestructura, energía y sostenibilidad
compartida.
El planteamiento también enfatiza que
esta transformación no necesariamente requiere crear nuevas estructuras
institucionales. La prioridad sería articular, modernizar y fortalecer las
capacidades existentes dentro del Sistema Andino de Integración,
orientándolas hacia proyectos regionales concretos y resultados verificables.
Para avanzar en esta dirección, se
plantea promover un diálogo con los países miembros, los órganos e
instituciones del Sistema Andino de Integración, organismos internacionales,
universidades, centros de investigación, gobiernos subnacionales, sector privado
y entidades de cooperación internacional. El objetivo sería identificar
experiencias exitosas, capacidades existentes, mecanismos de cooperación y
alianzas que permitan convertir las propuestas en proyectos regionales
viables.
La nueva agenda coloca así sobre la
mesa una visión de la integración andina acorde con las transformaciones del
siglo XXI: una Comunidad Andina con mayor capacidad para proteger sus
fronteras, agregar valor a sus recursos naturales, desarrollar conocimiento y
tecnología, conectarse mediante infraestructura moderna, avanzar hacia energías
limpias y garantizar la seguridad hídrica de sus poblaciones.
Fuente: Diario Oficial El Peruano,
“Nueva agenda andina ante los retos del siglo XXI”, Jahn Toledo Palomino,
representante del Perú ante el Parlamento Andino, 23 de agosto de 2026.
En una
de sus conclusiones, considera que el Parlamento Andino, como órgano representativo supranacional, se enfrenta a un momento crítico en su historia
institucional.
Manifiesta que en el contexto peruano, su utilidad, legitimidad y eficacia son cuestionadas por diversos actores. Reconoce que si bien cumple funciones simbólicas
y ha generado aportes valiosos en el plano normativo y declarativo, su impacto
real sobre la legislación nacional y la vida ciudadana es limitado.
Por consiguiente,(…) resulta indispensable fortalecer los mecanismos para garantizar que la
representación supranacional contribuya efectivamente a la integración regional
con legitimidad democrática y utilidad concreta para los pueblos.
Aplicando rigor científico a la disquisición hecha, es posible identificar un elemento sustantivo que contradice en el extremo de las conclusiones pues por un lado se reconoce que el Parlamento Andino es una entidad supranacional que no cuenta con facultades legislativas vinculantes y carecen de coercitividad jurídica, lo
cual por si sola explican las críticas producidas en el sentido que la mayoría
de las recomendaciones hechas no han sido implementadas ni adoptadas por los Estados
miembros, pues la precitada restricción limita su capacidad de influencia real sobre
las políticas públicas nacionales, por consiguiente su fortaleza esta orientada
más a la concertación política que a la producción normativa obligatoria. En este contexto, el parlamento andino debe entenderse como órgano deliberante, consultivo y de representación ciudadana, cuyo objetivo fundamental es promover la integración y armonización legislativa entre los Estados andinos, hecho que marca la distinción sustantiva entre las funciones que desempeñan el Congreso de la República y el Parlamento Andino. Convengamos entonces en que la integración de los Estado andinos debe contextualizarse en el marco del Sistema Andino de Integración y de ninguna manera como una organización aislada, partiendo de un constructo que implica esfuerzos realizados por múltiples actores en larga data y es fundamental socializar los avances obtenidos por los Estados de la comunidad andina.
De otro lado, la política central de la gestión de cara al futuro debiera pasar por tratar de responder a la pregunta ¿Qué puede hacer el Parlamento Andino? y transitar a la pregunta ¿Qué problemas no puede resolver individualmente ningún país andino? y a partir de
allí empezar a construir proyectos.
Para pasar a un nível superior en la misión del parlamento andino, es preciso pasar de enfocar el indicador que responda
a la pregunta ¿Cuántos
marcos normativos aprobamos? a ¿Cuántos problemas regionales ayudamos a resolver?.
EL
CANAL QUE ACTÚA COMO REFERENCIA / Parlamento
Andino TV — canal oficial
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
El
canal fue creado en abril de 2017 y declara expresamente que su
objetivo es difundir la actividad del Parlamento Andino, la Comunidad Andina y
los procesos de integración política, social y económica de Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador y Perú.
1.
VIDEOTECA DEL PARLAMENTO ANDINO
Naturaleza, objetivos y razón de ser
1. ¿Qué
es el Parlamento Andino? — Congreso de la República del Perú
Publicado:
18 de febrero de 2020 / Fuente:
Congreso de la República del Perú.
Es uno
de los videos imprescindibles para
comenzar. Presenta institucionalmente al Parlamento Andino y permite comprender
su naturaleza y razón de ser.
2.
Parlamento Andino: la voz de los pueblos de los Andes
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com / Fuente:
Parlamento Andino TV.
Es un
material institucional que presenta al Parlamento como espacio de
representación de los ciudadanos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú y
destaca la armonización legislativa, participación ciudadana, educación,
democracia y cooperación regional.
2.
FUNCIONES DEL PARLAMENTO ANDINO
3. ¿Qué
Función Cumple un Parlamentario Andino dentro del Organismo?
https://youtu.be/Rv5j1nEEplk?si=omf3ILRnsHy-abJE
Este
material explica la función del parlamentario andino y resulta útil para
diferenciar la función de un parlamentario nacional de la función dentro del
sistema de integración.
4.
Parlamento Andino aprueba marcos normativos clave en su Sesión Plenaria
Este
material permite pasar de la teoría a la actividad parlamentaria concreta:
educación, salud, democracia, trabajo, ciberseguridad, patrimonio y relaciones
entre países.
3.
PARLAMENTO ANDINO Y SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN — SAI
5. El
organismo aprobó la Recomendación para fortalecer el Sistema Andino de
Integración
Este
video es importante para entender que el Parlamento Andino debe analizarse
dentro del Sistema Andino de Integración y no como una institución aislada.
6. El
Embajador Gonzalo Gutiérrez: Secretario General de la Comunidad Andina
Es útil
para estudiar la relación entre Parlamento Andino y Secretaría General de la
Comunidad Andina, especialmente respecto de la integración regional y la
coordinación institucional.
4.
ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA Y MARCOS NORMATIVOS
Esta
categoría tiene relevancia , porque
permite demostrar que el Parlamento Andino no solamente debate, sino que
desarrolla instrumentos de armonización y recomendaciones para los países
miembros.
7.
Parlamento Andino aprueba marcos normativos clave
https://youtu.be/UAUWyhd50pA?si=AZ-4lOam_ZWR0CYs
Muestra
cómo se aprueban instrumentos sobre educación, salud, democracia, trabajo y
ciberseguridad.
8.
Organismo debatió proyecto de Marco Normativo para enfrentar la evasión de
impuestos
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
Este
contenido aparece dentro de la programación oficial de Parlamento Andino TV y estudia la dimensión económica y fiscal de la integración.
9.
Propuesta de Norma Comunitaria para garantizar el acceso a la educación
superior
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
El
canal oficial registra este trabajo entre las actividades de la Plenaria.
5.
EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES
10.
Parlamento Andino celebra el Acceso a la Educación Superior
https://youtu.be/3fPnqFkRp6w?si=MFzaV00bWCWR_2hz / Publicado:
11 de diciembre de 2024.
Explica
la Red Andina de Universidades Acreditadas, homologación de títulos, movilidad
académica y proyectos universitarios.
11.
Parlamento Andino realizará el I Encuentro de la Red Andina de Universidades
Acreditadas
https://youtu.be/06kgGfLlABM?si=JBxJ3wWxn7HZYHMP / Publicado:
6 de mayo de 2024.
Explica
la creación de mecanismos regionales de cooperación universitaria, homologación
de títulos y movilidad académica.
12.
Entrevista al Secretario General sobre el I Encuentro de la Red Andina
https://youtu.be/ke-fJB7Vau4?si=ZWsxjjiJR5V89BNs / Publicado:
14 de junio de 2024.
Permite
escuchar al Secretario General Eduardo Chiliquinga Mazón explicar los objetivos
de la Red Andina de Universidades Acreditadas.
Además,
esta línea de trabajo ha evolucionado. En abril de 2026 se lanzó la Primera
Convocatoria de Acreditación de la Red Andina de Universidades Acreditadas, con
participación de autoridades académicas y especialistas.
6.
MEDIO AMBIENTE, BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD
Temática
sobre capital natural, bosques, deforestación y políticas ambientales andinas, categoría particularmente interesante para resolver los problemas de la deforestación en los Estados andinos.
13. Dr.
Víctor Miyakawa — Cooperación y Conservación Forestal
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
El
contenido aparece dentro de la sección Visión Política del canal oficial.
14.
Parlamentario Andino Fabián Díaz — defensa del medio ambiente
El
canal registra una entrevista al parlamentario colombiano Fabián Díaz sobre
defensa del medio ambiente.
15.
Pronunciamiento sobre las alteraciones ambientales en Napo, Ecuador
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
Es
importante porque muestra cómo una problemática ambiental nacional puede
convertirse en materia de pronunciamiento regional del Parlamento Andino.
7.
SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD Y AMENAZAS TRANSNACIONALES
16.
Parlamento Andino impulsa el debate regional sobre seguridad y ciberdefensa
Temática
para entender la posibilidad de desarrollar agendas comunes andinas frente a
problemas que ningún país puede resolver individualmente, como trata de
personas, narcotráfico, contrabando y ciberataques.
8.
MIGRACIÓN Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANDINOS
17. La
Plenaria debatió y aprobó la Declaración sobre Migraciones
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
El
video forma parte de la actividad parlamentaria oficial y es útil para estudiar
la dimensión social de la integración. Este
tema tiene importancia jurídica porque se relaciona con el Estatuto Andino de
Migración y con la movilidad de ciudadanos dentro de la región.
9.
ECONOMÍA E INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
18.
Parlamento Andino en el I Foro Internacional de Economía Solidaria y
Cooperativismo
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
Permite
estudiar la dimensión económica y social de la integración, particularmente la
economía solidaria y el cooperativismo.
19.
Marco Normativo para enfrentar la evasión de impuestos
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
Permite
analizar hasta dónde puede llegar la armonización de políticas fiscales y
económicas entre los países andinos.
10.
DIPLOMACIA PARLAMENTARIA E INTEGRACIÓN INTERNACIONAL
20.
Participación del Parlamento Andino en EuroLat
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
El
canal oficial tiene contenidos de Visión Política y actividad internacional, y
el Parlamento Andino participó en las reuniones de EuroLat en Bruselas en
diciembre de 2025. Allí se trataron asuntos de diplomacia parlamentaria,
cooperación UE–América Latina y relaciones con los países de la Comunidad
Andina.
21.
Entrevistas a parlamentarios andinos
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
El
canal contiene, entre otras: Adolfo Mendoza Leigue — Bolivia ; Óscar Darío
Pérez — Colombia.; Faustino Ollisco.J Mariano González — Perú.; Cristina Reyes
— Ecuador.; Gustavo Pacheco — Perú. ; Virgilio Hernández — Ecuador. Lo cual
permite estudiar cómo interpretan los propios parlamentarios el mandato que
recibieron.
11.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORMACIÓN DE JÓVENES
22.
Parlamento Andino Universitario y Parlamento Andino Juvenil
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
El
canal institucional mantiene una línea específica dedicada a participación
juvenil y universitaria. El
Parlamento Andino no concibe la integración solamente como un asunto de
gobiernos, sino también como un proceso de construcción de ciudadanía andina.
12.
ACTIVIDAD PLENARIA Y FUNCIONAMIENTO REAL
23.
Sesiones del mes de octubre y celebración del 44.º aniversario
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
Permite
observar la actividad parlamentaria real y no solamente la explicación
institucional.
24.
Gestión parlamentaria del mes de septiembre
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
25.
Posesión y juramentación de la nueva Presidenta del Parlamento Andino
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
Estos
contenidos aparecen en la programación oficial de Parlamento Andino TV.
13.
OBSERVACIÓN ELECTORAL
https://www.youtube.com/@parlamentoandinotv?utm_source=chatgpt.com
El
Parlamento Andino ha realizado misiones de observación electoral en los países
de la región y en 2026 participó, por ejemplo, en la observación de las
elecciones presidenciales de Colombia y en la segunda vuelta presidencial del
Perú.
Después de más de dos décadas de existencia, la revista El Cóndor puede ser considerado
un archivo histórico del proceso de integración andina y de la evolución
institucional del Parlamento Andino. Su valor no se limita a registrar las
actividades de los parlamentarios; sus diferentes ediciones permiten
identificar la evolución de las prioridades regionales en materia de
integración política y económica, democracia, derechos humanos, comercio,
desarrollo sostenible, biodiversidad, cambio climático y participación ciudadana.
En consecuencia, la sistematización cronológica de sus ediciones constituye una
herramienta de investigación con valor académico e institucional,
particularmente útil para estudiar la construcción progresiva de la agenda
política y estratégica de la región andina.
Así,la revista El Cóndor constituye una de las principales publicaciones
institucionales del Parlamento Andino y, al mismo tiempo, una fuente documental
de especial relevancia para reconstruir la evolución contemporánea del proceso
de integración andina.
Sus antecedentes se remontan al año 2001, cuando comenzó
a publicarse con periodicidad bimestral y distribución gratuita bajo la
denominación El Cóndor – Informativo del Parlamento Andino.
El historiador José Miguel Santacreu Soler señala que la consulta de esta
publicación, conjuntamente con la Gaceta Oficial del Parlamento Andino, resulta
fundamental para conocer las actividades, decisiones y recomendaciones del
organismo desde 2001, calificándolas como fuentes particularmente útiles para
reconstruir su historia reciente (Santacreu Soler, 2019).
Su carácter institucional también se encuentra respaldado normativamente. El
Reglamento General del Parlamento Andino establecía que El Cóndor constituía el
medio escrito de información oficial del organismo y contemplaba la
participación de las representaciones parlamentarias nacionales mediante
corresponsalías.
Asimismo, el Reglamento reconocía la necesidad de desarrollar
medios electrónicos para la acumulación, conservación y difusión de información
parlamentaria (Parlamento Andino, 2007).
La revisión de ejemplares digitalizados permite observar una progresiva
transformación de sus contenidos. En 2014, por ejemplo, la edición N° 25 abordó
la integración parlamentaria entre la Comunidad Andina y la Unión Europea; la N°
27 informó sobre la elección de Javier Reátegui Rosselló como presidente para
el período 2014-2015; la N°30 conmemoró los 35 años del Parlamento Andino y
registró el respaldo institucional al proceso de paz colombiano; mientras que
la N°31, de diciembre de 2014, documentó la incorporación de Chile como miembro
pleno del Parlamento Andino (Parlamento Andino, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d).
 |
| La Edición N°27 registró la elección para el periodo 2014-2015 de Javier Reátegui Rosselló |
La evolución editorial resulta particularmente significativa hacia finales de la
década de 2010. La edición N°85, de diciembre de 2019, evidencia que la
revista ya constituía un espacio para abordar asuntos estratégicos de la
región, entre ellos economía circular, biodiversidad y ecosistemas, economía
campesina y agricultura familiar, desarrollo sostenible, facilitación del
comercio y derechos sociales.
En particular, la Comisión Tercera del Parlamento
Andino debatió una propuesta destinada a articular políticas públicas para la
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas de
la región andina (Parlamento Andino, 2019).
En la actualidad, El Cóndor forma parte de la estrategia de Parlamento Abierto del
organismo. El Parlamento Andino reconoce expresamente a la revista y a El
Cóndor TV como canales de divulgación e interacción con la ciudadanía, junto
con su repositorio digital, memorias, pronunciamientos e informes de gestión.
Esta evolución demuestra el tránsito de El Cóndor desde un informativo institucional
impreso hacia un instrumento digital de comunicación, transparencia,
participación ciudadana y preservación de la memoria institucional (Parlamento
Andino, s. f.).
Referencias
Parlamento Andino. (2007). Reglamento General del Parlamento Andino.Parlamento Andino.
Parlamento Andino. (2014a). Gestión parlamentaria por la integración (Revista El Cóndor, N°
25). Universidad Andina Simón Bolívar.
Parlamento Andino. (2014b). Parlamentos andinos eligieron a Javier Reátegui Rosselló como
presidente para el periodo legislativo 2014-2015 (Revista El Cóndor, N°27).
Universidad Andina Simón Bolívar.
Parlamento Andino. (2014c). 35 años Parlamento Andino (Revista El Cóndor, N° 30).
Universidad Andina Simón Bolívar.
Parlamento Andino. (2014d). Chile miembro pleno del Parlamento Andino (Revista El Cóndor,
N° 31). Universidad Andina Simón Bolívar.
Parlamento Andino. (2019). El Cóndor (Edición N° 85, diciembre de 2019). Parlamento
Andino.
Parlamento Andino. (s. f.). Parlamento abierto.
Santacreu Soler, J. M. (2019). El Parlamento Andino. En K. L. P. Mariano, R. N. Bressan,
& B. T. Luciano (Eds.), Diplomacia parlamentar: Perspectivas a partir das
Américas. Universidade de São Paulo.
Aunándose a los países miembros observadores : Turquía y Marruecos; la posibilidad de la incorporación de Brasil como Miembro Observador del Parlamento Andino fortalecería el proceso de integración sudamericana y contribuiría al cumplimiento de las funciones del Parlamento Andino, en particular las de armonización legislativa,
promoción del desarrollo sostenible, integración económica, cooperación científica y tecnológica, así como la consolidación del sistema democrático regional.
En este contexto, esta opción se encuentra alineada con la misión del Parlamento Andino de promover la integración regional, fortalecer la cooperación política y legislativa, contribuyendo al desarrollo integral de los
pueblos de la región.
Diversos argumentos enfocados en las funciones y objetivos propios del Parlamento Andino dan sólido sustento a esta posibilidad, aunados a los fundamentos comerciales que por sí solo se explican para diversos sectores económicos.
Brasil representa cerca del cincuenta por ciento del territorio, de la población y del producto bruto interno de América del Sur, por lo que su participación enriquecería el debate parlamentario y permitiría impulsar iniciativas conjuntas en materias de interés común como infraestructura regional, corredores bioceánicos, transición energética, seguridad alimentaria, protección de la Amazonía, lucha contra el cambio climático, innovación tecnológica, transformación digital, educación, salud y seguridad fronteriza.
Asimismo, Brasil comparte fronteras con tres países miembros de la Comunidad Andina : Perú, Colombia y Bolivia, lo que genera desafíos comunes relacionados con el comercio, la gestión ambiental, la conectividad, la migración, las economías ilegales y otros delitos transnacionales.
La participación de Brasil permitiría desarrollar recomendaciones y marcos legislativos coordinados para atender
estas problemáticas.
De otro lado, su incorporación como Observador fortalecería el diálogo entre el Parlamento Andino y el MERCOSUR, favoreciendo la
convergencia entre ambos mecanismos de integración regional y promoviendo una agenda sudamericana más articulada.
Finalmente, la experiencia brasileña en áreas como bioeconomía, investigación científica,desarrollo industrial, innovación, agricultura tropical, energías renovables y políticas públicas enriquecería el intercambio de buenas prácticas y contribuiría al diseño de propuestas normativas orientadas al desarrollo sostenible e inclusivo de los países andinos: Chile, Ecuador, Perú, Colombia y
Bolivia.
 |
| La integración natural de los Andes y la Amazonía erigen el sustento de la adaptación de los pueblos |
Los parlamentarios andinos electos por Perú, entre titulares y suplentes, para el periodo 2026-2031, juraron a sus cargos hoy lunes 27 al mediodía, en una ceremonia realizada en el Hemiciclo del Palacio Legislativo. El Dato
Juraron cinco (5) parlamentarios andinos titulares y diez (10) parlamentarios andinos suplentes :
Fuerza Popular:
Titular: Luis Fernando Galarreta Valarde
Suplentes: Rosario de las Nieves Guevara Badillo y Pedro
Carlos Casanova Saavedra
Partido Cívico Obras
Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino
Suplentes: Ernesto Raúl León Díaz y Constantino Loa Ortiz
Renovación Popular
Titular: Maali Olga Betty Del Pomar Saettone
Suplentes: Guillermo Humberto Valdivieso Méndez y Leoncio
Carlos Merino Durán
Juntos por el Perú
Titular: Paul Percy Fernández Bravo
Suplentes: Rosario del Carmen Mori Isuisa y Jorge Eusebio
Manco Zaconetti
Partido del Buen Gobierno
Titular: Marcio Marino Bendezu Echevarría
Suplentes: Pamela Erilka Osorio Espinoza y María Luisa
Ñañez Millones.
Durante décadas hemos hablado de capital humano, capital financiero, capital físico e
incluso de capital institucional como pilares del desarrollo. Sin embargo,
existe un activo fundamental que pocas veces forma parte del debate público y
de las políticas económicas: el capital natural.
En lo que va del siglo XXI, este concepto se perfila como uno de los principales indicadores
para medir la riqueza de las naciones y la sostenibilidad de su
crecimiento.
El capital natural comprende el conjunto de activos que la naturaleza proporciona
y que generan bienestar, productividad y desarrollo económico. Incluye los
bosques, el agua, los suelos, los minerales, la biodiversidad, los ecosistemas
marinos, los recursos pesqueros y las fuentes de energía renovable. Desde esta
perspectiva, la naturaleza deja de ser considerada únicamente como una fuente
de recursos para convertirse en un patrimonio estratégico que, cuando es
gestionado responsablemente, produce beneficios económicos, sociales y
ambientales de manera permanente.
Esta visión representa un cambio profundo respecto del modelo tradicional de
desarrollo. Durante gran parte del siglo XX, el progreso de un país se evaluó
principalmente por el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), el volumen
de inversiones y la infraestructura construida. Las carreteras, puertos,
centrales hidroeléctricas, fábricas y ciudades conformaron el denominado
capital producido, mientras que la educación, la salud y el conocimiento dieron
origen al concepto de capital humano. En las últimas décadas, organismos
internacionales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), la FAO y las Naciones Unidas han ampliado esta
visión al señalar que la riqueza de una nación depende de la adecuada gestión
de cuatro grandes capitales: el capital producido, el capital humano, el
capital institucional y el capital natural.
El capital natural del Perú
Pocos países en el mundo poseen una dotación de capital natural tan extraordinaria como el Perú.
Su territorio alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad del
planeta, extensos bosques amazónicos, abundantes recursos hídricos, importantes
reservas minerales, ecosistemas marinos altamente productivos y un invaluable
patrimonio cultural estrechamente vinculado con la naturaleza.
Esta riqueza
constituye una ventaja competitiva excepcional y representa una oportunidad
histórica para construir un modelo de desarrollo basado en la competitividad,
la innovación, la inclusión social y la sostenibilidad.
No obstante, este patrimonio también enfrenta importantes amenazas.
Entre los años
2001 y 2024, el Perú perdió aproximadamente 2,8 millones de hectáreas de
bosques. Tradicionalmente esta cifra ha sido presentada como un indicador
ambiental. Sin embargo, desde la óptica de la economía moderna representa,
principalmente, una reducción del capital natural del país.
Este cambio de enfoque transforma la manera de comprender la relación entre
crecimiento económico y conservación ambiental.
Durante años se ha planteado un
falso dilema entre proteger el ambiente o aprovechar los recursos naturales. En
realidad, ambos forman parte de un mismo patrimonio. La minería moderna y
responsable, la agricultura sostenible, el manejo forestal, la conservación de
cuencas, la pesca, la infraestructura resiliente y el turismo de naturaleza no
son actividades incompatibles; por el contrario, constituyen distintas formas
de gestionar inteligentemente el capital natural.
El verdadero desafío no
consiste en escoger entre conservar o producir, sino en lograr que el
aprovechamiento de los recursos naturales mantenga e incremente el valor de ese
patrimonio para beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Entre todos los componentes del capital natural, los bosques ocupan un lugar
estratégico.
Más allá de producir madera, regulan el ciclo hidrológico,
capturan y almacenan carbono, estabilizan el clima, protegen los suelos,
conservan la biodiversidad, favorecen la polinización de los cultivos y
sustentan actividades económicas como el ecoturismo, la investigación
científica y el aprovechamiento sostenible de recursos genéticos. Mientras
permanecen en pie continúan generando beneficios económicos diariamente,
aunque gran parte de ese valor permanezca invisible en las cuentas nacionales. En este escenario, la economía ambiental ha desarrollado metodologías para valorar
económicamente los servicios ecosistémicos que brindan los bosques. El objetivo
no es ponerle un precio a la naturaleza, sino estimar el costo económico que
asume la sociedad cuando esos servicios desaparecen como consecuencia de la
deforestación.
Una aproximación al costo económico de la deforestación en Perú
Aplicando metodologías ampliamente utilizadas por el Banco Mundial, la FAO, la iniciativa
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) y la Plataforma
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios
de los Ecosistemas (IPBES), es posible realizar una estimación conservadora del
valor económico asociado a la pérdida de bosques en el Perú.
Bajo este enfoque, la deforestación acumulada durante el período 2001-2024
representaría una pérdida potencial cercana a diez mil (US$ 10 000) millones de dólares anuales en
servicios ecosistémicos. Es importante precisar que esta cifra no constituye un dato oficial, sino una
estimación técnica elaborada a partir de metodologías internacionales de
valoración del capital natural. Su principal utilidad consiste en dimensionar
económicamente aquello que normalmente no aparece reflejado en los indicadores
macroeconómicos tradicionales.
La mayor parte de esta valoración corresponde a la regulación hídrica. Los bosques
amazónicos funcionan como una inmensa infraestructura natural que capta agua,
alimenta acuíferos, regula caudales y disminuye el riesgo de inundaciones y
sequías. A ello se suma su función como uno de los principales sumideros
naturales de carbono del planeta, contribuyendo a la mitigación del cambio
climático y generando oportunidades de financiamiento mediante los mercados
internacionales de carbono. La estimación también incorpora el valor asociado a
la protección de los suelos, la conservación de la biodiversidad, la
polinización, la producción forestal sostenible, el turismo de naturaleza, los
recursos genéticos y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
Una aproximación para la Comunidad Andina
Cuando este análisis se amplía al ámbito regional y se consideran conjuntamente Perú,
Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, la magnitud del capital natural adquiere
una dimensión aún mayor. Sobre la base de estimaciones conservadoras, la
pérdida acumulada de bosques durante el periodo 2001 al 2024 en el presente siglo XXI, representaría una
disminución superior a US$ 50 mil millones anuales en servicios ecosistémicos.
Esta realidad confirma que la conservación y el aprovechamiento sostenible de los
bosques constituyen uno de los mayores desafíos compartidos por los países
andinos. Al mismo tiempo, abre una oportunidad para impulsar una agenda
regional basada en el monitoreo satelital de los bosques, los pagos por
servicios ecosistémicos, la restauración de ecosistemas degradados, el
fortalecimiento de los mercados de carbono y el intercambio de conocimiento
científico y tecnológico.
El dato
Quizá el principal aporte de este análisis seria el concepto de capital natural que permite superar la recurrente confrontación entre desarrollo económico y
conservación ambiental. Así, una mina que opera con altos estándares ambientales,
una cuenca hidrográfica protegida, un bosque manejado sosteniblemente, una agricultura
eficiente en el uso del agua y una ciudad resiliente forman parte de una misma
estrategia de desarrollo orientada a preservar y potenciar la riqueza nacional.
Comparto con ustedes una síntesis de mi reciente exposición sobre residuos sólidos municipales vinculado con la transición energética:
Tras denodados esfuerzos de largo aliento, pudimos demostrar en Perú - un país por antonomasia Minero - que muchos de los problemas ambientales no se resuelven satanizando actividades extractivas y productivas, sino aplicando conocimiento científico,
innovación tecnológica y políticas públicas responsables.
Ese fue el caso de la
minería moderna, donde la incorporación de estándares ambientales, economía
circular, cierre de minas, reutilización del agua y energías renovables ha
transformado positivamente esta actividad en el país.
Hoy en día, esa línea de pensamiento debe extenderse a otro desafío que afecta directamente
la calidad de vida de mas de 34 millones de personas que viven en el país de los Incas: la gestión responsable de los residuos sólidos
municipales.
Así
como durante décadas del siglo pasado se difundió el mito de que la minería solo generaba
contaminación, en lo que va del tercer milenio, también se ha instalado la idea respecto a que la basura es un problema
sin solución, cuyo único destino posible son los vertederos, botaderos a cielo abierto o los rellenos
sanitarios.
La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario: la denominada coloquialmente basura constituye un recurso estratégico capaz de producir energía, reducir
emisiones, generar empleo y liberar importantes recursos públicos para ser destinados a otros sectores estratégicos como son la salud
y la educación.
La
nueva minería urbana
Considerando que la
minería generalmente conocida extrae recursos del subsuelo, la nueva minería urbana recupera recursos contenidos en los residuos
generados por las ciudades; habida cuenta que cada
tonelada de residuos sólidos municipales contiene entre otros: energía química
aprovechable en el material orgánico; metales reciclables; plásticos; papel, cartón , vidrio y minerales reutilizables.Por consiguiente, los residuos sólidos urbanos constituyen una auténtica mina sobre
la superficie, cuya explotación tecnológica resulta mucho más sostenible
que continuar enterrándolo. Esta
visión coincide en todos sus extremos con los principios de la economía circular
promovidos por la OCDE, la Unión Europea y diversos organismos multilaterales.
El
desperdicio económico en los países Andinos
En
Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile se cuenta en total con 138,8 millones de habitantes que generan conjuntamente en la actualidad el orden de sesenta (60) millones de toneladas anuales de residuos sólidos municipales. La
mayor parte termina en: botaderos ilegales; vertederos a cielo abierto y rellenos
sanitarios que se encuentran próximos a terminar su vida útil.
Paradójicamente, ingentes cantidades de dinero del tesoro público continúan destinándose únicamente a: recoger
basura; transportarla; enterrarla; construir nuevos rellenos sanitarios o remediar
la contaminación ocasionada por una disposición inadecuada. En estricto, esto equivale económicamente a invertir permanentemente en
ocultar un recurso con valor energético, en lugar de transformarlo en un activo
productivo.
Waste
to Energy (WTE) para producir electricidad a partir de la basura
Los
países más desarrollados del planeta comprendieron hace décadas atrás que los residuos no deben
enterrarse. Por
ello implementaron sistemas integrados basados en: selección en la fuente y reducción en la generación
de residuos; reciclaje; compostaje y valorización energética.
La
tecnología WTE permite convertir la fracción no reciclable de
los residuos en: electricidad; vapor industrial; calor para calefacción
distrital; combustibles alternativos; materias primas secundarias, entre otros. Asimismo, lejos
de representar las antiguas incineradoras, las plantas modernas operan con
estrictos sistemas de control ambiental y cumplen rigurosos estándares
internacionales de emisiones. Actualmente, múltiples países del mundo entre los que se encuentran : Suecia, Dinamarca, Alemania, Japón, Suiza, Austria, Francia,
Singapur y Corea del Sur; valorizan energéticamente una parte importante de sus
residuos, reduciendo al mínimo la disposición en vertederos o rellenos sanitarios.
La basura puede contribuir decididamente a la transición energética
Cuando
se habla de transición energética generalmente se piensa en: energía solar; energía
eólica; hidrógeno verde; electromovilidad o similares; Sin
embargo, pocas veces se menciona que los residuos sólidos municipales constituyen una
fuente de energía renovable parcialmente biogénica y gestionable, capaz de
generar electricidad de manera continua, complementando otras tecnologías
renovables. Para
la Comunidad Andina, ello representa una oportunidad extraordinaria a los efectos de : diversificar la matriz energética; fortalecer la seguridad energética; disminuir
emisiones; asi como impulsar la economía circular.
Menos
rellenos sanitarios, más hospitales y mejores escuelas
Una
de las mayores ventajas económicas del modelo WTE consiste en reducir
significativamente la dependencia de nuevos rellenos sanitarios. Construir
un relleno sanitario implica: adquirir grandes extensiones de terreno; elaborar el expediente técnico, ejecutar costosas
obras de ingeniería; operar sistemas de impermeabilización; tratar lixiviados; captar
gases; monitorear el sitio durante décadas. Todo ello demanda enormes recursos
públicos. Si
una parte importante de los residuos es valorizada energéticamente, disminuye
el volumen destinado a disposición final, se prolonga la vida útil de los
rellenos existentes y se evita la construcción de nuevas infraestructuras de
alto costo. Los recursos liberados podrían orientarse a prioridades sociales como: hospitales; centros de salud; infraestructura educativa; investigación científica; innovación tecnológica; agua potable y saneamiento; conectividad digital y otros. De esta manera la política pública deja de resolver a medias un problema de gestión y morosidad que se va acumulando en el tiempo , para financiar el desarrollo autónomo.
La
minería y la valorización energética: una alianza para el desarrollo
Desde
la perspectiva del desarrollo sostenible, minería y WTE no son compartimentos estancos o aislados. Por el contrario, ambos son susceptibles de complementarse. La minería aporta: cobre; litio; plata; molibdeno; tierras raras; otros minerales
críticos indispensables para la transición energética; en tanto que el
sistema WTE aporta: energía firme; reducción de emisiones; recuperación
de metales; aprovechamiento eficiente de recursos urbanos. Juntos
forman parte de un mismo modelo económico basado en la eficiencia de los
recursos y la descarbonización.
Una
propuesta para la Comunidad Andina
La
Comunidad Andina podría liderar una Iniciativa Regional de Valorización
Energética de Residuos, con objetivos como: eliminar
progresivamente los botaderos a cielo abierto; reducir la disposición final de
residuos; armonizar normas técnicas y ambientales; promover asociaciones
público-privadas para plantas WTE; acceder conjuntamente a fondos climáticos
internacionales; desarrollar un mercado regional de bonos de carbono vinculados
al sector residuos; crear un Centro Andino de Investigación en Economía
Circular y WTE; intercambiar experiencias regulatorias y
tecnológicas entre los cinco países, así como incorporar lecciones aprendidas de países desarrollados bajo el enfoque de la contribución a la energía y economía, asi como con el debate medioambiental y normativo.
Una
estrategia regional permitiría reducir costos, atraer inversión, compartir
capacidades técnicas y acelerar la transición hacia un modelo de gestión más
eficiente.
El Dato
►Entre el 2001 y 2025, la población conjunta de Perú, Colombia,
Ecuador, Bolivia y Chile pasó de 103,5 millones a 138,8 millones de habitantes,
lo que representa un crecimiento de 35,3 millones de personas (34,1 %) en lo que va del siglo XXI. Este
incremento demográfico genera un mayor volumen de residuos sólidos
municipales. En este sentido, la valorización energética de residuos mediante
tecnologías WTE se convierte en una oportunidad estratégica
para transformar un problema ambiental en una fuente sostenible de energía y
avanzar hacia una economía circular en la región andina.
►La evidencia internacional demuestra que la tecnología WTE no reemplaza la reducción, la reutilización ni el
reciclaje; las complementa dentro de una gestión integral y puede transformar el rápido e insostenible crecimiento demográfico de las ciudades que producen residuos sólidos municipales en una fuente de energía, empleo, salud y bienestar.
Los ciudadanos libres e independientes del Perú, saludamos hoy 4 de Julio al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica por sus 250
años de independencia lograda en 1776.
Esta celebración tradicional desde 1777, un año después de firmada la declaración de Independencia dieron lugar a imperecederas frases
vinculadas a la libertad y la unidad nacional dichas por ilustres personajes.
Así, trascienden en el tiempo frases como: "La libertad, cuando comienza a echar raíces, es una planta de
rápido crecimiento". "La verdadera libertad radica en la capacidad de ser
auténticos y vivir con integridad".
Hoy hacemos un brindis por la libertad
y por todos los que la hacen posible.
Mediante el Decreto Supremo N° 097-2026-PCM publicado este 02 de Julio del 2026 en el diario oficial El Peruano, 91,7 % de las regiones del Perú fueron comprendidas en la declaratoria de emergencia (22 de 24) y asimismo 42,1 % de los distritos del país fueron declarados en Estado de Emergencia (796 de
1,891).
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| El retroceso de glaciares y deforestación contribuyen a profundizar la emergencia climática |
Esta emergencia fue declarada por el peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027, por el plazo de sesenta días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo
existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Estas cifras reflejan que la declaratoria tuvo un alcance territorial muy amplio, cubriendo más de nueve de cada diez regiones y más de cuatro de cada diez distritos del país.
La magnitud de la situación identificada, debido a la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño (Pacífico ecuatorial central) ante la próxima temporada de lluvias, demanda la adopción de medidas
urgentes que permitan a los Gobiernos Regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín,
Tacna, Tumbes, Ucayali, la Provincia Constitucional del Callao y a los
Gobiernos Locales involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento del
INDECI y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación,
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del
Interior, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de
Energía y Minas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y
privadas involucradas, en cuanto les corresponda, ejecutar las medidas y
acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan; siendo necesario asimismo, autorizar la continuidad de las acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo así como de respuesta y
rehabilitación, iniciadas en el marco de las declaratorias de estado de
emergencia prorrogadas con los Decretos Supremos Nº 065-2026-PCM, Nº
066-2026-PCM, Nº 067-2026-PCM, Nº 068-2026-PCM, Nº 074-2026-PCM, Nº
081-2026-PCM, Nº 087-2026-PCM y Nº 094-2026-PCM.
En una ceremonia pública realizada hoy 25 de junio del 2026 en el auditorio del Colegio Médico de Lima - Perú, el
presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo,
hizo entrega de las credenciales a los senadores y parlamentarios andinos
electos para el período 2026-2031, acto que formaliza su condición de
representantes elegidos por voluntad popular.
La ceremonia contó con la
presencia del actual presidente de la República del Perú, José María Balcázar.
Entre las autoridades acreditadas se encuentra el parlamentario
andino electo Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino, quien ha sido invitado
a participar como expositor en el foro análisis y evaluación de la
importancia del proceso de formalización de la minería en el Perú,
organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de
Áncash, evento que se desarrollará el próximo 7 de agosto de 2026.
La participación del parlamentario andino reviste especial importancia debido a que la formalización minera constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible de los países andinos.
En este contexto, los aportes y conclusiones que surjan del foro podrán ser
contrastados con las experiencias y realidades de los demás países integrantes
del Parlamento Andino: Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, promoviendo así el
intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de políticas regionales
orientadas a una minería responsable, formal y ambientalmente sostenible.
La formalización minera representa una herramienta fundamental para
mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores, incrementar la
recaudación fiscal, reducir los impactos ambientales derivados de la minería
informal e ilegal, y fomentar una actividad extractiva alineada con los
estándares internacionales de sostenibilidad y gobernanza.
Desde este espacio , saludamos la participación de las nuevas autoridades
andinas en el debate técnico y académico sobre uno de los sectores más
importantes para la economía nacional y regional, destacando la necesidad de
construir soluciones integrales que permitan compatibilizar el aprovechamiento
de los recursos minerales con la protección del medio ambiente y el bienestar
de las poblaciones involucradas.
Desde una perspectiva regional, El Niño representa un recordatorio de que la
competitividad minera ya no depende únicamente de la calidad de los yacimientos
o de los precios internacionales de los minerales. La resiliencia climática se
ha convertido en un factor estratégico para la sostenibilidad de las
operaciones.
La capacidad para gestionar riesgos hidrológicos, proteger
infraestructuras críticas, asegurar el abastecimiento de agua y mantener la
continuidad logística será cada vez más determinante para la industria minera
andina.
Las grandes operaciones mineras cuentan actualmente con estudios hidrológicos,
sistemas de drenaje, reservorios, protocolos de emergencia, monitoreo
meteorológico permanente y planes de continuidad operativa diseñados para
responder ante eventos climáticos extremos.
Estas inversiones no eliminan
completamente los riesgos, pero sí reducen significativamente la probabilidad
de interrupciones prolongadas o impactos severos sobre la producción.
En este contexto, la experiencia acumulada por los países andinos durante los
eventos de 1982-83, 1997-98, 2017, 2023 y 2026 demuestra que la adaptación al
riesgo climático constituye hoy una ventaja competitiva tan importante como la
propia riqueza geológica.
Impacto heterogéneo
Los efectos de El Niño sobre la actividad minera no son homogéneos en la región
andina; aunque el fenómeno tiene un origen común en el Pacífico ecuatorial, sus
manifestaciones climáticas varían significativamente entre países debido a
diferencias geográficas, altitudinales e hidrológicas. Precisamente por ello,
la minería de cada país enfrenta riesgos y oportunidades distintas ante un
mismo evento climático.
En el caso del Perú y Ecuador, los efectos suelen traducirse en temperaturas
superficiales del mar superiores a lo normal, mayor humedad atmosférica y estar
asociados al incremento de precipitaciones y a la ocurrencia de inundaciones,
deslizamientos y activación de quebradas. Resulta importante recordar que la
mayor parte de la producción minera se desarrolla en la sierra, donde los
efectos de El Niño no necesariamente se manifiestan de la misma forma que en la
costa. Mientras algunas zonas pueden registrar precipitaciones por encima de
sus valores normales, otras pueden experimentar impactos mucho más moderados.
Por ello, generalizar que un evento El Niño afectará por igual a toda la
minería constituye una simplificación que no refleja la diversidad geográfica de
la región.
Estas condiciones pueden afectar corredores logísticos, puertos, carreteras, líneas
de transmisión eléctrica y otras infraestructuras críticas para la operación
minera. Dado que ambos países mantienen una importante vinculación de sus
actividades económicas con la costa del Pacífico, los impactos sobre la
conectividad y el transporte suelen constituir uno de los principales factores
de riesgo.
Bolivia presenta una situación más compleja. Dependiendo de la región, El Niño puede
generar tanto precipitaciones intensas como déficits hídricos. En el altiplano
boliviano, donde se concentra una parte importante de la actividad minera
vinculada al estaño, zinc, plata y litio, los periodos de sequía pueden
convertirse en un factor de preocupación debido a la creciente competencia por
los recursos hídricos entre la minería, las ciudades y las actividades
agropecuarias.
En Colombia, por el contrario, El Niño suele manifestarse mediante
una reducción de lluvias y un incremento de las temperaturas. Este escenario
genera presiones sobre la disponibilidad de agua y sobre el sistema energético,
altamente dependiente de la generación hidroeléctrica. Para la minería, ello
puede traducirse en mayores costos operativos asociados al consumo energético,
restricciones hídricas y mayores exigencias para garantizar la continuidad de
las operaciones en determinadas regiones.
Para el caso de Chile, la mayor parte de su producción minera se desarrolla en zonas
áridas y semiáridas del norte del país, donde predominan sus operaciones de
cobre y litio. Históricamente, los eventos El Niño suelen incrementar las
precipitaciones en algunas zonas del desierto de Atacama y en sectores de la cordillera, generando riesgos asociados a aluviones, afectación de caminos y
alteraciones en la infraestructura. Sin embargo, el principal desafío
estructural para la minería chilena continúa siendo la gestión eficiente del
agua, razón por la cual la industria viene desarrollando sus capacidades para el uso de agua desalinizada en labores mineras.
El Dato del RONI según NOAA y ENFEN
A medida que evolucionen las condiciones del Pacífico durante los próximos meses, el seguimiento de los
informes de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y ENFEN (Comité Multisectorial en Perú encargado del
Estudio Nacional del Fenómeno El Niño) será fundamental para adoptar decisiones
informadas.
Uno de los indicadores relevantes para monitorear El Niño es el RONI (Relative Oceanic Niño Index), adoptado por la NOAA como referencia oficial desde febrero de 2026 para el seguimiento del fenómeno ENSO (El Niño Oscilación del Sur).
El RONI permite determinar la intensidad de El Niño o La Niña comparando la temperatura del Pacífico
ecuatorial con la del resto de los océanos tropicales. Para interpretar este
indicador se deben considerar dos aspectos fundamentales: el valor del índice,
que confirma la presencia de El Niño cuando supera +0,5 °C durante cinco
períodos trimestrales consecutivos, y la respuesta de la atmósfera al
calentamiento oceánico, ya que no todo incremento de temperatura genera los
mismos efectos sobre el territorio.
En su último Diagnóstico ENSO,publicado el 11 de junio de 2026, la NOAA confirmó oficialmente que las
condiciones de El Niño ya están presentes y que se espera un fortalecimiento
progresivo durante los próximos meses. Por su parte, el Comunicado Oficial
ENFEN N° 11-2026, emitido el 15 de junio, coincide en señalar que el
calentamiento del Pacífico ya se encuentra en desarrollo y que continuará
durante el resto del año.
Asimismo, el ENFEN, mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero e indica que el evento iniciado en marzo de 2026
podría prolongarse hasta el verano de 2027.
Las proyecciones señalan una mayor
probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte entre junio y septiembre, para luego
disminuir gradualmente hacia fin de año.
Para el verano 2026-2027, la
probabilidad de un evento fuerte alcanza el 48 %, mientras que la de un evento
moderado llega al 46 %.
La alerta temprana de los pronósticos de NOAA y ENFEN resulta relevante porque plantea un escenario en el que podrían
coexistir simultáneamente un Niño Costero y un Niño de alcance global,
situación que históricamente ha estado asociada a los mayores impactos
climáticos en el país de los Incas.
Esto no significa que el fenómeno
carezca de relevancia ni que deban minimizarse sus posibles efectos. Por el
contrario, el escenario proyectado por NOAA y ENFEN exige un seguimiento
permanente y la adopción de medidas preventivas oportunas.
Sin embargo, tampoco
resulta correcto asumir que la sola presencia de El Niño implicará una
paralización generalizada de las operaciones mineras o una reducción inevitable en la producción nacional.
El principal desafío para el sector minero no es la existencia del fenómeno en sí mismo, sino la capacidad de anticiparse a
sus efectos y gestionar adecuadamente los riesgos asociados. En ese sentido, la
preparación, la planificación y la inversión en infraestructura resiliente
continúan siendo las herramientas más eficaces para enfrentar un contexto
climático cada vez más variable y recurrente.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Confederación Suiza suscribieron un
Memorando de Entendimiento (MOU) para promover una minería artesanal y
de pequeña escala (MAPE) de oro más responsable, inclusiva y sostenible en el
Perú.
La iniciativa busca generar mayores oportunidades para la formalización
minera, fortalecer la trazabilidad del mineral y facilitar el acceso de los
productores a mercados internacionales que exigen estándares de producción
responsable.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, y
el embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, en representación de la
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO).
Esta cooperación constituye una alianza estratégica destinada a promover mejores prácticas
ambientales, sociales y de gobernanza en toda la cadena de valor del oro.
El programa se desarrollará hasta el año 2028 y contempla tres componentes estratégicos.
El primer componente, actualmente en ejecución, consiste en la implementación de
un fondo concursable destinado a cofinanciar proyectos innovadores que
contribuyan a mejorar el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las
operaciones de minería artesanal y de pequeña escala. La primera convocatoria
culminó el 29 de mayo de 2026 con el cierre de la recepción de propuestas,
contando con la participación del sector privado.
El segundo componente prevé un trabajo articulado entre el MINEM y la SECO para
impulsar espacios de diálogo y coordinación política que fortalezcan la
interacción entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los
distintos actores vinculados a la pequeña minería. Entre los temas prioritarios
se encuentran la formalización minera, la trazabilidad del oro y el diseño de
incentivos que promuevan una producción responsable y sostenible.
Por su parte, el tercer componente estará enfocado en la gestión del conocimiento.
Para ello se impulsará la elaboración de estudios técnicos, la sistematización
de experiencias exitosas, la difusión de buenas prácticas y la participación en
espacios internacionales de intercambio de conocimientos y lecciones
aprendidas.
Asimismo, el MOU contempla la provisión de asistencia técnica para
el desarrollo de reformas normativas priorizadas por el MINEM, el
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades
involucradas y la generación de información especializada que contribuya a
mejorar la gobernanza y sostenibilidad del sector minero artesanal y de pequeña
escala.
Esta iniciativa representa un importante paso en los esfuerzos por promover una MAPE formal, competitiva y alineada con los
estándares internacionales de sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo económico de miles de productores y al fortalecimiento de la gobernanza minera en el país.
Hoy 26 de mayo de 2026 se conmemora 57 años de la firma del Acuerdo de
Cartagena, instrumento que dio origen al proceso de integración andina y sentó
las bases de uno de los proyectos de cooperación regional más importantes y
duraderos de América Latina.
A lo largo de casi seis décadas, la integración andina ha evolucionado
desde un mecanismo orientado principalmente a la cooperación económica y
comercial hacia un sistema integral que incorpora dimensiones políticas,
sociales, ambientales, culturales y de ciudadanía regional. Este proceso ha
permitido construir instituciones supranacionales, fortalecer la cooperación
entre los países miembros y generar beneficios concretos para millones de
ciudadanos.
Los orígenes de la integración andina
La historia de la integración andina comenzó el 26 de mayo de 1969,
cuando Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de
Cartagena en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Mediante este
instrumento se creó el denominado Pacto Andino, concebido como un mecanismo
destinado a promover el desarrollo económico y social de sus miembros mediante
la integración regional y la cooperación entre sus economías. Posteriormente, el 10 de marzo de 1996, con la entrada en vigor del
Protocolo de Trujillo, el Pacto Andino adoptó oficialmente la denominación de
Comunidad Andina (CAN), dando paso a una nueva etapa caracterizada por una
institucionalidad más sólida y una visión integral del proceso de integración.
El Parlamento Andino: la voz
democrática de los pueblos andinos
Uno de los hitos más importantes en la construcción institucional de la
integración regional fue la creación del Parlamento Andino el 25 de octubre de
1979 en la ciudad de La Paz, Bolivia.
El Parlamento Andino constituye el órgano deliberante y representativo
del Sistema Andino de Integración. Su naturaleza es comunitaria y democrática,
ya que representa a los pueblos andinos mediante parlamentarios elegidos por
sufragio universal y directo.
Asimismo, cuenta con personalidad jurídica internacional y capacidad de
ejercicio de conformidad con el ordenamiento jurídico supranacional andino.
Actualmente está integrado por representantes del Estado Plurinacional de
Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del
Perú. Asimismo, Chile participa activamente en diversos mecanismos de
integración andina en calidad de país asociado.
El Parlamento Andino cuenta además con miembros observadores permanentes,
entre ellos el Reino de España, el Reino de Marruecos y la República de
Turquía, fortaleciendo así los vínculos de cooperación interregional.
De un acuerdo comercial a una
comunidad de ciudadanos
La integración andina representa uno de los procesos más relevantes de
cooperación regional en América Latina. Su evolución demuestra cómo un acuerdo
inicialmente concebido para facilitar el comercio pudo transformarse
progresivamente en una comunidad política, económica y social dotada de
instituciones propias, normas comunitarias y mecanismos de concertación. Entre sus principales logros históricos destacan: La creación de instituciones
supranacionales permanentes; el establecimiento del Tribunal
Andino de Justicia. la consolidación del Parlamento
Andino como órgano democrático de representación regional; la eliminación progresiva de
barreras comerciales; la construcción de una zona
andina de libre comercio; la libre circulación de personas; la cooperación en materia
ambiental, educativa, energética y digital y el fortalecimiento de una
identidad regional andina compartida.
Principales hitos de la integración
andina
1969: Nace el Pacto Andino
Con la firma del Acuerdo de Cartagena se inicia formalmente el proceso de
integración andina, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y
social mediante la cooperación regional.
1970: Inicio de la CAF
Comienza a operar la Corporación Andina de Fomento, hoy CAF - Banco de
Desarrollo de América Latina y el Caribe, entidad que se convertiría en una de
las principales fuentes de financiamiento para proyectos de integración y
desarrollo en la región.
1973: Incorporación de Venezuela
Venezuela se integra formalmente al proceso andino, fortaleciendo el peso
político y económico del bloque regional.
1976: Retiro de Chile
Chile se retira del Pacto Andino debido a diferencias respecto al modelo
económico impulsado por el bloque. Décadas más tarde retomaría su vinculación
como país asociado.
1978: Creación del Fondo Andino de
Reservas
Se constituye una institución destinada a fortalecer la estabilidad
financiera de los países miembros, antecedente directo del actual Fondo
Latinoamericano de Reservas (FLAR).
1979: Consolidación institucional
Se suscribe el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y se crea el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fortaleciendo significativamente
la arquitectura institucional del proceso integrador.
Década de 1980: Resiliencia y
fortalecimiento
Pese a las crisis económicas que afectaron a América Latina, la
integración andina logró preservar sus principales instituciones y continuar
desarrollando mecanismos de cooperación regional.
1990: Nace el Consejo Presidencial
Andino
Los Jefes de Estado institucionalizan sus reuniones periódicas, otorgando
mayor conducción política al proceso de integración.
1991-1994: Apertura económica
Se consolida la Zona Andina de Libre Comercio, se aprueba el Arancel
Externo Común y se implementan diversas medidas destinadas a facilitar el
comercio intrarregional.
1996: Nace la Comunidad Andina
La suscripción del Protocolo de Trujillo marca una profunda reforma
institucional. Surge oficialmente la Comunidad Andina y se crea el Sistema
Andino de Integración (SAI).
2001: Ciudadanía andina
Los ciudadanos de los países miembros comienzan a viajar utilizando
únicamente sus documentos nacionales de identidad, fortaleciendo la movilidad
regional.
2006: Reencuentro e
internacionalización
Chile retorna al proceso como país asociado y el Parlamento Andino
participa activamente en la creación de la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana (EuroLat), ampliando la proyección internacional de la
integración andina.
2010-2018: Modernización institucional
La Comunidad Andina impulsa políticas vinculadas con infraestructura,
transporte, integración fronteriza, movilidad humana y fortalecimiento
institucional.
2019: Medio siglo de integración
La Comunidad Andina celebra sus primeros cincuenta años de existencia.
Los presidentes andinos reafirman su compromiso con el fortalecimiento del
proceso integrador y destacan avances en comercio, movilidad e integración
fronteriza.
La nueva etapa: una integración
orientada al ciudadano
A partir de 2020, la integración andina ingresó en una nueva fase
caracterizada por una visión más cercana a las necesidades de la ciudadanía. La pandemia del COVID-19 evidenció la importancia de la cooperación
regional y aceleró el desarrollo de iniciativas vinculadas con salud pública,
conectividad digital, migración, educación, medio ambiente y transformación
tecnológica.
2020: Cooperación frente a la pandemia
La Comunidad Andina aprobó una Estrategia Andina frente al COVID-19 e
impulsó iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación sanitaria, económica
y social. Ese mismo año se aprobó la Carta Ambiental Andina, considerada uno de los
instrumentos ambientales más ambiciosos de la región, incorporando compromisos
relacionados con cambio climático, biodiversidad, sostenibilidad y protección
de ecosistemas estratégicos.
2021: Estatuto Migratorio Andino
La entrada en vigor del Estatuto Migratorio Andino constituyó uno de los
mayores avances en materia de integración ciudadana. Este instrumento facilitó la residencia, circulación y regularización
migratoria de millones de ciudadanos andinos, consolidando una visión regional
basada en derechos.
2022: Integración digital
Se implementó progresivamente la eliminación de los costos de roaming
internacional entre los países andinos, permitiendo una conectividad más
accesible para millones de usuarios.
2023: Reactivación económica
Los países andinos impulsaron iniciativas orientadas a fortalecer las
cadenas regionales de valor, la facilitación aduanera, la seguridad alimentaria
y la cooperación energética.
2024: Agenda ambiental y desarrollo
sostenible
La Comunidad Andina profundizó sus esfuerzos en materias como lucha
contra la minería ilegal, protección de la Amazonía, gestión hídrica,
transición energética y adaptación al cambio climático.
2025: Fortalecimiento del Parlamento
Andino
El Parlamento Andino consolidó su papel como órgano democrático del
Sistema Andino de Integración, impulsando iniciativas relacionadas con
educación, derechos humanos, ciberseguridad, democracia digital, participación
ciudadana y cooperación universitaria.
2026: Una integración con visión de
futuro
Al cumplir 57 años de existencia, la Comunidad Andina se mantiene como el
proceso de integración más antiguo y con mayor grado de institucionalidad
supranacional en América Latina. En este contexto histórico, la cooperación
regional no constituye únicamente un instrumento económico, sino también una
herramienta para promover el desarrollo sostenible, fortalecer la democracia,
ampliar oportunidades y construir un futuro compartido para los pueblos
andinos. Así, los principales retos y desafíos para esta nueva etapa, vinculadas a la transición energética,minerales críticos,seguridad alimentaria,infraestructura regional,desarrollo sostenible, entre otros, incluyen: Fortalecer la libre movilidad de
los ciudadanos andinos; Consolidar la integración digital
regional; Incrementar el comercio
intracomunitario y la competitividad económica; Profundizar la cooperación frente
al cambio climático; Impulsar la interconexión
energética regional; Combatir las economías ilegales y
la minería ilegal; Fortalecer la seguridad
alimentaria; Promover la educación, la
innovación y la movilidad académica.
Durante décadas, los residuos sólidos
municipales fueron entendidos en América Latina únicamente como un problema
sanitario asociado al crecimiento urbano. Las ciudades crecieron, el consumo
aumentó y, junto con ello, millones de toneladas de residuos comenzaron a
acumularse diariamente en botaderos a cielo abierto, vertederos y rellenos sanitarios. Sin
embargo, el contexto actual obliga a replantear esa visión tradicional. Lo que
antes era considerado basura hoy empieza a ser visto como un recurso
estratégico capaz de influir en la seguridad energética, la sostenibilidad
ambiental y el desarrollo económico de la región andina.
En cinco países : Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, se generan el orden de cuarenta (40) millones de toneladas anuales de
residuos sólidos municipales; y más del 50 % de éstos corresponde a materia
orgánica susceptible de ser valorizada mediante tecnologías de biodigestión
anaeróbica, captura de biogás o sistemas Waste to Energy (WTE); por
consiguiente, una parte importante de aquello que hoy se entierra podría
convertirse en electricidad, fertilizantes y nuevos recursos aprovechables.
Paradójicamente, gran parte de este potencial continúa enterrándose diariamente
en rellenos sanitarios o, peor aún, terminando en botaderos informales sin
ningún tipo de control ambiental.
 |
| Por la gran magnitud de botaderos a cielo abierto, éstos pueden observarse satelitalmente. |
El principal problema estructural de estos países continúa siendo la persistencia de un modelo lineal basado en extraer,
consumir y desechar. Este esquema ha generado una presión creciente sobre los
sistemas de disposición final, obligando a los municipios a destinar enormes
recursos económicos únicamente para recolectar, transportar y enterrar
residuos. En muchos casos, los gobiernos locales apenas logran sostener
servicios básicos de limpieza pública, sin capacidad financiera suficiente para
invertir en tecnologías modernas de valorización, reciclaje o recuperación
energética.
La situación es más complicada en zonas rurales, ciudades intermedias, territorios amazónicos y regiones
altoandinas, donde la limitada infraestructura sanitaria dificulta el manejo
adecuado de residuos. Así, millones de toneladas continúan llegando a botaderos
a cielo abierto, afectando ecosistemas y servicios ambientales al provocar contaminación
de ríos, degradación de suelos, emisiones de metano y afectación directa sobre poblaciones
vulnerables.
El cambio climático agrava aún más esta problemática, debido a
lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos que dinamizan los lixiviados. incrementando
los riesgos ambientales asociados a sistemas precarios de disposición final.
Esta posibilidad adquiere enorme relevancia para estos países donde la minería constituye uno de los principales
motores económicos y, simultáneamente, uno de los mayores consumidores de
energía eléctrica.
La minería moderna requiere crecientes cantidades de
electricidad para procesos de trituración, molienda, bombeo, ventilación,
procesamiento metalúrgico y automatización industrial. A medida que los
yacimientos se vuelven más profundos y complejos, la demanda energética minera
continuará incrementándose de forma sostenida.
La transición energética global depende directamente de minerales
estratégicos producidos en la región andina.
Los vehículos eléctricos, las energías renovables, las redes
inteligentes y las nuevas tecnologías requieren minería, para lo cual se debe construir modelos mineros cada vez más sostenibles, eficientes y articulados
con procesos de economía circular.
En este contexto, la valorización energética
de residuos sólidos municipales podría convertirse en uno de los grandes puntos
de convergencia entre desarrollo urbano, transición energética y minería
sostenible.
Países desarrollados del planeta han demostrado que es posible reducir drásticamente la dependencia de rellenos
sanitarios mediante sistemas integrados de reciclaje, biodigestión y generación
eléctrica a partir de residuos. En varias ciudades europeas, la basura dejó de
ser vista como un problema para convertirse en una fuente complementaria de
energía y desarrollo tecnológico.
La Comunidad Andina todavía enfrenta enormes desafíos para avanzar hacia
ese escenario. La baja segregación en origen, la informalidad del reciclaje,
las limitaciones presupuestales municipales, la débil planificación regional y
la falta de infraestructura tecnológica continúan siendo barreras importantes.
A ello se suma la necesidad de fortalecer marcos regulatorios, desarrollar
capacidades técnicas y promover educación ambiental ciudadana.
El Dato
►La región andina posee abundante materia orgánica aprovechable, creciente demanda energética y una expansión
industrial y minera que requerirá nuevas fuentes de electricidad durante las
próximas décadas. Bajo una adecuada planificación, los residuos sólidos podrían
transformarse simultáneamente en una solución ambiental y en un recurso
energético estratégico para el desarrollo regional.
►La verdadera discusión de futuro ya no
debería centrarse únicamente en cómo eliminar residuos, sino en cómo
transformar aquello que hoy enterramos en nuevas oportunidades de energía,
innovación y sostenibilidad.
En términos sencillos, y respondiendo a una inquietud frecuente de mis discípulos de la región
andina, conviene precisar que El Niño no debe entenderse únicamente como una lluvia intensa o una emergencia temporal,
sino como un fenómeno climático complejo que forma parte de la dinámica natural
del océano Pacífico y de la atmósfera.
Cuando se habla de “El Niño” en sentido
general, se hace referencia al proceso climático recurrente asociado al
calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar
lluvias, temperaturas, sequías, actividades productivas y ecosistemas en varios
países de América del Sur, especialmente en Perú y Ecuador.
En cambio, cuando
ese fenómeno se presenta en un periodo determinado y con características
concretas, los especialistas suelen hablar de un evento El Niño, como ocurrió
en 1982-1983, 1997-1998 o durante el Niño Costero de 2017.
Esta diferencia
puede parecer trivialmente académica, no obstante ayuda a comprender mejor por qué la minería, la
agricultura, la pesca, el turismo y la infraestructura andina reaccionan de manera distinta
frente a cada episodio.
No todos los eventos tienen la misma intensidad ni
generan iguales consecuencias. Algunos producen lluvias extraordinarias e
inundaciones en la costa peruana y ecuatoriana; otros alteran la disponibilidad
hídrica, afectan carreteras, incrementan la erosión o modifican la
productividad pesquera asociada a la corriente de Humboldt.
Por ello, entender
a El Niño como fenómeno y a cada ocurrencia específica como evento permite
analizar con mayor rigor técnico los impactos económicos, sociales y
ambientales que periódicamente enfrenta la Comunidad Andina.
Asi, el fenómeno El
Niño suele ser presentado en el Perú como un evento estrictamente climático,
una anomalía del océano que, de manera casi inexorable, desencadena lluvias,
inundaciones y pérdidas económicas.
Sin embargo, esta explicación resulta
insuficiente para entender la magnitud real de sus impactos. La recurrente experiencia demuestra que los efectos del Niño no dependen únicamente de la
temperatura del mar, sino de una red más compleja donde interactúan el
clima, la estructura económica y, de manera decisiva, la calidad de la
gobernanza.
En ese contexto, el escenario que en el lapso 2026-2027 se perfila como una eventual posibilidad de acople entre el Niño global y el Niño costero, obliga
a replantear el análisis desde una perspectiva preventiva más integral.
El
Perú se encuentra en una posición particularmente sensible frente a este
fenómeno. A diferencia de otros países, su costa está directamente expuesta al
calentamiento de la región Niño 1+2, lo que hace que los eventos costeros
tengan efectos inmediatos sobre el territorio. Pero cuando este calentamiento
se sincroniza con un Niño global en la región 3.4, el fenómeno adquiere una
dimensión distinta, reforzándose la interacción entre océano y atmósfera, se
prolonga la duración del evento y se intensifican las precipitaciones.
En consecuencia, no se
trata de una suma de efectos, sino de un proceso de amplificación.
El
antecedente del año 2017 resulta ilustrativo, pues a pesar de no haber estado plenamente
acoplado a un Niño global fuerte, el Niño costero generó daños equivalentes a
más de 1.6% del PBI peruano.
 |
| Evento registrado por la NASA en El Niño del año 2017 |
Eventual escenario de acoplamiento y en medio de una crisis política
¿Qué
ocurriría si un evento de esa naturaleza se produjera en condiciones de
acoplamiento pleno y en el contexto político que viene atravesando el país?.
Para responder a
esta interrogante es necesario abandonar la idea de que el impacto económico
del Niño es solo una función directa de su intensidad climática.
En estricto, el
efecto final puede entenderse mejor como el resultado de una interacción entre
tres factores: la magnitud del evento, el nivel de exposición de la economía y
la capacidad del Estado para gestionar el riesgo.
Estos elementos no actúan de
manera independiente; se potencian entre sí. Así, un evento climático de
similar intensidad puede generar consecuencias radicalmente distintas
dependiendo de la calidad institucional del país que lo enfrenta. En el caso
peruano, esta variable adquiere una relevancia crítica. La fragilidad política
que ha caracterizado al Perú en los últimos años introduce un factor de
vulnerabilidad adicional. La alta rotación de autoridades, la fragmentación del
sistema político, la debilidad en la ejecución del gasto público y la persistente
descoordinación entre niveles de gobierno configuran un escenario en el cual la
capacidad de respuesta del Estado se ve seriamente limitada.
En estas
condiciones, los problemas no se originan únicamente en la naturaleza, sino en
la forma de acción o inacción en que el aparato público reacciona frente a
ella. Las obras de prevención se postergan, la planificación pierde continuidad
y la respuesta tiende a ser reactiva antes que preventiva. El resultado es
que el daño económico no solo ocurre, sino que se amplifica.
Es en este punto
donde el análisis del sector minero suele verse distorsionado por percepciones
simplificadas. Existe una narrativa extendida que tiende a asociar la minería
con la vulnerabilidad frente a eventos climáticos, cuando en realidad su rol es
mucho más ambivalente y depende del contexto en el que opera.
En un entorno de
gobernanza relativamente funcional, la minería puede desempeñar un papel
estabilizador, toda vez que sostiene las exportaciones, genera divisas, contribuye a la
recaudación fiscal y ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica en momentos
de crisis. Bajo estas condiciones, lejos de agravar el problema, actúa como un
amortiguador frente al shock.
No obstante, cuando el mismo fenómeno ocurre en
un contexto de debilidad institucional y, además, bajo un escenario de
acoplamiento climático, la situación cambia de manera sustancial. Las
interrupciones en la infraestructura logística, la paralización de operaciones
por eventos extremos, la deficiente gestión de conflictos sociales y la
limitada capacidad de supervisión ambiental pueden convertir a la minería en un
canal adicional de transmisión del impacto económico.
En este caso, no es la
actividad minera en sí la que genera el problema, sino la incapacidad del
entorno institucional para sostener su funcionamiento en condiciones adversas.De este modo, la minería deja de ser un amortiguador y pasa a formar parte del
mecanismo de propagación del shock.
Este análisis adquiere una dimensión aún
mayor cuando se observa desde la perspectiva de la Comunidad Andina. Aunque los
países de la región comparten ciertos rasgos estructurales, sus niveles de
exposición climática, dependencia económica y calidad institucional varían
significativamente.
El Perú destaca por la combinación de alta exposición al
Niño costero, fuerte dependencia de la minería y una marcada inestabilidad
política, lo que lo convierte en el país más vulnerable ante un escenario de
acoplamiento.
Ecuador enfrenta riesgos climáticos similares, aunque con menor
capacidad de amortiguación económica, mientras que Colombia y Bolivia presentan
dinámicas distintas, con impactos más asociados a variaciones hidrológicas o a
debilidades institucionales específicas.
Esta heterogeneidad no elimina, sin
embargo, la necesidad de una respuesta coordinada. Por el contrario, refuerza
la idea de que el Fenómeno El Niño debe ser abordado como un riesgo sistémico
regional. En este contexto, instancias como el Parlamento Andino adquieren una
relevancia particular, no solo como espacios de deliberación política, sino
como plataformas para impulsar estrategias conjuntas en materia de prevención,
infraestructura resiliente y estabilidad económica frente a shocks climáticos.
La articulación de sistemas de alerta temprana, la coordinación de políticas
públicas y el fortalecimiento institucional a nivel regional podrían marcar una
diferencia sustantiva en la forma en que estos eventos son enfrentados en el
futuro.
El dato
►El Fenómeno El Niño no puede seguir
siendo interpretado únicamente como un evento natural. En el Perú, su impacto
es también el reflejo de las condiciones políticas e institucionales del país.
►Cuando un evento climático de gran magnitud se encuentra con un Estado débil,
sus efectos se potencian y pueden traducirse en pérdidas económicas que
comprometen varios puntos del producto interno bruto. Para el caso peruano, se aproximaron a veinte por ciento de su PBI en tres eventos estimados para los años : 1982-1983 (11,6 %) ;1997-1998 (6,2 %) y 2017 (1,6 %).
 |
| Tres eventos extremos de El Niño 82/83;97/98 y 16/17 comprometieron aprox 20% del PBI peruano |
►Resulta prioritario avanzar hacia una comprensión más realista de los desafíos que enfrenta el Perú y la región andina en un contexto de creciente incertidumbre climática y fragilidad política.
 |
| TSM/Datos procesados por el IGP-Mayo 2026 |
 |
| TSM/Datos procesados por IMARPE-Abril 2026 |
Los planes de gobierno presentados por el cúmulo de candidatos presidenciales en
estas últimas elecciones generales de 2026 en Perú, dejan plasmado nítidamente
que la discusión sobre la minería está cargada de percepciones ideológicas y,
en no pocos casos, marcado de una profunda desconexión con la realidad.
En particular, se evidencia la percepción errónea de que
toda forma de minería genera impactos similares y que la diferencia entre
minería formal e informal es simplemente administrativa. Nada más lejos de la verdad.
El elector percibió correctamente este desacierto, así una mayoría significativa
de planes de gobierno expuestos por los partidos participantes fueron
desechados, pues mostraron baja representatividad efectiva, traducida en su
incapacidad de superar umbrales mínimos de votación.
Análisis comparado
Al contrastar experiencias emblemáticas de minería informal, como Serra Pelada en
Brasil, La Pampa en Madre de Dios y Pataz en la sierra liberteña peruana,
frente a operaciones formales como Yanacocha y Pierina en el Perú, permite deshacer
varios mitos insostenibles, revelando que no toda minería es igual, y las
diferencias son estructurales, no marginales.
 |
| Labores de la minería de oro en la sierra de la Libertad-Perú |
La minería informal demostró históricamente una capacidad significativa de
producción. Serra Pelada, en la Amazonía brasileña, produjo el orden de sesenta
(60) toneladas de oro en escasos años durante la década de 1980. Más
recientemente, el Perú enfrenta un fenómeno con mayor complejidad: la minería ilegal
en la Amazonía y en zonas altoandinas.
Se estima que el país produce y exporta aproximadamente
100 toneladas de oro informal al año, una cifra para nada deleznable si se considera
el factor incremental y acumulativo desde inicios del presente siglo XXI.
Sin embargo, detenerse únicamente en el volumen producido supone un error analítico
profundo. La minería informal no es solo una forma menos eficiente de
producción, es un sistema económico radicalmente distinto, caracterizado por su
fragmentación, transparencia opaca y, cada vez más, por su vinculación con
economías criminales.
El caso de La Pampa es ilustrativo. No se trata de una mina, sino de un territorio
devastado. La deforestación supera ampliamente las 300 mil hectáreas acumuladas,
habiéndose registrado 10% de esta cifra entre enero de 2021 y marzo de 2024, con
un uso intensivo de mercurio dejando secuelas de contaminación en ecosistemas y
servicios ambientales.
En Pataz, por su parte, la minería ilegal ha
evolucionado hacia esquemas de control territorial por parte de organizaciones
criminales, con presencia de sicariato, extorsión y economías paralelas. A
diferencia de Serra Pelada, que representó un caos social desbordado con la
participación de más de cien mil personas, el fenómeno contemporáneo en Perú
muestra un salto cualitativo hacia estructuras organizadas de ilegalidad.
Frente a ello, la minería formal presenta características completamente distintas.
Yanacocha, ha producido más de 800 toneladas de oro desde 1993, con picos
anuales de hasta 100 toneladas. Pierina, por su parte, superó las 260 toneladas
durante el periodo 1998-2020 de su vida útil. Estas cifras no solo superan largamente
a los enclaves informales históricos, sino que lo hacen bajo esquemas de eficiencia
técnica, trazabilidad productiva y regulación ambiental.
Aquí emerge un punto central que suele ser ignorado en el debate público: la minería
formal no elimina el impacto ambiental, pero lo transforma en un fenómeno
medible, gestionable y sujeto a fiscalización. La minería informal, en cambio,
externaliza sus costos de manera absoluta: no hay control, no hay remediación y
no hay responsabilidad.
La diferencia es aún más evidente en términos económicos e institucionales.
Mientras la minería formal genera canon, regalías, empleo formal y
encadenamientos productivos, la minería ilegal no solo termina evadiendo estos
aportes, sino que erosiona la capacidad del Estado.
Regiones como Madre de
Dios, pese a su intensa actividad aurífera, reciben niveles marginales de
ingresos fiscales, configurando una paradoja extrema: abundancia de recursos
con ausencia de desarrollo.
Este contraste permite desmontar otro mito frecuente: que la minería informal es una
alternativa de subsistencia frente a la gran minería.
Si bien en sus orígenes
puede haber tenido validez ese componente, hoy en muchos casos opera como una economía
extractiva de alta rentabilidad capturada por redes ilegales, donde los costos
sociales y ambientales son asumidos por la colectividad.
La evidencia comparada es contundente. La minería informal puede generar volúmenes
importantes de producción, pero lo hace con una huella ambiental
desproporcionada, altos niveles de violencia y nulo aporte al desarrollo
institucional. La minería formal, en cambio, concentra mayores niveles de
producción con menor impacto relativo por unidad extraída y contribuye al
sostenimiento del Estado.
En resumen
El problema de fondo en el Perú, por tanto, no es la minería en sí misma, sino la
coexistencia de dos modelos radicalmente distintos: uno que construye
institucionalidad y otro que merma la gobernanza y gobernabilidad del país.
Ignorar esta diferencia no solo distorsiona el debate, sino que impide diseñar
políticas públicas efectivas.
Desmitificar la minería implica, precisamente, reconocer estas asimetrías. No se trata de
idealizar la minería formal ni de negar sus desafíos, sino de entender que, en
ausencia de Estado y regulación, la alternativa no es un modelo más sostenible, sino un escenario de salvaje depredación acelerada por los elevados precios históricos que viene alcanzando el oro.
Por consiguiente, el desafío para el Perú y los peruanos no es menor. Formalizar,
controlar y reconducir la actividad minera informal no es solo una cuestión
económica o ambiental, sino una condición necesaria para preservar de cara al
futuro la viabilidad del Estado en vastas zonas de su territorio.
El desarrollo de las elecciones generales del Perú 2026 confirma la consolidación de una crisis
estructural del sistema político. No se trata de un episodio coyuntural, sino
del resultado de una dinámica acumulativa a lo largo del siglo XXI, donde la
fragmentación, la debilidad de los partidos y la baja legitimidad de origen se
han convertido en rasgos permanentes.
Esta fragilidad institucional no es un fenómeno aislado. En la
última década, el Perú ha tenido una alta rotación de presidentes, ministros y
funcionarios públicos de otros niveles, reflejo de un sistema político incapaz de generar
estabilidad en la conducción del Estado. Esta volatilidad coexiste, sin
embargo, con una realidad contradictoria: una macroeconomía
relativamente sólida.
En efecto, el Perú presenta indicadores que, en términos
comparados, son favorables. La inflación se mantiene controlada alrededor del
2%, dentro del rango meta del Banco Central . Las reservas internacionales
netas bordean el
25% del PBI, lo que constituye un sólido respaldo frente a influencias externas .
Asimismo, la deuda pública se sitúa en torno al 35% del PBI, un nivel bajo en
comparación con estándares internacionales.
A ello se suma la estabilidad de la moneda y un desempeño
económico que, pese a la inestabilidad política, ha logrado sostener tasas de
crecimiento positivas impulsadas en gran medida por el sector minero,representando un 10% de su PBI .
Sin embargo, esta fortaleza macroeconómica convive con
debilidades estructurales profundas. La informalidad sigue siendo elevada estimada
en el orden del 18% del PBI y se expande junto con economías ilegales como la
minería informal . A ello se suma un contexto de creciente criminalidad y baja presencia
estatal para hacer cumplir la ley en territorios identificados.
El resultado es una macroeconomía que funciona razonablemente
bien sobre una base institucional frágil. Esta es la paradoja peruana:
estabilidad económica sin estabilidad política.
En ausencia de reformas que fortalezcan la representación
política, el patrón observado de la cadena : fragmentación, baja legitimidad e
inestabilidad, no solo persistirá, sino que tenderá a profundizarse.
En este contexto, el impacto sobre el sector minero resulta
particularmente crítico. La minería, por su propia naturaleza, requiere
estabilidad jurídica, predictibilidad regulatoria y un Estado con capacidad
efectiva para gestionar conflictos. Ninguna de estas condiciones se fortalece
en un entorno político fragmentado como el que se presenta en el marco del
proceso electoral del 2026.
Un gobierno con respaldo electoral limitado tiende a privilegiar
decisiones de corto plazo. Ello se traduce en cambios regulatorios frecuentes,
retrasos en proyectos y señales contradictorias que erosionan la confianza de
los inversionistas. La incertidumbre deja de ser un fenómeno transitorio y pasa
a convertirse en una condición estructural del sector.
Asimismo, la debilidad del sistema político reduce la capacidad
del Estado para gestionar los conflictos sociales vinculados a la actividad
minera. En ausencia de mecanismos eficaces de intermediación política, las
tensiones territoriales en sus 159 cuencas tienden a escalar, afectando tanto la continuidad de
las operaciones como el desarrollo de nuevos proyectos.La posibilidad de impulsar reformas estructurales en el sector se
ve limitada.
Temas críticos como la formalización minera, la gestión del canon
o la regulación ambiental requieren consensos políticos amplios, difíciles de
construir en un sistema altamente fragmentado.
Las elecciones de 2026, en este sentido, no solo reflejan una
crisis política, sino que configuran un condicionante estructural para el
desarrollo económico y, en particular, para el sector minero.
El Perú enfrenta así una paradoja persistente: cuenta con un
sector minero competitivo y de relevancia global, una macroeconomía ordenada y
fundamentos sólidos, pero carece de un sistema político capaz de sostener estos
logros en el tiempo mediante reglas claras, estabilidad institucional y
capacidad de gobierno.
 |
| Un sistema político débil no contribuye a tener una adecuada gobernanza y gobernabilidad del país. |
Detalles del proceso electoral 2026
El proceso electoral se desarrolló con 35 candidatos efectivos a
la presidencia, sobre un padrón de 27,325,432 ciudadanos. Este escenario,
marcado además por episodios de inestabilidad institucional que derivaron en la renuncia
del jefe de la autoridad electoral ONPE, evidenció un claro desbalance entre la
participación ciudadana y la capacidad real de representación política.
Con el 93.894% de actas contabilizadas (87,102 de 92,766), los
resultados reflejan con nitidez la magnitud de la fragmentación. El partido que
ocupa el primer lugar alcanza apenas el 17% de los votos válidos, mientras que
el segundo obtiene el 12%. Estas cifras no solo muestran objetivamente la dispersión del
voto, sino también la ausencia de mayorías políticas mínimamente consistentes.
El hecho de que ninguna fuerza supere el 20% confirma que la
segunda vuelta no sería una excepción, sino una consecuencia estructural del
sistema. Más aún, el 77% de los partidos no alcanza siquiera el 2% de los
votos, lo que evidencia la proliferación de organizaciones sin base social
efectiva.
El padrón electoral, por su parte, revela un país complejo y en
transición. La coexistencia de una población joven significativa con un bloque
creciente de adultos mayores introduce tensiones en la agenda pública. No
existe una demanda predominante capaz de ordenar el debate político, lo que
contribuye a la dispersión electoral.
En términos territoriales, el país mantiene un fuerte centralismo
en Lima, que concentra alrededor del 37% del electorado. Sin embargo, las
regiones del norte y del sur andino continúan siendo decisivas, especialmente
en una eventual segunda vuelta.
Se configura así un escenario en el que las elecciones se definen
en múltiples espacios polarizados, con intereses diversos y, en muchos casos,
contrapuestos.
El voto en el extranjero, que alcanza aproximadamente 1.2
millones de electores, añade una dimensión adicional. Su magnitud lo convierte
en un actor relevante en contiendas estrechas, incrementando la complejidad del
sistema electoral y la necesidad de mecanismos de representación más adecuados
a la realidad del Perú profundo de todas las sangres.
El resultado agregado de estos factores es un sistema político sin la capacidad de procesar adecuadamente la diversidad social del país. Existe pues un
desalineamiento evidente entre una sociedad cada vez más compleja y un sistema
de partidos cada vez más precario.
Como vengo sosteniendo hace décadas en diversos foros, desmitificar la minería en el Perú implica ir más allá del
debate ligero sobre su impacto ambiental o económico, ya que el principal
propósito es evidenciar que el verdadero desafío es humano e institucional.
En el modelo peruano, se ha asumido que la abundancia de recursos naturales y su redistribución vía presupuesto público
serían suficientes para impulsar el desarrollo tanto en zonas urbanas como en
rurales. Sin embargo, tanto la persistencia de la migración del campo a la ciudad, anemia,como el limitado
acceso y disponibilidad de agua para consumo humano de millones de personas prueban
todo lo contrario.
Es en ese sentido que el país no
enfrenta un problema de falta de recursos, sino de incapacidad de gestionarlos
y transformarlos poniéndolos en valor para generar bienestar.
No basta con tener cobre, oro, plata,
zinc, minerales críticos para la transición energética o abundante agua dulce.
Sin una estrategia que coloque al capital humano en el centro, que fortalezca
el estado de derecho y que promueva la iniciativa privada, estos recursos
seguirán siendo oportunidades perdidas.
Es necesario construir un Perú donde la riqueza natural no continúe siendo una
ilusión de desarrollo, donde el presupuesto público se traduzca en resultados
concretos y donde el verdadero motor del progreso sea la persona humana.
 |
| Pérdidas con el RRHH por desconexión entre generación de riqueza y uso del gasto público. |
El proceso seguido en el periodo 2001-2026
A inicios del siglo XXI, el Perú era un país centralista en términos políticos, económicos y fiscales.
Su capital, Lima concentraba el orden del 50% del PBI nacional y hasta el 75%
del presupuesto público. El resto del país giraba alrededor de una estructura
donde la generación de riqueza y la toma de decisiones estaban concentradas en la capital.
veinticinco años después, el discurso oficial sostiene que el país avanzó hacia la descentralización. Sin embargo, un análisis comparativo entre la participación regional en el PBI, el uso del presupuesto público y la evolución de indicadores sociales críticos como la anemia infantil revela una realidad compleja y contradictoria.
En términos de producción económica, el país experimentó cambios importantes, pero no necesariamente estructurales. Lima sigue concentrando alrededor del 45% del PBI nacional, lo que evidencia una leve desconcentración, pero no una transformación del modelo. Algunas regiones incrementaron su participación, impulsadas principalmente por actividades extractivas y la agroexportación.
Es decir, el crecimiento territorial del PBI no ha sido producto de una diversificación económica, sino de la expansión geográfica del patrón primario exportador.
La participación de Lima en
el gasto nacional ha caído significativamente. Este cambio responde al proceso
de descentralización con la creación de gobiernos regionales y la transferencia
de recursos a través de mecanismos como el canon minero y gasífero.
En
apariencia, esto sugeriría un avance hacia un país más equilibrado, sin
embargo, la evidencia demuestra que la descentralización fiscal no ha ido
acompañada de una descentralización productiva ni de capacidades de gestión en
los territorios.
Es al incorporar un indicador humano básico donde la paradoja se vuelve más evidente.
A inicios del siglo XXI, alrededor del 72% de la población peruana era urbana y cerca del 28% residía en zonas rurales. Para el año 2025, esta proporción se modificó a más del 80% de la población viviendo en áreas urbanas, mientras que la población rural se redujo por debajo del 20%. Este proceso refleja una migración sostenida desde el campo hacia las ciudades, impulsada por la falta de oportunidades económicas, servicios básicos y condiciones de vida adecuadas en zonas rurales. Este despoblamiento rural es una evidencia de la frustrada construcción de economías territoriales sostenibles. Las zonas rurales, muchas de ellas ricas en recursos naturales no logran retener a su población, las cuales se desplazan hacia ciudades que, a su vez, crecen de manera desordenada, presionando servicios básicos e incrementa las brecha entre producción y gasto, lo cual debilita su desarrollo armónico.
A inicios del siglo XXI, la anemia infantil en el Perú afectaba aproximadamente al 50% de los
niños menores de tres años. Dos décadas después, pese al crecimiento económico
sostenido, al incremento del presupuesto público y a la descentralización
fiscal, la anemia sigue afectando a cerca del 40% de los niños a nivel
nacional, con niveles críticos en regiones con tradición minera como es el caso
de Cajamarca.
El país ha crecido, ha gastado más y ha redistribuido recursos,
pero no ha logrado resolver uno de los problemas más elementales de desarrollo
humano.
Sin embargo, existe una paradoja aún más profunda y menos discutida que es el agua. En el contexto global, el agua
es considerada el petróleo del siglo XXI, un recurso estratégico para el
desarrollo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
El Perú, es un país
privilegiado en disponibilidad de agua dulce a nivel global; no obstante,
millones de peruanos aún carecen de acceso y disponibilidad adecuados al agua para consumo humano. Gran parte del recurso hídrico se pierde por falta de
infraestructura, mala gestión, contaminación y ausencia de ordenamiento territorial. Así, un país con abundancia hídrica convive con escasez en sus
ciudades y zonas rurales.
Esta paradoja del agua no es distinta a la de los recursos minerales.
El Perú, pese a poseer importantes reservas de cobre, oro y
minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética
global, sin embargo, por la experiencia demostrada en las últimas décadas, se acredita que la
sola existencia de estos recursos no garantiza su desarrollo sostenible. Al igual
que ocurre con el agua, la riqueza potencial no se traduce automáticamente en
bienestar para la población.
Al cruzar las variables de PBI, población, presupuesto, anemia y acceso al agua, el caso peruano muestra precisamente la
ausencia de este enfoque integral.
Por un lado, existe un Perú productivo,
representado por regiones que generan más riqueza de la que reciben en
presupuesto público. Por otro lado, un Perú dependiente, conformado por
regiones donde el gasto estatal supera la capacidad productiva, pero sin lograr
traducirse en bienestar tangible. Y en ambos casos, la persistencia de la
anemia y las brechas en acceso al agua evidencian que ni la generación de
riqueza ni el incremento del gasto han bastado para mejorar las
condiciones básicas de vida.
Un caso ilustrativo es
el de las regiones con canon minero o gasífero, como Áncash y Cusco. Estas
presentan un aparente equilibrio entre producción y presupuesto, pero con
niveles de anemia y limitaciones en acceso a servicios básicos que evidencian
una desconexión entre recursos disponibles y resultados sociales.
Esto confirma
que la riqueza natural, ya sea minera o hídrica, no garantiza desarrollo si no
está acompañada de instituciones sólidas y gestión eficiente.
En ese sentido, correspondería mejorar el modelo vigente garantizando procesos electorales transparentes que garanticen la construcción de gobernabilidad y gobernanza con capacidades reales de transformar recursos en bienestar y mejora de calidad de vida en un país que cuenta con un legado
histórico y un futuro prometedor.
Han pasado 24 años desde que, en 2002, el Perú inició el proceso de formalización minera con la
Ley N° 27651, orientada a la pequeña minería y minería artesanal. Una década
después, en 2016, el Decreto Legislativo N° 1293 declaró de interés nacional
dicha formalización. Más recientemente, el 26 de diciembre de 2025, la Ley N°
32537 extendió este proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la
entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal
(MAPE) y su reglamento.
A pesar de este largo recorrido normativo, el país llega a las elecciones generales del 12 de
abril de 2026 atrapado en una controversia que se repite sin mayor evolución.
El debate sobre la minería ha sido reducido, durante años, a una falsa
dicotomía: minería sí o minería no; agro sí o mina no; agua sí u oro no. Este
enfoque simplista ha condicionado propuestas igualmente limitadas, que no
logran diferenciarse en lo sustantivo y que, en la práctica, han contribuido a
ralentizar el desarrollo nacional durante casi un cuarto de siglo.
El problema de fondo es que se sigue intentando responder a fenómenos complejos, como la expansión
de la minería ilegal, con soluciones fragmentadas, lineales y desarticuladas.
El resultado es evidente: el crecimiento exponencial de esta actividad ilícita,
frente al cual los esfuerzos del Estado, especialmente desde el sistema de
justicia, resultan insuficientes.
Sin embargo, incluso este diagnóstico se queda en la superficie.
El verdadero problema estructural
que el Perú no ha querido enfrentar es otro: sigue operando bajo una lógica
de cadena productiva primaria, cuando el desafío
real es construir una cadena de valor minera.
El Perú es, sin duda alguna, una potencial potencia minera, vinculado a lo históricamente demostrado
como uno de los principales productores mundiales de cobre, oro, zinc y plata.
Pero esa fortaleza encierra una paradoja: exporta grandes volúmenes de
recursos, pero no captura plenamente la riqueza que estos pueden generar.
Extrae minerales, pero no maximiza su valor.
La razón es conceptual y estratégica. Perú estructuró la minería como una cadena
productiva: un proceso lineal que comienza con la exploración, continúa con la
extracción, pasa por un procesamiento básico y culmina en la exportación.
En
este esquema, el país participa fundamentalmente en los eslabones de menor
valor agregado.
Las consecuencias son conocidas: alta dependencia de la fluctuación en los precios internacionales, escasa
diversificación productiva, limitada generación de empleo calificado y una
creciente percepción social de que la minería no deja beneficios suficientes en
los territorios donde opera.
Frente a ello, cobra relevancia el concepto de cadena de valor,
desarrollado por Michael Porter. No se trata solo de producir más, sino de
producir mejor, integrando actividades que generen valor en cada etapa del
proceso.
Aplicado a la minería, esto implica ir mucho más allá de la extracción. Supone apostar por
investigación geológica avanzada, innovación tecnológica, fundición y
refinación dentro del país, desarrollo de industrias aguas abajo, servicios
especializados de clase mundial, generación de conocimiento y formación de
capital humano calificado.
En suma, transformar la minería en un
verdadero motor de desarrollo integral.
El Perú, sin embargo, aún no ha dado ese salto. Sigue básicamente exportando concentrados en
lugar de metales refinados. Dependemos de tecnología importada en vez de
desarrollarla. Los encadenamientos productivos locales son débiles y las
regiones con tradición minera permanecen, en gran medida, desconectadas de
procesos industriales más complejos.
Esto no es casual. Es el resultado de décadas sin una política clara de industrialización minera.
Mientras tanto, otros países de las Américas han avanzado en esa dirección. No
solo exportan concentrados de commodities, sino que ha construido un ecosistema de proveedores mineros, generando valor más allá de la extracción.
Pero el desafío no es únicamente económico. Es también social, ambiental y político.
Muchos de los conflictos
vinculados a la minería responden a una percepción legítima: que la riqueza no
se distribuye de manera equitativa. Una minería basada únicamente en la lógica
de cadena productiva tiende a reforzar esa percepción. En cambio, una minería
articulada como cadena de valor puede generar empleo local, dinamizar economías
regionales y construir legitimidad social.
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| Una mirada a los servicios industriales de la marina-SIMA,puertos y cadena de valor |
Por ello, el debate que el Estado peruano necesita no es si debe o no explotar sus recursos
minerales, sino cómo hacerlo de manera inteligente. No se trata de estar en contra
de la minería abandonándola o dejando aislada a la inversión privada, sino de
transformarla y acompañarla en el proceso de cambio.
En un contexto electoral como el que se encuentra el país a escasos días de elegir a su
mandatario de un abanico de treinta y cinco candidatos presidenciales, marcado mayormente
por discursos polarizantes, propuestas simplistas que llevan a discusiones
bizantinas, resulta imprescindible pedir a los candidatos una visión más ajustada
a la realidad que exige el país : ¿Qué plantean para que el Perú deje de ser un
exportador de materias primas agotables y se convierta en un generador de
valor? ¿Cómo piensan articular la minería con la industria, la tecnología y el ordenamiento territorial? ¿Qué estrategias concretas proponen para cerrar esta
brecha histórica?.
El país no puede seguir postergando esta discusión, siendo que al año 2026 la minería representa
cerca del 10% del PBI peruano y es uno de sus pilares económicos por ser motor
de exportaciones y generador de empleo. La cuestión de fondo es si seguirá
siendo una actividad extractiva tradicional o si estamos dispuestos a
convertirla en una verdadera plataforma de desarrollo sostenible.
La diferencia entre cadena productiva y cadena de valor no es meramente académica. Es, en esencia,
la diferencia entre un país que exporta lo que extrae y otro que construye
riqueza a partir de lo que posee.
Y esa decisión, más que técnica, es profundamente política.
! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !
Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas
DNI N° 08186048
CIP N° 38874
En el Perú existe una paradoja altamente sensible: mientras el presupuesto público
se ha incrementado de manera sostenida desde inicios del siglo XXI, la
inversión en infraestructura mayor de almacenamiento de agua, ya sea represas,
reservorios y sistemas de regulación hídrica no ha seguido el mismo ritmo.
Este desfase no es menor. Es, en realidad, uno de los principales factores que
explican la creciente vulnerabilidad del país frente a una eventual crisis
hídrica y energética.
El país cuenta con más de 700 presas inventariadas por la Autoridad Nacional del
Agua, construidas a lo largo de casi un siglo. Durante décadas, especialmente
entre 1960 y 1980, el Estado peruano entendió que el agua era un factor clave
para el desarrollo y promovió grandes proyectos de irrigación y regulación
hídrica. Posteriormente, entre 1980 y el 2000, se consolidó una etapa de
expansión hidroeléctrica y de proyectos multipropósito.
Sin embargo, en lo que
va del siglo XXI, este impulso se ha diluido en simultaneo con la recurrente crisis política del país.
Existen esfuerzos singulares como el Proyecto Olmos, pero no una política sistemática
ni sostenida de almacenamiento de agua en espacios estratégicos a escala
nacional.
Lo más preocupante es que esta desaceleración ocurre en un contexto diametralmente
opuesto al del siglo pasado. Hoy enfrentamos los efectos del cambio climático,
con periodos de sequía más prolongados, mayor variabilidad en las
precipitaciones y un acelerado retroceso de los glaciares andinos.
Es decir,
cuando más necesitamos capacidad de almacenamiento, menos estamos invirtiendo
en ella.
El argumento de falta de recursos ya no es válido. El presupuesto público peruano
ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, impulsado por el
crecimiento económico, la recaudación tributaria y los ingresos provenientes de
actividades extractivas. Sin embargo, ese mayor gasto no se ha traducido en
infraestructura estratégica que garantice la seguridad hídrica. Se ha
priorizado, en muchos casos, el gasto corriente o proyectos de impacto
inmediato, dejando de lado inversiones de largo plazo cuya rentabilidad social
es incuestionable.
Consecuencias de la inacción
En primer lugar, afecta la seguridad alimentaria. La agricultura en la costa, donde se concentra gran parte de la producción y fomentar la cadena de valor, depende críticamente de
sistemas de almacenamiento y regulación. Sin ellos, el agua de las lluvias se
pierde en el mar durante los meses húmedos y escasea durante los periodos
secos.
En segundo lugar, compromete la seguridad energética. El Perú mantiene una alta
dependencia de la generación hidroeléctrica. Sin reservorios adecuados, la
producción de energía queda sujeta a la disponibilidad inmediata de agua, lo
que incrementa el riesgo de déficits en años secos y obliga a recurrir a
fuentes térmicas más costosas y contaminantes.
En tercer lugar, incrementa la conflictividad social. La falta de infraestructura
hídrica exacerba la competencia por el recurso entre agricultura, consumo
humano, industria y minería. En este último caso, el debate suele centrarse en
la supuesta competencia por el agua, cuando en realidad el problema de fondo es
la ausencia de sistemas de regulación que permitan gestionar eficientemente el
recurso.
Así, el Perú enfrenta una triple vulnerabilidad: hídrica, energética y económica. No
porque carezca de agua, sino porque carece de capacidad para almacenarla y
gestionarla estratégicamente.
Es la paradoja de un país con abundantes recursos
hídricos que, sin embargo, no logra convertirlos en seguridad ni en desarrollo
sostenible.
Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del Estado
para planificar el futuro.
Seguridad Hídrica como eje central de la política pública
La seguridad hídrica debería ser un eje central de
la política pública, articulando inversiones en infraestructura gris, pudiendo ser represas,
reservorios, trasvases y otras opciones con soluciones basadas en la naturaleza, como la
siembra y cosecha de agua.
Asimismo, se requiere promover esquemas de
financiamiento innovadores, incluyendo la participación del sector privado en
proyectos multipropósito que beneficien a múltiples usuarios.
Persistir en la inacción tiene un costo creciente. Cada año que pasa sin ampliar la
capacidad de almacenamiento es un año en el que el país se vuelve más
vulnerable frente a sequías, más dependiente de condiciones climáticas
inciertas y más expuesto a crisis que podrían evitarse con planificación.
 |
| El país requiere retomar la política de almacenar agua para que no se pierda |
El Perú no necesita descubrir nuevas fuentes de agua, tampoco necesita de masivos costosos
proyectos de desalinización de agua de mar, necesita, con urgencia, aprender a
almacenar la que ya tiene, así como tratar las aguas residuales para darle
valor en diversos usos.
Esa es la verdadera base de la seguridad hídrica y,
también, una de las claves más importantes para garantizar su desarrollo en el
siglo XXI.
A escasos 24 días de
las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que el país de los
Incas elegirá presidente de la república, senadores, diputados y representantes
al parlamento andino y, en términos prácticos, una nueva conducción del Estado
peruano, resulta importante poner en agenda uno de los problemas estructurales
más graves y persistentes de América Latina y particularmente en Perú: la
gestión de los residuos sólidos municipales - RSM.
Durante
el periodo 2001–2026, el Perú ha experimentado un importante crecimiento
económico, acompañado de una expansión urbana acelerada y altamente fragmentado
territorialmente con 196 municipios provinciales y 1890 municipios distritales.
Sin
embargo, este crecimiento no ha sido respaldado por un fortalecimiento
equivalente del Estado, generando una crisis silenciosa pero profunda en la
gestión de RSM.
Hoy
enfrenta una realidad crítica en la que cada vez genera más residuos sólidos
mientras la responsabilidad de su disposición final recae en sus 196
municipalidades provinciales que, en su mayoría, no cuentan con capacidades
técnicas ni financieras suficientes, lo que ha derivado en la persistencia de
vertederos o botaderos a cielo abierto en gran parte del país y en el
desaprovechamiento de la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de
estos residuos.
A ello
se suma la alta morosidad ciudadana en el pago de arbitrios, lo que debilita
aún más el sistema, así como la corrupción en gobiernos locales que ha
contribuido a decisiones que agravan el problema. Uno de los aspectos más
graves y menos discutidos es el enterramiento de residuos en zonas inundables
de la costa norte peruana, justamente donde son recurrentes eventos como el
Fenómeno El Niño y el Fenómeno El Niño Costero.
Estas prácticas han generado la
dispersión de residuos durante inundaciones, la liberación de lixiviados
altamente contaminantes y la consecuente contaminación de agua, suelos y zonas
habitadas, afectando directamente a la salud de la población más vulnerable.No
es casualidad que, en contextos críticos como la pandemia de COVID-19, las
zonas con mayor precariedad ambiental y competencia municipal hayan registrado
niveles dramáticos de morbimortalidad, lo que evidencia una relación directa
entre mala gestión pública, degradación ambiental y vulnerabilidad sanitaria.
A
pesar de que el país cuenta con un marco normativo claro, como el establecido
en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que obliga a priorizar la
valorización de los residuos antes de su disposición final, la realidad en los
196 municipios provinciales del país muestra un incumplimiento sistemático de
estas disposiciones. Este no es un problema aislado ni técnico; es una
expresión directa de las debilidades estructurales de las políticas públicas
que arrastra el Estado peruano sujeto a una alta rotación de los tomadores de
decisión en este extremo que amerita un serio debate con algunas ideas fuerza
expresadas seguidamente:
La primera, que debe quedar claramente establecida, es
que existe una brecha crítica entre la norma y la realidad, producto de una
combinación de limitaciones presupuestales, falta de capacidades técnicas y
ausencia de planificación de largo plazo. Para muchos gobiernos locales,
enterrar residuos sigue siendo la alternativa más sencilla y menos exigente en
el corto plazo, aun cuando ello comprometa la sostenibilidad ambiental, la
salud pública y la economía futura. La valorización, que implica reciclaje,
compostaje y reaprovechamiento, requiere inversión, conocimiento y gestión
eficiente, elementos que no han sido priorizados en la mayoría de las municipalidades
provinciales.
La segunda, es la debilidad institucional del sistema de control
y fiscalización. Entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y la Contraloría General de la República no han logrado generar
mecanismos efectivos, continuos y disuasivos que obliguen a los gobiernos
locales a cumplir con la normativa vigente. La falta de supervisión oportuna y
de sanciones ejemplares ha permitido que el incumplimiento se normalice.
La
tercera, es la ausencia de un mercado sólido y formal para la valorización de
residuos. Sin cadenas de valor estables para los materiales reciclables, los
municipios carecen de incentivos económicos para apostar por sistemas de
reaprovechamiento. A ello se suma la persistencia de la informalidad en el
reciclaje, que, si bien cumple un rol importante, no ha sido adecuadamente
integrada en modelos formales e inclusivos de gestión.
La cuarta, es la débil
cultura ciudadana en materia de segregación en la fuente. Sin participación
activa de la población, cualquier esfuerzo de valorización se vuelve más
costoso y menos eficiente. Este componente, fundamental para el éxito de
cualquier sistema moderno de gestión de residuos, ha sido históricamente
relegado.
Una quinta idea fuerza que no puede seguir siendo omitida: la
corrupción estructural que atraviesa la gestión de residuos sólidos en el país
y que alcanza, en mayor o menor medida, a los 196 municipios provinciales. La
contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final, así
como la ejecución de proyectos de infraestructura como rellenos sanitarios o
plantas de tratamiento, representan espacios altamente vulnerables a prácticas
corruptas.La transparencia opaca en los procesos, la colusión con proveedores,
la sobrevaloración de proyectos y la falta de rendición de cuentas han
convertido a la basura en un negocio antes que en un servicio público. Esta
realidad distorsiona completamente los incentivos, desincentivando soluciones
sostenibles como la valorización, que suelen ser menos rentables desde una
lógica corrupta.
Nos encontramos, por tanto, ante una crisis sistémica que
combina fallas institucionales, debilidad financiera, corrupción, mala
planificación territorial, pérdida de oportunidades económicas como la
valorización energética de residuos y graves impactos ambientales y sanitarios.
En síntesis, objetivamente me reafirmo en la convicción que el crecimiento
económico y el aumento sostenido de los RSM no han sido acompañados por un
fortalecimiento del Estado. La asignación de responsabilidades a
municipalidades sin capacidades, sumada a la morosidad, la corrupción y
prácticas no sanitarias como el enterramiento de residuos en zonas inundables,
ha generado una crisis estructural que incrementa la vulnerabilidad de la
población y desperdicia oportunidades de desarrollo.
En este
contexto, resulta indispensable que los múltiples candidatos a la presidencia,
al Congreso y a los distintos niveles de gobierno se pronuncien de manera
clara, técnica y verificable sobre cómo enfrentarán este problema.
No basta
con declaraciones generales; el país necesita propuestas concretas que aborden
el financiamiento de la valorización, el fortalecimiento de capacidades
municipales, la reforma de los sistemas de fiscalización, la formalización de
los recicladores, la educación ciudadana y, de manera central, la lucha frontal
contra la corrupción en la gestión de residuos sólidos municipales.
! Dios
bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !
Dr. Msc.
Ing. Javier Prado Blas
DNI N°
08186048
CIP N°
38874