Una sentencia anunciada (y filtrada) trae ya tres días de manifestaciones en Cataluña… y en el resto de España. En Cataluña se han producido situaciones violentas, sin dudas, pero están lejos de ser tan masificadas como lo que, a veces, se nos muestra. Claro que lo que se nos muestra tampoco corresponde con lo que está pasando (como esas imágenes de TVE por las que pidió disculpas porque son de hace 9 años).

Una vez dicho eso, paso a explicar un poco lo que será esta entrada: simplemente ideas sueltas sobre lo que se está diciendo en los medios, sobre lo que los políticos están soltando y sobre lo que los opinólogos dan cátedra. Siempre desde un cómodo asiento desde el interior del país, a cientos de kilómetros de los principales focos de enfrentamiento.

Tras la sentencia, mucha gente en Cataluña salió a la calle. Fueron a sitios que no podían ir, se reunieron en lugares en los que sí podían estar y ya se produjeron un par de actos violentos. Ojo, debemos destacar lo anecdóticos que fueron los enfrentamientos, que aunque los hubiera, no empañan lo masiva y pacíficas que fueron la mayoría de concentraciones. La persona que fue impactada por un disparo con pelotas de goma de la policía no parecía estar en uno de esos lugares más conflictivos. La represión y violencia policial es algo que se da en todo el país por parte de todas las policías, no es nuevo (aunque en Cataluña la burguesía independentista la descubrió hace dos años y hasta hoy sigue sufriéndola).

Lo primero que vi y leí es que eran «manifestaciones ilegales» porque «no habían sido autorizadas». Esto a opinólogos (cómo no), como adjetivo en algunos informativos (error gordo) y a políticos de primera línea (eso, echando leña al fuego). Esta postura lo que pedía era la dispersión y represión de esas manifestaciones.

NO fueron manifestaciones ilegales, en ningún caso. Lo primero, el derecho de reunión y el de manifestación NO requieren «autorización». Es un error conceptual grave. El art. 21 de la Constitución es claro: no requiere autorización y se debe dar comunicación previa. Se necesita una resolución motivada prohibiéndolo. Ahora, si nos vamos a la ley orgánica que regula el derecho (Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión), en su artículo 3 encontramos el recuerdo de la no existencia de autorización para las reuniones y manifestaciones (es que la palabra es importante, por eso insisto en ella). Es cierto que existe una necesidad de «comunicación previa» y que, para situaciones urgentes o imprevistas (como manifestarse por algo que acaba de salir) dicha comunicación se establece en 24 horas. Es cierto que en estos casos el TC no ha sido tan generoso (Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2000, de 14 de febrero), también lo es que en general tiende a proteger el derecho de reunión y manifestación, que no es inmediatamente ilegal toda manifestación no comunicada, tampoco toda alteración del orden público hace que la manifestación sea ilegal (el Defensor del Pueblo, en su día, criticó la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana sobre este tema; el art. 23 está recurrido ante el TC que aún no resuelve el tema). Ese «puede ser» no significa «es». Los medios y políticos deben saberlo (de hecho, cuando hay determinados atentados y se sale a la calle como solidaridad, jamás esos medios o personas dicen que son manifestaciones ilegales), pero prefieren manipular o mentir («son ilegales porque no se han autorizado»).

Las cosas han cambiado. Ahora no se necesita una persona jurídica que mueva toda una maquinaria para convocar una manifestación, el boca a boca y el propio hecho de que salga en los medios de comunicación (con inmediatez absoluta) propicia que las masas se junten sin demasiado problema, ¡y que se muevan de sitio sin que quede claro quién las «dirige»! Pasó con las manifestaciones del 15 M, pasa ahora. La legislación de ha adaptado mal a esta forma yendo solo a la represión y prohibición.

Pero volvamos a la demagogia. Tenemos a los tres líderes de las tres teóricas derechas estatales (iba a poner «nacionales», pero podía causar confusión) echando leña al fuego. Porque la gente está enfadada por las altas penas y los delitos por los que se han condenado (la verdad, me parece un tema «de libro», pero igual es que «el libro» habría que cambiarlo).

Lo primero fue ver a Casado (PP) acusando al PSOE de haber quitado el delito de convocatoria ilegal de referendo, que si hubiese existido nada de esto había pasado y que lo arreglaría poniéndolo de nuevo. Es cierto, fue el PSOE de Rodríguez Zapatero quien despenalizó un delito metido con calzador y sin sentido durante el gobierno de Aznar, pero: a) ponerlo ahora no hubiese solucionado nada; b) se ha condenado a quienes llevaron a cabo todo este tema independentista (no se necesita un tipo penal específico, hasta el TC prohibió el acto y de ahí la condena por desobediencia de algunos políticos); c) entre tanto, gobernó Rajoy y no lo puso; de hecho, durante el gobierno de Rajoy se celebraron DOS referendos en Cataluña y no vio necesidad de ese tipo penal porque, en términos prácticos, se les puede condenar por otros delitos que tienen un sentido global (como se ha hecho las otras dos veces).

Casado, que confunde las leyes (decía que el PP aprobó en solitario la Ley de Seguridad Nacional para ponerse una medalla sobre su legislación, cuando esa ley sí la apoyó el PSOE y UPyD, es que la confundió con la horrible Ley de Seguridad Ciudadana), habla de reformar el delito de rebelión (ya que el tribunal dijo que eso no era rebelión, la lógica represora es ampliar el concepto de rebelión y ya) y así estos sujetos pasarían más tiempo en la cárcel o algo así… ¿acaso no sabe que las leyes penales no favorables no se pueden aplicar retroactivamente? En la misma línea está Rivera (Ciudadanos), otro que tal baila con esto de los delitos.

En ningún caso, que quede claro, endurecer «ahora» las penas significaría más condena para todos los que el lunes vieron su vida privada de libertad. En ninguno. Al menos no con la constitución y todos los tratados de derechos humanos que tiene firmados España.

Creo, sinceramente, que se deben reformar los preceptos sobre rebelión y sedición, pero en ambos casos para «reducir» su ámbito de aplicación y clarificarlos bien (con un poco de suerte, desaparecería la «sedición» para los que ahora han sido condenados, en ese caso, además, sí se podría aplicar retroactivamente al ser más favorable).

Volviendo a este tema de las medias verdades, tenemos a los tres líderes de las derechas hablando de devolver las competencias penitenciarias al Estado. Acá cabe recordar algunas cosas: Cataluña lleva una vida con esas competencias (la única comunidad que las tiene efectivamente transferidas, si mal no recuerdo -el País Vasco lo lleva en su Estatuto de 1979 y jamás se las han dado-) y son meramente administrativas. La legislación sobre los «privilegios penitenciarios» es la misma en Cataluña que en el resto del Estado (Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria), lo que lleva es la gestión de las cárceles. La aplicación del tercer grado, esto es, la decisión de en qué grado está un preso, NO depende de la Administración Penitenciaria. Es cierto que la Administración lo propone, pero es el Juez de Vigilancia Penitenciaria (que depende del Estado, no de la Generalitat) el que decide. El procedimiento para la aplicación de este régimen penitenciario no son cuatro papeles, para nada, y la fiscalía debe intervenir (para posicionarse a favor o en contra), con una resolución motivada e individualizada. Ojo, si la fiscalía se opone, es el Tribunal Supremo (en este caso) quien tendría que tomar la decisión. El TS. En Madrid. Rivera sale diciendo que hay que evitar que se apliquen leyes especiales con más privilegios como las que hay en Cataluña cuando la legislación aplicada ahí para todo esto es la misma que la del Estado. No sé si miente a sabiendas o piensa que las competencias transferidas son legislativas. En todo caso, es grave que hable sin saber. Y no son privilegios, es la forma de ejecutar las penas privativas de libertad; el tercer grado puede suponer un beneficio, al que tiene acceso cualquier recluso (con lo cual no es un privilegio). No es lo mismo. De hecho, la legislación estatal ordena que cada preso esté en el régimen que le corresponde según su evolución personal, hacerlo de otra forma iría contra dicha legislación y, de paso, contra el fin constitucional de las penas.

Así que no, no es posible que Torra decida cosas sobre el régimen penitenciario ni hay leyes más blandas en Cataluña. ¿Que les tratarían bien en la cárcel? Es que es lo que en una prisión se debe hacer con todos los reclusos, teniendo en cuenta que uno de los fines de la pena es la reinserción, y eso no es posible mediante el abuso.

Devolver las competencias penitenciarias de Cataluña al Estado exigiría (como piden los tres líderes de las derechas estatales), además, una modificación del Estatuto de Autonomía (necesariamente, por ahora el que las tenga es porque ellos lo pusieron en su Estatuto, el Estado lo aprobó en las Cortes Generales y además se produjo la cesión -el paso que no se ha dado en el PV-) con un referendo en Cataluña de por medio (sería divertido, todo hay que decirlo). Hacerlo de otra forma sería inconstitucional por todos lados.

Ya que estoy hablando de manipulación en los medios, voy a romper una pequeña lanza a favor de TVE en este punto: son el único medio en que he escuchado la coletilla «es la misma legislación penitenciaria que en todo el país» cuando informan de esta parte del tema. Luego sus opinadores se equivocan o mienten como el resto, pero al menos en los informativos hasta han explicado las diferencias en aplicar este régimen para los casos que tienen condena por malversación de los que no las tienen. Por cierto, acá les beneficia, en realidad, que no les hayan condenado por organización criminal (que tiene más requisitos para acceder al tercer grado), pero es lógico, la organización montada, como dice el TS, no es para «fines» criminales.

Así que cada líder tiene su propio libreto de qué exige a Pedro Sánchez, el eterno presidente en funciones, que o no sirve o no se puede aplicar de la forma que lo piden. Uno está pidiendo la utilización de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional), otro la suspensión de la autonomía catalana para «echar a Torra» (nueva aplicación del art. 155 de la Constitución) y, el último, el Estado de Excepción.

¿Cómo es que, en su día, no se aplicó la Ley 36/2015 para impedir que los Mossos d’Esquadra fueran «tan buena gente» con los que estaban poniendo las urnas? Es que se intentó y no se veía fundamento para obligar a la coordinación más allá de lo que ya existía. Algo parecido pasa ahora, donde la policía autonómica, como el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad desplegados, están reprimiendo las manifestaciones como están acostumbrados. ¿Qué argumento se usaría o qué beneficio se tendría al aplicar ciertos apartados de dicha ley? Los Mossos se demuestran perfectamente coordinados y alineados con la Policía Nacional, ¿entonces? Nada, lo que hace ese tipo es avivar el fuego, por si decae el tema y no puede salir tanto en prensa como le gustaría.

El siguiente exige un «155», que el presidente del gobierno avise a Torra que está incumpliendo una obligación constitucional y, por ello, le pide que haga lo que le toca. Lo malo para esta postura es que el presidente de la Generalitat no está incumpliendo ninguna ley, incluso esta vez, a regañadientes, retiró los lazos amarillos; que sí, que el TC le ha recordado que debe dejar de hacer declaraciones en el parlamento autonómico de desobediencia civil, pero por ahora han quedado en eso, en declaraciones. La suspensión se basó en una declaración de independencia (suspendida por ellos mismos) y el saltarse a la torera, por parte de todo el gobierno de la Generalitat, del ordenamiento jurídico. ¿Se da eso ahora? Ni de lejos. Ver a los Mossos repartiendo por ahí y al presidente de Cataluña pidiendo paz está lejos de ser un incumplimiento de sus deberes constitucionales. Y por pedir que la gente salga a la calle a manifestarse pacíficamente no se puede condenar a nadie (ya, algunos ven en «los Jordis» una condena en esto, pero lo dejo para otro día). La Constitución no se puede usar como espada de Damocles constante para todo el que no piense como el inquilino de la Moncloa, eso cercenaría el propio concepto de las autonomías.

Y llegamos al líder de la derecha más ultra entre las tres, que más aviva el fuego, que quiere contramanifestaciones (eso de llamar a la paz y pedir que los tuyos salgan a la calle como demostración de fuerza en contramanifestaciones es una de las cosas más irresponsables que he visto en mucho tiempo). Vamos por partes, el Estado de Excepción está contemplado en los arts. 55 y 116.3 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, en concreto, en el Capítulo III. Primero, es el gobierno quien pide al Congreso autorización para establecer el estado de Excepción, ¿qué ha presentado el líder de la ultraderecha en a la mesa del Congreso de los Diputados? Una carta para reunir a la Diputación Permanente para que esta solicite al Gobierno que este presente una petición a la Diputación Permanente pidiendo autorización para el Estado de Excepción. Maravilloso. ¿Se dan los supuestos para declararlo? El grado de los desmanes y la forma en que se está «resolviendo» parece que el Estado no necesita más poderes para imponerse. Poner un Estado de Excepción para prohibir las manifestaciones (el derecho a reunión y manifestación es de los que se pueden suspender) en este momento es absolutamente inútil y solo serviría para dejar claro que el Estado reprime a la ciudadanía descontenta. (Claro que hablamos de un líder que, en realidad, apoya un régimen que durante 40 años tuvo a España sumida en un Estado de Excepción). Dicen que hay peligro para el orden constitucional (que se está ejerciendo con total normalidad) y para la vida; hasta ahora la única vida que ha peligrado es la de los manifestantes (uno ya perdió un ojo por el disparo de una pelota por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado).

Es cierto que hay fogatas y demás, que se están tirando adoquines y todo eso, pero también es cierto que aún no se producen asaltos a lugares públicos ni se queman instalaciones. Es para ponerlo en relación con qué es lo que se está afectando con las manifestaciones, la respuesta debe ser proporcional con eso, cualquier cosa que lo supere es represión pura y dura y debe ser inaceptable para cualquiera.

¿De verdad creen que más mano dura hará que la gente vuelva feliz a su casa? ¿El «orden» vale la pena con la sangre de la ciudadanía en las porras? (Sí, es demagógico, lo sé).

El Parlamento Catalán, en este momento, ni siquiera es capaz de aprobar una repulsa a una Sentencia, cosa que, además, no tiene ningún efecto (sentencia que básicamente no ha gustado a casi nadie). Torra puede hablar de una nueva fecha de referendo, pero eso queda tan en el aire y sin sentido jurídico para plantear cualquier medida en su contra como si nos estuviese hablando del calendario que tiene para jugar al rol. Tiene un peso político, claro, pero el mismo que cuando defiende que los Mossos peguen a los manifestantes.

Ya que estamos hablando de demagogia, sumar las condenas de todos los procesados para hablar de «más de 100 años de cárcel» es demagógico. Eso no vale. Además, lo he leído para compararlo con la condena de Tejero por el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Tejero fue condenado a 30 años, igual que Milans del Bosch y Ussía y Armada Comyn. Si nos ponemos a sumar, los de ese intento de golpe se llevaron unos 179 años. (A todo esto, la legislación penitenciaria antes era más «benigna» que ahora, por eso no fue raro que a principios de los noventa ya estuvieran en libertad condicional varios de los condenados con muchos más años de los cumplidos en prisión).

Tenía pensada una cosilla para el Inktober de este año (donde, nuevamente, pasaré de la sugerencia temática) pero, como se pueden imaginar, me pilló el toro. Tengo pendientes unas cuantas cosas bastante interesantes para garabatear e intentaré que las tintas «cuelen» en este Inktober mientras hago «parte» de lo semiplaneado, así que dejo la declaración de intenciones como obra del primer día (a más no llegaba, la verdad). El resto de días simplemente actualizaré la galería (o, al menos, la mayoría será así, sin actualización de texto). Espero que les guste, en cualquier caso.

Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de Perú tras asumir el cargo cuando dimitió Pedro Pablo Kuczynski, presentó una Cuestión de Confianza junto con el proyecto que reformaba el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional; el Congreso de la República pasó tanto de la cuestión como del proyecto y siguió tramitando los nombramientos (produciéndose uno de ellos); el presidente de la república entendió que esta era una forma de «rechazo tácito» de la cuestión de confianza planteada y, por tanto, al cumplirse dos cuestiones denegadas (el Presidente ha presentado tres, una se votó a favor, otra en contra y esta no se votó realmente), Vizcarra se sintió legitimado por el art. 134.º de la Constitución Política del Perú para disolver el Congreso de la República y llamar elecciones para este órgano (institución, cabe recordar, de las más rechazadas por la ciudadanía).

El gobierno de Vizcarra deseaban el adelanto de las elecciones; el 28 de julio anunciaron un proyecto de reforma constitucional en este sentido (para permitir un adelanto electoral ad hoc), el cual fue archivado por la comisión de Constitución sin demasiado debate. El enfrentamiento del gobierno y la mayoría parlamentaria fujimorista era permanente, llegando a un punto absurdo cuando el Congreso adelanta su sesión para poder votar el nombramiento de un miembro del TC sin que el gobierno pudiera defender el proyecto planteado con la cuestión de confianza (este hecho acarreó la protesta de parte de los congresistas).

El Congreso de la República, controlado por fuerzas opositoras al gobierno (aunque en crisis interna también), consideró que el presidente Vizcarra se ha extralimitado (además, aprobó la cuestión de confianza… pero no cumplió la Constitución al no darle prioridad) y votó la moción n.º 10651 en la que se proponía la declaración de incapacidad temporal del Presidente de la República, la cual salió adelante con 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones (los favorables al presidente en este asunto se ausentaron del hemiciclo). El argumento es claro: el presidente ha roto el orden constitucional al disolver el Congreso sin que se produjera la votación sobre la cuestión planteada (con lo que no se da el requisito de dos cuestiones de confianza denegadas). También se votó una moción para vacar al presidente, que se producirá el 4 de octubre tras audiencia del mismo.

Eso sí, teniendo suspendido al presidente, el Congreso votó el nombramiento de la vicepresidenta del Perú, la también congresista y hasta el 15 de agosto oficialista, Mercedes Aráoz Fernández como presidenta encargada del país mientras se dirime la vacancia. La noche del treinta de septiembre se tornaba en un claro choque de poderes. Mercedes Aráoz no votó ni la vacancia ni la suspensión, pero sí estuvo en el Congreso permitiendo, entre otras cosas, el cuórum necesario para que se produjera este esperpento institucional. Aráoz renunció a la bancada oficialista (que, tras una serie de salidas, estuvo a punto de perder incluso el grupo parlamentario, actualmente quedan con cinco miembros). Aráoz atacó duramente a su bancada el día en que renunció a ella diciendo que ya no seguía las políticas de PPK ni respetaba la democracia interna.

En el diario oficial El Peruano se publicó el decreto de disolución del Congreso (decreto supremo 165-2019-PCM), a su vez, el Congreso ha declarado inaplicable dicho decreto supremo mediante la resolución n.º 001-2019-2020-P-CR.

Las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú se han posicionado al lado de Vizcarra y la disolución del legislativo estatal, con lo que poco recorrido puede tener la presidencia de Aráoz si las armas no la respaldan.

Actualización (2 de octubre)

• Mercedes Rosalba Aráoz Fernández renunció ayer por la tarde a su cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República y, con ello también, al cargo de presidenta encargada durante el periodo de suspensión del actual presidente, Vizcarra, cargo jurado el día antes. Aquí la carta:

• Hoy comienza el espectáculo de Barata en el caso Odebrecht, donde irá desvelando los nombres de los congresistas a quienes dice que su empresa sobornó.

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2019 posiblemente pase como el año con más comicios en la historia reciente española. En casi todo el país se han celebrado: elecciones generales (abril 2019), elecciones al Parlamento Europeo, elecciones autonómicas (en casi todo el país) y elecciones locales (estas tres, a la vez en mayo del presente año). El 10 de noviembre, salvo cosa rarísima y casi imposible que ocurra mañana, habrá elecciones generales nuevamente.

La historia de Sánchez, líder del PSOE, es curiosa: intentó la presidencia perteneciendo al partido que quedó segundo en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de fines de 2015; lo intentó con un matrimonio con la derecha (con Ciudadanos), en ese momento el cuarto partido. No consiguió el apoyo de su izquierda (Podemos, principalmente, tercer partido, mucho más fuerte entonces que ahora, sea dicho) y solo otro partido de derechas votó con ellos (CC). No salió elegido, claro. Dos meses después se repetía la ronda de consultas y nadie se presentó. Acá hay que destacar algo: Mariano Rajoy, presidente del gobierno español y líder del partido ganador, no lo intentó. Ni en la primera ronda ni en la segunda. Ofreció una suerte de gran coalición y, como no salió, se quedó a la espera del fracaso del PSOE.

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Para entretenernos un poco, vamos a contar historias. Pero con reglas. Más o menos. Y cartas. Muchas cartas. Ilustradas o con textos. O las dos cosas. Y dados, pero solo de yapa. En Lee Los Lunes hemos publicado dos entradas sobre este tipo de juegos: la primera (Co-Mix y ¡Sí, Señor Oscuro!) y la segunda (Faraway y Días de Radio, de yapa dadetes que cuentan historias). Espero que les gusten.

El presidente del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, anunció un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones. En fiestas patrias, para el aplauso general, compró el «que se vayan todos» y lo transformó en un «nos debemos ir todos»; dijo que así se solucionaría en parte el descrédito de la clase política y todo eso que siempre se tiene que decir.

El Congreso, que sigue dividiéndose cada vez que puede, está mayoritariamente en contra del gobierno; el gobierno, otro de esos raros en nuestra historia reciente, donde el presidente lo es por dimisión del anterior, no tiene apoyos reales (¿la calle? Poco, pero más que el Congreso, sin dudas).

Existen mecanismos constitucionales para que el Congreso controle al ejecutivo (aunque es un control, en realidad, cortito) y para que el ejecutivo disuelva el Congreso (aunque esto último es una suerte de tiro al pie que el Congreso se tendría que dar), así que cuando el presidente propuso «acortar» los mandatos y poder adelantar elecciones, por un momento, y solo por un momento, pensé que propondría una reforma de calado en nuestro sistema constitucional y presidencialista.

Pero no.

El poder ejecutivo presentó el pasado 31 de julio el proyecto de ley n.º 04637/2019-PE (copia local en PDF) en el que básicamente se establecen dos cuestiones:

• Quien asume la presidencia del país, aunque no fuera elegido para ello, también tiene prohibido presentarse a las siguientes elecciones (en otras palabras, Vizcarra no podría presentarse).
• Una serie de disposiciones transitorias para acortar el mandato actual a cuatro años y tener unas nuevas elecciones generales (Presidente, Congreso y representantes en el Parlamento Andino).

Dejando de lado el tema de que el vicepresidente que asume la presidencia también se ve afectado por la prohibición de presentarse a presidente (sin tener en cuenta la duración de su mandato, recordemos que podría darse el caso que asuma a muy poco de acabar el periodo) nos encontramos con una reforma ad hoc para fastidiar al actual Congreso. Todos esos congresistas tendrían que irse y ya no se pueden reelegir (gracias a la Ley N.º 30906, ratificada por referendo). Algo parecido hace el presidente para sí mismo (al menos en esto es coherente).

Y ese es el problema: una norma que solo nos sirve para ahora. ¿Arregla algo? No. ¿Soluciona algo? Tampoco. ¿Propone algo que nos sirva para el futuro? Para nada, de hecho, es una norma de un solo uso.

Si el problema es que no existe un mecanismo eficaz para que en una situación en que el partido mayoritario no coincida con el partido del Presidente de la República y el posible bloqueo que se produce ante esta situación, más cuando un partido opositor tiene la mayoría absoluta, el «que se vayan todos» no previene cuando vuelva a ocurrir lo mismo.

Si Vizcarra quisiera hacer algo de calado, haría una reforma que generara un mecanismo constitucional válido para estas situaciones. Pero es un «me bloqueas, pues fuerzo a que todos los vayamos» por puro capricho, sin fondo. Además, se lo está pidiendo al mismo Congreso que quiere disolver.

El adelanto de elecciones constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el consiguiente perjuicio de la ciudadanía.
Por ello, se ha considerado que se requiere adoptar una decisión que genere un recambio en la clase política que permita fortalecer a las instituciones, pero sobre todo optimizar las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que redunde en una mayor y mejor representación de la ciudadanía, lo que permita, además, ir recuperando la confianza y legitimidad de la clase política.

Este proyecto es, básicamente, una copia de uno presentado por Frente Amplio (el proyecto los compara, de hecho, para señalarnos cómo solo cambia la fecha), texto al que no se le hizo ningún caso (fue a Comisión y ahí quedó). Y era un mal proyecto, seguía pensando que repetir elecciones ayudaba en algo; o que tenerlas aumentaría la confianza en las instituciones.

¿Algún indicio de que los políticos lo harán mejor? ¿Los «nuevos» (y no tan nuevos, pues cualquiera que no sea actualmente Congresista y lo haya sido en el pasado podría volver a postular) lo harán mejor? ¿Adelantar las elecciones hará que suba la aprobación del Congreso y el gobierno? ¿Y qué hacemos con el Poder Judicial (que también está por los suelos)?

¿En qué sentido esta medida mejorará y optimizará las relaciones de los poderes ejecutivo y legislativo? Además de «en nada», quiero decir. Porque, además, en cuanto se haga esa elección desaparecerá la medida.

Las reformas que ha terminado proponiendo Vizcarra sobre la constitución son más demagógicas que útiles, yo aún no sé cómo pudo colar lo de la prohibición de reelección de Congresistas cuando, encima, se fundamentaba en una mentira y una mala comparación.

Cumpliendo todos los pronósticos, Pedro Sánchez fracasó en su intento de investidura en primera votación. Solo consiguió el apoyo de su partido (los 123 del PSOE) y del regionalista cántabro (1 voto del PRC). Desde finales de abril se debió abrir la negociación que pareciera (no sé qué tan real es) que comenzó «de verdad» a finales de la semana pasada. Las dos principales formaciones de a acordar (PSOE y Unidas Podemos) tensaron demasiado la cuerda y casi nos llevan a la situación de 2015… bueno, eso aún puede pasar.

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Se está debatiendo una reforma de la Ley n.º 28094, de Organizaciones Políticas, promulgada el 31 de octubre de 2003, en la cual se cambiarían bastantes apartados con el fin de… no estoy del todo seguro del fin. Esto es, sé lo que pone el texto en debate, pero no sé si ese realmente es el objetivo (este proyecto –copia en PDF– está dentro de la batería de medidas propuestas por el gobierno para una profunda reforma política).

Uno de los temas que se están tratando es el del registro de los partidos políticos, los requisitos y demás que deben cumplir. El ejecutivo propuso que se eliminara la recogida de firmas (¿¡cuántos casos de fábricas de falsificación de firmas hemos tenido!?) y se pasaría a un requisito de afiliados. El gobierno proponía una cifra que a la comisión constitucional del Congreso le ha parecido pequeña, así que la han aumentado un poco para evitar, dicen, la proliferación de partidos (esto lo menciona tal cual un sujeto que viene de una formación que ha cambiado de nombre y bases tantas veces que uno pierde la cuenta, cuya figura principal, en realidad, fue elegido presidente por distintas formaciones políticas). Se mantienen requisitos como el tener oficinas, delegaciones y demás en medio país y, si seguimos así, hasta el extranjero y más allá.

Por un lado, la medida propuesta «rebaja» un requisito (elimina ese 4% de firmas de l último censo electoral, esto es, para inscribir un partido, se necesitan unas 733 mil firmas -por cierto, este requisito fue modificado en el 2016 para endurecerlo, antes era el 1%-), por otro, aumenta el número de «afiliados» que hay que tener de inicio. Y no, por más que un congresista crea que es lo mismo ser un adherente (echar una firmita) que un afiliado, está lejos de serlo; entre otras cosas, porque para firmar no se pide militancia ni exclusividad, para ser afiliado sí (aunque, claro, viendo cómo se lo montan en su formación y recaudan fondos imposibles en polladas bailables, pues entiendo que para él sea lo mismo cualquier cosa).

Antes el mínimo de afiliados tenía que ver, en la práctica, con el número de comités provinciales a constituir (66 comités, 50 personas por comité mínimo, 3300 afiliados de inicio), ahora pasa a ser un número relacionado con la participación de las últimas generales (propuesta del ejecutivo) o con el censo electoral vigente (propuesta del Congreso). El ejecutivo proponía el 0,075% de los votantes (unas 13758 personas) y el Congreso, por ahora, anda pensando en 0,1% del censo electoral (24374 personas); además, este es el suelo que deben tener los padrones de afiliados de las formaciones, si bajan de esa cantidad y no «subsanan», se cancela el partido. Para dificultar más las cosas, los partidos deben estar muy descentralizados, no pudiendo tener más de un tercio en el mismo departamento (nota: Lima es casi un tercio de todo el electorado peruano, representa el 33,10 %), una medida que parece positiva para fomentar la descentralización (ya se obliga por medio de los comités que deben existir en… bueno, casi todos lados), pero que, si lo piensas, significa que antes de admitir a un nuevo afiliado (sobre todo en Lima) hay que hacer números para ver si no se está pasando del límite legal y artificial.

En Perú tenemos el Registro de Organizaciones Políticas donde se inscribe el padrón de afiliados de las mismas (un engendro que debería ser inconstitucional), así que es fácil comprobar que de las 24 formaciones con inscripción vigente, solo 10 superan el 0,1% del censo electoral (datos del 2018); de hecho, en la parte baja de la tabla tenemos formaciones como Peruanos por el Cambio (7631, el partido del gobierno, no lo olvidemos) y Fuerza Popular (7433, la principal fuerza política del país) que deberían triplicar su afiliación para cumplir con la norma. Por otro lado, también podemos ver cómo tener muchos afiliados no garantiza siquiera que tu inscripción se mantenga (porque debes tener buenos resultados electorales, de nada le sirvió a Perú Posible tener más de 160 mil afiliados si ve cómo le cancelan).

Inscribir un partido, en gran medida, es el inicio de la vida del partido. ¿Cómo es que se dificulta tanto? No es posible que para una asociación con tres personas baste pero que para formar un partido político deba reunir decenas de miles. No es posible, tampoco, que se siga viendo a los partidos como meros actores electorales y se olvide su resto de facetas (pero este ya es otro tema… ¿o no?).

Las formaciones políticas en el Congreso están poniendo requisitos que ellos, cuando se constituyeron, tal vez no hubiesen podido cumplir. Eso siempre suena a poner obstáculos a la competencia.

También facilitan la cancelación, pero esto sí les afecta. Así que hablemos de las cancelaciones de inscripciones (de las que me he quejado varias veces, todo sea dicho). Lo primero, parece que la dificultan al poner un mínimo más bajo (así, en vez de 6 representantes se ponen 5), pero, nuevamente, en realidad es una norma que facilita la cancelación: antes con 6 ya valía, eso o tener al menos 5% (así, un partido con fuerza relativa en Lima, aunque colocara pocos congresistas, podía ver que superaba la barrera del 5% y salvar la inscripción), ahora son 5 (en más de una circunscripción, como antes) y el 5% de los votos válidos (si dijeran votos emitidos, por ejemplo, Acción Popular vería cancelada su inscripción). Ahora son requisitos los dos, si esto hubiese sido así en el 2011, el APRA hoy no sería un partido inscrito.

Pero no solo eso, también se cancelaría la inscripción si no se participa en los comicios al Congreso (porque, por lo visto, no se concibe un partido que no quiera participar en las elecciones), o en los regionales (actualmente habría que faltar a dos elecciones consecutivas), pero no solo en general, sino en 4/5 de todos los gobiernos regionales; también hay que participar en las elecciones locales (1/2 de las provincias y 1/3 del total de distritos); ya me dirán de dónde van a sacar los partidos tantos candidatos. De hecho, en Perú pasa algo curioso: las elecciones regionales y locales tienen actores absolutamente distintos a las generales.

Pero seguimos con los requisitos: ahora tienen que realizar una suerte de primarias abiertas para que 1,5% de las personas que votaron acudan a esas elecciones internas (esto supone unas 275144 personas movilizadas). Así que una organización que tiene una base ya bastante grande de militantes (24 mil de mínimo, por ahora) debe movilizar a más de 10 veces dicha base para mantenerse inscrito. Ya me dirán quién y cómo se puede pagar tamaño despliegue. También qué se siente ser afiliado de un partido «chico» y saber que tu voto dentro del partido (por el que te dejas horas de trabajo y una cuota) en el fondo será un décimo de importante frente a un mero simpatizante que se pasa a decidir el candidato.

En fin, si esta es la idea para fomentar la participación política, mal vamos.

En esta entrada, a diferencia de la del tema laboral, no voy a recoger todas las principales propuestas de los distintos programas sobre este tema (más adelante lo explico), sino que resumiré lo que entiendo de las distintas propuestas que tienen que ver con el Estado. Por supuesto, es una lectura subjetiva apoyada en lo que aparece en los programas. Sí que haré referencia a medidas concretas que me parecen especialmente relevantes (para lo bueno y para lo malo, claro). Intentaré no extenderme mucho.

¿A qué me refiero con «el Estado»? Un poco a la visión de los partidos sobre cómo debe estar organizado el Estado (descentralizado o centralizado, sistema electoral, forma de gobierno, entre otras cuestiones) y su papel en la economía (más o menos interventor). La mayoría de los programas «dan por bueno» el sistema actual, así que sus silencios los tomo como «aprobación de lo que hay».

Como recordatorio, tienen todos los programas electorales en el tema enlazado. Ah, y el orden de los partidos es el de la proclamación en el BOE.

Verán escrito el texto fundamentalmente en femenino: es por economía del lenguaje. Esto se debe a que me estoy comiendo la palabra «persona» (o «personas»).

Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)

El modelo principal es el de «Estado de Bienestar», con un Estado que interviene bastante en todo lo que tenga que ver con la economía. Activo, además, a nivel internacional (parten de la necesidad de ayuda al tercer mundo). No tienen mucho más sobre otros temas como la reforma del Estado.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Proponen un Estado bastante activo, dentro de ese concepto de «Estado del Bienestar». Se supone que son un partido socialdemócrata, aunque a veces se les olvide. No sé cuándo han subido un programa más largo que el que inicialmente tenían puesto (el de las 110 medidas que analicé en el anterior tema), pero ahora veo en su web uno extenso. En el corto sobre este tema no hay nada, en el extenso sí, así que paso a hablar a partir de ese.

Parten de los «principios federales» de funcionamiento de un Estado descentralizado, con lo que quieren continuar por la vía de la descentralización, pero como una forma de «consolidar» el Estado Autonómico. Para ellos, con estos principios se hubiese evitado el tema catalán.

En ese sentido, quieren mejorar el funcionamiento autonómico dando más peso a los elementos de colaboración no solo del Estado con las Autonomías (de forma individual), sino el trabajo conjunto (impulso, por ejemplo, de las Conferencias de Presidentes) y más participación de las autonomías en determinadas cuestiones de Estado. A la par, hablan de definir mejor las competencias. El Senado debe ser el lugar de encuentro y reflejo del Estado Autonómico pero no concretan esta medida (cuando hablan de la reforma del Senado no se meten en esto, por cierto).

Sobre el sistema electoral dicen poco, solo hablan de eliminar el voto rogado para los españoles que viven en el extranjero (sistema que existe en gran medida gracias al propio PSOE; aunque es cierto que este apoyo al voto rogado fue contestado dentro de la propia formación y al menos desde el 2012 piden cambiarlo) junto con una medida bastante aperturista con respecto a los inmigrantes: reformar el principio de reciprocidad en las elecciones locales para permitir la participación de más colectivos de inmigrantes en las mismas; para esto, reconocen, habrá que reformar la constitución.

La «república» ha desaparecido por completo del PSOE, ya ni siquiera mencionan ese invento tímido de «republicanismo cívico» de antaño.

Partido Popular (PP)

Es un partido liberal en lo económico, con un Estado que no se involucra de forma demasiado directa en las cuestiones mundanas, aunque sí puede incentivar y apoyar determinados planes. Con el PP es importante comprender que, en el fondo, están conformes con el Estado tal cual es, teniendo un papel intervencionista más bien en las cuestiones «morales» (como partido conservador que es). Tienen, además, un concepto claro de «Estado Nación», siendo la única nación válida la española. Varias de sus medidas (como la del 12O) demuestran su claro nacionalismo español.

Sobre el Estado Autonómico, a la par que lo alaban, lo «atacan»; en el fondo quieren homogeneizar las cosas y dejar clara la supremacía del Estado central, así pues, dos de sus propuestas van para fortalecer el uso del español y la presencia del Estado, así como la vigilancia para que todas las administraciones actúen solo dentro de sus competencias (no podemos olvidar que el Estado tiende a sobrepasarse en las suyas y así muchas sentencias del TC lo demuestran). Varias de las medidas que proponen buscan «armonizar» determinadas materias que, en la práctica, suponen que la regulación parte del Estado y las Autonomías se dedican a «ejecutar». Proponen una recentralización con muchas medidas, incluyendo una en que las Autonomías devuelven, si así lo estiman, competencias o la ejecución de las mismas.

Sobre Cataluña, proponen aplicar la suspensión autonómica según lo regulado en el art. 155 de la Constitución española que, imagino, no se han leído; en este momento el gobierno catalán no está sobrepasando sus propias funciones (está teniendo cuidado) con lo que difícilmente sería justificable dicha intervención.

En el tema electoral, sí que hablan de reformar el sistema para facilitar el voto de los españoles en el extranjero ante las dificultades del «voto rogado». No hay oferta de reformas en el sistema electoral ni una reforma del Senado ni siquiera para reforzarlo como cámara territorial. ¿Para qué cambiar algo con lo que podrían salir perdiendo poder?

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Plantean un Estado intervencionista, protagonista de los cambios. Eso sí, no es un programa de máximos, en el documento ya avisan que este sería el «primer paso» de los cambios necesarios para llegar a donde el partido quiere (una República Socialista basado en el «centralismo democrático»).

En concreto, muchas de las medidas propuestas pasan por la nacionalización de industrias y servicios. Sobre el resto del sistema político no dicen nada, no les importa mucho el «parlamento capitalista» en realidad, simplemente realizan un programa de posibles reformas prácticas.

Defienden el derecho de autodeterminación de los pueblos aunque apuestan por la unidad de los distintos pueblos españoles en la consecución de la República Socialista (que será, además, una unión libre).

Plantean la salida de la Unión Europea (contando el euro) y la OTAN.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs)

Es un partido liberal en lo económico y eso queda claro con un Estado que no participa directamente sino que, como mucho, «incentiva» y «apoya». Varias de sus medidas, además, dejan claro que son un partido nacionalista español.

Son un partido que, en el fondo, no están cómodos con el modelo autonómico o, al menos, con que se continúe la senda de la descentralización; así se entienden las reformas de «clarificar» las competencias es para dejar «claro» qué le corresponde al Estado, el cual no podrá delegarlas o cederlas a las Comunidades Autónomas (toda la evolución del Estado autonómico en este país se ha hecho gracias a dichas cesiones) junto con varias medidas «armonizadoras» dentro de los ámbitos competenciales de las autonomías (el Estado decidiendo, en el fondo).

De hecho, como la Constitución tiene abierta ciertas cuestiones sobre el desarrollo autonómico (de hecho, cuando se hizo no se pensó que toda España pudiera dividirse en autonomías), proponen «cerrar» el mapa autonómico (fijar las 17 que hay ahora y, además, eliminar de la Constitución la posible anexión de Navarra al País Vasco). Aunque ya no proponen acabar con los sistemas forales de financiación (es lo que tiene el pacto con UPN), aunque sí hablan de recalcular sus aportes.

Sobre el modelo electoral sí que tienen opiniones que cambiarían bastante la forma y fondo del mismo, pero no terminan de explicarlo (así proponen una elección uninominal a la vez que proporcional, imagino que se van combinando; en todo caso, proponen superar la provincia como circunscripción y crear las mismas según la población).

Como algo interesante: proponen suprimir el Senado y reemplazarlo por el «Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas», siendo este organismo el que permitiría la representación territorial; teniendo cada presidenta un voto ponderado según la población de su CA.

Proponen rebajar a 250 mil las firmas para las Iniciativas Legislativas Populares (ahora está en 500 mil) y poner una obligación de tramitación (para que no se queden guardadas). Y poco más en cuanto a la participación directa.

Sobre la corona, la única referencia es quitar el machismo persistente en la constitución que favorece al hombre sobre la mujer en el acceso al trono.

Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL)

Sin plan de gobierno encontrado.

Recortes Cero-Grupo Verde-Partido Castellano-Tierra Comunera (Recortes Cero-GV-PCAS-TC)

El Estado como protagonista de la distribución de la riqueza… de forma un tanto peculiar. Sin menciones al Estado Autonómico o a la forma de gobierno.

Proponen varias cuestiones que tienen que ver con las elecciones pero les falta cuerpo unitario y aclarar cómo se llega a ellas; por ejemplo, hablan de unas «asambleas de electores» donde los cargos rinden cuenta ante sus votantes y podrían ser «revocados» por incumplimiento del programa, eso en realidad supondría un cambio profundísimo de todo el sistema que no proponen. Por otro lado, ¿cómo sabríamos quiénes son sus votantes? ¿o hablamos de la ciudadanía de la circunscripción? Pero tienen un serio problema de conceptos, a la par dicen que deben ser listas abiertas pero en un sistema proporcional, ¿cómo es posible? ¿Es que están pensando en «voto preferente» o «listas desbloqueadas»?

Sí apuestan por una democracia más participativa, más directa (obligación de referendos para determinadas cuestiones, más facilidades para la Iniciativa Legislativa Popular).

Proponen un Estado unido, pero de forma libre entre las «nacionalidades y regiones» que componen España.

Unidas Podemos (Podemos-IU-Equo)

Como hice la vez pasada, me fijo en el programa de Izquierda Unida.

El Estado tiene un papel protagonista en muchísimas de las medidas, incluso demasiado para la configuración actual del mismo (tal vez, habría que ver cómo lo concretarían). En muchas de ellas se habla de socializar la gestión de determinados bienes y servicios.

República Federal con el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ese es su modelo de Estado y para llegar al mismo proponen un proceso constituyente participativo. Sí hablan de ir avanzando hasta alcanzar el socialismo. Sobre el Estado Federal, lo contraponen al truncado desarrollo del Estado Autonómico, que reconocen que surge de una necesidad y de forma transitoria con claras carencias en la propia constitución (hacen referencia a cómo el Senado está diseñado desde las provincias y no desde las CCAA, al nulo peso que tienen estas en cuestiones de vital importancia, etc.). El Estado Federal que proponen es parte de una igualdad de las partes y la coordinación, sin llegar a la descentralización de un Estado Confederal. La unidad federal reconoce la plurinacionalidad. El parlamento federal, claro, sería bicameral, con una cámara del pueblo y otra de representación territorial. La solidaridad interfederal es otro de los pilares junto con la autonomía local. El «pacto federal» será la base de reparto de competencias donde la cosoberanía se desarrolla.

Sobre el sistema electoral, al margen de la III República federal, proponen: rebaja de la edad de votación a los 16 años y extensión de los derechos políticos de sufragio a todas las residentes, sean españolas o no (con el requisito de 2 años de ciudadanía para estas segundas). Proponen un cambio en la ley electoral para que sea más equitativa y proporcional (sin decir cómo).

Junto con esto, también proponen una circunscripción propia para las emigradas (tanto para el Senado como para el Congreso de los Diputados), así como la eliminación del voto rogado.

Sobre la Iniciativa Legislativa Popular proponen la bajada de las firmas requeridas (sin indicar a cuántas), el límite temporal para tramitarlas y, sobre todo, que las mismas sean para cualquier fin normativo válido dentro del marco constitucional (ahora están bastante restringidas). También mencionan que determinadas medidas necesariamente se deberían aprobar por referendo. Proponen, además, un impulso bastante amplio a los «presupuestos participativos» y que los cargos públicos sean revocables (esto es especialmente difícil cuando hablamos de distritos plurinominales, que es lo que ellos proponen en general).

En general, proponen construir un «Estado Social Participativo» donde la iniciativa de la ciudadanía organizada y movilizada participe activamente en la vida política.

Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA)

Apuestan por el «Estado del Bienestar» con una intervención del Estado en un sentido proteccionista de los animales y de las personas.

En el sistema político ven un problema con los partidos y la democracia representativa, así como en el diseño electoral que favorece a quedarnos como estamos. Así que proponen una reforma profunda en el tema electoral (pero no tanto como podría ser): circunscripción única para el Congreso de los Diputados (que aumentaría a 400 diputadas) y circunscripciones autonómicas para el Senado y los parlamentos autonómicos (aquí se meten en competencias que son de las autonomías). En ambos casos, se quitaría la barrera electoral y se usaría el método de Resto Mayor con la fórmula Hare para el reparto (la más proporcional). Todas las senadoras serían de elección directa, una cámara territorial fuerte que participaría activamente en las relaciones Gobierno Central – Autonomías. Proponen suprimir las diputaciones. Con esto, parecen apuntar a una consolidación del Estado Autonómico; varias de sus medidas, cuando afectan a competencias autonómicas, hablan de la necesaria negociación con las mismas.

Sobre la participación directa, entre otras cuestiones proponen una reforma de la Iniciativa Legislativa Popular no solo para rebajar el número de apoyos sino que se puedan firmar por residentes mayores de 16 años en general (sin importar si son o no ciudadanas).

Nada sobre la forma de Estado.

Vox (VOX)

Más o menos podemos resumir su pensamiento en: el Estado debe ser muy pequeño en todo lo que tiene que ver con la economía y muy grande con lo que es el uso de la violencia (ejército, policía y demás), metiéndose en la moral de la gente, de paso, aunque diciendo que debe ser respetuoso. España es un Estado Nación y debe «recobrar» soberanía (proponen suspender el espacio Schengen así como varias medidas que en la práctica son quitar competencias a la UE en favor de los Estados que supondrían un cambio profundo en la UE, un paso muy grande hacia atrás en la integración). Son monárquicos (con especial protección a la Corona como símbolo de la Nación) y nacionalistas españoles (de hecho, alientan el nacionalismo español).

Proponen, además, recentralizar el Estado («Estado unitario»); suspender la autonomía catalana, suprimir las policías autonómicas… y luego proponen suprimir las autonomías: Un Estado, Un Parlamento, dicen, lo que se traduce en la prohibición de que se legisle fuera del parlamento nacional. ¿Y los territorios forales? Su supresión e integración en el régimen común. Sobre el sistema electoral, se debe reformar para que el voto «valga igual» y proponen que «una parte» de las diputadas se elija directamente en una circunscripción nacional, sin especificar cuántas. Como son machistas, proponen claramente acabar con la paridad en las listas.

En un tema anterior, coloqué todos los programas electorales, ahora voy a hablar un poco sobre las medidas en distintos apartados. Antes de comenzar, tres cosillas: a) verán mi opinión incluida dentro de todos los textos, esta es una lectura personal de los programas políticos, que si bien intenta ser «divulgativa» (contar lo que ahí ponen) es totalmente «subjetiva» (lo cuento desde mi postura); b) también es posible que alguna medida propuesta por algún partido no esté reflejada; puede ser porque me pareció que no significaba nada o porque se me escapó por completo; y c) el orden de los partidos es el de la proclamación en el BOE.

Verán escrito el texto fundamentalmente en femenino: es por economía del lenguaje. Esto se debe a que me estoy comiendo la palabra «persona» (o «personas»); así, donde ponga «las trabajadoras» debería poner «las personas trabajadoras» y donde escribo «la empresaria» debería poner «la persona empresaria».

Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)

El Plan de Gobierno, además de en documento escrito, lo han presentado en versión rap. También lo acompañan con vídeos explicativos que, la verdad, no he visto. La idea de un programa es que esté todo ahí. Al menos lo principal. Así que me centro en el texto:

Una medida interesante y que no aparece en el resto de planes es la rebaja de 3 años a 6 meses el tiempo en que una inmigrante puede pedir el permiso de trabajo desde España. Lo limitan a que la empresa que ofrece el trabajo tenga que «acreditar su solvencia económica».

Proponen bajar la jornada laboral a 30 horas semanales (no de un tirón, sino progresivamente) a la par que se debería disminuir las cotizaciones a los contratos a jornada parcial; ambas medidas van en repartir el trabajo que ya hay. Junto con todo esto proponen un plan de apoyo a la mujer embarazada y la flexibilización de una hora en el trabajo para labores de cuidado.

Sobre las pensiones, proponen blindarlas constitucionalmente para que no se puedan privatizar o recortar. A largo plazo, proponen un Ingreso Vital como lucha contra la pobreza comenzando el plan con una Renta Básica a la Infancia cuya titular del derecho es la menor.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Actualización 23/4: todo este apartado está hecho con el documento de las 110 medidas para España; en algún momento han subido un programa más extenso.

Dicen que eliminarán los «aspectos más lesivos» de la reforma de 2012 (que, recordemos, es una reforma que va un paso más allá de la que hizo el PSOE en el 2010) sin concretar cuáles son, a la par que proponen un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI sin, nuevamente, dejar claro a dónde quieren ir o cuál es la referencia (porque si es lo que hicieron el 2010, mal vamos).

Proponen un «aumento gradual» del SMI y hacen una referencia nada clara a la carta europea (pues es totalmente ambigua y lo deja en que el salario debe garantizar «un nivel de vida decoroso») y a la recomendación del Consejo Europeo (que es del 60% del Salario Medio). No dicen que vayan a cumplirlo, dicen que son los criterios a seguir. Podrían haber hablado negro sobre blanco pero prefieren la ambigüedad.

Son conscientes de los problemas estructurales del mercado de trabajo pero su propuesta para acabar con estos problemas es como intentar apagar un incendio con un extintor de juguete. Por un lado, proponen que existan tres formas contractuales: indefinida, temporal y formativa (básicamente lo que existen, luego hay subclases y otras mandangas, pero se puede resumir así nuestro actual sistema); dicen que «reforzarán» la causalidad de los temporales (no dicen cómo) y que seguirán luchando contra el abuso de los contratos formativos y las falsas autónomas (otra vez, no dicen cómo… y hay que recordar que el PSOE es el inventor del concepto contraintuitivo de «autónomo dependiente»).

Hablando de autónomas, quieren que las cotizaciones estén vinculadas a lo que realmente ingresen, mientras que se siguen ampliando derechos de las trabajadoras a las autónomas (en este sentido sí han ido haciendo cosillas, como el desempleo, determinadas bajas y otros).

Mejora de las políticas activas de empleo según «las mejores prácticas internacionales»; lo único claro es que revisarán la eficacia de las bonificaciones a la contratación anualmente, esto puede ser realmente positivo. Sobre el Plan Nacional de Empleo con distintos planes de choque (empleo joven y mujeres) solo dicen que lo promoverán pero no explican cómo funcionaría o qué condiciones tendría.

Es curioso cómo recogen como medida algo que ya está en vigor (uno de los «decretazos» del PSOE), así que simplemente dicen que «harán efectivo» el permiso por nacimiento a las 16 semanas según lo ya aprobado. En estas medidas de conciliación sí incluyen la «promoción» de la «racionalización de los horarios» sin decir cómo ni… bueno, nada.

Dicen que crearán un «Estatuto del Becario» que incluya el fomento a su «retribución» y fijando un porcentaje máximo de becarias por empresa (sin decir cuánto; parafraseando el chiste de Los Simpson con el papel reciclado, 100% es un porcentaje).

En otras medidas vinculadas, sí hablan de la creación de un Ingreso Mínimo Vital para acabar con la pobreza (sin nada más que indique por dónde va la medida).

Sobre las pensiones mencionan que las cotizaciones serán sobre todo para el sistema contributivo, teniendo el no contributivo otras fuentes de financiación (pendientes de definir), aumentando la contribución del Estado al sistema, en cualquier caso. Eliminación del índice de revalorización y que el mínimo de actualización sea el IPC real, aumentando por encima de este las pensiones más bajas. Deja al Pacto de Toledo una reforma más profunda del sistema.

Partido Popular (PP)

Mientras que todos cuestionan la reforma de 2012, el Partido Popular, autor de la misma, apuesta por seguir avanzando en la misma. Sobre todo lo mencionan para la flexibilización e insisten en la negociación colectiva; dicha reforma tuvo como pilar el triunfo de los convenios de empresa y la reducción de los sectoriales, acabó con la ultraactividad existente en el ET y ha supuesto, en la práctica, una rebaja de la cantidad de gente amparada por un Convenio Colectivo.

Sobre la contratación temporal ponen el foco en los incumplimientos actuales de la causalidad, endureciendo la penalización por el mal uso de estos a la par que quieren reforzar el papel de la negociación colectiva para «asegurar» que no se abuse, obviando que para eso está la inspección laboral, no los convenios. Menos cuando se han cargado la NC. Lo de «limitando el encadenamiento de contratos» está bien si no fuera porque ya existe. ¿O se refieren a con distintas personas para el mismo puesto? Porque también existe, eso sería un puesto en fraude de ley.

Una medida sobre la inmigración la tenemos en el fomento de «atraer talentos» (mencionan la ley de emprendedores de 2013) facilitando los visados a las trabajadoras altamente cualificadas. Se ve que no hay sitio para todas, salvo cuando nos interese.

Proponen la «Mochila Austriaca», como Ciudadanos. La crítica a esta fórmula la encontrarán en el apartado de Cs.

Varias medidas están destinadas a los servicios públicos de empleo, hablan de mejorar su eficiencia y eficacia, apostándolo al acuerdo con el «sector empresarial» (pero sin decir cómo). En varios puntos sobre políticas activas les toca lidiar con los deseos que el plan deja claro de que el Estado dirija estas políticas pero, a la vez, recuerdan que son competencia autonómica.

Ampliación del contrato formativo y mejora de la parte formativa, sin indicar cómo ni en qué sentido.

Sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral dicen que pondrán: «[n]uevos incentivos y la eliminación de barreras aún existentes para su participación laboral». La idea es llegar a la media europea pero, nuevamente, no indican cómo.

Sobre las jóvenes, proponen ejecutar el plan de empleo vinculado con la Garantía Juvenil aprobado en 2017. No está funcionando bien.

Fortalecimiento del «envejecimiento activo» potenciando el jubilarse más tarde. Sobre las pensiones dicen algunas cuantas cosas: progresiva tendencia a valorar toda la vida laboral de la persona para el cálculo de la pensión; ampliación del concepto de «Complemento de Maternidad» para las mujeres; fomento de los planes de pensiones privados; mantenimiento de un cálculo que tome en cuenta el IPC y otros indicadores para hacer sostenible el sistema. Hablan de reducir el déficit de la Seguridad Social creando más empleo y separando mejor las fuentes de financiación.

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

La misión del programa es construir una clase obrera… Amigas comunistas, nacionalizar no es sinónimo de colectivizar ni de dar el poder a las trabajadoras. Por si acaso, digo nomás. Bien, peor vayamos al programa.

Por un lado, comienza atacando todas las reformas que han ido mermando los derechos laborales de las trabajadoras, no solo la de 2012 (gracias por acordarse de todas estas) y proponen varias cosas concretas en ese sentido: volver a los 45 días por año trabajado en los despidos improcedentes; eliminar el Plan de Garantía Juvenil, FP Dual y varias modalidades de prácticas que las ven como esclavizadoras; reducción de la jornada laboral a 35 horas; rebaja de la edad de jubilación de los 60 años (55 para los empleos penosos o insalubres); prestación de desempleo incondicional; prohibición de horas extra (salvo fuerza mayor); eliminación de las subcontratas como fórmula de limitación de derechos laborales (asunción por la principal); incremento de las sanciones por el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales; y la eliminación de las mutuas.

Algunas de sus medidas, además, incluyen necesariamente la creación de empleo (como el aumento de plantillas en los hospitales o la creación de determinados servicios sociales) o la estabilización del mismo (que la Administración recupere determinados servicios externalizados, como el de limpieza de los edificios públicos).

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs)

Vuelven con el tema del contrato único (que supondrá, en el encaje que hacen, una rebaja de protección para las indefinidas y una pequeña mejora para las temporales, y no acaba con la «temporalidad» de la duración de los contratos, solo termina con la dualidad de textos, pero no de realidades) y la «mochila austriaca» (solución para un problema que no tenemos, la movilidad de las trabajadoras… que vinculado con lo anterior lo que nos dará es la posibilidad de que a una persona la despidan con más facilidad aunque lleve más tiempo en el trabajo); esta mochila la vinculan con un nuevo seguro de desempleo que suena a mucha «capitalización» individual, pero que no está especificado de ninguna forma.

En todo caso, siendo conscientes que las dos medidas anteriores por sí mismas no acaban con la temporalidad, proponen bonificaciones a quienes despidan poco y penalizaciones a las que despidan mucho (sin concretar). Así como incentivos a la contratación para los colectivos más vulnerables (dicen que hay más de 70 modalidades, que son ineficaces, que lo pulirán a los que más lo necesitan… que no especifican, así que puede suponer la eliminación de muchas de estas bonificaciones y la mejora de otras). Más medios para las políticas de empleo.

Como política salarial, incluyen un complemento para las trabajadoras que ganen poco que lo pagaría el Estado, de forma variable según las condiciones familiares (mencionan la cantidad de hijas como ejemplo); hablan de una «devolución de Hacienda» para ejecutar este complemento. No queda nada claro de qué significa realmente este complemento, pues mencionan las trabajadoras que cobran por debajo del SMI y la economía sumergida…

También proponen un marco de negociación colectiva «equilibrado», donde la flexibilidad en la empresa es un pilar pero debe ser «acordado». Hablan de reequilibrar el marco de las negociaciones colectivas, pero no entran en nada, con lo que, dicho así, no significa mucho.

Hablando de esto, sí que mencionan la necesidad de un gran pacto para «compactar» la jornada laboral, junto con una mayor flexibilización y el impulso del teletrabajo (en todos los sectores y puestos que lo permitan, al menos 1 día a la semana); también quieren «promover» que los convenios colectivos tengan medidas de flexibilidad horaria; «impulsar» que se pueda entrar antes de las 8am; «facilitar» que la trabajadora elija el turno; «crear» un «banco de tiempo» (lo trabajado de más hoy serviría para reducirte la jornada otro día); «reducir» el «horario para la comida» a 30 o 45 minutos. En todas estas medidas, creo que no saben cómo funcionan las empresas o los turnos. Aquí si hablan de medidas de conciliación para la paternidad y maternidad (10 semanas para cada progenitor y 10 para repartir entre ambos, si se reparte a partes iguales, se daría 2 semanas extras a cada uno, dando lugar a un total de 34 semanas; con el plan actual aprobado, serían 32 semanas en el 2021, siendo 16 para cada progenitor de forma intransferible; de la manera que propone Ciudadanos, podría ser entre 30 y 34 semanas, siendo posible 20 para una y 10 para el otro). También hablan de adaptar el calendario escolar al laboral y bajar a 2 meses las vacaciones de verano de la escuela.

Ciudadanos, como partido liberal que es, tiene una apuesta por el individuo antes que nada; así la formación debe pasar por una «decisión individual», algo que ya está en la ley pero que no se ha desarrollado, esto es, proponen que el dinero de los fondos de formación vaya para la trabajadora o la desempleada de forma directa.

Pone bastante énfasis en la reestructuración del Servicio Público de Empleo, así que proponen la creación de una Agencia Independiente de Políticas de Empleo (no deja de ser curioso que el mismo partido que hace campaña contra la «administración paralela» que se crea con este tipo de instituciones, cuando no las hay, las propone); hasta cierto punto están olvidando el reparto competencial sobre materia de empleo. Junto con eso, proponen que los cursos formativos para paradas de larga duración sean retribuidos para los casos en que no se cobre otra renta (para desempleadas de larga duración) y una mejora de la «orientación laboral».

Autónomas: varias medidas para estas personas, entre ellas la reducción de cuotas y de burocracia. Las menciona como «el corazón de nuestra economía», algo que no es cierto mírese por donde se mire, pero ahí tienen a buena parte de su electorado. Aquí aparecen muchas ayudas y demás, junto con varias medidas en favor de la maternidad (y solo de la maternidad, la paternidad del autónomo no se contempla).

Me llama la atención algunas cosas como el tema de los certificados digitales: gente de Ciudadanos, por si acaso, para los trámites con Hacienda en la mayoría de casos no se necesita certificado digital, con el sistema Cl@ve de contraseña se puede hacer.

Ya que afecta a todas las personas que tienen que declarar, y Ciudadanos lo menciona como medida para clases medias y trabajadoras, hablan de bajar 2% el IRPF para dejarlo entre el 18% y el 43,5%; actualmente está entre el 19% y el 45%, no ha bajado ni 2% ni 2 puntos. Debe estar bien eso de hablar de 2% para aplicar luego una cuantía distinta y que, además, a las clases altas se les rebaje más que a las bajas. (De todas formas, aunque suene que nos tratan a todas por igual, no es así: una persona soltera y sin cargas ni deducciones con un salario de 14 mil euros paga, de forma efectiva, un 7,55% de IRPF, con la medida de Ciudadanos pagaría un 7,15%; una persona en las mismas circunstancias pero 100 mil euros anuales pasaría del 32,66% al 31,59%; esto es, unas décimas de ahorro que se traducen en unos cincuenta euros al año frente a más de un punto que es más de mil euros -datos calculados un poco por encima, puedo tener errores-).

Sobre la jubilación mencionan cosas como libertad para elegir la edad a la que jubilarse (sin límites a priori; salvo para las miembros del TC, que será a los 75), vinculado a «toda» la vida laboral de la persona; siempre según lo cotizado (nuevamente, el individualismo liberal de Ciudadanos), siempre «adecuadas» (situación económica y demográfica) y que eviten la pobreza.

Partido Regionalista Del País Leonés (PREPAL)

Sin plan de gobierno encontrado.

Recortes Cero-Grupo Verde-Partido Castellano-Tierra Comunera (Recortes Cero-GV-PCAS-TC)

Sobre salarios proponen un mínimo de mil euros y un máximo de diez mil. La explicación que dan es que muy poca gente cobra más de 100 mil euros (1%), con lo que la diferencia puede servir para pagar los salarios más bajos; dicen que el Estado no tiene que subvencionar nada, pero no explican cómo hacer la distribución (porque dentro de una misma empresa es fácil, pero a nivel global no). Ni cómo evitar los fraudes.

Proponen bajar el desempleo a menos del 7% y para ello harán un plan de reindustrialización, los fondos saldrán de la devolución (¿mágica?) por parte de los bancos del rescate, creando un fondo de 75 mil millones de euros para la reindustrialización (con más recursos, imagino). También proponen contrarreformar las reformas laborales que más han precarizado el empleo, sin definir cuáles son o cómo lo harán. Pero con esos bancos rescatados que tienen que devolver el dinero crearán una banca pública (¿cómo, si les obligas a devolverlo?).

Recurren a la misma fórmula que otras formaciones: «blindar las pensiones constitucionalmente» para evitar privatizaciones y recortes en las mismas. Aunque explican un poco más qué significa esto. Entre otras cosas, dicen, que el mínimo de será de mil euros y se financiarán con un aumento del Impuesto de Sociedades.

Unidas Podemos (Podemos-IU-Equo)

Voy a fijarme en el programa de Izquierda Unida porque, bueno, me parece más completo en este punto (algunas de Podemos son pura demagogia contraproducente).

Lo primero, parten de un análisis amplio y señalan que las reformas que se han ido haciendo sobre el Estatuto de los Trabajadores nos dejan solo con una elección: o desempleo o trabajo precario. Ante esto, mencionan que se deben cambiar profundamente todas las relaciones laborales (en esta reforma deben estar sindicatos y «sociedad civil»). Luego de esta entrada, comienza una amplia variedad de medidas que incluyen:

• Renta y recursos básicos garantizados. No llega a ser una «renta mínima universal», pero se le parece. La renta sería de un 70% del SMI (actualmente en Castilla y León la RGC tiene una cuantía mínima del 80% del IPREM o, en términos de SMI, el 47,78%).
• Jornada semanal de 35 horas (Podemos ofrece una jornada de 34).
• Jubilación a los 65 (voluntaria desde los 60; y la idea es fomentar este reemplazo en el trabajo y bajar la edad mínima). La pensión mínima, además, será el SMI y, si se tiene cónyuge a cargo, el 110% del SMI.
• Plan de Trabajo Garantizado: creación directa por parte del Estado de un millón de puestos de trabajo con salarios entre mil y mil doscientos euros al mes con un fin social (servicios sociales, cuidado del medio ambiente, servicios culturales, deportivos, mantenimiento de infraestructuras, limpieza y más cosillas que se pueden hacer). Bueno, los paga el Estado pero las labores concretas las deben poner los ayuntamientos en consonancia con la «sociedad civil»; una especie de «gran Plan E» pero en vez de centrarse solo en construir, la cuestión es «trabajar». «Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo», dicen. Y viene con el coste del programa y comparación con lo que otras medidas cuestan o han costado.
• Retomar los 45 días por año trabajado en los despidos improcedentes; vincular los procedentes por causas objetivas a una necesidad real de mantener la empresa y exigir de forma estricta la causalidad en los despidos (algo que se ha ido relajando pero que está en la ley). En este sentido viene la idea de que la readmisión ante un despido improcedente sea la norma (no la excepción): los despidos por causas disciplinarias, si no son reales las causas, pasarían a ser nulas (en vez de improcedentes). Sanciones a las empresas que no cumplan con las sentencias de readmisión. Varias medidas van por el lado de los despidos colectivos (volver al control público de los expedientes, que no se puedan hacer horas extras y más cosillas).
• Eliminar la unilateralidad en la modificación del contrato de trabajo por parte de la empresaria.
• Ponen a los sindicatos en un buen lugar, amplían por un lado las obligaciones de contar con representantes de las trabajadoras a la vez que establecen la obligatoriedad de la participación de las mismas en los órganos de dirección de las empresas; el problema es que confunden la representación de las trabajadoras con los sindicatos, que no es lo mismo ni tiene por qué serlo.
• Sobre la negociación colectiva tienen varias medidas, desde retomar la ultraactividad de los convenios, volver a tener como superior al sectorial sobre el de la empresa, protección al derecho de huelga y (por fin) una buena regulación de los servicios mínimos, entre otros.
• Prohibición de las ETT (y control de las «falsas ETT») junto con potenciación de los servicios públicos de empleo.
• Eliminación de los tipos contractuales temporales vinculados al fomento del empleo (insisten en que el contrato indefinido es el pilar… eso lo dice el actual ET, sea dicho).
• Regulación de las becarias (para que no se abuse de la figura y sea realmente «formativa»).
• Ciertas medidas sobre el contrato a tiempo parcial (marcando también un máximo en el 80% de la jornada completa).
• El salario mínimo debe llegar al menos al 60% del salario medio en cuatro años (1176€ al mes en 14 pagas).
• Varias medidas encaminadas a favorecer la igualdad de género en el ámbito del trabajo (incentivos a la contratación, igualdad salarial controlada, etc.), no demasiado bien explicadas en algunos casos, bastante extensas en otros (como las de conciliación laboral).
• Hablan de poner un «salario máximo» que está en relación con la persona que menos gana en la empresa o convenio colectivo aplicable, así pues, sería 10 veces dicho salario (por poner un ejemplo, si alguien gana el SMI en una empresa, el máximo en la misma serían 9 mil al mes); la diferencia entre ese máximo y lo que se cobra, se consideraría «donación extrasalarial» y tributaría como donación, no sería gasto salarial para el Impuesto de Sociedades y en el IRPF iría íntegro por el tipo máximo en el IRPF (esto obligaría a cambiar también el IRPF). Esto es una puerta a fraudes de muchos tipos, aunque se ve que la intención es penalizar estos salarios altos favoreciendo, en general, que se suban los bajos.
• Ratificación por España del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico.
• Medidas vinculadas a la inspección del trabajo (mejoras y más competencias) y de la jurisdicción social (contando el aumento de plazos) y, vinculado a la prevención de riesgos laborales (donde hay otra ristra de propuestas), la creación de una fiscalía especializada.
• Sobre las trabajadoras públicas también tienen una serie de medidas para garantizar, entre otras, la estabilidad y eliminar la tasa de reposición.
• Sobre la contratación por parte de la administración, hablan de las cláusulas sociales y de volver a obligar a las subrogaciones de personal.
• Otros planes de creación de empleo (donde se extienden bastante y no voy a recoger).

Partido Animalista Contra El Maltrato Animal (PACMA)

Cada quién a lo suyo, PACMA tiene una clara vinculación a la protección animal (va de suyo, ¿no han leído su nombre) y con ellos comienzan el plan de gobierno. En todo caso, no son indiferentes al resto de temas.

Como una medida «fuerte» de lucha contra la pobreza está la creación de una Renta Mínima para todos los hogares sin ingresos o con ingresos inferiores a esta renta.

Apuestan por la derogación de la reforma de 2012 y proponen un gran nuevo pacto con los agentes sociales para tener una mejor regulación laboral. Y, para esto, marcan algunas líneas que le preocupan:

Parten de un estudio de Oxfam Intermón para señalar las desigualdades de género existentes y proponen varias medidas para paliarla; es interesante observar que no se quedan con el ámbito puramente laboral (incentivos aquí, controles allá) sino que van a la educación para acabar con los roles de género como parte de esta propuesta de igualdad de oportunidades y ponen, también, responsabilidad en los servicios sociales (planes de apoyo a las familias).

Tienen todo un apartado para las personas con diversidad funcional en que, nuevamente, se apoyan en la propia educación.

Algunas de las medidas que proponen, como las vinculadas a la formación profesional, me chirrían un poco: ¿cómo las vinculas a las «demandas futuras» del mercado de trabajo? ¿Por qué seguimos dejando la formación en las necesidades de un mercado secundario? Es curioso que propongan becas que desincentiven la pronta entrada en el mercado de trabajo para asegurar formaciones lo más completas posibles.

Como nuestro empleo es turístico, plantean un cambio en el modelo turístico del país que apueste no solo por el verano, sino por todo el año en el interior… sin que quede claro cómo sería eso o si realmente es lo que nos conviene. Sí que apuestan por reactivar el tejido industrial pero no queda del todo claro cómo lo harían. El sector de la construcción, por otro lado, tiene un plan un poco mejor explicado, centrado en hacer más habitables las ciudades (desde rehabilitación a mejora de la accesibilidad y demás).

Sobre las pensiones solo tiene un pequeño apartado en que proponen blindarlas constitucionalmente y prohibir su privatización.

Vox (VOX)

Una trabajadora autónoma que no llegue al SMI no pagará cuota alguna a la seguridad social (no dice nada del tiempo dedicado, pues una trabajadora asalariada siempre paga algo a la SS), luego, a partir del SMI, una cuota que irá desde los 50 euros a más en función de sus ingresos (¿ingresos o beneficios? Porque se puede estar ingresando mucho pero teniendo un neto por debajo del SMI). Proponen una bonificación en la cuota de las autónomas del 100% mientras estén de baja.

Bonificación del 20% en la cuota de la SS para la contratación de desempleadas de más de 50 años y de desempleadas de larga duración; no dicen durante cuánto tiempo. Actualmente existen bonificaciones para mayores de 45 años pero no son muy altas (la genérica es de un máximo de 1300 euros al año durante 3 años). Un 20% puede ser más que la cantidad actual pero también puede ser menos, dependerá del salario. Una trabajadora mileurista, por ejemplo, vería que su bonificación es inferior con esta medida que la actualmente existente.

Seguimos con las bonificaciones: la primera contratación de una joven menor de 24 años da derecho a una bonificación del 100% durante dos años (esa medida, en general, sí es mejor para lo que actualmente existe en la gran mayoría de los casos… al menos para el primer empleo, no para los siguientes).

El programa de Vox está lleno de medidas xenófobas, y el ámbito laboral no podía ser menos: una difícilmente justificable es la bonificación de las cotizaciones de la empresa en 10% por contratar personas con nacionalidad española (siempre y cuando el desempleo esté por encima del 8%). No es un «colectivo vulnerable» el de «españolas» frente al de «extranjeras», de hecho, los datos reflejan que hubo más destrucción de empleo entre las extranjeras y que hay más dificultad de encontrar uno, ¿por qué bonificar a las españolas por el hecho de serlo? Bueno, es que los de Vox son racistas.

Ya que hablamos de este tipo de medidas, tenemos la contraria a la que veíamos de PUM+J (que proponía bajar de 3 años a 6 meses el poder regularizar la situación de un inmigrante por conseguir un contrato de trabajo), VOX propone prohibir esta fórmula de regularización por completo. De hecho, propone prohibir cualquier fórmula que regularice la situación de una persona.

Como medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, dicen que fomentarán el «teletrabajo» (no dicen cómo) y la media jornada, así como «flexibilidad de horarios» (tampoco dicen cómo) y un plan de «reintegración» en el trabajo para los padres (lo ponen así) que se han dedicado a cuidar de las hijas.

El programa se hizo antes de la última reforma sobre los permisos de paternidad y maternidad, y se nota en una de las medidas que proponen: el permiso de maternidad será de 180 días (más si la hija tiene alguna discapacidad). Siendo como son, imagino que supone volver, en cualquier caso, a un sistema que distinga el permiso de paternidad (que no mencionan nunca) del de maternidad (que sí le dan relevancia).

Si hablamos de prestaciones universales, proponen crear una a cargo del Estado de al menos 100€ (actualizable anualmente) por hija; a partir de la tercera, se ampliaría la cuantía. Como hablamos de una formación machista, las beneficiarias de esta prestación serán las madres independientemente de si trabajan o no (porque son ellas las que tienen que cuidar, qué menos que pagarles, ¿no?).

Las pensiones contributivas estarán exentas del IRPF (nada dicen de las no contributivas), dicen que si ya han contribuido toda la vida laboral, ahora es tiempo de no pagar (impuestos directos, será, porque los indirectos los seguirán pagando).

Proponen un modelo mixto de capitalización y reparto; así pues, se garantizaría un mínimo que se revalorizaría con el coste de vida y, junto con esa mínima, estarían las pensiones complementarias («la propiedad») donde la persona ha invertido y ha capitalizado sus ahorros. En general estamos ante un programa ultraliberal en lo económico y en estas cosas se nota.

Como pueden observar en la tabla, es casi un triple empate: los socialdemócratas de Antti Juhani Rinne, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP), consiguen imponerse por la mínima, pasando del cuarto al primer puesto con una pequeña diferencia, colocándose como primer partido con 40 diputados de 200 totales (aunque está lejos del resultado con el que ganó la última vez, en 1999, con el 28.3% y 63 parlamentarios). Entre el veto dado por las otras dos grandes formaciones de derechas dado en 2017 a Verdaderos Finlandeses y la tradición de «grandes coaliciones», todo hace prever que Rinne, exministro en un gobierno presidido por la Coalición Nacional, pueda ser el próximo primer ministro. [Continúe leyendo en Elecciones De Igual a Igual].

Tras un título digno de otras épocas, les dejo un par de cosillas antes de entrar en detalle (que no sé si me dará tiempo). No deja de ser curioso que, mientras más dispersión parece haber en el voto, menos partidos se presentan; tiene que ver mucho con la actual legislación (que complica la vida a los partidos), pero también con las alianzas preelectorales que se producen, justamente, por la dispersión del voto (el caso de Navarra es para nota, pues dos partidos que quieren ser gobierno van en coalición con uno regionalista -que pone a los dos primeros de la lista-).

Que me enrollo y no digno nada, las 10 formaciones políticas que presentaron candidatura en la provincia más universitaria de Castilla y León consiguieron ser proclamadas. El orden de la lista siguiente es el que aparece en la proclamación:

• Por Un Mundo Más Justo (PUM+J). Al momento de escribir esto, aún no suben su programa (los publican todos). Actualización (21/4): publicado, copia en PDF (local).
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Programa en PDF (copia local). Actualización 23/4: en algún momento subieron un programa más extenso, junto con el de las 110 medidas. Aquí una copia local de este programa extenso en PDF.
• Partido Popular (PP). Programa en PDF (copia local).
• Partido Comunista De Los Trabajadores De España (PCTE). No he encontrado el programa, solo el discurso de presentación del partido (las candidaturas), lo he copiado en un PDF. Actualización (21/4): Ya publicaron su programa (copia local en PDF).
• Ciudadanos-Partido De La Ciudadanía (Cs). Programa en PDF, el texto es copiado y pegado de su web, pues no lo tenían descargable (copia local).
• Partido Regionalista Del Pais Leones (PREPAL). De nuevo están sin web; solo he encontrado noticias (enero de este año) sobre su Asamblea.
• Recortes Cero-Grupo Verde-Partido Castellano-Tierra Comunera (Recortes Cero-GV-PCAS-TC). El programa que tienen colgado es de 2016; este año en la web proponen un manifiesto cristiano, pongo ambos documentos en un PDF. (PCas y TC tienen sus webs sin información electoral reciente -tipo programas o similares, sí tienen noticias sobre las elecciones o la coalición-). Actualización (21/4): programa subido por Recortes Cero (copia local).
• Unidas Podemos (Podemos-IU-Equo). El año pasado firmaron un «acuerdo marco» para todos los comicios de este año (PDF). De forma concreta no he encontrado un programa en conjunto, sí los programas de dos formaciones: Podemos e IU (copias locales).
• Partido Animalista Contra El Maltrato Animal (PACMA). Programa en PDF (copia local).
• Vox (VOX). Programa en PDF (copia local).

Tengo pensado publicar una nota más larga tanto con temas electorales más o menos genéricos (que estuve preparando cosillas para unas charlas en Asómate) y otro sobre los programas, al menos analizando algunos temas (como he hecho otras elecciones).

Después de más de un año sin actualizar la web de Lee Los Lunes, ya hemos colgado una nota explicando lo «último»; junto con eso, he subido una entrada hablando de juegos de mesa que sirven para lengua (jugando con las palabras, en gerundio). Espero que les resulte interesante.

Infórmate en: Asamblea 8M de Valladolid (TW y FB) y el portal Hacia la Huelga Feminista. También en Nosotras-CNT.

ACTUALIZACIÓN:

Una galería de fotos de las manifestaciones en Valladolid en Delicias – De Igual a Igual.

Un tema recurrente en algunos ámbitos vinculados con el ocio se encuentra en los temas que se pueden o no se pueden tocar. En el «humor» siempre estamos con lo de «los límites del humor» y en los juegos de mesa uno de los debates recurrentes son los «temas intocables» (como en el mundo de los videojuegos, en realidad). De cuando en cuando, además, sale algún juego en que su principal baza justamente es tocar un tema poco habitual o que genera polémica por la temática, sin más. Mucha gente (eso lo pueden ver en foros y demás) ya dejan claro que si el juego es «de política» lo dejan de lado, pero la «política» no entra solo como «tema» en un juego, en realidad la «política» (en genérico) está muy presente y hay ciertas decisiones de diseño que, sin ser temáticas, sí están transmitiendo «algo».

Traigo este tema a la bitácora tras haber intervenido en «¿Existen límites en la temática de un juego de mesa?», un hilo en Darkstone (foro dedicado a juegos de mesa). La cuestión me recuerda mucho a lo de «límites al humor» y algunos matices que se dan que son francamente interesantes. A veces no es tanto el «tema» sino cómo se trata, desde qué perspectiva y para qué sirve lo que estás haciendo. Y me voy a salir un poco de lo que es el tema del propio juego (su temática principal, por ejemplo: nazis) a cómo incluimos en ellos otras cuestiones (como por ejemplo: machismo; de las que, además, se habla mucho en otros ámbitos del ocio, como es el cine, la literatura, los videojuegos y demás).

En Océano de Juegos están con unas entrevistas a divulgadores lúdicos en que una de las preguntas prefijadas es si los juegos de mesa «son cultura»; la entrevista se realiza con una serie de cuestiones escritas que no explican mucho «a qué se refieren», alguno de los entrevistados ha matizado su respuesta según distintas concepciones de «cultura». Personalmente creo que son parte de la cultura y la reflejan; además, depende del tipo de juego, son completamente asimilables a una película o libro, no solo son mecánicas abstractas (con o sin un «tema» pegado o sin tema alguno) sino que cuentan una historia y, con ello, transmiten unos valores e ideales.

Tras esa larga intervención, algunos puntos que considero importantes:

Sin temas sagrados

Absolutamente todos los temas deben poder tratarse en un juego. Todos. ¿Que quieres un juego sobre el holocausto en la Alemania nazi? Por qué no, hay cientos de obras culturales con esa temática. ¿La guerra civil española? Desde «juegos de guerra» hasta cualquiera que se les ocurra. ¿Sobre religiones? Hay que desacralizar lo que está sacralizado. ¿La crisis de los refugiados o la pobreza? Dale, claro.

Esto no lo digo desde un relativismo moral en que todo está permitido o desde la perspectiva de que «un juego es un juego» sino, más bien, desde la responsabilidad de la creación cultural. Abordar un tema, el que sea, es una decisión que va mucho más allá del diseño de unas mecánicas de juego, es una decisión política, igual que escribir sobre ese mismo tema. Y como es igual, también está sometido a los mismos matices y salvaguardas. No es tanto qué tema se puede tratar o cuál no, sino la intención al incorporarlo (el objetivo) y la forma de plasmarlo.

No se pude cohibir la libertad de expresión (y si consideramos que un juego es cultura, su desarrollo es parte de dicha libertad) a priori. Eso no significa que todo esté permitido o de cualquier manera; tampoco significa que nos deban parecer bien «todos» los juegos sin importar su temática (y abstraernos de ellas para poder disfrutarlo).

En otras palabras, aunque no haya temas sagrados de inicio, tampoco significa que debamos penalizar la crítica sobre la elección del tema (incidiré más en este punto luego), forma de tratarlo y demás. Hay una decisión sobre qué temática lleva el juego y esta ya puede ser tachada.

La razón y la forma en que se tratan

Lo importante (como he reiterado muchas veces) creo que está en el para qué y el cómo se tratan los temas en cuestión. ¿Por qué se ha elegido ese tema? ¿Cómo se trata el tema en el juego? ¿De qué forma funciona? ¿Sería lo mismo con otro tema? Ese objetivo y forma de tratarlo, ¿qué transmite a los jugadores?

En uno de los vídeos que pongo infra se ven algunos tratamientos solo para provocar que se hable del juego, esto es, en el fondo, se busca publicidad. Ya de partida, tocar un tema solo para eso me parece suficiente para no adquirir ni querer jugar a eso.

Otros juegos están en el filo, parece que tratan algo solo para que se hable del juego generando, así, más ventas pero, a su vez, permiten tratar el tema de alguna forma diferente o crítica. Dentro de los juegos sobre nazismo que se hablan en varios de los vídeos que enlazo infra, se encuentra el de Secret Hitler, un juego de roles ocultos donde unos son fascistas, otros liberales y uno de los jugadores es Hitler. El objetivo de los liberales es que se aprueben leyes liberales o matar a Hitler. El de los nazis es que se aprueben leyes fascistas o que salga elegido Hitler canciller. SH incluye un poco de moralina, te deja ver la dificultad que tienen los liberales por ganar cuando, en principio, son la mayoría; esto ocurre por las propias mecánicas (los fascistas juegan sabiendo quién es quién, mientras que Hitler y los liberales solo pueden «sospechar» según los comportamientos y forma de votar), pero lo deja en plan «reflexión» y resulta curioso cómo se implementa la temática (que está reimplementada en otros juegos con un poco de «buenos y malos» jugando con el tema de las mayorías) sin entrar en ningún detalle (no es morboso, las leyes se llaman así pero no tienen un texto que te incomode ideológicamente votarlas).

Otro de los extremos está en los juegos que son propaganda. El tema y el contenido están hechos con un fin determinado y todo esto resulta criticable. Incluso si pensamos que son hijos de su época, que existe un contexto en el que se crean, eran y son criticables por la propaganda de las ideas que llevan consigo. Así con el nazismo (y voy a lo fácil) tenemos juegos de mesa creados para normalizar y ludificar la opresión a la que sometían a parte de su población, así existió un juego cuyo objetivo era expulsar a los judíos (Juden Raus, mencionado por uno de los usuarios de DS). El tema del holocausto lo podemos tratar, por supuesto, pero si es propaganda del opresor o se usa para aplaudir lo que fue dicha opresión, boicotearé ese juego y lo pondré en el ejemplo puro y duro de cómo no hacer las cosas.

Siguiendo con juegos de nazis que se mencionan en los vídeos, Orquesta negra se pone a los jugadores en el papel de los buenos que deben cargarse a Hitler. Esto es una consideración política: matar a Hitler como algo positivo. Reproduce un grupo que efectivamente conspiró (Schwarze Kapelle) y, creo (y digo creo, pues no lo he jugado), el juego no entra en la crítica de por qué querían asesinar a Hitler o qué intereses tenían. Este juego tiene una intención política pero, a la vez, tiene un pequeño elemento de «provocación temática» para que apetezca más jugarlo.

Así que voy a dar un salto mortal y comparar los juegos con el debate sobre los límites del humor. Si quien hace un juego incluye una temática especialmente problemática para ponerla en el debate público (de forma más o menos aséptica) o para denunciarla, está bien; si quien está en el colectivo opresor o que tiene el poder (como mínimo) hace un juego para «reírse» del oprimido (para humillarlo o para dejar claro su propio poder, tanto da que da lo mismo) o pasa olímpicamente del oprimido invisibilizándolo totalmente, tenemos un problema con la elección del tema (que se arrastra en la forma de tratarlo, por supuesto).

Muchos juegos tratan temas políticos actuales; son arriesgados y buscan un poco la provocación. Dentro de estos, no es lo mismo uno que hable de la independencia de una región intentando hacer propaganda pura y dura (para cualquiera de los «bandos») que otro que refleje los procesos existentes; como no es lo mismo reírnos un poco de un dirigente político (por ejemplo, ¡Ruiz! con la forma de hablar de Mariano Rajoy) que humillar a un colectivo que puede ser oprimido según quién llegue a la Moncloa.

En otras palabras, si hablamos de la migración, no es lo mismo el juego de mesa que propone IFM-SEI (PDF) que el juguete de «Construye el Muro» de los trumpistas de MAGA. O, rebajando mucho los extremos, no es lo mismo hablar de la crisis inmobiliaria mediante una crítica de sus actores (como en Ladrillazo, que aunque te pones en el papel de un «intermediario», la crítica está implícita) que aplaudir la especulación pura y dura sobre bienes raíces como es el Monopoly.

En uno de los vídeos se menciona un juego-experimento en que los trenes que gestionas son los que llevan a los judíos a los campos de exterminio, una vez que sabes eso, ¿seguirías jugando? En muchos juegos pasa esto, de una forma u otra.

Los temas subyacentes

Comenzaré esta parte siguiendo con los nazis (porque es lo fácil): el juego Secret Weapons of the Third Reich (mencionado en un par de los vídeos enlazados infra) tiene mecánicas de colocación de trabajadores y gestión de recursos, donde se pone a cada jugador en la piel de un industrial que debe ayudar a los nazis a ganar la guerra. No es como en un «wargame» en que nos podemos abstraer y hablar de dos bandos equilibrados haciendo el tonto (guerra), sino que directamente hay que colaborar con el triunfo de los nazis (no tu triunfo personal), al punto que todos pierden si al final de la partida no se ha completado un determinado número de proyectos (con lo que tiene un elemento de cooperar con el resto para que no perdamos todos). ¿Era necesario hacer un producto de este estilo? El tema es interesante (está del lado de todas esas armas secretas extrañas que se atribuyen a los nazis) pero, en vez de incluir al menos algún tipo de cuestión o vuelta de tuerca sobre tu papel en esa gestión, se te encomienda a hacer lo mejor posible para que gane el fascismo. Aquí la reflexión que podría hacerse con el de Secret Hitler no existe, todo lo contrario, parece que faltó alguien como tú (que tantos proyectos has cumplido) para que esa panda fascista venciera. En el Monopoly, una vuelta de tuerca a un juego anterior anticapitalista, nos enseñan que aplastar económicamente a los otros es correcto; incluso le salió un hermano procapitalista (el Anti-Monopoly) que buscaba enseñar que montar monopolios es malo para la economía.

Pero con temas subyacentes estaba pensando en otros: machismo, homofobia, racismo, xenofobia, justificación de la violencia, etc.

El machismo es una constante en los juegos de mesa. Como en los videojuegos, buena parte de la comunidad de jugones es machista porque, evidentemente, los que jugamos somos parte de una sociedad que es machista (Ricard en Nivel 36 se marcó una interesante nota sobre el machismo y los juegos de rol que les recomiendo leer). Así que no es raro ni extraño que esto ocurra. Lo malo es cuando ni nos damos cuenta o lo justificamos (el chiste que acompaña esta entrada va por ahí). Porque el que salga una mujer-objeto ya parece una norma en la fantasía de espada y brujería (aunque se ha producido un buen avance en este aspecto y cada vez es menos raro que la estética en muchos de los juegos ya se trata a la mujer como una persona y se le brinda protagonismo). La idea que sigue subyaciendo en muchas de los juegos, de las historias que nos cuentan, es machista.

Vuelvo a DS, pero vamos a un tema iniciado por un creador de juegos: «Duda con el sexo de los personajes». En ese hilo salieron algunas cuestiones bastante interesantes sobre el tratamiento de la mujer y las minorías en los juegos, desde el que recuerda el tema de la representación (es como en el mundo de los videojuegos, debe dar igual el sexo del personaje pero si vas a un público masculino parece que es mejor darle personajes masculinos, no nos damos cuenta que esa idea es machista o, al menos, contradice lo de «da igual»), al tema de la indumentaria y un poco los estereotipos. Les recomiendo leer el foro.

Cuando se elige usar un estereotipo para representar personajes (masculinos o femeninos) por su utilidad en la velocidad de información que transmite, se debe tener en cuenta que se está haciendo una elección que refuerza dicho estereotipo, con todo lo que ello supone. Esta elección no es neutral ni se puede ocultar en un simple «bueno, es un estereotipo que existe», claro, si no, no lo sería (aunque es salirnos un poco del mundo de los juegos y pasarnos a las series, recomiendo el vídeo de «Zordon is a Racist»).

Si se elige representar a una mujer como un ser débil que ha de ser salvado, además de caer en un cliché penoso, se está dando pista a un modelo de mujer que nos retrotrae a esa conocida caja del Battleship en que un hombre juega con su hijo mientras que la mujer y la hija están fregando los platos. En la caja del juego. De combate naval. (No, la mayoría de ediciones tenían otras portadas, contando paritarias, pero me sirve para lo que hablo aquí).

Como juego machista, uno que recientemente ha salido en castellano (bueno, ya no es tan reciente, 2017; la expansión sí es de hace nada, eso quiere decir que ha vendido lo suficiente para que sacar la expansión salga rentable): Tanto Cuore. Hombres que explotan mujeres. Mujeres hipersexualizadas para el disfrute del amo y señor. Este casi debería estar en la sección de arriba como temática… pero digamos que el tema es la limpieza de la propia casa, ¿se justifica de alguna forma la explotación de la mujer? ¿De la humillación de esas trabajadoras?

Por «realismo» se intenta justificar determinadas elecciones, pero, persona que diseña juegos, ¿cómo es que por realismo reflejas el machismo altomedieval pero, a la vez, justificas dragones y prendas de vestir inexistentes en esa época? ¿Por qué los buenos en tus juegos sobre la conquista y reconquista siempre son los cristianos y los malos los musulmanes? (¿¡por qué hay buenos y malos ahí!?).

Luego están los juegos que por hacer una gracieta ya tienen un «antivalor» incorporado que, al menos, a mí me impide sacarlo en determinados grupos. Así, Magic Maze (que me encanta) tiene una temática provocadora que enseña que robar está bien, además, falla en la paridad (¿qué necesidad había de tener una proporción de 3 a 1?); es una gamberrada de temática que lo excluye de poder usarlo con ciertos grupos (en gran medida, estos puntos son «corregidos» por Magic Maze Kids, donde, además, hay que rescatar al rey como «tema»). Muchos juegos son una justificación de la violencia como método de resolución de conflictos…

Criticables y boicoteables

Tal vez nos estamos pasando de frenada, tal vez tenemos la piel más fina… pero tal vez por fin criticamos todas esas cosas que antes simplemente las aceptábamos como normales aunque incluyeran desvalores (¿es necesario en un juego de gestión de trabajadores que estos sean tus esclavos? ¿un juego de construcción de mazos donde lo principal es la explotación de la mujer?). Debemos incluir, por supuesto, en esta crítica todos esos otros elementos que el juego incorpora más allá del tema y la mecánica, donde se cuelan muchos mensajes machistas, violentos y demás.

Quien ha diseñado un juego ha decidido una serie de cuestiones, no se las imponen las mecánicas, son elecciones conscientes o inconscientes tomadas que, por tanto, tienen una responsabilidad sobre la elección, sobre lo que su juego transmite, aunque no haya sido conscientemente.

No son «solo juegos», debemos recordar que estas formas de ocio son consumidas desde temprana edad y ayudan o colaboran en la formación de opiniones y la normalización de determinados elementos, es algo que, además, se mantiene como elemento formador incluso entre los que ya somos adultos. Por favor, cada vez que piensen en cosas como «cuando éramos niños nadie hablaba de juguetes sexistas» no olviden que en esa época el machismo estaba absolutamente normalizado y aún hoy convivimos en él y con él; esa forma de pensar en que todo esto no afecta es negar la realidad de esa época y de la actual.

Ya he repetido mucho lo de que un juego es criticable por estas cosas, y según la «falta» que le veamos será el nivel de crítica que le hagamos y la forma en que nos comportemos con respecto a ese producto (desde poner una pequeña mueca al boicot activo, más o menos).

Si se critica un producto cultural se debe hacer razonando a la par que intentando hacer pedagogía, no se debe partir (si queremos ser asertivos) de la presunción de la buena fe de los creadores (ya tendrán tiempo de demostrarnos lo contrario, no lo duden) y puede que en el proceso todos aprendamos algo.

La censura previa (gubernamental) no debe existir; tampoco debemos acudir a la represión del Estado para, bueno, hacer pedagogía (el resultado siempre será el contrario).

Por otra parte, estamos hablando de productos de consumo y ocio (aunque sean culturales a la vez, una cosa no quita la otra); por tanto, como consumidores, la primera forma de criticar está en la «no compra» del producto y, junto con eso, en animar a que no se compre. No es una necesidad tener la última novedad del autor tal o de aquella editorial, podemos vivir sin ese producto, y viviremos mejor si por la forma de tratar un tema o los demás elementos es, bueno, un contravalor.

¿Se está «censurando» un juego por criticarlo? ¿Por boicotearlo? En un uso «coloquial» sí, claro. Y se está emitiendo un juicio sobre un contenido. Se está llamando a que no se consuma, a que no se apoye ese tratamiento sobre esos temas o esa forma de mantener estructuras opresivas porque, bueno, no se tienen en cuenta cuando se realiza una obra. Existe una brecha muy grande entre criticar una obra y pedir que se prohíba.

Vídeos sobre el tema creados desde la comunidad de jugones:

«Temáticas problemáticas» de Monroe en Éxito Crítico (2017). Parte de otro de los vídeos que voy a enlazar para criticar una serie de tratamientos de temáticas complejas. Se detiene en juegos en los que no nos damos cuenta de lo que nos están transmitiendo y que, normalmente, cuando hablamos de los «políticamente incorrectos» no se incluyen. Con él estoy muy de acuerdo en la cuestión de «cómo se trata» un tema. Si han leído la entrada y ven el vídeo, se darán cuenta que es con quien más concuerdo.

«Videotocho 18: Nazis: ¿Hay pa tanto?» de Chema Pamundi en Chema Pamundi y su Yeti (2017). Su intervención tiene dos pilares (coincido en esto con Monroe): no hay temas «sagrados» y «los juegos son juegos». Sí pero no. Matiza y contextualiza bastante. He leído intervenciones de Pamundi en otros medios donde se mete en estos fregados defendiendo que no todo debe estar lleno de moralinas, aunque, a la vez, también se mantiene un poco alerta en el «cómo» se trata la temática.

«7 Juegos Políticamente Incorrectos» de Julius Fairfax (2018). Este, además de ser divulgativo, resulta interesante también porque trae una reflexión sobre los cambios en lo que es correcto o lo que no es correcto sobre una temática. Parte de la idea de «los juegos son juegos» y verlos dentro de su propio contexto, pero no exime de crítica a los productos que muestra.

«Los juegos de mesa más ofensivos #1» de Sergio Vaquero en Análisis Parálisis (2019). En este caso se fijó más en los juegos desagradables que, por la temática, buscaban «provocar» más que otra cosa.

Uno de los lugares comunes tras las elecciones andaluzas que, finalmente, han supuesto la investidura de Moreno Bonilla (PP) como presidente de Andalucía, es que gracias a que iban por separado las derechas (PP, Ciudadanos y Vox) consiguieron sumar más. Esta afirmación se puede entender de dos formas, y se puede usar a Adelante Andalucía (la unión, entre otros, de Podemos e Izquierda Unida) como contraejemplo.

¿Qué entendemos con que si iban separados «ganaron más»? Acá he escuchado dos explicaciones distintas: una es que el votante desencantado con un partido como el PP (que ha perdido muchísimos votos) tuvo otros partidos de derechas con posibilidades reales de tener diputados para votar, así Ciudadanos (más «hacia» el centro) o Vox (más «hacia» la derecha) se presentaban como sustitutivos. De esta forma, el votante de derechas tenía a quién votar y podía ser movilizado. Si esta es la interpretación, nada que objetar. Es una afirmación atrevida pero posiblemente cierta. Acá es donde la unión en las izquierdas nos sirve como contraejemplo: que fueran en una candidatura en vez de permitir que se sumen los votos que cada una tenía por separado, ha supuesto una disminución fuerte de la presencia electoral. Nada nos permite pensar que por separado tendrían más votos (la otra fórmula «a la izquierda», el propio PSOE, cayó mucho), pero sí es cierto que una unión de partidos no produce una simple suma de sus votaciones anteriores.

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Estoy como Pozzi, no soy un experto en Venezuela, pero, como él, intento mantenerme al tanto de lo que pasa en nuestro vecino del norte. (Además que suelo estar muy de acuerdo con lo que dice). Estoy como muchos de los que conocen (conocemos) gente de ahí, gente que vivió allí y ya no está, gente que era chavista hasta que conoció la práctica chavista, gente que… en fin, ya entienden. Lo de Maduro es vergonzoso, desde hace mucho. Todo lo que hace acrecienta la crisis que allá se vive. Sí, es importante ver bien las responsabilidades de cada quién, pero está claro que la autocrítica del gobierno es nula por todos lados. En nada se equivocan.

Mucha gente está sufriendo, eso es innegable. ¿En otros países también? Por supuesto, y en algunos muchísimo más que en Venezuela; pero hay que tener en cuenta de dónde se viene y a dónde parece ir todo, hay que valorar la respuesta que da el gobierno (todo es culpa de otros) y qué propone para solucionarlo (más de lo mismo y ases en la manga que no valen para nada). Aún así, hay países que están peor. Claro, también hay países en guerra, eso no significa nada, ahora hablamos de Venezuela y de lo que ahí ocurre (más adelante sí podemos tocar el tema de la hipocresía y el cinismo internacional).

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Cuando entró Vox en el parlamento español me dio miedo. Luego el Partido Popular junto con Ciudadanos me lo quitaron del cuerpo: nada nuevo bajo el sol. Lo que es peor, escuchar al PSOE demostraba la demagogia y el desconocimiento de lo que pasa allende nuestras fronteras (¿de verdad no saben que la extrema derecha ya está en muchos gobiernos europeos? No regionales, no, en los gobiernos; y no solo de países de segunda fila, sino la propia Italia tiene uno).

Estos días la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LVG en adelante) ha vuelto a entrar en debate. Está bien que se discuta sobre ella, que se hable y demás, pero no tanto que se mienta sobre su contenido (Vox diciendo, como dijo Ciudadanos en su día, que es inconstitucional por no respetar la igualdad de los españoles, por más que haya sentencias del TC -desde la STC del pleno nº 59/2008, muchas- en contra de esa lectura).

En un medio muy de derechas que ha apoyado bastante a Vox (como en su día a Ciudadanos o a UPyD, cualquier cosa con tal de correrle por la derecha al PP blando en algunos temas) comentaban que las mismas razones por las que se dice que la prisión permanente revisable no funciona (no ha detenido ningún crimen de esos horrendos), se podía decir de la LVG. En una pequeña parte es cierto, la LVG no ha detenido los asesinatos (son menos que antes de la entrada en vigor de la ley, algo que dijo mal el presentador; y de mucho antes simplemente no hay datos fidedignos).

Hay una gran diferencia entre la LVG y la prisión perpetua: la LVG no es solo una LO que reformó el Código Penal, de hecho, lo importante de la LVG es todo lo demás: si existen recursos y mecanismos que van desde la sensibilización hasta ayudas de emergencia pasando por apoyo psicológico y demás es por esa ley. Además, puso sobre la mesa un problema que el Estado negaba (sí había legislaciones autonómicas, necesarias para que existieran recursos en servicios sociales) y puso unos mínimos en todo el Estado y dotó de ciertos medios económicos los mismos (muy recortados con la crisis, y más con el PP en el poder).

El Partido Popular votó a favor de esa ley, tapándose la nariz pero aceptando su redacción (mucho más encorsetada de lo que las organizaciones feministas pedían; una de las cosas que se está hablando ahora es justamente ampliar el concepto de violencia sobre la mujer dentro de esta lacra pues la ley lo acortó demasiado a la relación actual o previa sentimental), y siguen sin entender del todo lo que votaron: Casado habló de un feminicidio claramente dentro de la LVG como «violencia doméstica». Señores, la violencia doméstica es otra cosa que, por cierto, también tiene legislación específica, tipos penales especiales y todo eso.

Dejen de mentir, señores de Vox, Ciudadanos y Partido Popular (y demás compañía). No está mal proponer más protección para las víctimas de la violencia familiar, pero no mientan diciendo que no existe o que el hombre o los niños están desprotegidos (estos últimos, por cierto, hace no demasiado entraron en el concepto de víctimas colaterales de la violencia de género, así que están igual de protegidos que la mujer).

Insisto, la violencia doméstica ya está recogida en la legislación, tiene sus propios tipos agravados, tiene su propia legislación, los hombres no estamos desprotegidos ante el maltrato de las mujeres, pero no podemos negar que el problema social está en el machismo, no en la excepción de un hombre maltratado (¿se dan casos?, claro que sí, pero ni de lejos es un problema social). Si se quieren aumentar los recursos (y crear algunos que no existen, como el apoyo psicológico), está muy bien, pero no podemos aceptar que se oculte la violencia machista, que es mayor y distinta a la doméstica, además. Repito: no es lo mismo violencia de género (machista) que violencia doméstica, esta distinción está presente en el Derecho Internacional, obligatorio para España tras la adhesión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El PP ya se aparcó en el discurso de confundir ambas cosas, primero Casado, luego Levy y ahora todos. ¿Guiño a Vox? No, es la ideología del PP, siempre lo ha sido.

Tal vez la sociedad (toda, contándonos) ya está lo suficientemente madura para dejar de usar el término de violencia de género con el encorsetamiento actual y hablemos a las claras de violencia machista, así se entenderá mejor cuando se hable de la cultura de la violación que sigue imperando o de feminicidio.

La extrema derecha machista ya la tenemos, toca combatirla; pero comencemos por lo importante: acabar con el machismo. Y, para los hombres, eso significa reconocer nuestros privilegios y luchar contra ellos apoyando la lucha feminista protagonizada por ellas.

Hoy toca hablar de la constitución. Como estás leyendo una bitácora que navega entre España y Perú, y es 6 de diciembre,según desde dónde nos lees podrás pensar en una u otra (o en ninguna, que todo puede ser). No, hoy, aunque sea el feriado por la Constitución española, voy a hablar de la Constitución Política del Perú, en concreto, del referendo de este 9 de diciembre.

Lo primero que quiero decir: ¡qué mala es la información de la ONPE!*. Que no tenga los textos de reforma no habla a su favor. Sobretodo cuando vamos a Voto Informado donde, en cambio, sí que tienen unos buenos documentos con la comparativa entre el articulado actual y el futuro (PDF de las preguntas 1, 2, 3 y 4). Aun así, bien pudieron poner también losdebates del Congreso sobre estos temas.

¿Por qué digo que la información de la ONPE es mala? En el PDF en que nos resumen las preguntas y sus implicaciones, para poner un ejemplo, colocan que esa reforma permitirá «[n]ombrar por concurso público a los jueces y fiscales de todos los niveles». Eso ya está así, la diferencia no es el nombramiento, es la forma de votación:ahora el voto será público y motivado.

La Junta Nacional de Justicia que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura

La primera de las preguntas se refiere al denostado Consejo Nacional de la Magistratura, a tal punto que le cambiarán de nombre.Se variarán los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución para una reforma bastante más profunda de lo que parece.

Sobre las competencias, no se toca mucho. Se agrega un nuevo régimen sancionador (no solo cabrá la expulsión, sino también la suspensión) y se obliga a motivar los votos, que no está mal.

Sobre la composición sí que se da el gran cambio: pasa de ser un órgano elegido por distintos colectivos (en votaciones secretas y con con miembros que siempre me he preguntado «¿qué hace ese ahí?») a uno realizado por un concurso de méritos; la comisión que regulará y hará el concurso, por lo demás, tiene una composición variopinta de los cuales muchos dependen de otros tipos de nombramientos. No estoy seguro que este nuevo método sea «mejor»,pero sí que no es «peor».

Sobre los requisitos, se cambian un poco. Se pone tope de edad(porque sí) y se agrega una incompatibilidad laboral bastante amplia(solo se permite la docencia universitaria). Se aumenta el tiempo mínimo de experiencia (haciendo casi imposible que alguien de 45años los cumpla, al menos los dos primeros). Este tipo de cosas, si hablamos de un concurso de méritos, deberían valorarse ahí, no ponerse como requisitos. Con la edad (máxima y mínima) me pasa algo parecido, no sé por qué está. No sé por qué excluimos, por ejemplo, a una persona con 44 años (pero eso ya pasaba ahora).

Esta reforma, de las cuatro presentadas, es la que menos claro tengo. Es cierto que el CNM no funciona, ha sido origen de un escándalo muy gordo recientemente (una raya más al tigre) y todo eso, pero no veo que el JNJ sea algo más que un lavado de cara puro y duro. Tal vez eso es lo que necesitamos, soltar la mala prensa y comenzar de nuevo con más o menos lo mismo. Pero no me convence esa salida.

Financiamiento de las organizaciones políticas

El problema en Perú está en toda la base de la regulación delos partidos políticos (contando la cancelación de inscripciones por no tener determinados resultados electorales o los requisitos para constituir una fuerza política en nuestro país, extremadamente duros); se supone que toda esa enrevesada legislación previene fraudes y malas prácticas, sin embargo, seguimos teniendo un sistema de partidos patético, disfuncional, corrupto. Esta reforma no soluciona nada. No mejora nada. Se modifica el artículo 35º de nuestra Constitución, donde básicamente se debería hablar de participación política, para poner mucho énfasis en la financiación de los partidos. Se distinguen dos fuentes de financiamiento, el público y el privado; para este segundo se limita a hacerlo por medio del sistema financiero (deben estar celebrándolo)y se manifiesta una Perogrullada (el tema de qué pasa cuando se hace de forma ilegal). Esto último no era necesario incluirlo. Lo primero tampoco.

Es más peligrosa la coletilla agregada al final del artículo:«Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto». Las franjas electorales generales medio desaparecen en favor de esto; algo que olvida, además, que el medio de comunicación de más crecimiento (aunque no el principal) es Internet, con lo que deja un agujero gigante en la propia idea. En el fondo, hablamos de control sobre las campañas de los partidos, más dificultades para los pequeños.

Esta me parece una mala reforma que no soluciona el financiamiento ilegal; porque, amigos, YA es ilegal, ya hay herramientas de transparencia que están fallando y que esa redacción no corrige ni es la constitución donde deben aparecer esos temas.

Prohibición de reelección de los congresistas

Se incluiría el artículo 90-A en la constitución donde se prohibiría la reelección inmediata de los congresistas. Esta reforma es mucho más profunda de lo que parece a simple vista, entre otras cosas, viene a solucionar un problema que no tenemos (el apalancamiento de los congresistas en sus puestos, tenemos una tasa de renovación del Congreso altísima) y vuelve ley un problema que sí tenemos (la volatilidad de la cámara, de las mayorías, de las personas que ahí trabajan, impiden en cierta medida una visión alargo plazo). Me parece, además, que los argumentos para defender esto son tramposos, como expliqué hace meses. No es lo mismo un cargo ejecutivo que uno legislativo y colegiado.

La bicameralidad a debate

Tras tantos y tantos años, por fin un proyecto sobre la bicameralidad llega al punto de poder ser aprobado en un referendo.Eso es una buena noticia, pues es uno de los temas pendientes desde,al menos, hace diez años. La reforma es profunda y tiene mucha miga.

Al final el nombre no quedaría como Congreso, sino como Parlamento con dos cámaras: Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. (Si hubiesen mantenido el nombre, muchos de los artículos que se tocan en la reforma no habría que modificarlos).

Finalmente han quedado 50 Senadores y 130 Diputados (mismo número que actualmente tienen los congresistas). Se vuelve a la distinción de edad (35 años mínimos para senador, 25 para diputado) porque,bueno, ser joven es malo (o algo así). Lo importante, que es cómo se elige a estas personas, no está en el texto constitucional, se deja a lo que diga la ley. No puedo valorar nada sobre este punto sin una ley que lo determine. En el artículo yaenlazado también hablé sobre la bicameralidad, en ese proyecto comentado sí aparecía cómo se debía dividir el país, más o menos, para el tema electoral y no me gustaba nada. Tampoco me gusta que la Constitución no diga ni pío sobre el tema, da más flexibilidad al sistema, indudablemente, pero también lo pervierte.

En la legislación propuesta, veo una cierta primacía del Senado(por ejemplo, es el que elige al Contralor General, designa a 3 del Banco y ratifica al presidente, en otros casos hay que rendir cuentas a la cámara alta, el jefe del Estado presenta su renuncia ante el Senado, los proyectos de reforma constitucional comienzan en la cámara alta y otras cosas). Eso sí, la cámara de Diputados es la que puede tener comisiones de investigación (esas con las que nos entretenemos tanto y poco efecto tienen) y es donde se debate la cuestión de confianza (con la presentación de cada gabinete) y es quien lleva la responsabilidad política (contando la censura). Ya que es en esta donde se produce el control político, el presidente puede disolver la Cámara de Diputados que ha negado su confianza o ha censurado a dos Consejos de Ministros, pero no puede disolver el Senado. Esta relación sin igualdad es lo que hace que la cámara de Diputados acuse por infracción constitucional y por delito en sus funciones al presidente de la república y otros altos cargos ante el Senado, al final es el Senado quien decide lo gordo (la sanción o no). También se ve porque, normalmente, la cámara jerárquicamente más importante puede levantar el veto de la otra; acá han puesto un sistema en que la de Diputados puede revisar las modificaciones de la de Senadores, pero la última palabra la tiene la de Senadores, que puede rechazar la modificación o el veto de la de Diputados.

Para vacar al presidente por incapacidad moral o física se pide los dos tercios de cada cámara. No sé de qué se queja Vizcarra. La primera legislatura ordinaria bicameral sería durante el periodo2021-2022.

Este sistema bicameral, con los requisitos que tiene y la configuración, no me convencen absolutamente nada.

Para cerrar la nota

Creo que mi voto sería de cuatro noes.

Es un problema, en la papeleta solo es «sí» por unas reformas que no me gustan (con los matices antedichos) y el «no» es conservar un sistema que es malo, en cualquier caso. ¿Qué se hace en estos casos?

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*Salvo el apartado para buscar tu local de votación, eso está muy bien.

Con una participación baja (58%, 4 puntos menos que en 2015), el PSOE vuelve a vencer en las elecciones andaluzas, pero perdiendo votos y escaños y, posiblemente, el gobierno de la comunidad… una autonomía que lleva gobernando desde que existe. La ultraderecha de Vox entra con fuerza, obteniendo 12 escaños, según resultados oficiales al 99,9%. Siga leyendo en Elecciones – De Igual a Igual.