Hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (copia en PDF).

Lo primero que hay que tener claro es que este Ingreso Mínimo Vital (IMV) no es una «renta básica» (RB). ¿Por qué no es lo mismo? Una RB se basa en que toda persona tiene derecho a la misma por el mero hecho de existir, mientras que el IMV tiene por objeto ser una prestación para las personas en peor situación económica. Esto es, estamos ante una ayuda pública para paliar la falta de ingresos en un hogar, como lo que ya existe en la mayoría de comunidades autónomas –no deja de ser curioso cómo se está atacando a esta renta por parte de gente que gobierna o apoya gobiernos que tienen una parecida; ¿quienes atacan esta medida por ser clientelar consideran sus rentas autonómicas clientelares?, me parece peligroso que solo sea buena una prestación si se puede usar de esa manera–. Como prestación y para justificar la utilización del Real Decreto-ley, el gobierno apela a la situación económica producida por el Covid 19, al mal suelo del que se partía antes de la crisis (la tasa de pobreza y extrema pobreza existente) y como parche antes de la fuga que será la economía poscuarentena.

El propio texto del RDL recuerda la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentaron CC. OO. y UGT hace unos años (PDF, justo pilló al final de la X legislatura) y al informe de AIReF (PDF) encargado por el Consejo de Ministros. Vamos a recordar que si la ILP no salió adelante fue, en gran medida, por cómo se tramitó en el Congreso, donde era una «papa caliente» que los principales grupos evitaban (el propio PSOE pidió que la iniciativa saliera del pozo de la comisión y volviera al pleno, pero fue la ausencia de 5 de sus diputados lo que impidió que esto se produjera). El PP siempre se opuso a esta iniciativa (literalmente, votó que no a que se tramitara y propuso una enmienda a la totalidad que no salió adelante); su principal enmienda, además, fue la de cambiar todo el texto por la creación de un grupo de trabajo que analizara cómo hacer esta prestación en vez de aprobar la prestación de una vez (la n.º 40, PDF; posteriormente propusieron otras enmiendas). Esta ILP se pasó de la X legislatura a la siguiente y muy breve XI (la primera que se tuvo que repetir) y de esta a la XII, donde vivió varios años entre enmiendas y demás, produciéndose entre tanto la moción de censura y la convocatoria de elecciones, una nueva legislatura (y breve) arrancó donde no se tocó ni media coma de nada, a su final, volvió a pasarse a la siguiente, esto es, la XIV, la actual, y ahí está… Es cierto que, sobre todo en el 2019, hemos tenido el Congreso bastante cerrado, pero si no existía esta prestación, fue por ánimo de retrasarla (la ILP se presentó en abril de 2015, ya han pasado 5 años).

Pero volvamos a la actualidad, que me pierdo. (Donde el RDL se convalidará sin ningún problema, una vez que hasta el PP ya avisa que votará que sí… o se abstendrá o ya veremos, que mientras voy escribiendo esto recibo noticias diversas sobre su postura).

Definición

Lo primero que vemos es que es una prestación económica de pago mensual para las personas que viven en hogares en situación de pobreza o exclusión social. Se configura como un «derecho subjetivo», esto es importante porque significa que una persona puede reclamar que se le pague la prestación al margen de los presupuestos asignados. Se establece como una prestación no contributiva de la seguridad social (con lo que no sería una ayuda de «servicios sociales» que caería en el ámbito competencial de las CC. AA. Busca la «inclusión social y laboral» (por ello le incluyen «incentivos de contratación»). Con la que sí es incompatible es con la asignación por hijo/a o menor a cargo (aunque se permite optar por la prestación más beneficiosa).

Sí tiene algunas «condiciones» para seguir cobrando la prestación y es una «letra pequeña» tan abierta que puede ser usada como mecanismo de control social (como son las prestaciones tipo la Renta Garantiza de Ciudadanía de Castilla y León); esto, de nuevo, aleja esta prestación de la RB.

Beneficiarias

El sistema distingue los casos de personas tomadas en consideración en sí mismas y «unidades de convivencia» donde una persona es titular de la prestación.

Lo primero: personas entre 23 y 65 años con residencia legal en España que vivan solas o vivan en un domicilio sin integrar la «unidad de convivencia». Esta persona, además, no debe vivir en un dispositivo residencial de los servicios sanitarios, sociosanitarios o sociales (estos requisitos no se aplican para las víctimas de violencia de género o las de trata de seres humanos).

Lo segundos: la «unidad de convivencia» (UC) que cumpla los requisitos del RDL. En estas, aunque la persona representante de la misma, en general, deba estar comprendida entre los 23 y 65 años, la edad se puede bajar hasta para menores de edad emancipados siempre y cuando sean responsables de una menor de edad. También se permite titulares de más de 65 años si en la UC solo haya mayores de 65 años y menores de edad o personas mayores incapacitadas judicialmente. Las UC se forman por familia directa y hasta 2.º grado (consanguíneo o por afinidad; en otras palabras, dos hermanas que compartan piso serían una UC, también dos cuñadas), matrimonios y vínculos análogos (parejas de hecho) y las personas menores en guarda, tutela o acogimiento preadoptivo. Se abre la puerta a otras UC formadas por personas de más de 23 años a determinar reglamentariamente. Además, las personas «desplazadas temporalmente» de su domicilio habitual siguen formando parte de su UC de origen (típico de un estudiante en otra ciudad, pero también trabajos temporales en otra localidad y situaciones similares).

UC En un domicilio puede haber hasta dos titulares de este IMV, esto puede generar problemas con las personas que objetivamente podrían ser titulares a nombre propio y convivan con otras que también los cumplen sin que sean una Unidad de Convivencia.

También son requisitos para las beneficiarias los siguientes:

• Residencia legal y efectiva en España al menos de 1 año (salvo para menores que acaben de nacer, ser adoptados, entran en acogimiento familiar o guarda), víctimas de violencia de género y las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. En este caso, la persona no puede haber pasado más de 90 días en el extranjero para acreditar la residencia continuada de un año, salvo caso de enfermedad.
• Estar en una situación económica de pobreza (el RDL no usa el término ahí, pero es a lo que se refieren, luego lo detallo).
• Haber pedido y extinguido todas las prestaciones a las que tenía derecho. Aquí sí viene algo «positivo», en este apartado no se cuentan los «salarios sociales» o rentas mínimas o como se llamen que mantengas las CC. AA., pues esta prestación es compatible con aquellas (se tienen en cuenta para el dinero a recibir).
• En general, estar inscritas como demandantes de empleo (para todas las personas mayores de edad y menores de 65, sean titulares o pertenecientes a la UC).

Además, para quienes soliciten el IMV de forma independiente (sin formar parte de una UC), se necesita tres años de vida independiente de su familia antes de poder pedir esta prestación (para las personas víctimas de violencia de género que abandonen su domicilio no se exige este requisito).

La UC debe existir desde el año antes de pedir la prestación (se excluyen ciertos casos).

En parte es interesante cómo han configurado la compatibilidad con rentas del trabajo o de actividad económica por cuenta propia de la persona titular o cualquier miembro de su UC, así, se puede llegar a superar la cuantía de la renta garantizada durante un ejercicio sin perder el derecho al IMV… pero los detalles de esto quedan para un desarrollo reglamentario posterior. Así que por ahora esto queda en «ya se verá cuánto y cómo».

«Vulnerabilidad económica» en el RDL

Se distinguen dos situaciones, como hace todo el texto: por un lado, la beneficiaria de forma individual, por otro, la UC en conjunto. Pero la base es la común: el conjunto de todos los ingresos de esa persona o UC obtenidos durante el ejercicio anterior sea al menos de 10 euros inferior a la cuantía mensual del IMV que le correspondería a esa persona o UC. No deja de ser curioso que el detonante para recibir la prestación esté por debajo de lo que te correspondería por la misma cuando hablamos de un mínimo garantizado; realmente te garantizan 10 € al mes menos, porque sí, porque por 10 € no van a poner en marcha toda la maquinaria del Estado, imagino.

Ciertos ingresos no cuentan, creo que es bueno destacar que las rentas de las CC. AA. quedan excluidas para ver si estás o no en situación de vulnerabilidad; esto hace a estas rentas compatibles con la prestación. Pero ya veremos en qué términos, que no es oro todo lo que reluce.

Y aquí entra en juego el patrimonio, con unas reglas que veremos más adelante, se limita el derecho a cobrar este IMV si se cuenta con determinada cantidad de bienes (excluyendo la vivienda habitual). También se excluye del acceso al IMV a las personas que sean administradoras de una sociedad mercantil (aunque se ve por dónde van los tiros –no olvidemos que España tiene muchísimos administradores que casi no declaran ningún tipo de ingresos individuales cuando la Sociedad va viento en popa y está pagando los gastos de su administrador–, también puede ser problemático).

Patrimonio e ingresos de la persona o UC:

• Las rentas se cuentan dependiendo de su origen o íntegramente (como las del trabajo, pensiones y otras rentas directas) o netas (las de actividades económicas, arrendamientos inmuebles y algunas otras) según el cálculo de la base imponible que les corresponda. Como se ha dicho, no se tienen en cuenta los «salarios sociales, rentas mínimas de inserción» y demás de las CC. AA. Tampoco se tienen en cuenta algunas ayudas directas finalistas (becas de estudio, ayudas de comedor, ayudas de emergencia, etc.). También hay otras rentas exentas (la referencia directa es a la LIRPF). El problema de todo esto es que se mira el ejercicio anterior…
• El RDL considera «patrimonio» como la suma de todos los activos no societarios, el patrimonio societario neto y se excluye la vivienda no habitual. Como activos no societarios estaría cualquier inmueble (menos la vivienda habitual), las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros (seguros, valores…) y la participación en planes, fondos de pensiones y similares. Estos se valoran dependiendo del tipo de bien, por ejemplo, los inmuebles residenciales van según el valor de referencia del mercado, los demás inmuebles, según el valor catastral, las cuentas bancarias y demás, según su valor al 31 de diciembre anterior. Para el patrimonio societario, se atiende al valor neto según la última declaración presentada. El límite del patrimonio está en 16 614 € para una persona sola y luego se van aplicando incrementos hasta un máximo de 2,6 (UC de 5 o más miembros), esto es, 43 196,4 €.

Para el cómputo de rentas, el presente año tiene alguna particularidad, la norma tiene en cuenta las circunstancias económicas del año en curso y no se fija «tanto» en el año pasado (esto se debe, evidentemente, a la crisis que nos viene por el tema del coronavirus); se aplican unos límites de rentas referidos al año anterior distintos a los expuestos previamente (por ejemplo, la UC no debe superar en un 50 % el límite de la RG).

Cuantía

¿Cuánto cobraré? Nada. Bueno, sí, si tienes derecho al IMV se restará de la renta garantizada (RG) según tus circunstancias el total de rentas que se perciben y sean computables (por ejemplo, una de las personas de la UC trabaja esporádicamente de camarera, pues se restaría su salario) y esa es la cuantía mensual. Ah, siempre y cuando la diferencia de la resta sea superior a 10 € (por menos de 10 € no se esfuerzan).

Para una persona beneficiaria individual la RG es el 100 % de la pensión no contributiva fijada en los Presupuestos Generales del Estado. En este momento, es de 5 538 € al año (461,5 € al mes; creo que han racaneado 0,40 € con respecto a la cuantía fijada en los presupuestos para la pensión no contributiva). Voy a aprovechar para recordar lo baja que es esta cuantía y lo indigna que resulta. Pues es la RG.

Para las UC la cuantía aumenta en un 30 % por miembro extra hasta un máximo de 220 %. Además, se incluyen modificadores favorables para las UC monoparentales (ya que sus miembros son menores de edad, salvo uno) que tiene un plus del 22 %. El gobierno, en su explicación en una presentación (PDF), puso un cuadro que reproduzco:

Esto significa, así a lo tonto, que la RG en una UC de 5 personas es la misma que en una de 7. Y que 5 personas adultas es lo mismo que 1 adulta y 4 menores (esta imagen, que es de la presentación, está mal en el apartado de 1 adulta y 3 o más menores, pues el modificador debe ser 2,2, como bien aparece en el ANEXO I).

Otra cosa (otra más) que queda para el reglamento es cómo se puede incrementar la RG teniendo en cuenta el coste del alquiler de la vivienda habitual (cuando esta supere el 10 % de la RG en relación con el tamaño de la UC)… veremos cómo queda esto.

La prestación concreta puede ir variando por distintas circunstancias, un aumento de ingresos por un lado hará que baje la prestación, una disminución de las rentas hará que aumente, cambios en la UC también hará que la RG se modifique.

(Como pequeño extra, y solo para quienes lo pidan hasta diciembre de este año, se incluye exención en los precios públicos «por servicios académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-2021»).

Procedimiento y tal

El proceso es mediante solicitud en un modelo en la Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social), como cualquier prestación… pero se permite que lo gestionen las CC. AA. que cuenten con convenios de colaboración (desde el 2021; las comunidades forales, en tanto que ya gestionan cosillas de estas, serán las encargadas de ese trabajo en sus territorios).

Esta prestación se podrá solicitar desde el día 15 de junio del presente año; además, si se pide entre el 15 de junio y los tres meses siguientes, los efectos económicos se retrotraen al 1 de junio (siempre y cuando ya cumpliera con los requisitos en esa fecha, sino desde el día en que los cumple). A partir del 15 de septiembre, toda solicitud que se haga tiene efectos económicos desde el primer día del mes siguiente en que se solicita (así que si lo pides el 20 de septiembre, el primer día sería el 1 de octubre; si lo pides el 1 de octubre, el primer día es el 1 de noviembre).

Junto con esta prestación del IMV se ha creado la «prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital» (PETIMV) destinado a personas que actualmente cobren la prestación de la asignación económica por hijo o menor a cargo y cumplan los requisitos para acceder al IMV, a estas, el INSS les notificará cuánto les correspondería cobrar como PETIMV y les dará un plazo para que opten entre seguir con su prestación de hijos a cargo o esta nueva prestación (si no responde, se entiende que prefiere la nueva). Esto para lo que queda de 2020 (que es la mitad del año). Para el 2021 pasarían al IMV o volverían a la prestación por menores a cargo, según si cumplen los requisitos del IMV o no (y mantienen el derecho de la otra prestación). Si alguien cree que tendría derecho a este PETIMV y el INSS no les ha dicho nada, lo pueden solicitar.

Y es que esta prestación, incompatible con la actual, se va a extinguir; de hecho, ya no se puede pedir (una salvedad por la suspensión de plazos administrativos por la cuarentena mediante), quienes la cobran y no les corresponde el IMV u opten por esta prestación, la seguirán cobrando mientras tuvieran derecho según la normativa de dicha prestación, pero no habrá «nuevos».

Obligaciones y peligros

Lo habitual en este tipo de prestaciones es que las personas beneficiarias estén vinculadas a la documentación (entregar todo lo que se les pida para acreditar los requisitos), búsqueda de empleo (estar inscritas) y la comunicación (de, entre otras cosas, los cambios sobre los requisitos, pero también determinadas salidas del país y otras) y acá llegamos a unos «peligros», vinculados con el vínculo de la prestación al Ministerio de Inclusión y a que realmente no hablamos de un RB, sino de una prestación económica (los apartados g de los puntos 1 y 2 del art. 33):

Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los términos que se establezcan.

Así pues, el cobrar esta prestación te obliga a ti (beneficiario o titular) y a toda tu UC (el resto de la familia) a… ¿a qué? Pues a todos esos planes absurdos que ya se dan en las distintas rentas de inserción existentes, a todo tipo de obligaciones que se les van ocurriendo mágicamente y que crean más exclusión, que parecen más trabajo que el propio trabajo y muchas veces restan más de lo que suman. Y obligan no solo a la persona titular a realizar determinados comportamientos (como hacen las rentas, aunque muchas veces estos comportamientos supongan obligaciones derivadas a los/as menores de la familia, por ejemplo, asistir a talleres de los servicios sociales porque sí), sino al resto de adultas pertenecientes a la UC.

Otro problema, para mi gusto, se encuentra en una habilitación extremadamente amplia (los dos apartados h de los puntos 1 y 2 del art. 33 del RDL):

Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.

Ese tipo de expresiones, incluidas para no entrar en mucho detalle, teniendo en cuenta lo duro que es variar una ley (bueno, no tan duro si se hace por RDL, claro), dejan en papel mojado la jerarquía normativa. ¿De qué sirve una ley que recoge obligaciones si al final es «cualquiera» que se meta en otra norma de rango inferior? Las consecuencias de incumplir una obligación son altas…

Hablando de eso, como siempre, encontramos sanciones extremadamente fuertes. Es cierto que su imposición puede ser gradual, pero pongamos un caso relativamente sencillo: una de las obligaciones es comunicar previamente los viajes al extranjero y su duración, en principio, un viaje de hasta 15 días (1 vez al año) no es considerado «viaje», ¿qué pasa si, por un casual, la persona se queda un poco más en el extranjero? Pues, en principio, ya está incumpliendo una de sus obligaciones (infracción grave, además) lo que podría suponer hasta 3 meses de pérdida del IMV. Y estamos hablando del IMV, esto es, de una cuantía absolutamente pequeña que se considera que es lo mínimo que una persona o UC debe tener como renta mensual, ¿y les quitamos 3 meses por eso? Ojo, de cualquiera de los miembros de la UC, por ejemplo, una menor. Muchas veces un viaje se alarga inesperadamente (y no hablemos ya de situaciones como la actual) y la norma no permite justificar posteriormente pues debe ser comunicado antes y justificado en ese momento (así que lo típico de voy a visitar a la familia en el extranjero, fallece alguien de la familia y me quedo un par de días más, mala idea). Este problema se solucionaría pudiendo comunicar ya en el viaje los cambios producidos o posteriormente, a la vuelta a España. Hay que pensar que si hablamos de 1 o 2 personas en una UC, por ejemplo, de 6 personas, prácticamente no cambian nada ni los gastos y casi ni la RG, pero puede suponer la pérdida de todos los ingresos de esa UC.

Otro ejemplo, muy habitual: fallar o no participar en alguna de las «estrategias de inclusión», si es una vez, incumplimiento grave, si es «reiteradamente», incumplimiento muy grave. La sanción en este caso es la pérdida de derecho de cobrar el IMV

Ojo, que tres faltas graves (en distintos supuestos) en un año es una falta muy grave, y dos faltas graves del mismo tipo (ese es el «reiteradamente» del ejemplo anterior) es una falta muy grave. Estas se sancionan con hasta 6 meses de suspensión, devolución de cantidades cobradas indebidamente, puede traer consigo la extinción del derecho y, además, puede suponer una prohibición de pedir nuevamente la prestación durante 5 años. Nuevamente, hablamos de un IMV que, en algunos casos, supone que la persona sigue en pobreza pero no se le quiere ayudar (porque, por ejemplo, no quiere hacer absurdos cursillos que no valen para nada y gastan más horas que otra cosa).

Para los empresarios se ha creado el «Sello de Inclusión Social», que supone el emplear personas que cobren o estuvieran cobrando el IMV, este sello les dará acceso a puntuar positivamente para determinados concursos de contratación con el sector público (es un criterio de desempate cuando los pliegos no establecen otra cosa). Lo peligroso no es esto (que seguramente encontremos bonificaciones en la SS y otras ayudas, como siempre en estos casos), sino el lenguaje usado (Disposición Adicional Primera):

[E]l Sello de Inclusión Social, con el que se distinguirá a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo vital desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en la sociedad.

¿Solo participas en la sociedad si estás trabajando? Ajá, muy bonito. Y se pone una medallita a una empresa por contratar a esos parias o algo así, ¿no? Porque no entendemos la sociedad de otra forma en que la persona no está al servicio de unos intereses económicos (por eso todo esto de la cuarentena paró con tanta fuerza las reuniones sociales y con tan poca la actividad económica en general –que no tuviera lugar de cara al público de forma física y personal–). Lo de los contratos para desempates, bueno, pero las palabras usas para describir el sello cuando las empresas contratan por necesidad, no por solidaridad o, siquiera, caridad, sobra y mucho.

Unas consideraciones finales

Es un avance… un pequeño avance, pero un avance. El problema está en todas esas obligaciones vinculadas y que sigue sin ser una «renta básica» (no soy particularmente favorable a ese tipo de renta en tanto que creo que la economía de las sociedades humanas no debería depender de ese tipo de asignación, pero, en contextos de economías de mercado mixtas –como las que vivimos–, esas rentas básicas son una necesidad).

Esta prestación, sin la menor de las dudas, está centrada en acabar con paliar levemente una situación de pobreza extrema de determinados tipos de personas (se excluye, por ejemplo, a las personas que aún residiendo mucho tiempo en España no cuentan con «papeles», se excluyen un montón de circunstancias y de situaciones variadas, como las personas que residen en centros residenciales sociales). En fin, que no basta con ser una persona que vive acá, sino que hay que cumplir un montón más de requisitos que te pueden atar mucho.

Si creemos que la cuantía mínima para cubrir las condiciones vitales es de 950 al mes en 14 pagas (13 300 € al año), todo tipo de renta por debajo de esa cantidad queda por debajo de lo que consideramos lo mínimo para la subsistencia de una persona que trabaja. Dirán que estas personas no están trabajando y por eso necesitan el IMV… bueno, no están realizando un trabajo asalariado, que no es lo mismo. Pero, en fin, acepto pulpo como animal de compañía y vamos con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en esta bitácora he criticado innumerables veces, y para el tema de las ayudas y demás es lo que se usa (para no tirar de SMI), pues resulta que este es bastante superior a la RG (depende de si la referencia es a 12 o 14 pagas tendremos o 6 583,20 € o 7 680,35 €).

La justificación patética que siempre se ha hecho a la no contributiva (que es una vergüenza de baja) es que normalmenbte una persona de esa edad o va a una residencia o ya tiene su casita y no tiene ese gran gasto… ¿cómo justificamos ahora usar esa referencia para personas que ya se prevé que estén en alquiler o en situaciones de deudas hipotecarias?

Lo único positivo es que para el IMV no se tiene en cuenta las rentas de las CC. AA., pero no me queda claro que esto sea recíproco y que las comunidades dejen excluida esta prestación estatal (actualmente en Castilla y León está expresamente excluida del cómputo la prestación de hijo/a a cargo, pero tendrán que incluir esta de forma expresa), o, por lo menos, no hay una norma clara en ese sentido (y no era fácil hacerlo bien por el tema competencial). Es cierto que si sumamos la cuantía de una y otra prestación nos podemos encontrar con un ingreso algo más digno (para una persona sola no se llegaría al SMI, al menos en CyL), en todo caso, queda en manos de las distintas comunidades la compatibilidad y límites, así como los ajustes que puedan determinar (me parece bien que el Estado no haya entrado en ese «juego» y directamente haya dicho «están excluidas»).

Esta renta tiene el mismo problema que muchas otras de «inserción», parece que no basta con que una persona y su familia estén «mal», hay que obligarles a «hacer cosas», normalmente cosas nada significativas con sus proyectos de vida y necesidades. Por detrás está el miedo a que se «cronifique» la situación y que sea una persona o familia que solo vivan de estas prestaciones… ¿y qué si así fuera? Lo que no podemos es victimizar al pobre y tenerlo como un pelele de un lado a otro. Encima las obligaciones son de toda la UC. Aquí la coordinación con las CC. AA. es clave y no tengo tan claro que se dé correctamente, habrá solapamientos en los itinerarios y planes, al menos mientras no se encarguen las comunidades (ahí los convenios son claves, pero ya se dejan para el próximo año). Encima, por el límite el patrimonio, suena a «vende todo lo que tengas» para subsistir hasta que se pueda cobrar la prestación. Mal.

Hay que agregar el largo tiempo entre tu situación vulnerable y el momento en que el Estado cumple con la RG, estamos hablando de que los datos de ingresos son del año anterior, que solo hay modificadores durante el año en curso de las situaciones; pero para poder pedir la prestación se debe haber pasado un año de penurias (menos el presente ejercicio, que lo aligeran un poco y se cuenta el año en curso).

El tema de los viajes al extranjero, por cómo está puesto, es un control brutal sobre la población inmigrante, retornante o con familias en más de un país. Una persona que tenga su pueblo en España muchas veces manda a su prole durante todo el verano al pueblo, no hay problema con eso… si ese pueblo está fuera de España, no podría hacer eso. Parece que tienen en la cabeza «cobrar en España y vivir en otro país», que entiendo que no quieran que pase, pero se olvidan que por los periodos de los que hablan no solo es imposible, sino que en España tienen que acreditar vivienda y otras cosas, con lo que tendrán gastos en este país… para la renta, eres residente fiscal si vives 6 meses y 1 día (ojo: mucha gente con dinero vive en España y tiene su residencia fiscal en otros países, normalmente paraísos fiscales, y lo que hacen en el mejor de los casos es decir que han estado en ese otro país 6 meses y 1 día; acá con 90 días ya te excluyen del IMV; ¿y si comenzamos a cobrar el IRPF completo a todos los que pasan durante un año al menos 90 días en España? ¡La cantidad de gente que se tira meses y meses en España que tendrían que tributar aquí!, ¿les parece absurdo? Es lo que, en sentido contrario, se está haciendo con esta prestación, por 91 días ya no la puedes recibir o se excluye a una persona de tu UC porque ha pasado 3 meses y 1 día con su abuela en otro país).

¿Mejor esto que nada? Sin dudas. Por ahora es un pasito, pero muy pequeño y que puede «quedarse ahí», quieto parado sin movimiento. Y falta por ver la letra pequeña que llegará en el reglamento.

(A todo esto, a todas esas personas que se tiran de los pelos y comienzan a decir «voy a dejar de trabajar para cobrar estas ayudas, seguro que viviré mejor» solo les digo una cosa: perfecto, háganlo).

Como primera minirreseña les traigo «London After Midnight 2: Sherlock in Hell», diseñado por Enrique Dueñas González y con el arte de Francisco Rico Torres, publicado originalmente por Gen-X Games y, luego, integrado con su caja base en la nueva edición de Ares.

Este es un juego de cartas (y exclusivamente cartas), muy pequeño (de hecho, consta de 36 cartas exclusivamente) que salió en 2016, muy sencillo y rápido. Es puro azar y un poco de control de caos. Esta cajita de Sherlock in Hell es una expansión autojugable de «London After Midnight», actualmente rebautizado como «Monsters vs. Heroes: Victorian Nightmares» en una edición que incluye los dos mazos de «London…».

Características principales

• Tipo de juego: de cartas y roles ocultos.
• Mecánicas principales: gestión de mano y «toma eso».
• Jugadoras: de 2 a 6, hasta 8 con la otra caja… o hasta 8 con la nueva edición, que trae los dos mazos.
• Duración: 10 – 15 minutos.
• Nivel de azar: muchísimo, casi absoluto.
• Dependencia del idioma: alta. Todos los efectos de las cartas se explican mediante un texto.
• Componentes: 36 cartas y el manual (3 idiomas).
• Sobre el tema: Sherlock Holmes, el detective consultor, debe combatir contra las fuerzas del infierno. No tiene mucho más. El tema no se «siente» ni en lo que haces ni en la mayoría de efectos. Por ejemplo, la reina Victoria permite «descartarte» una o dos cartas de la mano, pues bueno; Satán que robes una del mazo, bien, ya… eso sí, las ilustraciones de Francisco Rico Torres son espectaculares.
• Nota sobre los materiales: la impresión corrió a cargo de Agrpriority, imprenta que puede dar lo mejor y lo peor (sobre todo en aquella época, indudablemente han mejorado mucho sus acabados), las cartas. Único elemento jugable, son malillas, con un corte algo irregular; cuando las cogí por primera vez pensé que tendría que enfundarlo sí o sí. El manual, por otro lado, está en blanco y negro sin ningún tipo de imagen.

Breve explicación

El objetivo del juego es acabar con más puntos en tu zona de juego, llamada «vecindario» (las cartas bajadas delante de ti).

Las cartas se dividen en dos tipos: de roles (6) y de juego (30).

• Elementos de la carta de rol: tienen un rol escrito en grande («Heroes!» y «Monsters!») y el nombre de dos personajes, si se tiene al menos uno al final de la partida, se gana la puntuación de la carta (en la nueva edición, 2 puntos; en la antigua, 1 punto).
• Elementos de la carta de juego: consta de tres elementos: el efecto (descrito en tres idiomas en la primera edición –como curiosidad, entre la primera de las cajas y esta que estoy explicando, los 3 idiomas no coinciden, o sea, en una tienen alemán y en la otra francés–, solo en castellano en la segunda); el nombre (parece una bobada, pero unas cartas nombran específicamente a otras, así que el nombre sí que importa); y el bando junto con los puntos que da (un iconito al lado derecho, va de 1 a 3). Aunque siempre hablo de 2 bandos, existe un personaje que cuenta con 4 cartas que no tiene bando («Woman in Black», bautizadas como «Viudas» en mi grupo más habitual de juego y sobrenombre con el que conocemos y reconocemos este London…), es una suerte de comodín (cada carta te da 1 punto positivo, independientemente de tu bando).

Desarrollo: se reparte una carta a cada persona y se colocan las restantes como mazo de robo, descubriendo la primera, que va directamente al descarte. Luego, en el sentido de las agujas del reloj, cada jugadora decide si juega una carta de su mano a su zona de juego (delante de sí, lo que se llama «vecindario») o roba una carta; si no se tiene cartas, evidentemente, se debe robar. Si se tiene 3 cartas en la mano, se debe jugar. Siempre, absolutamente siempre, las cartas se juegan en el vecindario propio, nunca en el ajeno. Además, siempre que sea posible se debe aplicar el efecto de la carta, aunque no convenga (esto es lo que le da gracia al juego y, la verdad, algo que se medio cargan en la segunda edición); en este punto cabe introducir una suerte de excepción: unas pocas cartas incluyen la palabra «puedes», en ese caso es decisión de la jugadora aplicar o no su habilidad (solo hay dos personajes, uno con 3 copias y la otra con 1 copia, ambos en el bando de Sherlock, con esta palabra en su habilidad). Así se va jugando hasta que se llega al final.

Fin: La partida finaliza al robarse la última carta del mazo (inmediatamente), momento en el cual se revelan las cartas de roles y se cuentan los puntos sobre la mesa (los de tu rol son positivos, los otros son negativos y se suma, si los hubiera, el extra de la carta de rol). Quien tenga más puntos, gana.

Aquí el reglamento reconoce que el juego se puede hacer, tal vez, muy corto (o porque ya todas conozcan las cartas y realmente se juega en un santiamén o porque hay mucha gente y casi no da tiempo ni a comenzar cuando ya se han agotado las cartas del mazo de robo), en estos casos pone que se pueden jugar cuatro partidas y agregando las puntuaciones de todas para definir a la ganadora. Jamás hemos usado esta posibilidad.

Opinión y una breve reflexión

De los juegos modernos, este sin la menor de las dudas es el que más partidas y horas he jugado. En gran medida porque, durante muchísimo tiempo, se volvió la barajita que llevaba siempre en la mochila y que me servía para jugar con gente nada acostumbrada a los juegos de mesa. Además, al ser solo unas pocas cartas y requerir relativamente poco espacio, lo he jugado en todo tipo de sitios (al punto que es el primer juego que le cambié las fundas porque ya estaban marcadas de tanto uso).

El juego es caos y azar, esto hay que tenerlo claro. Es un juego de relleno (filler para quienes gustan de los anglisismos), que se puede jugar casi en automático y que si bien se aprende en un pispás (la explicación son dos cosas: o robas o juegas), se nota la diferencia entre quienes conocen las cartas y quienes no. Al menos en la velocidad del juego (minianécdota: pregunta habitual realizada por la novata del día: «¿qué es un imp?») y cierto «conteo» de cartas que te permite valorar si es mejor hacer ahora algo o hacerlo después. No es que se pueda hacer mucha estrategia, pero no es lo mismo saber cuántos imp hay en la baraja y que existe la carta de Irene, además de haber estado atento de si ya se jugaron o no, que no saberlo; esto te permite decidir con más sentido si conservas una carta en la mano o la juegas rápido para que no te la roben. En partidas a 2 o 3, además, puedes controlar bastante mejor qué tienen las otras en sus manos (a mí a más me es imposible), ya que, salvo 1 carta, en resto se juegan siempre. Así que, si bien no tiene curva al aprender las reglas, y que las cartas se terminan aprendiendo en dos patadas (¡que son 30!), no es lo mismo jugar con novatas (que deben leer los efectos y preguntar qué es «la mesa» o a qué se refiere el término «descarta», que se usa de dos formas distintas) que con quienes ya se saben las cartas.

Es un juego que, además, tiene un cierto control de tiempo importante al final de la partida, esto es, a veces tienes una jugada de dos o hasta tres turnos medio pensada, pero a la par vez el mazo llegando a su final, ¿te conviene más robar y acelerar el final o ir jugando a tu ritmo esperando que el resto te «dejen» hacer tus jugadas y no apuren el final? ¿Te conviene forzar a que el otro robe y finalice necesariamente la partida o mejor que juegue su turno y esperar a que llegue el tuyo? Son decisiones que más se acercan a una apuesta que a otra cosa, pero finalmente están ahí.

Es un juego con mucha interacción; a 2 está claro que no hay posibilidad de elegir objetivo, pero a más personas ya no es tan fácil decidir quién será la víctima del ataque, cambio o robo; esto puede generar ciertos piques, pero es gran parte de la gracia del juego.

Otro elemento interesante está en el rol oculto, intentar deducir lo que tiene el resto de jugadoras es entretenido, es lo que te permite que tus ataques tengan más o menos sentido (porque colocarle los imp a alguien que es monstruo es un error de primero de jugonas). Esta parte, que permite mucho faroleo (sobre todo al principio de la partida, donde te puedes permitir bajar cosas para fastidiar, esperando que luego te ataquen rompiéndote esas cosas y tú te las puedas ir limpiando poco a poco). Pero, en tanto que las cartas las aplicas sí o sí y te han tocado al azar, muchas veces todo este elemento y parte del juego queda deslucido porque en realidad haces lo menos malo según tu mano, no una estrategia rara jugando con tu rol.

No escala del todo bien; esto lo han corregido en la nueva edición al limitar el número de jugadoras con un solo mazo (creo que a 4, pero ya no estoy seguro), a 6 personas la partida es un descontrol donde se juegan muy pocas cartas y se puede dar el caso que alguien no llegue a poner voluntariamente ninguna carta sobre la mesa (es muy mala leche, pero lo he visto). El juego a 2 funciona muy bien, hasta 4 diría que es controlable (y con 4 ya estamos en el límite) y se deja jugar con algo de cabeza, a 5 y 6 es un «sálvese quien pueda» sin demasiado sentido pero con risas, que siempre está bien.

Hace no mucho, el personal de una editorial hablaba de «El camino del Jugador», algunas de las personas comentaban que tal o cual fue un punto importante y, aunque no sea de sus juegos preferidos, guardaban especial cariño a tal o cual juego. Muchos juegos de mesa brillan por la relación que generan, por esos ratos con otras personas, por ese metajuego tras la partida en que se comentan unas cosas u otras. Creo que en la valoración que hacemos de un juego estos elementos, sin querer queriendo, están extremadamente presentes; en unos juegos más que en otros (todos esos llamados «grupo dependientes», sin ir más lejos), pero en todos nos influye nuestra propia «biografía jugona» al querer sacar a mesa un juego.

Como decía, este juego lo he llevado mucho conmigo, y sé a ciencia cierta que al menos dos personas con las que he jugado se lo acabaron comprando (y a ambas les sigue gustando, aunque en el caso de una ya lo tenga más superado, pero también lo «quemó» en cantidad de partidas), porque es barato, es bonito, es sencillo, porque, en el fondo, es un introductorio genial, aunque las más jugonas lo puedan encontrar un caos sin mucho sentido (tienes poca decisión y dependes mucho de lo que te toca; puedes pasarte una partida sin casi oler a los de tu bando).

He de admitir que fue un juego de relleno (me tiró mucho el tema, el arte y que era pequeñín) que, cuando lo probé, me dejó un sabor agridulce (¿esto es todo?, ¿no es muy caótico?, ¿no se acabó demasiado rápido? –cabe decir que la primera partida fue a 4–). Pero también lo vi ideal para matar pequeños ratos, para jugarlo con cualquier perfil de gente (comprobado) que, además, si no gusta, solo fueron 10 o 15 minutos y a otra cosa. Durante un tiempo, fue el juego con el que cerrábamos todas las sesiones. Todas. Y abría muchas.

Para mí este juego es importante en sí mismo, por la gente con la que lo he jugado (sobre todo con quien más lo he jugado a dos personas, literalmente cientos de partidas), con las partidas memorables que me ha dado (sí, un juego de 10 minutos capaz de darlas), por el caos que da un vuelco al final, por todo eso, me parece un juego subvalorado, que pasó muy desapercibido y que merece su sitio en cualquier ludoteca (que ocupa poquito, cuesta menos, es lo que es, un juego «sincero») y funciona.

Hoy, en la entradilla de una noticia sobre, me encuentro con esto:

«El vacío legal sobre la evaluación telemática propicia la aparición de todo tipo de ofertas fraudulentas en internet para hacerse pasar por un alumno y falsificar el proceso. ¿Cómo se combate eso?»

Hace no mucho, en una serie de dibujos que me gusta un personaje gritaba «vacío legal» cuando encontraba un resquicio con el que podía salirse con la suya.

En la mayoría de los casos en que se habla de «lagunas» o «vacíos» legales estos no existen.

Los vacíos legales existen, claro, y hay fórmulas en la ley para cubrirlos: si hiciera falta (que puede pasar) existen figuras jurídicas que permiten «cubrir» las lagunas (no es lo más deseable, pero la analogía está para algo, igual que el derecho supletorio).

A veces se habla de «vacío legal» cuando quieren indicar que no hay una norma específica que desarrolle punto por punto una materia (normalmente esto no hace falta, en nada). Pero es que, en el caso de la educación, no hay ninguna norma concreta que diga exactamente cómo proceder a realizar un examen; sí hay normas que dicen qué criterios seguir y qué se busca para cada una de las competencias evaluables, da igual si es en persona o por medios telemáticos.

Por otra parte, para seguir este caso, sí hay normas claras que prohíben esta suplantación (de hecho, la suplantación en exámenes como la Selectividad -la PAU de ahora-, acceso a grados superiores y en los del carné de conducir siempre nos han dejado noticias curiosas al respecto), normalmente se recurre a los delitos de usurpación de estado civil (art. 401 del CP) y de falsedad documental (arts. 392 o 395 del CP, dependiendo de si es público o privado), sin poder obviar que depende del tipo de exámenes estamos hablando de documentos oficiales (con lo que sería falsedad de documento público, algo bastante grave).

La noticia está más vinculada al «como ahora se hace por Internet, está pasando esto» (de hecho, ponen unas capturas de pantalla de una persona que contactan por anuncios en que algunas personas se ofrecen a hacer los exámenes por ti). Les cuento algo: es algo que ya pasaba. Es cierto que no en exámenes comunes y corrientes, pero en esos ya se recurría a otras formas para copiar (lo del pinganillo con alguien soplando las respuestas no es un mito, busquen «pinganillo para exámenes» y les saldrán hasta vídeos de Youtube con tutoriales de cómo usarlos y dónde comprarlos), igual que llevamos toda la vida y más con trabajos siendo comprados y vendidos (desde maquetas del volcán para primaria hasta tesis doctorales). Y esto no se debe a ningún «vacío legal». No viene propiciado por la falta de regulación, pues dicha suplantación está prohibida.

Por más que sea cierto que ahora los exámenes finales están pasando por pruebas no presenciales (telemáticas) cuando hasta en algunas legislaciones de la educación a distancia dichos exámenes deben ser en persona, algo que está exceptuado ahora mismo… bueno, no en todos los sitios es así; acá cada C. A., dentro de sus competencias, ha sacado normativas algo distintas (por ejemplo, en Castilla y León los FP a distancia sí requieren exámenes presenciales, en Andalucía, si no me equivoco, no, solo exigen «identificación personal fehaciente del alumnado que las realice»). ¿Significa que necesitamos una ley para «impedir» que haya suplantaciones? No, esas, en cualquier caso, están más que prohibidas, sea en persona o por Internet. Insisto: en ese punto no hay ningún vacío legal.

La otra forma en que se usa mal lo de «vacío legal» está en lo de «aprovecharse de la ley», de su ambigüedad (normalmente) o falta de detalle (sería el caso de los dibujos que menciono, pues se aprovecha que no se indica las horas concretas de los descansos laborales para pedírselo cuando más le interesaba). En este caso el uso de «vacío legal» está incluso menos justificado que en el anterior. Aquí podríamos hablar o de «abuso del derecho» (una figura concreta) o de «ingeniería jurídica» (ese aprovechamiento del sistema), pero no hay un vacío como tal, no falta nada realmente. Sobre «aprovecharse» de los resquicios del sistema, o interpretarlo como te dé la real gana, también existen mecanismos para evitarlo o, al menos, penalizar dichas prácticas. Otra cosa es la eficiencia de dichos mecanismos.

¿Por qué escribo todo esto? Es una mera reflexión. El lenguaje no es inocente, aunque se puede equivocar (esto es, no todo tiene un fin perverso por detrás). Muchas veces cuando se habla de «vacío legal» lo que se está pidiendo es «ley detallada para…» y no siempre es bueno o necesario; de hecho, muchas veces ya existe una ley que cubre esa parte de la vida, a veces se dicen sin saber lo que existe y otras manipulando (pasa con la violencia doméstica, algunos partidos han hecho gala de su manipulación diciendo que no existen normas que protejan a los hombres en caso de violencia en sus hogares y no es así, claro que la hay).

Otras veces se recurre a esto de «vacío legal» para señalar un problema e indicar que su solución pasa por legislar sobre el mismo, desconociendo que tal vez ya haya leyes aplicables o que, en su caso, da igual la reglamentación pues el problema es otro (cuya solución está muy lejos del alcance de las leyes); parece que siempre hay que ir poniendo leyes sobre leyes y regular hasta el último movimiento que hacemos y eso está lejos de ser eficiente y eficaz en la vida diaria.

También parece que si una norma no habla «exactamente» de nuestra película es que no toca el tema, y no debemos olvidar que en general las leyes hablan de «géneros», no de «películas» (ya sé, la peor metáfora del universo), descontando que hay sectores y subsectores que exigen desarrollos legales muy pormenorizados, otros no, para nada.

Por último, no podemos dejar a una regulación perfecta el desarrollo de nuestras actividades relacionales, esto es, no necesitamos que una ley regule perfectamente cualquier relación que tenemos con otra persona (y, si lo hiciera, la mayoría de gente ni sabría de la existencia de esa norma -con esto me estoy acordando de todos los que dicen «si lo subes a Internet cualquiera puede republicarlo donde quiera», por supuesto que no, incluso hay una ley que dice lo contrario, pero en el imaginario popular las cosas funcionan distinto-), nuestras relaciones no dependen o pueden depender de lo que el Ordenamiento Jurídico disponga, para algo tenemos mente propia; y, si existe la ley, tampoco significa que nos podamos aprovechar del texto de la norma para perjudicar a otro o sacar tajada del texto jurídico (manipularla a nuestro favor), como personas, nuestro comportamiento va mucho más allá de lo codificado en las leyes.

En España ya llevamos casi dos meses de Estado de Alarma, durante este periodo, el gobierno está legislando mucho, pero muchísimo, a punta de Real Decreto Ley. Además, se está habilitando a sí mismo (dentro de estas normas) a sacar desarrollos reglamentarios mediante Reales Decretos y Órdenes Ministeriales. Existe una crítica fuerte en que el gobierno aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para «implantar su agenda» y creo que se están mezclando algunas cosas…

El líder del principal partido de la oposición se acaba de inventar la «dictadura constitucional», y es bastante raro todo pues su formación ha votado a favor de prácticamente todo lo que ha hecho el gobierno estos días (aunque lo critique), ayudando a la convalidación de algunos Reales Decretos Ley y de las prórrogas del Estado de Alarma (menos de la última, que se abstuvo); si es cierto lo que dicen, ellos serían cómplices, como mínimos (aunque, en cualquier caso, eso de «dictadura constitucional» es un oxímoron.

La cuestión es si se está pasando de frenada en las reformas o no. La verdad, la mayoría de normas que he ido viendo estos días (no las leo todas, solo las de los sectores donde trabajo y las que tienen que ver con consultas que me hacen) son de carácter provisional en su mayoría (esto es, limitados al Estado de Alarma), lo que permite el chantaje de Sánchez de «o me prorrogan el Estado de Alarma o esto se acaba», pero no se puede avanzar en una agenda de ningún tipo a punta de medidas provisionales (acá dirán que por eso quiere extender sine die el Estado de Alarma, pero eso lo vota un Congreso de los Diputados donde el PSOE no tiene mayoría, ni el PSOE ni la propia coalición de gobierno). Sí que hay otras reformas de fondo o que agregan al ordenamiento jurídico elementos novedosos, estas se están haciendo mediante Real Decreto Ley y siguen con un vínculo estrecho con el Estado de Alarma (esto es, no se ha modificado leyes que no tengan o carácter económico o social o sanitario).

En todo caso, cualquier reforma, temporal o duradera, lógicamente se hará con los cristales ideológicos del gobierno. Esta frase vale para absolutamente cualquier gobierno. Cuando no es así, normalmente significa que se está traicionando a los electores (como pasó en el inicio de la anterior crisis y las actuaciones que durante al menos un par de años hizo el propio PSOE). Nadie se extrañó de las medidas que el PP tomó para salir de la crisis económica, todas y cada una según su propia agenda (incluso cuando subió los impuestos aunque decía que no lo haría o recortó en sanidad y educación aunque dijo que era intocable y que tampoco lo haría). Vamos, ante cualquier problema, es lógico que se adopte la mejor solución posible entre las que se adaptan mejor con la visión del mundo que cada quien tenga.

El otro día, en una de esas tertulias, justo uno de los periodistas comentaba como ejemplo de «ley que no tiene nada que ver y el gobierno aprueba» por decretazo era la modificación de la Ley Concursal. En ese momento, la verdad, pensé que depende de lo que modificara pues igual sí tenía sentido (pues nos viene una buena en cuanto a la cantidad de quiebras que caerán), pero, oh, sorpresa, es un Real Decreto Legislativo. Luego comentaban que se estaban haciendo reformas de leyes por unas vías no adecuadas para ellos (decretos) y demás cosas del estilo. Así que voy a poner algunas definiciones para distinguir qué se hace y cómo se hace:

• Real Decreto Legislativo. La Ley Concursal, que se está usando de ejemplo de cómo el gobierno aprovecha el Estado de Alarma, no tiene nada que ver con el mismo. El nombre completo es «Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal». ¿Qué es un RDLeg? Es «legislación delegada». En los arts. 82 y siguientes de la Constitución (norma suprema del ordenamiento jurídico español) se permite que las Cortes deleguen en el gobierno la facultad de dictar normas de rango legal (excluyendo las materias sujetas a Ley Orgánica). Esta delegación se puede hacer de dos formas, mediante una ley de bases (las Cortes le dicen al gobierno qué y cómo legislar) o una ley ordinaria para refundir textos legales (tenemos un guirigay normativo y alguien debe organizarlo en una sola ley bien hecha). En el caso de refundir, cabe el «adaptar» (pulir) las leyes refundidas, siempre y cuando Las Cortes lo permitan. Sobre esta Ley Concursal, el gobierno necesitó un mandato de las Cortes para su refundición, que se encontró originalmente en la DF 8.ª de la Ley 9/2015, no cumplió, se dictó luego la DF 3.ª de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que dio al gobierno un plazo de 8 meses para hacer este texto refundido (TR), que no ha cumplido (el hacer las cosas fuera de plazo es bastante habitual). Los «decretos legislativos» no son, en ningún caso, normas que el gobierno se saque de la chistera (para eso está la siguiente categoría).
• Real Decreto Ley. Este es el gran caballo de batalla entre que legisle el gobierno y no lo haga. En teoría, son para cosas urgentes (art. 86 de la Constitución), pero se ha tomado de forma muy laxa por todos los gobiernos, que le hacen poco caso al Constitucional. Además, se suele hacer el «truco» de tramitarlos posteriormente como Ley, con lo que a veces sin mover ninguna coma, ya dejan de ser RDL para pasar a ser leyes, con lo que no se puede cuestionar su «urgencia y necesidad» (el Constitucional más de una vez ha dado por perdido el objeto de RDL que se han llevado a su seno para analizarlos por su urgencia). Cada vez más se recurre a esta forma de legislar, lo hizo muchísimo Rajoy (demasiado tal vez) y los primeros meses de Sánchez tras la moción de Censura fueron un despropósito de RDL. Tienen dos límites: no pueden legislar sobre temas de Ley Orgánica y la vigencia es temporal, debe pasar por un trámite de convalidación en el Congreso de los Diputados para que el RDL permanezca en el ordenamiento jurídico. El año pasado se dictaron 18, el 2018 batió marcas con 26 (23 de Sánchez, los otros de Rajoy), en el 2017 fueron 21… bueno, que son muchos (existe un abuso del recurso al RDL, lo peor es que va en aumento). Este año vamos 17, de los cuales los 5 primeros no tienen que ver con el Covid-19, el 6.º y el 7.º ya están metidos en materia pero son justo anteriores a la declaración del Estado de Alarma. En fin, el resto sí son normas que tienen que ver con el EdA. ¿Pueden modificar el Código Penal u otras normativas sancionadoras? No, no pueden. El ejecutivo no se ha inventado delitos en estos días, ni uno, eso sería directamente inconstitucional. Como tampoco puede aprovechar para derogar la Ley Mordaza (porque, en realidad, hablamos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Hay un matiz que luego tocaré sobre el tema de las LO. Pero, para que quede claro, en general nada que vaya en una LO puede ser cambiado por un RDL. Tampoco veo que en esos RDL se esté metiendo materias muy distintas a las propias de la crisis sociosanitaria y económica que tenemos encima (tras un año legislando mal con decretazos, por una vez Sánchez sí tiene un sustento urgente para ello).
• Real Decreto. Son normas de desarrollo, de carácter reglamentario. Bueno, los RD también sirven para otras cosas, como nombrar cargos y declarar el Estado de Alarma (aunque luego sea el Congreso de los Diputados quien le da el visto bueno y lo prorroga), disolver las Cortes, entre otras muchas cosas. Pero, en lo que nos interesa, es en su faceta de «norma». Los RD están sometidos a las leyes, al punto que si hay una ley sobre la materia, debe existir una habilitación de desarrollo normativo, operan dentro de ese marco (que puede ser más amplio o más restrictivo) pero, si se salen, vienen los lloros en los tribunales (no, el Constitucional no, la justicia ordinaria); aunque a veces no están claros los límites (no es raro encontrar requisitos en los reglamentos que no se encuentran en la ley, esto chirría mucho y más de una vez ha saltado la liebre por este tema). Los RD se aprueban o por el Presidente del Gobierno (uno de los tipos) o por el Consejo de Ministros (el otro tipo). Los reglamentos aprobados con forma de RD son jerárquicamente superiores a las órdenes ministeriales.
• Orden Ministerial. Nuevamente, las OM sirven para mil cosas, pero nos ocupamos de su lado normativo. Aunque no necesitan un RD para existir (esto es, no son un desarrollo necesario de un RD), son de rango inferior a estas; es normal, acá son dictadas por un ministro o una ministra sin someterse a todo el gobierno. Normalmente entran en detalles que en un RD no tiene mucho sentido (para hacernos una idea, la Ley dice que un Reglamento regulará el Registro según los parámetros que da la propia ley, el Reglamento del registro, aprobado por RD, dice que el modelo concreto para entrar en el registro será el aprobado por una OM). Esto da mucho margen pues la elaboración y aprobación de un RD es más compleja que de una OM.

Un pequeño aviso a navegantes: toda norma superior puede contener normas que no son iguales. Así, un RDL puede modificar un RD y mantener como «norma reglamentaria» en un apartado concreto (el Real Decreto-ley 6/2020 modificó, entre otras normas, el Real Decreto 84/2015, en su DF 1.ª deja claro que se mantiene el rango reglamentario de dicha modificación).

A su vez, existe una distinción material entre las leyes orgánicas (el art. 81 de la Constitución las define) y las leyes ordinarias (todas las demás), así que dentro de una ley que formalmente se llama «orgánica» puede incluirse materia que no es tal. Ojo, acá no hay relación jerárquica, la relación es por materias (las Leyes Orgánicas no guardan relación jerárquica con las leyes ordinarias, aunque lo parezca; incluso hay políticos que dicen burradas jurídicas como «esto, dada su importancia, deberíamos blindarlo por Ley Orgánica»), no es electivo el uso de la LO. Esto es importante, un RDL no puede modificar la parte orgánica de una LO, pero sí puede cambiar cualquier otra parte de dicha ley. Así, por ejemplo, la DF 3.ª de la mentada Ley Orgánica 4/2015 (la llamada Ley Mordaza) dice qué es orgánico y qué no en su regulación; el Real Decreto-ley 14/2019 modificó el art. 8.1 de dicha LO.

Dentro de los recientes RDL, tenemos el polémico Real Decreto-ley 16/2020, que se mete en el tema de la Administración de Justicia. El problema está en que la mayoría de la LOPJ sí es orgánica (según se deduce de la clara DF 1.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), pero resulta que el art. 183 de la LOPJ permite que leyes ordinarias declaren hábiles días de agosto y en esto fundamenta el gobierno su RDL en cuanto a los días hábiles de agosto. Este RDL puede ser de los más «sustantivos» de todo el periodo de alarma, que contiene una buena cantidad de normas que no son meras modificaciones de leyes vigentes, sino una legislación de urgencia auténtica (de ámbito fundamentalmente procesal). Eso sí, dentro de este RDL han metido muchas modificaciones a otros RDL de estos días (que se está haciendo mucho). (Las medidas concursales que contiene este RDL está en la línea del tema de plazos y otras de carácter procesal que sí tienen sentido entre todas las modificaciones y problemas de estos días).

Cuando pasan tragedias o, bueno, cualquier evento importante, sale a la luz la guerra de la información, contrainformación y sobre todo de desinformación. Esta última, una verdadera plaga que en los tiempos de las nuevas tecnologías de la información, curiosamente, ha crecido como nunca, es la que gana terreno gracias, en gran medida, a lo poco que conocemos los sesgos cognitivos y otros errores de razonamiento y lo poco que hacemos para combatirlos. No podemos negar que todas las personas tenemos sesgos en nuestra percepción, es tarea de cada una luchar contra estos para poder razonar y racionalizar de la mejor manera posible. Estos días de pandemia los bulos corren con más velocidad, si cabe, que en periodos electorales. Además, se hacen palpables algunos sesgos, como el de recapitulación o retrospectivo, con un montón de cantamañanas que nos dicen que ellos o ellas ya avisaban de que todo esto pasaría cuando la hemeroteca muestra claramente lo contrario. Pero aún así, damos por buenas sus expresiones. Es cierto que muchas veces no estamos ante un «sesgo» propiamente dicho, esto es, la persona que pronuncia ciertas palabras sabe perfectamente que está mintiendo, pero por ahora prefiero tratar todo desde el punto de vista de la estupidez antes que de la malicia (de los pensamientos de Diderot hasta el principio de Hanlon), por puro beneficio de la duda. Este pequeño artículo es una recopilación de algunos de estos sesgos o perjuicios simplemente para que los tengamos en cuenta una vez que leamos, veamos o escuchemos una noticia, simplemente para someter dicha información a una segunda lectura o, en su caso, a la búsqueda de verificación antes de darla por buena.

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Comparto una serie de ideas más o menos sueltas a raíz de lo pensado todos estos días, por ahora centrado en algunos temas negativos, aunque también hay lecciones positivas que sacar de todo esto. En fin, al tema:

No te diviertas, pero ve al trabajo

Existe un difícil equilibrio entre mantener sana y salva a la población y no permitir que el sistema productivo colapse. Estamos entrando en una suerte de suspensión de la actividad y debemos tomarla como tal. Pero terminamos haciendo trampa al solitario: todos los esfuerzos se dirigen a mantener el trabajo.

Así pues, te dicen lo malo malísimo que es salir de casa hasta para correr en solitario en la vía pública, pero nos «obligan» a ir a centros de trabajo abarrotados, y hablamos de trabajos que no son esenciales. En muchos sitios, es el persona el que ha obligado al empresario a parar la producción.

Así pues, todo lo que es cara al público de forma presencial se ha mandado cerrar, pero nos tenemos que juntar muchas y muchos en los trenes, autobuses y demás para llegar a polígonos donde no hay espacios y donde el contacto y contagio están presentes. El mensaje del gobierno está claro: ante todo, eres fuerza de trabajo, ¿qué haces en casa si desde ahí no puedes laborar desde ahí? Nuestro ocio está restringido a la esfera privada y con prohibición de contacto fuera del hogar, pero en la oficina o la fábrica sí que podemos estar con otras personas, por no hablar de los trayectos.

Entiendo que es un equilibrio difícil, el impedir que la economía (capitalista, finalmente) colapse y el, a la vez, impedir que la gente se vea. Pero la balanza está claramente inclinada para un lado.

Con esto excluyo, por supuesto, la prestación de todos los servicios esenciales donde, en muchos de ellos, se está teniendo que aumentar el personal (desde lo sanitario a todo lo residencial, pasando por otras partes del sistema).

Clasismo nuestro de cada día

Cuando se mencionó que las peluquerías y las tintorerías y lavanderías permanecerían abiertas al considerarse servicios esenciales, mucha gente puso el grito en el cielo. La explicación de ambas era sencilla: las peluquerías para dar un servicio higiénico a las personas que no se valen por sí mismas para, por ejemplo, lavarse el pelo (sí, las hay) y las tintorerías para dar servicio a quienes no tienen lavadora.

Y esto segundo asombró: ¿quién no tiene lavadora? ¿¡Están diciendo que hay gente que dice que es pobre y se puede permitir ir a una tintorería pero no tener una lavadora!?

En Las Delicias, además de casas de apuesta, fruterías, peluquerías, bares. supermercados y tiendas de todo a 100 (así de antiguo soy), lo que hay son lavanderías. Y han surgido varias en los últimos años. No solo las que sirven para residencias y demás (es un servicio que es posible que esté externalizado), sino porque tener una lavadora no es para los pobres. Esto es, tenerla supone también mantenerla. No todo mundo tiene siquiera agua corriente o luz (de forma regular, al menos), con lo que una lavadora es un lujo, aunque suene raro. Y se pudo tener en el pasado, pero que se haya estropeado y no se pueda ni reparar ni comprar otra (por el problema económico que supone).

Y, aunque les parezca contraintuitivo, es más fácil tener liquidez para «cosas pequeñas» (pagar una vez al mes por lavar todo lo que tienes) que «cosas grandes» (lo que supone comprar una lavadora), aunque a la larga, efectivamente, salga mucho más caro la suma de las «cosas pequeñas» que haber recurrido a la grande (en Perú, durante años, se vendía más el champú en plásticos «monodosis» que las botellas de un litro o similares, ¿por qué? Por la pobreza, es más fácil tener un par de soles para comprar ocasionalmente un «sachet» que decenas que se requieren para la botella). ¿Crédito? ¿Es una broma?

Junto con esto se han sucedido comentarios sobre lo que se puede hacer en casa; algunos famosos comparten las actividades que hacen mientras animan a la gente a hacer las mismas… como si todas las personas tuviéramos las mismas condiciones habitacionales. No todo el mundo tiene un sótano donde montar un gimnasio particular, ni un jardín donde tomar el sol (la falta de sol será un problema en muchos domicilios) ni, por supuesto, una piscina donde realizar unos largos o relajarse. Seamos conscientes de la realidad habitacional de buena parte de la población y lo que supone este confinamiento (pisos pequeños, destartalados, muchas personas juntas, de las cuales una o varias están obligadas a salir).

Y esto se agrava vinculado con lo anterior (lo del trabajo). Ya he escuchado comentarios del tipo «si tienes miedo o tienes que cuidar a alguien, quédate en casa», pero es algo que no todo el mundo se puede permitir, en la mayoría de casos no es una opción que pueda tomar la persona trabajadora.

Se están haciendo muchos llamamientos a que se hagan determinadas cosas, aprovechando la cuarentena y que estamos en casa, pero en muchos domicilios no existen los recursos para hacerlas. No podemos obviar una realidad: no todo el mundo tiene Internet; no todo el mundo tiene libros en casa; no todo el mundo puede permitirse servicios de pago de ocio digital y así un larguísimo etcétera. Esto nos conecta con la brecha digital que la pongo por separado por la incidencia en las personas que deben continuar con las clases (escolares, del instituto, universitarias o las que sean) en línea.

Brecha digital

No todo el mundo tiene computadoras. No todo el mundo tiene Internet. No todo el mundo tiene la cantidad suficiente de equipos. Estos días todas las personas en edad escolar y muchísimos universitarias y de institutos deben continuar sus clases «en línea»; hasta se ha puesto como algo que podemos sacar en positivo de la cuarentena (ese saltito a lo telemático).

¿Qué hacen todas esas personas que no tienen acceso a Internet en casa? O cuyo acceso es precario (el teléfono inteligente del padre o la madre con 1 giga en total). Incluso, teniendo acceso, ¿qué hacen si no tienen los equipos necesarios para que todas las personas que lo requieras lo usen a la vez? Me comentan que algunas están recibiendo incluso clases por videoconferencia, en muchos hogares hay UN portátil, ¿cómo pueden estar en clase DOS o más menores a la vez?

Aunque les suene increíble, mucha gente depende de equipos informáticos públicos (computadoras aquí y allá, contando los portátiles que se pueden sacar en algunas bibliotecas), esas personas están excluidas de todo lo que hablamos.

La brecha digital existe y, además, es fuerte, grande; esta cuarentena, así como las medidas que se proponen durante la misma, la pone en manifiesto.

¿Qué se está haciendo con todo ese alumnado que simplemente no puede seguir las clases en línea (falta de equipos o de conexión)? Nada. No se propone nada porque se asume que no existe una brecha digital que está ahí.

Y, por favor, no salgan con lo de «pero mira los móviles que tienen», muchos carecen hasta de SIM y, en cualquier caso, no son útiles para trabajar cómodamente. Y no tienen «datos».

En Francia comentaban que sería necesario imprimirse un certificado… es curioso, conozco muy pocas personas con impresora en casa y las copisterías sí que están cerradas (en España).

Los límites de la privatización

Durante años nos han vendido las ventajas de la privatización de la sanidad; la eficiencia de los recortes y demás. Está claro que en un caso como este íbamos a estar desbordados, pero también queda claro que un sistema cortado, sin recursos, con el personal por debajo de lo necesario para la atención ordinaria y privatizado funciona peor que un sistema sanitario bien dimensionado, con bolsas de personal y condiciones dignas (sin las interinidades perpetuas que tiene y demás males, como las jornadas extensísimas).

Esos mismos liberales que aplaudían la autonomía de los centros, el que cada quien aguante su situación con su propio bolsillo y demás se dan cuenta ahora que la sanidad es algo comunitario (por eso los antivacunas están increíblemente equivocados), y mejor si está bien coordinada y que, además, debe llegar a todo el mundo (en EE.UU., sin ir más lejos, las pruebas serán gratuitas para quienes no tengan seguro). Porque el que una persona esté contagiada no es un problema individual, es de la comunidad (además de personal, claro).

La producción de medicinas, así como de equipo médico e higiénico, también se muestra como algo que debe ser de todos y todas, algo comunitario y no en manos de unos pocos que puedan decidir qué y cuánto fabricar y a qué precio (de nuevo, el Estado está tomando cartas en el asunto; al margen de la buena voluntad de muchos empresarios, cuando no la hay, es el Estado quien está mandando qué fabricar porque es lo que se necesita, lo que rompe el mito de la correcta asignación de recursos del mercado liberal). Y el que algunos Estados intenten «quedarse» con las soluciones a este problema para hacer negocio es doblemente canalla.

Lenguaje de guerra

Es habitual que entremos en «lenguaje de guerra» ante cualquier problema que nos debemos enfrentar (por eso se habla de «guerra contra las drogas», por ejemplo) y, en el fondo, es un gran error.

Por dos motivos, por un lado, nos acostumbramos a un lenguaje belicoso de forma positiva (estamos en un bando que, para nuestra seguridad, debe ganar), eso nos introduce en una narrativa donde el lenguaje de guerra es aceptado. Por otro lado, esto no tiene nada que ver con una guerra.

la narrativa «de guerra», aplicada a la sanidad, es un problema, individualiza el tema y lo redirige al esfuerzo y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que en lo coloquial hablemos de «lucha» contra una enfermedad y otra es aceptar el discurso en que ahora estamos en «una guerra contra un enemigo invisible» (miren, como el terrorismo, se definió así).

No, esto no es ninguna guerra. Tampoco hay un «enemigo». Aceptar este lenguaje es una derrota para el futuro, porque lo identificaremos con algo «positivo».

No lo olvidemos: la guerra es la violencia por sistema y se elimina a la persona de la ecuación.

(Hablando de lenguajes, qué rápido se olvidó el gobierno de España del lenguaje inclusivo en el lema usado contra el coronavirus).

¡Y hasta exigimos más control!

El miedo va calando, los bulos ganan terreno y nos encontramos, de repente, con mucha gente pidiendo mayores medidas de control. Exigen más sanciones, más control a través, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes (claro, porque será que las personas no los pueden dejar en casa cuando salen, ¿verdad?), más presencia policial y del ejército (la UME hace un buen trabajo, pero podría hacerlo igual sin ser un equipo de emergencias militarizado).

En fin, algunas teorías conspirativas hablan de una enfermedad creada y de todo el tema del control… no son tan listos; la verdad es que hay una pequeña parte que sí creo: están aprovechando para poner en práctica algunas medidas de control masivo que, de otra manera, no se habrían aceptado. Más aún, es la propia población la que, por el miedo infundido en los medios de comunicación, está pidiendo estas medidas (recuerda mucho al tema del gran hermano y la ruptura de la privacidad, al final vino por la propia voluntad de empresas y usuarios y no por la intervención del Estado).

En este sentido, y aunque suene demasiado voluntarista, creo que el tema debe venir de la propia responsabilidad individual y comunitaria, social, y no del brazo coercitivo del Estado. Dejarlo todo en manos del Estado-padre (que hasta los liberales, por miedo, lo están pidiendo en el control de producción o el sanitario) es un error de concepto, es tratar a la sociedad como «culpable» y, además, ejercer el castigo como mecanismo de control básico, vamos, entre lo malo, lo peor. Por cierto, esto está vinculado con el lenguaje de guerra (cuyo fundamento es la violencia y el castigo, como de cualquiera de estas medidas de control).

Determinados temas son transversales a cualquier país con economías más o menos capitalistas donde el Estado mete su mano en algunas cuestiones, como es el salario mínimo interprofesional (o remuneración mínima vital, como se llama en Perú). De hecho, esta entrada en parte se puede leer como una continuación de una escrita hace muchos años sobre otra realidad económica… pero la misma cuestión de fondo.

A lo que iba, en España llevamos un par de aumentos altos del SMI, primero a 900 € al mes en 14 pagas para 2019 (que supuso un incremento del 22,3 % del SMI existente) y, luego, para el año en curso, a 950 € (5,5 % de aumento).

Cuando se subió a 900 € se vaticinó, por las fuerzas contrarias al incremento, que traería paro y destrucción a la economía; no solo por lo fuerte que era la subida en sí misma (el SMI vigente en 2018 era de 735,9 € al mes en 14 pagas), sino por el precario estado de la economía que no podría competir con el aumento, lo que obligaría a cerrar todo tipo de establecimientos.

Acá se llega a una curiosa situación: por un lado se suele decir que son medidas populistas porque realmente el SMI no afecta a tanta gente (y cuyos aumentos ya no repercuten, como antes, en el resto de la masa salarial al haberse desindexado esa parte de la economía) y, por otro, se avisan de lo duro que será su efecto en la economía al hacerla menos competitiva en todos los frentes (¿cómo? si afecta a poca gente, debería influir poco… ¿no?).

Acá sí cabe hacer una pequeña precisión: con las dos subidas del SMI (sobre todo con la primera, la aplicada para 2019), muchas personas asalariadas pasaron de cobrar «según convenio» a ingresar el SMI, ¿por qué? Porque el convenio está por debajo. De hecho, la negociación colectiva anda muy parada y desde el inicio de la crisis es extremadamente prudente con las subidas salariales (otra cosa son compensaciones por otros lados, algo que ahora se pelea más; por ejemplo, más días laborables de vacaciones), y siempre se ha tomado como referencia el SMI para los grupos profesionales más bajos; en otras palabras, si el SMI era de 735,9, se podía estar negociando para determinados puestos con salarios brutos de 750-850 € al mes, con lo que, al colocarlo en 900 €, todos esos inmediatamente tienen que subir. Sin ir muy lejos, el convenio aplicado en mi trabajo quedó el nivel XIII por debajo de la subida de 2019 y, para el XII, estamos por debajo con la subida de este año. Conozco convenios que ya tienen más de la mitad de los grupos profesionales con el SMI (de hecho, uno conocido con 5 grupos el año pasado «aprobó» un aumento al SMI de 2 grupos enteros, que habían quedado muy por debajo; este año ya tiene otro grupo al que se le debe aplicar el SMI).

En una economía con salarios bajos, una subida del SMI empuja al alza los salarios pactados en los convenios colectivos.

Por otra parte, en España, a pesar de todo, se sigue «creando empleo», tal vez no ha sido tan positivo como lo previsto, pero sin la menor dudas son datos «positivos» (escuchar al líder de la oposición hablando de destrucción de empleo cuando, en números, hay creación -no excesiva, pero creación a fin de cuentas-, es de escucharlo y no creerlo). Según la EPA; hoy (bueno, 4to trimestre de 2019, último dato publicado y nos permite ver el efecto de TODO un año tras un aumento brutal de más del 22 % en el SMI) hay más personas trabajando (402 mil más); cierto que es un número menor que el año anterior (566 mil más entre 2018 y 2017 y 490 mil más entre el 17 y el 16), pero eso lo hemos visto siempre, mientras más sube la ocupación más difícil es mejorar el dato anterior.

En el desempleo pasa parecido, ha disminuido la cantidad de personas del «paro EPA», así, 112,4 salieron de la estadística del desempleo (este dato sí es sensiblemente peor que los de los años anteriores, donde el desempleo cayó en 462 mil y 471 mil). Esto también significa que la ocupación ha subido gracias a nuevas personas trabajadoras, que antes no contaban para el desempleo. La tasa de desempleo actual es de 13,78 % frente al 14,45 % del 4to trimestre de 2018.

La contabilidad nacional utiliza un concepto bastante interesante, que es el empleo equivalente a tiempo completo, no es tanto ver cuántas personas físicas trabajan sino todo el trabajo distribuido en una jornada completa a cuántas trabajadoras correspondería. España tiene poco trabajo a tiempo parcial (comparándolo con otros países), pero aún así el dato es interesante; además, distingue «ocupadas» de «asalariadas». Pues bien, fiándonos en ese dato, el 4to trimestre de 2019 tuvo un aumento de 369 mil personas ocupadas y 396 asalariados más (de hecho, este dato es mayor que la diferencia de asalariados entre el 2016 y el 2015; aunque en términos relativos fuera un mayor aumento el de 2016). Dos sectores perdieron ocupadas (agricultura e inmobiliario) y solo uno asalariadas (agricultura). El año fue especialmente malo para las cosechas y se ha juntado con temas como los aranceles estadounidenes; esto es, resulta difícilmente achacable únicamente al SMI (por más que un señor del mismo partido de gobierno soltara esa «bomba»).

En un año de aplicación del SMI a 900 € no se «destruyó» empleo, se mantuvo el alza en las contrataciones y la bajada del desempleo; podemos hablar de cuánto empleo se «dejó de crear» al no poder pagar el aumento, pero también de cuánto empleo se «creó» al aumentar el consumo (toda subida salarial implica un aumento de la demanda agregada, eso no es algo que digan los socialistas o comunistas, es una de las teorías liberales). Nada hace indicar que esta subida (mucho menor que la anterior, en todo caso) «rompa» la economía.

Una subida de los sueldos sí puede encarecer los productos, claro; pero es curioso cómo la clase empresarial se solivianta con los sueldos e impuestos pero no con otras subidas, incluso las que ellos mismos han ocasionado. También voy a recordar que los empresarios no «ofrecen» trabajos, los «demandan»; no podemos olvidar que el mercado de trabajo es de demanda derivada, esto es, depende de lo que se necesite para poder producir para el mercado de consumo; si una empresa necesita una trabajadora para producir un bien, contratará a esa persona y pondrá el precio al producto según sus costes totales (contando con el factor trabajo es uno de ellos); es cierto que si se supera un determinado precio, no habrá demanda para ese bien, pero también es cierto que si los consumidores no tienen ingresos, no habrá tampoco demanda.

Además, en la encuesta trimestral de coste laboral (con último dato publicado del 3er trimestre de 2019) podemos observar que la subida del coste laboral (que incluye salario y otros gastos vinculados, como las cotizaciones) fue de 2,2 % entre 2018 y 2019; pero es que el índice era solo 0,5 puntos superior al base (de 2016), estando dos sectores por debajo aún de los costes laborales que tenían hace unos años.

Una queja habitual con las subidas de salarios por decreto (vamos, como este SMI) es que no se ajusta a la productividad. Una de las grandes mentiras que nos están contando es que los sueldos dependen de esta productividad; no es así. Los sueldos dependen, en realidad, del poder de negociación de las partes. Actualmente, vemos que algunos de los países industrialmente más productivos no tienen los salarios más altos, así que por ahí no va el tema, por no decir que el mismo trabajo (literalmente) se paga distinto según el sector o lugar. Tampoco podemos obviar que la productividad es responsabilidad del empleador (que es quien pone el resto de los factores necesarios para la producción y quien organiza el trabajo), no de la persona empleada.

Pero nos encontramos con una «paradoja» (lo pongo entre comillas a sabiendas de que no lo es), donde quienes se quejan de «lo alto» que es el SMI a la par tienen sueldos varias veces superiores. Sus mayores retribuciones, cuando son quienes deciden las mismas, vienen justamente de pagar menores salarios al resto de personal (la mentada plusvalía); de hecho, durante toda la crisis las personas con altos salarios y las personas millonarias han aumentado por todo el mundo, la brecha salarial cada vez es mayor.

Es innegable que existen empresarios cuyo perfil es el de «chambeante», con ingresos muy ajustados, con algún mes en rojo y demás en que tal vez el negocio no pueda afrontar, tal cual está, el aumento (de menos de mil euros al año); y es lógico que recorte en horas de apertura y demás para ajustar todo lo que se pueda; lo que no se puede pretender es mantener un negocio que no rinde a costa de explotar a personas que no son las propietarias de dichos medios de producción. Una persona se puede autoexplotar, pero no puede explotar a otra.

El mercado laboral español tiene un problema muy grande, que se encuentra en el propio tejido productivo, temporal, precario, con poco valor agregado y demás; no tiene un «problema» por «salarios altos» ni el tema está en el SMI.

Por último, la subida del SMI es y seguirá siendo de justicia y conforme a los propios planteamientos de la UE (esa que tanto nos quieren vender para que aceptemos ciertas normas liberalizadoras en la economía), donde ya se está hablando de que debería ser al menos del 60 %, con lo que en el caso español debería ser algo más de mil euros al mes en 14 pagas.

Llevo demasiado tiempo sin actualizar la web, ni avisé del final de la campaña de VoraZ Desangre (¡y ya lo hemos hasta presentado!). Y muchas cosas han pasado, desde la conformación del primer gobierno de coalición en España hasta las elecciones extraordinarias en Perú, pasando por varios hechos relevantes (y absurdos) que me he quedado con ganas de comentar. En fin, que ando sin comunicar porque no consigo sacar tiempo, por un lado, y darle una forma correcta al texto… por ahora, les traigo unas pequeñas recomendaciones de lecturas:

Sobre las elecciones en Perú

Qué decir, FJ ha hecho un inmenso trabajo en Elecciones – De Igual a Igual, donde ha creado e ido actualizando tres notas sobre los resultados («explotando» directamente los datos de la ONPE, que va a paso tortuga). Acá:

Unas líneas extras: es el gran fracaso de la política de partidos y el enésimo triunfo de los proyectos personalistas. Lejos de ser una victoria del presidente del gobierno, volvemos a tener un parlamento donde ninguno de los que ahí se sienten puede decir que representa a les peruanes. No cuando el partido más votado, además de ocupar poca cámara, tiene escaso apoyo popular. Por lo demás, estoy absolutamente convencido de que voté bien y mi voto no aparece en su acta, al menos, no correctamente contabilizado. Esta es la segunda vez que digo esto a ciencia cierta y es extremadamente preocupante.

Un nuevo proyecto cultural

Desde De Igual a Igual – Delicias hemos comenzado una plataforma literaria con una serie de objetivos no solo culturales (en el más restrictivo sentido) sino también sociales, de trabajo desde las bases del barrio. Pueden leerlo acá:

¡Gracias! Por la lucha en que participas(te) y por compartirlo

No quiero acabar esta entrada sin recomendarles una de José Manuel, donde hace un repaso de su estadía una prisión militar, condenado por insumisión. No podemos olvidar lo que fue y es el movimiento antimilitarista y lo que significó esa lucha ni, por supuesto, a sus luchadores y luchadoras (desde todos los frentes posibles) y los sacrificios que se hicieron. Les recomiendo esta nota y que sigan los enlaces internos (habla de la insumisión como tal, tiene otras crónicas y demás):

En fin, intentaré escribir de forma habitual, propósito de año nuevo.

«¿Sientes que Bodas de Sangre de García Lorca no cuenta la historia verdadera? ¡Estás en lo correcto! La realidad zombi oculta sale a la luz.»

Campaña de VoraZ Desangre.

Andamos en campaña de financiación para el próximo libro del Colectivo ClásicoZ, que sería «VoraZ Desangre», la verdadera historia que inspiró a Federico García Lorca para su obra de teatro «Bodas de Sangre». Con zombis, claro. El libro, por 7 euritos, incluirá tanto la versión zombi como la obra de teatro.

Pueden verlo acá:

Para las elecciones generales de abril hice lo de recorrer y colocar el programa de todos los partidos y coaliciones que se presentan en la circunscripción que voto (Salamanca), luego recorrí dos temas que me parecían interesantes (laboral y Estado). Ahora estamos ante una repetición de las elecciones, ¿qué tanto podían cambiar los programas cuando los candidatos son exactamente los mismos? En esta entrada hablaré por encima de algunos temas relacionados con los programas en sí mismos y luego dejaré una tabla que recoge las propuestas de cuatro partidos sobre unas cuestiones que me preguntaron.

Lo primero: vamos a peor en la redacción y presentación de los programas. Acá se mezclan varias cosas que sé que es difícil de equilibrar: los textos deben ser concretos pero amplios a la vez, deben ser cortos y accesibles y deben decir mucho sin comprometer. O eso parece que intentan. Los partidos se han olvidado que existen correctores ortotipográficos y de estilo.

Entre tres de los cuatro principales partidos tenemos un programa que no explicita su marco de entendimiento de la realidad; de hecho, normalmente nos mienten bastante sobre dicho marco. Los programas están llenos de jerga propia de cada formación política (¡lo lógico!) que no significa lo mismo de un lado a otro, la falta de indicar dónde está el problema y cómo lo ve el partido hace incomprensible la medida propuesta (en muchos casos).

Así, tanto en el PSOE como en el PP ya terminó de desaparecer (ya en abril no estuvo) algo que antes hacían bien: valorar la situación actual y poner desde dónde parte su punto de vista (esto figura actualmente muy a grandes rasgos y para todo el texto), ¿por qué es importante este planteamiento? Porque permite entender qué significa, por ejemplo, «libertad», o a qué estamos haciendo referencia con determinadas medidas pues, según el punto de partida, las palabras tienen un significado u otro.

Esto en Ciudadanos nunca lo he visto y sigue en su línea; su programa es una batería de propuestas sin mucho desarrollo organizadas por temas. Podemos pensar que actualmente, con el acceso al resto de la información que hay sobre los partidos, contando las propias webs de los mismos, no es necesario este planteamiento; pero a mí sí me parece interesante que el programa explique las cosas, no solo proponga. En una expresión como «Ley de muerte digna» caben muchas posturas distintas bastante contradictorias entre sí. Ciudadanos tiene un programa en lectura fácil (que no he comparado con el otro, pero ya la medida en sí está bien), pero su programa ordinario, pensado para la Web únicamente, es incómodo de leer fuera del mundo virtual.

Unidas Podemos, por su parte, no tiene un programa común como tal, sí unos puntos de encuentro entre las distintas formaciones, así que me acojo al derecho de pasar olímpicamente de Podemos y centrarme en Izquierda Unida. El programa de IU es de la antigua usanza, una explicación larga de la situación en cada apartado y cuál es la visión del partido, luego ya entra en medidas concretas. IU falla, eso sí, en la maquetación del texto, en tener que leerlo entero para enterarte bien de qué significan ciertas cosas (no tengan problemas en repetir medidas, si la misma va para varias categorías, póngalas en varias), y en la parte ortotipográfica.

¿Por qué solo de cuatro y no de los doce? Primero, lo de siempre, no todos los partidos tienen programas (aunque parezca increíble). Luego, porque esta entrada viene de una pregunta concreta que me hicieron, que incluía cinco partidos. ¿Y el quinto que, si todo va tan mal como pintan las encuestas, puede ser el tercero en fuerza tras el 10N? Al margen que presentan el mismo programa (la batería de «100 medidas urgentes»), aunque lo «completen» con un «resumen ejecutivo del programa económico», vistos los dos debates electorales donde mostraron claramente su racismo, clasismo y machismo, que se llevan la palma, además, de mentirosos (y mira que tienen una competencia fuerte por parte de los demás), paso de darles cualquier tipo de visibilidad.

El cuadro resumen: como decía, en esta entrada daré un cuadro-resumen, teniendo en cuenta que los temas a tratar son «Familia», «Barrio» (aunque este es un tema más para las locales y autonómicas, algunas cosillas hay), «Educación» (no universitaria), «Trabajo», «Salud» e «Impuestos». Cuando planteo una pregunta tipo «¿cómo?» en el interior es porque no he encontrado el desarrollo de la medida y, dicho como está, no significa mucho.

En muchos casos son copia del texto del programa, pero en otras tantas tienen aportaciones propias (como cuando hablo de «una mal entendida «mochila austriaca»» o cosas por el estilo). Lo mejor es que vayan a los distintos programas, pues puede que me haya dejado muchas cosas, dentro de esos mismos temas, que a ustedes les interesa (y que, por lo que sea, me lo he saltado). Esto no deja de ser una elección subjetiva de temas y medidas que aparecen en los programas.

En fin, coloco la table (acá en PDF):

Oh, cierto, «otros». Si se fijan, son 7 filas. Bueno, esto era un elemento que me llamó la atención y lo quería dejar reflejado. Solo voy a comentar una que me llamó la atención (y por la que abrí esa fila): «Derogar una ley por cada aprobada». En el programa aparece así: «170_ Impulsaremos la simplificación legislativa derogando una norma por cada nueva norma aprobada». ¿¡Qué demonios significa eso!? O sea, en general, toda norma nueva deroga todas las anteriores que le contradigan (de hecho, puede afectar a más de una), sin contar con que la gran mayoría de leyes, decretos y demás son para modificar otras… pero, digamos, que se aprueba una ley sobre algo que actualmente no está regulado, ¿se tendría que derogar otra ley que funcione por ahí para cumplir con la promesa? Si no es así, si simplemente es seguir como estamos (las leyes ya derogan otras, o su trabajo es modificar otras leyes con lo que no generan «más» normas). Pero si realmente es ponernos a derogar leyes porque sí, eso no es simplificar nada, es hacer un desarrollo normativo de tontos. Otra cosa, que no es lo mismo, es impulsar una recodificación de los textos normativos, cosa que estaría bien.

En estas épocas de constantes repeticiones electorales, adelantos y otras historias, se han concentrado muchas elecciones en poco tiempo. Las he intentado seguir (no todas, pero sí la mayoría), aunque no he escrito nada al respecto… al menos nada específico. Acá les dejo enlaces a resultados de cuatro de estos procesos electorales (así pruebo, de paso, lo de incrustar enlace):

Una sentencia anunciada (y filtrada) trae ya tres días de manifestaciones en Cataluña… y en el resto de España. En Cataluña se han producido situaciones violentas, sin dudas, pero están lejos de ser tan masificadas como lo que, a veces, se nos muestra. Claro que lo que se nos muestra tampoco corresponde con lo que está pasando (como esas imágenes de TVE por las que pidió disculpas porque son de hace 9 años).

Una vez dicho eso, paso a explicar un poco lo que será esta entrada: simplemente ideas sueltas sobre lo que se está diciendo en los medios, sobre lo que los políticos están soltando y sobre lo que los opinólogos dan cátedra. Siempre desde un cómodo asiento desde el interior del país, a cientos de kilómetros de los principales focos de enfrentamiento.

Tras la sentencia, mucha gente en Cataluña salió a la calle. Fueron a sitios que no podían ir, se reunieron en lugares en los que sí podían estar y ya se produjeron un par de actos violentos. Ojo, debemos destacar lo anecdóticos que fueron los enfrentamientos, que aunque los hubiera, no empañan lo masiva y pacíficas que fueron la mayoría de concentraciones. La persona que fue impactada por un disparo con pelotas de goma de la policía no parecía estar en uno de esos lugares más conflictivos. La represión y violencia policial es algo que se da en todo el país por parte de todas las policías, no es nuevo (aunque en Cataluña la burguesía independentista la descubrió hace dos años y hasta hoy sigue sufriéndola).

Lo primero que vi y leí es que eran «manifestaciones ilegales» porque «no habían sido autorizadas». Esto a opinólogos (cómo no), como adjetivo en algunos informativos (error gordo) y a políticos de primera línea (eso, echando leña al fuego). Esta postura lo que pedía era la dispersión y represión de esas manifestaciones.

NO fueron manifestaciones ilegales, en ningún caso. Lo primero, el derecho de reunión y el de manifestación NO requieren «autorización». Es un error conceptual grave. El art. 21 de la Constitución es claro: no requiere autorización y se debe dar comunicación previa. Se necesita una resolución motivada prohibiéndolo. Ahora, si nos vamos a la ley orgánica que regula el derecho (Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión), en su artículo 3 encontramos el recuerdo de la no existencia de autorización para las reuniones y manifestaciones (es que la palabra es importante, por eso insisto en ella). Es cierto que existe una necesidad de «comunicación previa» y que, para situaciones urgentes o imprevistas (como manifestarse por algo que acaba de salir) dicha comunicación se establece en 24 horas. Es cierto que en estos casos el TC no ha sido tan generoso (Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2000, de 14 de febrero), también lo es que en general tiende a proteger el derecho de reunión y manifestación, que no es inmediatamente ilegal toda manifestación no comunicada, tampoco toda alteración del orden público hace que la manifestación sea ilegal (el Defensor del Pueblo, en su día, criticó la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana sobre este tema; el art. 23 está recurrido ante el TC que aún no resuelve el tema). Ese «puede ser» no significa «es». Los medios y políticos deben saberlo (de hecho, cuando hay determinados atentados y se sale a la calle como solidaridad, jamás esos medios o personas dicen que son manifestaciones ilegales), pero prefieren manipular o mentir («son ilegales porque no se han autorizado»).

Las cosas han cambiado. Ahora no se necesita una persona jurídica que mueva toda una maquinaria para convocar una manifestación, el boca a boca y el propio hecho de que salga en los medios de comunicación (con inmediatez absoluta) propicia que las masas se junten sin demasiado problema, ¡y que se muevan de sitio sin que quede claro quién las «dirige»! Pasó con las manifestaciones del 15 M, pasa ahora. La legislación de ha adaptado mal a esta forma yendo solo a la represión y prohibición.

Pero volvamos a la demagogia. Tenemos a los tres líderes de las tres teóricas derechas estatales (iba a poner «nacionales», pero podía causar confusión) echando leña al fuego. Porque la gente está enfadada por las altas penas y los delitos por los que se han condenado (la verdad, me parece un tema «de libro», pero igual es que «el libro» habría que cambiarlo).

Lo primero fue ver a Casado (PP) acusando al PSOE de haber quitado el delito de convocatoria ilegal de referendo, que si hubiese existido nada de esto había pasado y que lo arreglaría poniéndolo de nuevo. Es cierto, fue el PSOE de Rodríguez Zapatero quien despenalizó un delito metido con calzador y sin sentido durante el gobierno de Aznar, pero: a) ponerlo ahora no hubiese solucionado nada; b) se ha condenado a quienes llevaron a cabo todo este tema independentista (no se necesita un tipo penal específico, hasta el TC prohibió el acto y de ahí la condena por desobediencia de algunos políticos); c) entre tanto, gobernó Rajoy y no lo puso; de hecho, durante el gobierno de Rajoy se celebraron DOS referendos en Cataluña y no vio necesidad de ese tipo penal porque, en términos prácticos, se les puede condenar por otros delitos que tienen un sentido global (como se ha hecho las otras dos veces).

Casado, que confunde las leyes (decía que el PP aprobó en solitario la Ley de Seguridad Nacional para ponerse una medalla sobre su legislación, cuando esa ley sí la apoyó el PSOE y UPyD, es que la confundió con la horrible Ley de Seguridad Ciudadana), habla de reformar el delito de rebelión (ya que el tribunal dijo que eso no era rebelión, la lógica represora es ampliar el concepto de rebelión y ya) y así estos sujetos pasarían más tiempo en la cárcel o algo así… ¿acaso no sabe que las leyes penales no favorables no se pueden aplicar retroactivamente? En la misma línea está Rivera (Ciudadanos), otro que tal baila con esto de los delitos.

En ningún caso, que quede claro, endurecer «ahora» las penas significaría más condena para todos los que el lunes vieron su vida privada de libertad. En ninguno. Al menos no con la constitución y todos los tratados de derechos humanos que tiene firmados España.

Creo, sinceramente, que se deben reformar los preceptos sobre rebelión y sedición, pero en ambos casos para «reducir» su ámbito de aplicación y clarificarlos bien (con un poco de suerte, desaparecería la «sedición» para los que ahora han sido condenados, en ese caso, además, sí se podría aplicar retroactivamente al ser más favorable).

Volviendo a este tema de las medias verdades, tenemos a los tres líderes de las derechas hablando de devolver las competencias penitenciarias al Estado. Acá cabe recordar algunas cosas: Cataluña lleva una vida con esas competencias (la única comunidad que las tiene efectivamente transferidas, si mal no recuerdo -el País Vasco lo lleva en su Estatuto de 1979 y jamás se las han dado-) y son meramente administrativas. La legislación sobre los «privilegios penitenciarios» es la misma en Cataluña que en el resto del Estado (Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria), lo que lleva es la gestión de las cárceles. La aplicación del tercer grado, esto es, la decisión de en qué grado está un preso, NO depende de la Administración Penitenciaria. Es cierto que la Administración lo propone, pero es el Juez de Vigilancia Penitenciaria (que depende del Estado, no de la Generalitat) el que decide. El procedimiento para la aplicación de este régimen penitenciario no son cuatro papeles, para nada, y la fiscalía debe intervenir (para posicionarse a favor o en contra), con una resolución motivada e individualizada. Ojo, si la fiscalía se opone, es el Tribunal Supremo (en este caso) quien tendría que tomar la decisión. El TS. En Madrid. Rivera sale diciendo que hay que evitar que se apliquen leyes especiales con más privilegios como las que hay en Cataluña cuando la legislación aplicada ahí para todo esto es la misma que la del Estado. No sé si miente a sabiendas o piensa que las competencias transferidas son legislativas. En todo caso, es grave que hable sin saber. Y no son privilegios, es la forma de ejecutar las penas privativas de libertad; el tercer grado puede suponer un beneficio, al que tiene acceso cualquier recluso (con lo cual no es un privilegio). No es lo mismo. De hecho, la legislación estatal ordena que cada preso esté en el régimen que le corresponde según su evolución personal, hacerlo de otra forma iría contra dicha legislación y, de paso, contra el fin constitucional de las penas.

Así que no, no es posible que Torra decida cosas sobre el régimen penitenciario ni hay leyes más blandas en Cataluña. ¿Que les tratarían bien en la cárcel? Es que es lo que en una prisión se debe hacer con todos los reclusos, teniendo en cuenta que uno de los fines de la pena es la reinserción, y eso no es posible mediante el abuso.

Devolver las competencias penitenciarias de Cataluña al Estado exigiría (como piden los tres líderes de las derechas estatales), además, una modificación del Estatuto de Autonomía (necesariamente, por ahora el que las tenga es porque ellos lo pusieron en su Estatuto, el Estado lo aprobó en las Cortes Generales y además se produjo la cesión -el paso que no se ha dado en el PV-) con un referendo en Cataluña de por medio (sería divertido, todo hay que decirlo). Hacerlo de otra forma sería inconstitucional por todos lados.

Ya que estoy hablando de manipulación en los medios, voy a romper una pequeña lanza a favor de TVE en este punto: son el único medio en que he escuchado la coletilla «es la misma legislación penitenciaria que en todo el país» cuando informan de esta parte del tema. Luego sus opinadores se equivocan o mienten como el resto, pero al menos en los informativos hasta han explicado las diferencias en aplicar este régimen para los casos que tienen condena por malversación de los que no las tienen. Por cierto, acá les beneficia, en realidad, que no les hayan condenado por organización criminal (que tiene más requisitos para acceder al tercer grado), pero es lógico, la organización montada, como dice el TS, no es para «fines» criminales.

Así que cada líder tiene su propio libreto de qué exige a Pedro Sánchez, el eterno presidente en funciones, que o no sirve o no se puede aplicar de la forma que lo piden. Uno está pidiendo la utilización de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional), otro la suspensión de la autonomía catalana para «echar a Torra» (nueva aplicación del art. 155 de la Constitución) y, el último, el Estado de Excepción.

¿Cómo es que, en su día, no se aplicó la Ley 36/2015 para impedir que los Mossos d’Esquadra fueran «tan buena gente» con los que estaban poniendo las urnas? Es que se intentó y no se veía fundamento para obligar a la coordinación más allá de lo que ya existía. Algo parecido pasa ahora, donde la policía autonómica, como el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad desplegados, están reprimiendo las manifestaciones como están acostumbrados. ¿Qué argumento se usaría o qué beneficio se tendría al aplicar ciertos apartados de dicha ley? Los Mossos se demuestran perfectamente coordinados y alineados con la Policía Nacional, ¿entonces? Nada, lo que hace ese tipo es avivar el fuego, por si decae el tema y no puede salir tanto en prensa como le gustaría.

El siguiente exige un «155», que el presidente del gobierno avise a Torra que está incumpliendo una obligación constitucional y, por ello, le pide que haga lo que le toca. Lo malo para esta postura es que el presidente de la Generalitat no está incumpliendo ninguna ley, incluso esta vez, a regañadientes, retiró los lazos amarillos; que sí, que el TC le ha recordado que debe dejar de hacer declaraciones en el parlamento autonómico de desobediencia civil, pero por ahora han quedado en eso, en declaraciones. La suspensión se basó en una declaración de independencia (suspendida por ellos mismos) y el saltarse a la torera, por parte de todo el gobierno de la Generalitat, del ordenamiento jurídico. ¿Se da eso ahora? Ni de lejos. Ver a los Mossos repartiendo por ahí y al presidente de Cataluña pidiendo paz está lejos de ser un incumplimiento de sus deberes constitucionales. Y por pedir que la gente salga a la calle a manifestarse pacíficamente no se puede condenar a nadie (ya, algunos ven en «los Jordis» una condena en esto, pero lo dejo para otro día). La Constitución no se puede usar como espada de Damocles constante para todo el que no piense como el inquilino de la Moncloa, eso cercenaría el propio concepto de las autonomías.

Y llegamos al líder de la derecha más ultra entre las tres, que más aviva el fuego, que quiere contramanifestaciones (eso de llamar a la paz y pedir que los tuyos salgan a la calle como demostración de fuerza en contramanifestaciones es una de las cosas más irresponsables que he visto en mucho tiempo). Vamos por partes, el Estado de Excepción está contemplado en los arts. 55 y 116.3 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, en concreto, en el Capítulo III. Primero, es el gobierno quien pide al Congreso autorización para establecer el estado de Excepción, ¿qué ha presentado el líder de la ultraderecha en a la mesa del Congreso de los Diputados? Una carta para reunir a la Diputación Permanente para que esta solicite al Gobierno que este presente una petición a la Diputación Permanente pidiendo autorización para el Estado de Excepción. Maravilloso. ¿Se dan los supuestos para declararlo? El grado de los desmanes y la forma en que se está «resolviendo» parece que el Estado no necesita más poderes para imponerse. Poner un Estado de Excepción para prohibir las manifestaciones (el derecho a reunión y manifestación es de los que se pueden suspender) en este momento es absolutamente inútil y solo serviría para dejar claro que el Estado reprime a la ciudadanía descontenta. (Claro que hablamos de un líder que, en realidad, apoya un régimen que durante 40 años tuvo a España sumida en un Estado de Excepción). Dicen que hay peligro para el orden constitucional (que se está ejerciendo con total normalidad) y para la vida; hasta ahora la única vida que ha peligrado es la de los manifestantes (uno ya perdió un ojo por el disparo de una pelota por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado).

Es cierto que hay fogatas y demás, que se están tirando adoquines y todo eso, pero también es cierto que aún no se producen asaltos a lugares públicos ni se queman instalaciones. Es para ponerlo en relación con qué es lo que se está afectando con las manifestaciones, la respuesta debe ser proporcional con eso, cualquier cosa que lo supere es represión pura y dura y debe ser inaceptable para cualquiera.

¿De verdad creen que más mano dura hará que la gente vuelva feliz a su casa? ¿El «orden» vale la pena con la sangre de la ciudadanía en las porras? (Sí, es demagógico, lo sé).

El Parlamento Catalán, en este momento, ni siquiera es capaz de aprobar una repulsa a una Sentencia, cosa que, además, no tiene ningún efecto (sentencia que básicamente no ha gustado a casi nadie). Torra puede hablar de una nueva fecha de referendo, pero eso queda tan en el aire y sin sentido jurídico para plantear cualquier medida en su contra como si nos estuviese hablando del calendario que tiene para jugar al rol. Tiene un peso político, claro, pero el mismo que cuando defiende que los Mossos peguen a los manifestantes.

Ya que estamos hablando de demagogia, sumar las condenas de todos los procesados para hablar de «más de 100 años de cárcel» es demagógico. Eso no vale. Además, lo he leído para compararlo con la condena de Tejero por el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Tejero fue condenado a 30 años, igual que Milans del Bosch y Ussía y Armada Comyn. Si nos ponemos a sumar, los de ese intento de golpe se llevaron unos 179 años. (A todo esto, la legislación penitenciaria antes era más «benigna» que ahora, por eso no fue raro que a principios de los noventa ya estuvieran en libertad condicional varios de los condenados con muchos más años de los cumplidos en prisión).

Tenía pensada una cosilla para el Inktober de este año (donde, nuevamente, pasaré de la sugerencia temática) pero, como se pueden imaginar, me pilló el toro. Tengo pendientes unas cuantas cosas bastante interesantes para garabatear e intentaré que las tintas «cuelen» en este Inktober mientras hago «parte» de lo semiplaneado, así que dejo la declaración de intenciones como obra del primer día (a más no llegaba, la verdad). El resto de días simplemente actualizaré la galería (o, al menos, la mayoría será así, sin actualización de texto). Espero que les guste, en cualquier caso.

Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de Perú tras asumir el cargo cuando dimitió Pedro Pablo Kuczynski, presentó una Cuestión de Confianza junto con el proyecto que reformaba el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional; el Congreso de la República pasó tanto de la cuestión como del proyecto y siguió tramitando los nombramientos (produciéndose uno de ellos); el presidente de la república entendió que esta era una forma de «rechazo tácito» de la cuestión de confianza planteada y, por tanto, al cumplirse dos cuestiones denegadas (el Presidente ha presentado tres, una se votó a favor, otra en contra y esta no se votó realmente), Vizcarra se sintió legitimado por el art. 134.º de la Constitución Política del Perú para disolver el Congreso de la República y llamar elecciones para este órgano (institución, cabe recordar, de las más rechazadas por la ciudadanía).

El gobierno de Vizcarra deseaban el adelanto de las elecciones; el 28 de julio anunciaron un proyecto de reforma constitucional en este sentido (para permitir un adelanto electoral ad hoc), el cual fue archivado por la comisión de Constitución sin demasiado debate. El enfrentamiento del gobierno y la mayoría parlamentaria fujimorista era permanente, llegando a un punto absurdo cuando el Congreso adelanta su sesión para poder votar el nombramiento de un miembro del TC sin que el gobierno pudiera defender el proyecto planteado con la cuestión de confianza (este hecho acarreó la protesta de parte de los congresistas).

El Congreso de la República, controlado por fuerzas opositoras al gobierno (aunque en crisis interna también), consideró que el presidente Vizcarra se ha extralimitado (además, aprobó la cuestión de confianza… pero no cumplió la Constitución al no darle prioridad) y votó la moción n.º 10651 en la que se proponía la declaración de incapacidad temporal del Presidente de la República, la cual salió adelante con 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones (los favorables al presidente en este asunto se ausentaron del hemiciclo). El argumento es claro: el presidente ha roto el orden constitucional al disolver el Congreso sin que se produjera la votación sobre la cuestión planteada (con lo que no se da el requisito de dos cuestiones de confianza denegadas). También se votó una moción para vacar al presidente, que se producirá el 4 de octubre tras audiencia del mismo.

Eso sí, teniendo suspendido al presidente, el Congreso votó el nombramiento de la vicepresidenta del Perú, la también congresista y hasta el 15 de agosto oficialista, Mercedes Aráoz Fernández como presidenta encargada del país mientras se dirime la vacancia. La noche del treinta de septiembre se tornaba en un claro choque de poderes. Mercedes Aráoz no votó ni la vacancia ni la suspensión, pero sí estuvo en el Congreso permitiendo, entre otras cosas, el cuórum necesario para que se produjera este esperpento institucional. Aráoz renunció a la bancada oficialista (que, tras una serie de salidas, estuvo a punto de perder incluso el grupo parlamentario, actualmente quedan con cinco miembros). Aráoz atacó duramente a su bancada el día en que renunció a ella diciendo que ya no seguía las políticas de PPK ni respetaba la democracia interna.

En el diario oficial El Peruano se publicó el decreto de disolución del Congreso (decreto supremo 165-2019-PCM), a su vez, el Congreso ha declarado inaplicable dicho decreto supremo mediante la resolución n.º 001-2019-2020-P-CR.

Las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú se han posicionado al lado de Vizcarra y la disolución del legislativo estatal, con lo que poco recorrido puede tener la presidencia de Aráoz si las armas no la respaldan.

Actualización (2 de octubre)

• Mercedes Rosalba Aráoz Fernández renunció ayer por la tarde a su cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República y, con ello también, al cargo de presidenta encargada durante el periodo de suspensión del actual presidente, Vizcarra, cargo jurado el día antes. Aquí la carta:

• Hoy comienza el espectáculo de Barata en el caso Odebrecht, donde irá desvelando los nombres de los congresistas a quienes dice que su empresa sobornó.

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2019 posiblemente pase como el año con más comicios en la historia reciente española. En casi todo el país se han celebrado: elecciones generales (abril 2019), elecciones al Parlamento Europeo, elecciones autonómicas (en casi todo el país) y elecciones locales (estas tres, a la vez en mayo del presente año). El 10 de noviembre, salvo cosa rarísima y casi imposible que ocurra mañana, habrá elecciones generales nuevamente.

La historia de Sánchez, líder del PSOE, es curiosa: intentó la presidencia perteneciendo al partido que quedó segundo en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de fines de 2015; lo intentó con un matrimonio con la derecha (con Ciudadanos), en ese momento el cuarto partido. No consiguió el apoyo de su izquierda (Podemos, principalmente, tercer partido, mucho más fuerte entonces que ahora, sea dicho) y solo otro partido de derechas votó con ellos (CC). No salió elegido, claro. Dos meses después se repetía la ronda de consultas y nadie se presentó. Acá hay que destacar algo: Mariano Rajoy, presidente del gobierno español y líder del partido ganador, no lo intentó. Ni en la primera ronda ni en la segunda. Ofreció una suerte de gran coalición y, como no salió, se quedó a la espera del fracaso del PSOE.

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Para entretenernos un poco, vamos a contar historias. Pero con reglas. Más o menos. Y cartas. Muchas cartas. Ilustradas o con textos. O las dos cosas. Y dados, pero solo de yapa. En Lee Los Lunes hemos publicado dos entradas sobre este tipo de juegos: la primera (Co-Mix y ¡Sí, Señor Oscuro!) y la segunda (Faraway y Días de Radio, de yapa dadetes que cuentan historias). Espero que les gusten.

El presidente del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, anunció un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones. En fiestas patrias, para el aplauso general, compró el «que se vayan todos» y lo transformó en un «nos debemos ir todos»; dijo que así se solucionaría en parte el descrédito de la clase política y todo eso que siempre se tiene que decir.

El Congreso, que sigue dividiéndose cada vez que puede, está mayoritariamente en contra del gobierno; el gobierno, otro de esos raros en nuestra historia reciente, donde el presidente lo es por dimisión del anterior, no tiene apoyos reales (¿la calle? Poco, pero más que el Congreso, sin dudas).

Existen mecanismos constitucionales para que el Congreso controle al ejecutivo (aunque es un control, en realidad, cortito) y para que el ejecutivo disuelva el Congreso (aunque esto último es una suerte de tiro al pie que el Congreso se tendría que dar), así que cuando el presidente propuso «acortar» los mandatos y poder adelantar elecciones, por un momento, y solo por un momento, pensé que propondría una reforma de calado en nuestro sistema constitucional y presidencialista.

Pero no.

El poder ejecutivo presentó el pasado 31 de julio el proyecto de ley n.º 04637/2019-PE (copia local en PDF) en el que básicamente se establecen dos cuestiones:

• Quien asume la presidencia del país, aunque no fuera elegido para ello, también tiene prohibido presentarse a las siguientes elecciones (en otras palabras, Vizcarra no podría presentarse).
• Una serie de disposiciones transitorias para acortar el mandato actual a cuatro años y tener unas nuevas elecciones generales (Presidente, Congreso y representantes en el Parlamento Andino).

Dejando de lado el tema de que el vicepresidente que asume la presidencia también se ve afectado por la prohibición de presentarse a presidente (sin tener en cuenta la duración de su mandato, recordemos que podría darse el caso que asuma a muy poco de acabar el periodo) nos encontramos con una reforma ad hoc para fastidiar al actual Congreso. Todos esos congresistas tendrían que irse y ya no se pueden reelegir (gracias a la Ley N.º 30906, ratificada por referendo). Algo parecido hace el presidente para sí mismo (al menos en esto es coherente).

Y ese es el problema: una norma que solo nos sirve para ahora. ¿Arregla algo? No. ¿Soluciona algo? Tampoco. ¿Propone algo que nos sirva para el futuro? Para nada, de hecho, es una norma de un solo uso.

Si el problema es que no existe un mecanismo eficaz para que en una situación en que el partido mayoritario no coincida con el partido del Presidente de la República y el posible bloqueo que se produce ante esta situación, más cuando un partido opositor tiene la mayoría absoluta, el «que se vayan todos» no previene cuando vuelva a ocurrir lo mismo.

Si Vizcarra quisiera hacer algo de calado, haría una reforma que generara un mecanismo constitucional válido para estas situaciones. Pero es un «me bloqueas, pues fuerzo a que todos los vayamos» por puro capricho, sin fondo. Además, se lo está pidiendo al mismo Congreso que quiere disolver.

El adelanto de elecciones constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el consiguiente perjuicio de la ciudadanía.
Por ello, se ha considerado que se requiere adoptar una decisión que genere un recambio en la clase política que permita fortalecer a las instituciones, pero sobre todo optimizar las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que redunde en una mayor y mejor representación de la ciudadanía, lo que permita, además, ir recuperando la confianza y legitimidad de la clase política.

Este proyecto es, básicamente, una copia de uno presentado por Frente Amplio (el proyecto los compara, de hecho, para señalarnos cómo solo cambia la fecha), texto al que no se le hizo ningún caso (fue a Comisión y ahí quedó). Y era un mal proyecto, seguía pensando que repetir elecciones ayudaba en algo; o que tenerlas aumentaría la confianza en las instituciones.

¿Algún indicio de que los políticos lo harán mejor? ¿Los «nuevos» (y no tan nuevos, pues cualquiera que no sea actualmente Congresista y lo haya sido en el pasado podría volver a postular) lo harán mejor? ¿Adelantar las elecciones hará que suba la aprobación del Congreso y el gobierno? ¿Y qué hacemos con el Poder Judicial (que también está por los suelos)?

¿En qué sentido esta medida mejorará y optimizará las relaciones de los poderes ejecutivo y legislativo? Además de «en nada», quiero decir. Porque, además, en cuanto se haga esa elección desaparecerá la medida.

Las reformas que ha terminado proponiendo Vizcarra sobre la constitución son más demagógicas que útiles, yo aún no sé cómo pudo colar lo de la prohibición de reelección de Congresistas cuando, encima, se fundamentaba en una mentira y una mala comparación.

Cumpliendo todos los pronósticos, Pedro Sánchez fracasó en su intento de investidura en primera votación. Solo consiguió el apoyo de su partido (los 123 del PSOE) y del regionalista cántabro (1 voto del PRC). Desde finales de abril se debió abrir la negociación que pareciera (no sé qué tan real es) que comenzó «de verdad» a finales de la semana pasada. Las dos principales formaciones de a acordar (PSOE y Unidas Podemos) tensaron demasiado la cuerda y casi nos llevan a la situación de 2015… bueno, eso aún puede pasar.

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Se está debatiendo una reforma de la Ley n.º 28094, de Organizaciones Políticas, promulgada el 31 de octubre de 2003, en la cual se cambiarían bastantes apartados con el fin de… no estoy del todo seguro del fin. Esto es, sé lo que pone el texto en debate, pero no sé si ese realmente es el objetivo (este proyecto –copia en PDF– está dentro de la batería de medidas propuestas por el gobierno para una profunda reforma política).

Uno de los temas que se están tratando es el del registro de los partidos políticos, los requisitos y demás que deben cumplir. El ejecutivo propuso que se eliminara la recogida de firmas (¿¡cuántos casos de fábricas de falsificación de firmas hemos tenido!?) y se pasaría a un requisito de afiliados. El gobierno proponía una cifra que a la comisión constitucional del Congreso le ha parecido pequeña, así que la han aumentado un poco para evitar, dicen, la proliferación de partidos (esto lo menciona tal cual un sujeto que viene de una formación que ha cambiado de nombre y bases tantas veces que uno pierde la cuenta, cuya figura principal, en realidad, fue elegido presidente por distintas formaciones políticas). Se mantienen requisitos como el tener oficinas, delegaciones y demás en medio país y, si seguimos así, hasta el extranjero y más allá.

Por un lado, la medida propuesta «rebaja» un requisito (elimina ese 4% de firmas de l último censo electoral, esto es, para inscribir un partido, se necesitan unas 733 mil firmas -por cierto, este requisito fue modificado en el 2016 para endurecerlo, antes era el 1%-), por otro, aumenta el número de «afiliados» que hay que tener de inicio. Y no, por más que un congresista crea que es lo mismo ser un adherente (echar una firmita) que un afiliado, está lejos de serlo; entre otras cosas, porque para firmar no se pide militancia ni exclusividad, para ser afiliado sí (aunque, claro, viendo cómo se lo montan en su formación y recaudan fondos imposibles en polladas bailables, pues entiendo que para él sea lo mismo cualquier cosa).

Antes el mínimo de afiliados tenía que ver, en la práctica, con el número de comités provinciales a constituir (66 comités, 50 personas por comité mínimo, 3300 afiliados de inicio), ahora pasa a ser un número relacionado con la participación de las últimas generales (propuesta del ejecutivo) o con el censo electoral vigente (propuesta del Congreso). El ejecutivo proponía el 0,075% de los votantes (unas 13758 personas) y el Congreso, por ahora, anda pensando en 0,1% del censo electoral (24374 personas); además, este es el suelo que deben tener los padrones de afiliados de las formaciones, si bajan de esa cantidad y no «subsanan», se cancela el partido. Para dificultar más las cosas, los partidos deben estar muy descentralizados, no pudiendo tener más de un tercio en el mismo departamento (nota: Lima es casi un tercio de todo el electorado peruano, representa el 33,10 %), una medida que parece positiva para fomentar la descentralización (ya se obliga por medio de los comités que deben existir en… bueno, casi todos lados), pero que, si lo piensas, significa que antes de admitir a un nuevo afiliado (sobre todo en Lima) hay que hacer números para ver si no se está pasando del límite legal y artificial.

En Perú tenemos el Registro de Organizaciones Políticas donde se inscribe el padrón de afiliados de las mismas (un engendro que debería ser inconstitucional), así que es fácil comprobar que de las 24 formaciones con inscripción vigente, solo 10 superan el 0,1% del censo electoral (datos del 2018); de hecho, en la parte baja de la tabla tenemos formaciones como Peruanos por el Cambio (7631, el partido del gobierno, no lo olvidemos) y Fuerza Popular (7433, la principal fuerza política del país) que deberían triplicar su afiliación para cumplir con la norma. Por otro lado, también podemos ver cómo tener muchos afiliados no garantiza siquiera que tu inscripción se mantenga (porque debes tener buenos resultados electorales, de nada le sirvió a Perú Posible tener más de 160 mil afiliados si ve cómo le cancelan).

Inscribir un partido, en gran medida, es el inicio de la vida del partido. ¿Cómo es que se dificulta tanto? No es posible que para una asociación con tres personas baste pero que para formar un partido político deba reunir decenas de miles. No es posible, tampoco, que se siga viendo a los partidos como meros actores electorales y se olvide su resto de facetas (pero este ya es otro tema… ¿o no?).

Las formaciones políticas en el Congreso están poniendo requisitos que ellos, cuando se constituyeron, tal vez no hubiesen podido cumplir. Eso siempre suena a poner obstáculos a la competencia.

También facilitan la cancelación, pero esto sí les afecta. Así que hablemos de las cancelaciones de inscripciones (de las que me he quejado varias veces, todo sea dicho). Lo primero, parece que la dificultan al poner un mínimo más bajo (así, en vez de 6 representantes se ponen 5), pero, nuevamente, en realidad es una norma que facilita la cancelación: antes con 6 ya valía, eso o tener al menos 5% (así, un partido con fuerza relativa en Lima, aunque colocara pocos congresistas, podía ver que superaba la barrera del 5% y salvar la inscripción), ahora son 5 (en más de una circunscripción, como antes) y el 5% de los votos válidos (si dijeran votos emitidos, por ejemplo, Acción Popular vería cancelada su inscripción). Ahora son requisitos los dos, si esto hubiese sido así en el 2011, el APRA hoy no sería un partido inscrito.

Pero no solo eso, también se cancelaría la inscripción si no se participa en los comicios al Congreso (porque, por lo visto, no se concibe un partido que no quiera participar en las elecciones), o en los regionales (actualmente habría que faltar a dos elecciones consecutivas), pero no solo en general, sino en 4/5 de todos los gobiernos regionales; también hay que participar en las elecciones locales (1/2 de las provincias y 1/3 del total de distritos); ya me dirán de dónde van a sacar los partidos tantos candidatos. De hecho, en Perú pasa algo curioso: las elecciones regionales y locales tienen actores absolutamente distintos a las generales.

Pero seguimos con los requisitos: ahora tienen que realizar una suerte de primarias abiertas para que 1,5% de las personas que votaron acudan a esas elecciones internas (esto supone unas 275144 personas movilizadas). Así que una organización que tiene una base ya bastante grande de militantes (24 mil de mínimo, por ahora) debe movilizar a más de 10 veces dicha base para mantenerse inscrito. Ya me dirán quién y cómo se puede pagar tamaño despliegue. También qué se siente ser afiliado de un partido «chico» y saber que tu voto dentro del partido (por el que te dejas horas de trabajo y una cuota) en el fondo será un décimo de importante frente a un mero simpatizante que se pasa a decidir el candidato.

En fin, si esta es la idea para fomentar la participación política, mal vamos.

En esta entrada, a diferencia de la del tema laboral, no voy a recoger todas las principales propuestas de los distintos programas sobre este tema (más adelante lo explico), sino que resumiré lo que entiendo de las distintas propuestas que tienen que ver con el Estado. Por supuesto, es una lectura subjetiva apoyada en lo que aparece en los programas. Sí que haré referencia a medidas concretas que me parecen especialmente relevantes (para lo bueno y para lo malo, claro). Intentaré no extenderme mucho.

¿A qué me refiero con «el Estado»? Un poco a la visión de los partidos sobre cómo debe estar organizado el Estado (descentralizado o centralizado, sistema electoral, forma de gobierno, entre otras cuestiones) y su papel en la economía (más o menos interventor). La mayoría de los programas «dan por bueno» el sistema actual, así que sus silencios los tomo como «aprobación de lo que hay».

Como recordatorio, tienen todos los programas electorales en el tema enlazado. Ah, y el orden de los partidos es el de la proclamación en el BOE.

Verán escrito el texto fundamentalmente en femenino: es por economía del lenguaje. Esto se debe a que me estoy comiendo la palabra «persona» (o «personas»).

Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)

El modelo principal es el de «Estado de Bienestar», con un Estado que interviene bastante en todo lo que tenga que ver con la economía. Activo, además, a nivel internacional (parten de la necesidad de ayuda al tercer mundo). No tienen mucho más sobre otros temas como la reforma del Estado.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Proponen un Estado bastante activo, dentro de ese concepto de «Estado del Bienestar». Se supone que son un partido socialdemócrata, aunque a veces se les olvide. No sé cuándo han subido un programa más largo que el que inicialmente tenían puesto (el de las 110 medidas que analicé en el anterior tema), pero ahora veo en su web uno extenso. En el corto sobre este tema no hay nada, en el extenso sí, así que paso a hablar a partir de ese.

Parten de los «principios federales» de funcionamiento de un Estado descentralizado, con lo que quieren continuar por la vía de la descentralización, pero como una forma de «consolidar» el Estado Autonómico. Para ellos, con estos principios se hubiese evitado el tema catalán.

En ese sentido, quieren mejorar el funcionamiento autonómico dando más peso a los elementos de colaboración no solo del Estado con las Autonomías (de forma individual), sino el trabajo conjunto (impulso, por ejemplo, de las Conferencias de Presidentes) y más participación de las autonomías en determinadas cuestiones de Estado. A la par, hablan de definir mejor las competencias. El Senado debe ser el lugar de encuentro y reflejo del Estado Autonómico pero no concretan esta medida (cuando hablan de la reforma del Senado no se meten en esto, por cierto).

Sobre el sistema electoral dicen poco, solo hablan de eliminar el voto rogado para los españoles que viven en el extranjero (sistema que existe en gran medida gracias al propio PSOE; aunque es cierto que este apoyo al voto rogado fue contestado dentro de la propia formación y al menos desde el 2012 piden cambiarlo) junto con una medida bastante aperturista con respecto a los inmigrantes: reformar el principio de reciprocidad en las elecciones locales para permitir la participación de más colectivos de inmigrantes en las mismas; para esto, reconocen, habrá que reformar la constitución.

La «república» ha desaparecido por completo del PSOE, ya ni siquiera mencionan ese invento tímido de «republicanismo cívico» de antaño.

Partido Popular (PP)

Es un partido liberal en lo económico, con un Estado que no se involucra de forma demasiado directa en las cuestiones mundanas, aunque sí puede incentivar y apoyar determinados planes. Con el PP es importante comprender que, en el fondo, están conformes con el Estado tal cual es, teniendo un papel intervencionista más bien en las cuestiones «morales» (como partido conservador que es). Tienen, además, un concepto claro de «Estado Nación», siendo la única nación válida la española. Varias de sus medidas (como la del 12O) demuestran su claro nacionalismo español.

Sobre el Estado Autonómico, a la par que lo alaban, lo «atacan»; en el fondo quieren homogeneizar las cosas y dejar clara la supremacía del Estado central, así pues, dos de sus propuestas van para fortalecer el uso del español y la presencia del Estado, así como la vigilancia para que todas las administraciones actúen solo dentro de sus competencias (no podemos olvidar que el Estado tiende a sobrepasarse en las suyas y así muchas sentencias del TC lo demuestran). Varias de las medidas que proponen buscan «armonizar» determinadas materias que, en la práctica, suponen que la regulación parte del Estado y las Autonomías se dedican a «ejecutar». Proponen una recentralización con muchas medidas, incluyendo una en que las Autonomías devuelven, si así lo estiman, competencias o la ejecución de las mismas.

Sobre Cataluña, proponen aplicar la suspensión autonómica según lo regulado en el art. 155 de la Constitución española que, imagino, no se han leído; en este momento el gobierno catalán no está sobrepasando sus propias funciones (está teniendo cuidado) con lo que difícilmente sería justificable dicha intervención.

En el tema electoral, sí que hablan de reformar el sistema para facilitar el voto de los españoles en el extranjero ante las dificultades del «voto rogado». No hay oferta de reformas en el sistema electoral ni una reforma del Senado ni siquiera para reforzarlo como cámara territorial. ¿Para qué cambiar algo con lo que podrían salir perdiendo poder?

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

Plantean un Estado intervencionista, protagonista de los cambios. Eso sí, no es un programa de máximos, en el documento ya avisan que este sería el «primer paso» de los cambios necesarios para llegar a donde el partido quiere (una República Socialista basado en el «centralismo democrático»).

En concreto, muchas de las medidas propuestas pasan por la nacionalización de industrias y servicios. Sobre el resto del sistema político no dicen nada, no les importa mucho el «parlamento capitalista» en realidad, simplemente realizan un programa de posibles reformas prácticas.

Defienden el derecho de autodeterminación de los pueblos aunque apuestan por la unidad de los distintos pueblos españoles en la consecución de la República Socialista (que será, además, una unión libre).

Plantean la salida de la Unión Europea (contando el euro) y la OTAN.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs)

Es un partido liberal en lo económico y eso queda claro con un Estado que no participa directamente sino que, como mucho, «incentiva» y «apoya». Varias de sus medidas, además, dejan claro que son un partido nacionalista español.

Son un partido que, en el fondo, no están cómodos con el modelo autonómico o, al menos, con que se continúe la senda de la descentralización; así se entienden las reformas de «clarificar» las competencias es para dejar «claro» qué le corresponde al Estado, el cual no podrá delegarlas o cederlas a las Comunidades Autónomas (toda la evolución del Estado autonómico en este país se ha hecho gracias a dichas cesiones) junto con varias medidas «armonizadoras» dentro de los ámbitos competenciales de las autonomías (el Estado decidiendo, en el fondo).

De hecho, como la Constitución tiene abierta ciertas cuestiones sobre el desarrollo autonómico (de hecho, cuando se hizo no se pensó que toda España pudiera dividirse en autonomías), proponen «cerrar» el mapa autonómico (fijar las 17 que hay ahora y, además, eliminar de la Constitución la posible anexión de Navarra al País Vasco). Aunque ya no proponen acabar con los sistemas forales de financiación (es lo que tiene el pacto con UPN), aunque sí hablan de recalcular sus aportes.

Sobre el modelo electoral sí que tienen opiniones que cambiarían bastante la forma y fondo del mismo, pero no terminan de explicarlo (así proponen una elección uninominal a la vez que proporcional, imagino que se van combinando; en todo caso, proponen superar la provincia como circunscripción y crear las mismas según la población).

Como algo interesante: proponen suprimir el Senado y reemplazarlo por el «Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas», siendo este organismo el que permitiría la representación territorial; teniendo cada presidenta un voto ponderado según la población de su CA.

Proponen rebajar a 250 mil las firmas para las Iniciativas Legislativas Populares (ahora está en 500 mil) y poner una obligación de tramitación (para que no se queden guardadas). Y poco más en cuanto a la participación directa.

Sobre la corona, la única referencia es quitar el machismo persistente en la constitución que favorece al hombre sobre la mujer en el acceso al trono.

Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL)

Sin plan de gobierno encontrado.

Recortes Cero-Grupo Verde-Partido Castellano-Tierra Comunera (Recortes Cero-GV-PCAS-TC)

El Estado como protagonista de la distribución de la riqueza… de forma un tanto peculiar. Sin menciones al Estado Autonómico o a la forma de gobierno.

Proponen varias cuestiones que tienen que ver con las elecciones pero les falta cuerpo unitario y aclarar cómo se llega a ellas; por ejemplo, hablan de unas «asambleas de electores» donde los cargos rinden cuenta ante sus votantes y podrían ser «revocados» por incumplimiento del programa, eso en realidad supondría un cambio profundísimo de todo el sistema que no proponen. Por otro lado, ¿cómo sabríamos quiénes son sus votantes? ¿o hablamos de la ciudadanía de la circunscripción? Pero tienen un serio problema de conceptos, a la par dicen que deben ser listas abiertas pero en un sistema proporcional, ¿cómo es posible? ¿Es que están pensando en «voto preferente» o «listas desbloqueadas»?

Sí apuestan por una democracia más participativa, más directa (obligación de referendos para determinadas cuestiones, más facilidades para la Iniciativa Legislativa Popular).

Proponen un Estado unido, pero de forma libre entre las «nacionalidades y regiones» que componen España.

Unidas Podemos (Podemos-IU-Equo)

Como hice la vez pasada, me fijo en el programa de Izquierda Unida.

El Estado tiene un papel protagonista en muchísimas de las medidas, incluso demasiado para la configuración actual del mismo (tal vez, habría que ver cómo lo concretarían). En muchas de ellas se habla de socializar la gestión de determinados bienes y servicios.

República Federal con el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ese es su modelo de Estado y para llegar al mismo proponen un proceso constituyente participativo. Sí hablan de ir avanzando hasta alcanzar el socialismo. Sobre el Estado Federal, lo contraponen al truncado desarrollo del Estado Autonómico, que reconocen que surge de una necesidad y de forma transitoria con claras carencias en la propia constitución (hacen referencia a cómo el Senado está diseñado desde las provincias y no desde las CCAA, al nulo peso que tienen estas en cuestiones de vital importancia, etc.). El Estado Federal que proponen es parte de una igualdad de las partes y la coordinación, sin llegar a la descentralización de un Estado Confederal. La unidad federal reconoce la plurinacionalidad. El parlamento federal, claro, sería bicameral, con una cámara del pueblo y otra de representación territorial. La solidaridad interfederal es otro de los pilares junto con la autonomía local. El «pacto federal» será la base de reparto de competencias donde la cosoberanía se desarrolla.

Sobre el sistema electoral, al margen de la III República federal, proponen: rebaja de la edad de votación a los 16 años y extensión de los derechos políticos de sufragio a todas las residentes, sean españolas o no (con el requisito de 2 años de ciudadanía para estas segundas). Proponen un cambio en la ley electoral para que sea más equitativa y proporcional (sin decir cómo).

Junto con esto, también proponen una circunscripción propia para las emigradas (tanto para el Senado como para el Congreso de los Diputados), así como la eliminación del voto rogado.

Sobre la Iniciativa Legislativa Popular proponen la bajada de las firmas requeridas (sin indicar a cuántas), el límite temporal para tramitarlas y, sobre todo, que las mismas sean para cualquier fin normativo válido dentro del marco constitucional (ahora están bastante restringidas). También mencionan que determinadas medidas necesariamente se deberían aprobar por referendo. Proponen, además, un impulso bastante amplio a los «presupuestos participativos» y que los cargos públicos sean revocables (esto es especialmente difícil cuando hablamos de distritos plurinominales, que es lo que ellos proponen en general).

En general, proponen construir un «Estado Social Participativo» donde la iniciativa de la ciudadanía organizada y movilizada participe activamente en la vida política.

Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA)

Apuestan por el «Estado del Bienestar» con una intervención del Estado en un sentido proteccionista de los animales y de las personas.

En el sistema político ven un problema con los partidos y la democracia representativa, así como en el diseño electoral que favorece a quedarnos como estamos. Así que proponen una reforma profunda en el tema electoral (pero no tanto como podría ser): circunscripción única para el Congreso de los Diputados (que aumentaría a 400 diputadas) y circunscripciones autonómicas para el Senado y los parlamentos autonómicos (aquí se meten en competencias que son de las autonomías). En ambos casos, se quitaría la barrera electoral y se usaría el método de Resto Mayor con la fórmula Hare para el reparto (la más proporcional). Todas las senadoras serían de elección directa, una cámara territorial fuerte que participaría activamente en las relaciones Gobierno Central – Autonomías. Proponen suprimir las diputaciones. Con esto, parecen apuntar a una consolidación del Estado Autonómico; varias de sus medidas, cuando afectan a competencias autonómicas, hablan de la necesaria negociación con las mismas.

Sobre la participación directa, entre otras cuestiones proponen una reforma de la Iniciativa Legislativa Popular no solo para rebajar el número de apoyos sino que se puedan firmar por residentes mayores de 16 años en general (sin importar si son o no ciudadanas).

Nada sobre la forma de Estado.

Vox (VOX)

Más o menos podemos resumir su pensamiento en: el Estado debe ser muy pequeño en todo lo que tiene que ver con la economía y muy grande con lo que es el uso de la violencia (ejército, policía y demás), metiéndose en la moral de la gente, de paso, aunque diciendo que debe ser respetuoso. España es un Estado Nación y debe «recobrar» soberanía (proponen suspender el espacio Schengen así como varias medidas que en la práctica son quitar competencias a la UE en favor de los Estados que supondrían un cambio profundo en la UE, un paso muy grande hacia atrás en la integración). Son monárquicos (con especial protección a la Corona como símbolo de la Nación) y nacionalistas españoles (de hecho, alientan el nacionalismo español).

Proponen, además, recentralizar el Estado («Estado unitario»); suspender la autonomía catalana, suprimir las policías autonómicas… y luego proponen suprimir las autonomías: Un Estado, Un Parlamento, dicen, lo que se traduce en la prohibición de que se legisle fuera del parlamento nacional. ¿Y los territorios forales? Su supresión e integración en el régimen común. Sobre el sistema electoral, se debe reformar para que el voto «valga igual» y proponen que «una parte» de las diputadas se elija directamente en una circunscripción nacional, sin especificar cuántas. Como son machistas, proponen claramente acabar con la paridad en las listas.