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Las empresas que se han dedicado al aprovechamiento de los recursos naturales en la amazonia peruana en el último medio siglo tuvieron de tótem a la piedra angular de los patrones caucheros del siglo XVIII. Durante la época denominada el “boom de caucho” se echó abajo brutalmente los derechos humanos de los pueblos indígenas y se afianzó el sistema productivo forzado y de avidez a las ganancias impregnadas de menosprecio de la vida y la dignidad. Este perverso modelo fue adoptado consiguientemente por las compañías post periodo de la goma de shiringa. Entonces, fue arropado por normas altamente vulnerables, pensado y repensado por los operadores del Estado para proteger las prácticas criminales y socavar el derecho a la justicia social, ambiental, cultural y de bienestar de las comunidades relacionadas directa e indirectamente con el giro del negocio.
Ninguna ley en el Perú pudo hacer efectivo el pago de las multas impuestas a Pluspetrol. Según investigaciones realizadas por el portal MONGABAY, “Pluspetrol Norte tiene 73 procesos sancionadores que derivaron en 72 multas impuestas por el OEFA, entre el 2011 y el 2021, por sus operaciones en el Lote 192 y el Lote 8. El monto total de las multas supera los 47 millones de dólares”. La historia de impunidad es extensa y dolorosa y que involucra a miles de personas con la salud deteriorada debido al consumo de fuentes contaminadas. Los pasivos ambientales no remediados constituyen –más de 2000 en los principales lotes explotados– focos permanentes de polución. Sumado a todo esto, la vida se vuelve cada día más difícil por el derrame de petróleo –500 derrames en los últimos 20 años– producido por la ruptura del vetusto Oleoducto Norperuano en sus distintos tramos. La compañía Petrotal operador del Lote 95 de Puinahua, en agosto del 2020, puso al descubierto la subrepticia crueldad legado de sus antepasados, urdió acaso un crimen de Estado induciendo a la policía a ametrallar el gentío que protestaba –en busca de mejores condiciones de vida en medio de la pandemia– en su patio principal, causando la muerte de tres indígenas y once heridos.
Estos daños monstruosos deberán ser estudiados rigorosamente a través de una comisión de la verdad, con la finalidad de cuantificar, reparar y conjurar peligros previsibles asociado a la explotación económica de los bienes comunes. Los pueblos indígenas afectadas por la actividad petrolera pidieron incansablemente este quehacer: “No solo por la contaminación de los territorios de los pueblos indígenas, sino también por haber afectado gravemente los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad física y psicológica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y sano”.
Siguiendo con el guion nos encontramos con el tortuoso periplo de las empresas madereras de Loreto. Durante mucho tiempo han sido proveído deliberadamente por madera de procedencia ilegal. Actuaron de fachada las concesiones forestales, empresas afines y con la participación de las autoridades corruptas “blanquearon” millonarios cargamentos extraídos de manera ilícita de zonas inhóspitas, donde el bosque todavía es virgen y es el hogar de los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El juego sucio dio gigantescas ganancias económicas en agravio de los valores empresariales, del fraude fiscal, maltrato de los trabajadores, deforestación y falta de compromiso con los estándares sociales y ambientales.
Actualmente la industria petrolera y forestal de Loreto estás paralizadas. El Perú promueve, protege y brinda seguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras, entonces no es culpable el marco legal del estancamiento de los dos principales sectores que sostiene la dinámica económica de la región. El primero está cosechando los frutos amargos de la prolongada avidez de las ganancias descomunales en desmedro de los derechos humanos, de la biodiversidad y del de los conflictos sociales en su zona de influencia. El segundo está siendo engullido por la anaconda de dos cabezas: de la informalidad adrede y del saqueo de los recursos forestales.
Mientras tanto la economía negra del narcotráfico, minería ilegal y tráfico de tierras ponen en riesgo la vida de los que defienden su territorio y ensancha día a día el camino de la violencia y la muerte.
Preocupa mucho también el nacimiento de una tribu urbana que busca promover el alicaído desarrollo sostenible de la región Loreto, mediante el reimpulso del sector energético, forestal, infraestructura vial y conectividad digital. Ningún mortal podría estar en contra de esta importante propuesta si estuviera basado en los principios de gobernabilidad, diálogo intercultural y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y respeto del derecho al territorio ancestral. Sin embargo, desde su alumbramiento se ha dedicado –de sol a sol– a sembrar la narrativa del odio, la violencia y la infamia en el seno de los pueblos indígenas, urbanos y ribereños; con el propósito de socavar la propuesta de gobernanza propia y propiciar el retorno de las mismas prácticas que llevaron al borde del colapso a las principales actividades económicas de la región, en el último medio siglo.
Los líderes políticos quedaron sin argumentos después de haber fracasado en la conducción del Gobierno Regional de Loreto, en los últimos 20 años. Las principales propuestas utilizados en tiempo de campaña para persuadir al electorado han sido, en su momento, creíbles y decantaron a la mayoría.
Primero decían que Loreto no progresaba porque el centralismo era un parásito y que vivía a expensas de nuestra riqueza, entonces se echó a caminar la descentralización y la riqueza producida por la región y las competencias fueron manejados por las autoridades de turno hasta el día de hoy. Después sostenían que para relanzar la industria forestal era de vital importancia concesionar bosques primarios, entonces se entregaron 4 millones de hectáreas a empresarios conocidos y a cualquier otra persona allegado al círculo de poder regional y nacional de aquel momento. Las concesiones forestales –otorgadas hace 20 años– no cumplieron la función encomendada sino sucumbieron a la triquiñuela para no reforestar, “blanquear madera de origen ilegal”, permitir el cultivo de coca y otros males en agravio de su propio sector. Loreto está cada vez más pobre por falta de conectividad vial, empezaron a dar los primeros pasos para la construcción del tren Iquitos – Yurimaguas. Se gastó 100 millones de soles (27 millones de dólares) solo en estudios, nunca se vio un solo pedazo de riel ni vagón alguno. Inmediatamente pusieron énfasis en el proyecto de la carretera Iquitos – Santa María de Nanay – Doce de Octubre – Saramiriza, estimado en 7 mil millones de soles. Seguramente quedará en estudios como producto de la viveza criolla imperante.
Traté de mencionar los casos emblemáticos que conforman el monótono menú de las propuestas de la élite política loretana. Me estaba olvidando, decían también que Iquitos se iba a levantar como modelo de ciudad sostenible con prioridad en el cuidado del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes. Se ejecutó, entonces, el megaproyecto de sistema de alcantarillado de más de 700 millones de soles. El bienestar prometido se inundó muchas veces en las aguas servidas, cada vez que llovía muy fuerte. Hay otros casos emparentados como la fraudulenta ciclovía y la arborización con maceteros de la ciudad de Iquitos.
Ninguna de estas propuestas de campaña convertidas en proyectos encaminados logró apuntalar o abrir el camino del desarrollo sostenible de la región Loreto. Las expectativas y la confianza de miles de loretanos quedaron atrapados en el manto de la mentira y el fracaso. En consecuencia, los aspirantes a la presidencia del Gobierno Regional de Loreto para el próximo periodo incluyeron en sus propuestas ´nuevos temas´ impregnados de falso patriotismo y amenaza a la soberanía, despreciable postura ideológica sobre los estándares nacionales y internaciones orientados a la protección de la vida de las personas más vulnerables y de su fuente de subsistencia. Por ejemplo, están tratando de endilgar – con descaro y desvergüenza descomunal– el aumento de la pobreza y el decaimiento de la actividad económica (forestal, hidrocarburos, comercio y otros sectores) al proceso de creación de las reservas indígenas para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), impulsado por ORPIO y AIDESEP de la mano con las comunidades indígenas ubicadas en los lugares más alejados.
Los PIACI, son hermanos que todavía no decidieron vivir como viven sus congéneres, en comunidades. Ellos son itinerantes, caminan dentro de un vasto territorio en busca de alimentos y huyen permanentemente de madereros, narcotraficantes, cazadores, exploradores y de otros peligros. El Estado tiene el derecho de protegerlos conforme a las leyes establecidas. Existe PIACI en Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay. El territorio que el Estado les concede a los PIACI para que vivan seguro seguirá siendo del Estado. No constituyen ninguna amenaza a la soberanía nacional, a la seguridad alimentaria ni son culpables del desgobierno prolongado de la región Loreto. Es abominable la deliberada acometida de la infame clase política –que actúa bajo la sombra del facistoide grupo autodenominado Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto– de usar a los PIACI en campaña política, despotricando y patrocinando su propalación para intentar manipular la conciencia de los electores del digno e inteligente pueblo Loretano.
Por: Jorge Pérez Rubio
http://irapay.blogspot.com
Los pueblos indígenas amazónicos están avanzando en el plan intestino de poner en marcha el “ejército indígena”, con el único objetivo de frenar el asesinato de líderes indígenas, perpetrado por las mafias relacionadas con el narcotráfico y traficantes de tierras. Nunca hubieran pensado en gatillar esta opción si el estado peruano estaría en el terreno de los hechos, ejerciendo el deber de garantizar la seguridad y la paz, trabajando juntos para aminorar la ausencia de oportunidades de bienestar, combatiendo con eficacia y transparencia el brote y rebrote de la corrupción que actúa como catalizador de las actividades ilegales. 17 líderes han sido muertos por las mafias organizadas, según el reporte actualizado del Centro de Información y Planificación Territorial de AIDESEP (CIPTA), en el periodo 2013 – 2021, (02 de Junín, 06 de Ucayali, 04 de Loreto, 02 de Cerro de Pasco, 01 de Amazonas, 01 de Huánuco, 01 de San Martin). En agosto del 2020 el Estado asesinó 03 indígenas Kukama que protestaban inermes –en medio del peor momento de la pandemia– en el frontis de zona industrial del Lote 95, explotado por Petrotal en Loreto. Brutal represión que podría quedar en la impunidad debido a la complicidad de la fiscalía y la impasibilidad de las instituciones públicas.
“No tenemos otra forma de defendernos ante el aumento de amenazas y de asesinatos. Es el momento de actuar haciendo uso de nuestra capacidad de organización, nuestras armas tradicionales y domésticos. No podemos ir a cazar ni a pescar para alimentar a la familia, no podemos vigilar el territorio como lo hacíamos antes. Ellos llegan con armas de fuego y se quedan para cultivar coca. Ellos te piden ingresar ´a las buenas´, ellos matan para amedrentar y escarmentar, ellos dicen no temer a las fuerzas del orden. Dejando entrever que todo está arreglado o están bien pertrechados. Ellos logran sobornar a los malos dirigentes para escudarse y mimetizarse. Nosotros luchamos, en su momento, contra el terrorismo, con el mismo objetivo de defender la vida y recuperar la tranquilidad. En aquel entonces el Estado nos brindó armas y capacitación, esta vez esperamos la misma atención”.
Los pueblos indígenas están siendo atrapados por la telaraña de la muerte del narcotráfico, ante los oídos sordos del Estado, ante el desgano y el desinterés. Durante el mes de noviembre y de la primera semana de diciembre de este año, llegaron a Lima más de 50 líderes y lideresas para denunciar y pedir acciones concretas destinadas a poner coto a los sucesos de crímenes y ensañamiento. A pocos días de pasar al próximo año no se ha podido ser testigo de ninguna medida alentadora.
Las acciones planteadas al gobierno para evitar más muertes son: titulación de comunidades, desplazamiento de la fuerza del orden a los lugares ocupados por el narcotráfico y traficantes de tierras, investigación profunda sobre los asesinatos, erradicación de la corrupción enquistada en esta telaraña, incrementar el apoyo a las iniciativas económicas comunales y mejoramiento de los servicios básicos. Consiguientemente, la conformación legal e implementación del “ejército indígena”. El rápido funcionamiento del este órgano de seguridad propio habría de posicionarse en el infalible escenario de la disuasión. Es decir, podríamos ganar la guerra sin haberlas librado.
“Apu Jorge, hay muchos hermanos que abrieron las puertas al narcotráfico y callan por temor. Yo soy valiente, aunque me cueste la vida seguiré batallando, seguiré denunciando ante el Perú y el mundo. Tarde o temprano la paz volverá a nuestro territorio, a nuestras comunidades”.
Nuestros abuelos decían que la palabra debería de amanecer. Decían que amanece en la cosecha abundante y saludable, en la construcción consistente y duradera de la maloca, en la hechura de finos y maravillosos tejidos, en la manifestación de una mente brillante, en la irrupción de un día de intenso verano en medio del prolongado invierno –necesario para salvar pichones de loros habladores–, en la ineficaz mordedura de serpiente en el alma de una niña, en la profusa reciprocidad del bosque y en la vida retozante de la fauna visible e invisible. Cuando la palabra amanece, decían, las ánimas ayudan en el éxito de la usanza de las plantas medicinales y de otros saberes que salvaguardan la salud y la armonía. Hasta que un día la palabra no amaneció feliz –entonces logramos comprender con el corazón y la razón que el mundo es un ser vivo y nosotros somos la criatura vital de esta cofradía, interactuamos en distintos idiomas y compartimos los mismos propósitos frente a la defensa de la vida– porque yacían enfermos los ríos, los animales y las personas. Si en el decurso del tiempo la palabra que dio origen a la existencia misma de todo ser vivo no amanece, el planeta sufrirá graves problemas de salud y no podrá brindar a sus congéneres de aquí y allá las provisiones imprescindibles.
Cómo pudiste viajar tan lejos en tan poco tiempo, allá al otro lado del río en tierras extranjeras. Cómo lo hiciste.
Simplemente hice amanecer la palabra del viento –contestó el abuelo–. Si logras hablar con el viento y obtienes su respeto y admiración te vuelves como él. Entonces, adquieres la capacidad de desplazamiento por encima de esta tierra, de principio a fin. El cuerpo viaja en una cápsula o potente burbuja dirigido por el pensamiento. Al llegar al destino prescribe la imperceptible cámara de locomoción por sí misma, en el mismo instante de pisar suelo. Sin haber sufrido metamorfosis alguna estás expedito para desarrollar las actividades concebidas. Para retornar o ir a otro lugar, la palabra tiene que volver a amanecer, una y otra vez. Si la palabra del sol amanece en ti –obviamente a pedido suyo– eres visto por todos los animales como un ser incandescente, antropomorfo de fuego que ahuyenta las conspiraciones de fieras y aquelarres.
La sociedad del conocimiento técnico, científico, filosófico, artístico, humanístico – sociales y de la educación (enseñanza – aprendizaje) deberán reinventarse en el campo de las soluciones de los grandes problemas que confronta la humanidad. La transición del conocimiento basado en la generación de riqueza sin abordaje social, intercultural y ambiental hacia el conocimiento de contención de riesgos e impactos en la vida de las poblaciones más vulnerables, es el principal e infalible reto de estos tiempos. Las escuelas y casas de estudios superiores deberán hacer amanecer la palabra de la ciencia y la ética. Por un lado, es vital el descubrimiento de nuevas tecnologías alternativas para combatir las terribles enfermedades globales como la pandemia, la contaminación de las fuentes naturales y la degradación de los bosques y, por otro lado, es de vida y muerte el inmediato funcionamiento de escuelas de ética y virtud para graduarse en impulsores (con el ejemplo) del respeto mutuo, trasparencia de los quehaceres públicos, no discriminación y el amor al prójimo y otros valores desdibujados.
En la búsqueda de hacer amanecer la palabra del buen vivir, las organizaciones indígenas afilados a COICA suscribieron recientemente el documento LLAMADO URGENTE A UN PACTO GLOBAL PARA PROTEGER EL 80% DE LA AMAZONIA PARA EL 2025. En resumen, “Instamos a los países de la cuenca del Amazonas a declarar el estado de emergencia y detener de inmediato la expansión de actividades industriales destructivas, políticas gubernamentales y subsidios públicos dañinos que permiten una mayor destrucción de los bosques. El estado de emergencia abordaría los factores que impulsan la deforestación y, al mismo tiempo, dejaría espacio para el diseño y la implementación de estrategias dirigidas hacia un cambio transformador perdurable. Las naciones industrializadas deben reconocer su papel en el cambio climático y el rol trascendental de la Amazonía en la mitigación del mismo y canalizar todos los recursos necesarios para garantizar una transición justa para quienes habitamos el bioma y para sus propios ciudadanos. El momento para la acción es ahora”. Obviamente, defendiendo derechos y cultivando nuestros saberes ancestrales.
“Todos los días mueren tres o más personas con síntomas de COVID19 en la localidad de Caballococha (triple frontera). Aquí no hay oxígeno ni atención médica suficiente. Los pacientes que están siendo evacuados se van a morir en Iquitos, debido al colapso de los hospitales”. Fragmento del audio de auxilio del apu, del pueblo Ticuna, Francisco Hernández Cayetano. Emitido el 8/2/21.
En el mes de mayo del año pasado, los pueblos indígenas organizados han presentado a la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA-L) y al Ministerio de Salud (MINSA), entre otras líneas de acción, la reactivación y funcionamiento del sistema de promotores de salud Indígena (SPSI), para hacer frente a la incursión del coronavirus en el territorio de los pueblos indígenas de la región Loreto. Esta propuesta no ha sido tomada en cuenta ni siquiera en el momento cuando la convalecencia y muerte de profesionales de la salud (médicos, enfermeras, enfermeros y técnicos) estuvo en el nivel más alto. Entonces, ha sido trágica la consecuencia de la política de oídos sordos del Estado (DIRESA-L, PCM y MINSA). Más de cien hermanos indígenas murieron, de acuerdo a la información brindado por los líderes comunales. La incapacidad de aplicar –la variable étnica en el conteo de fallecidos– en forma oportuna y extendida propició la minimización del etnocidio. Murieron porque no pudieron recibir atención médica ni información básica sobre medidas preventivas, porque no pudieron conseguir medicina, oxigeno ni otros pertrechos necesarios. Frente a la grave vulneración del derecho a la salud pública, ORPIO interpone una acción de amparo (23/7/20), cuya fundamentación dice:
“Ante la lentitud e indiferencia de las autoridades del Gobierno para atender de manera inmediata y efectiva a las comunidades indígenas victimas del COVID19 en Loreto, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) decidió junto al Instituto de Defensa Legal (IDL) interponer una demanda constitucional de amparo en contra del propio Estado para proteger la vida de las comunidades indígenas”. “Esta demanda se dirige principalmente al Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Loreto, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Loreto por no proteger apropiadamente a los pueblos indígenas amazónicos de la región de Loreto frente al COVID-19”. http://www.orpio.org.pe/?p=1961
Actualmente, las comunidades indígenas están desprovistos de capacidades necesarias para afrontar los impactos de la nueva variante del virus. Hubieran estado en mejores condiciones si el Estado (DIRESA-L, PCM y MINSA) hubiesen acogido e implementado la propuesta de los pueblos indígenas basado en el Sistema de Promotores de Salud Indígena (SPSI). Esta plataforma de atención primaria, intercultural y pertinente se hubiera complementado perfectamente con el plan de asistencia médica itinerante (brigadas) y las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) Aéreas y fluviales, ejecutado por el MIDIS. El problema es que los “especialistas” del Estado hicieron prevalecer estrictamente el sentido de la palabra “itinerante”. Las brigadas de salud realizan dos raudos viajes en tres meses, en promedio. Van y regresan sin dejar asegurado las provisiones de medicinas y equipos de bioseguridad en los centros de salud y mucho peor en las comunidades más alejadas. Las PIAS fluviales llegan hasta donde la profundidad del agua le permite. Después que las brigadas y las PIAS regresan, retorna en las comunidades la realidad de la indefensión, la escasez de servicios de salud, la zozobra por falta de información y la muerte.
Desde diciembre del año pasado no salió ninguna brigada ni las PIAS. La nueva variante se está diseminando con rapidez y la terquedad y la miopía del Estado persiste. Las comunidades indígenas volvieron a presentar la propuesta SPSI y otras acciones orientado a salvar la vida de la población más vulnerable.
Antes y durante la pandemia pude conversar con varios hermanos en la misma comunidad de origen, sobre temas de mayor interés y que les tiene muy preocupados y agobiados por la imposibilidad de encontrar respuesta confiable de los gobiernos locales y regional de Loreto. “Conversar con Elisban Ochoa es muy difícil. Intentamos varias veces sin éxito. No quiere escuchar a las comunidades”, se lamentaba –de la indiferencia del Gobernador de Loreto– un líder indígena de la cuenca alta del Putumayo.
Cada año egresan de la secundaria –de los territorios de los pueblos indígenas– muchos jóvenes que por falta de argumentos logísticos no logran emprender una carrera profesional. Esta comunidad de copiosa capacidad de aprendizaje y de abundante deseo de superación están siendo, ahora, aprovechado por mafias relacionados con el narcotráfico que logró penetrar sin mayor dificultad la selva noreste y parte del noroeste y de grupos armados ilícitos que operan, por ejemplo, en la frontera Perú – Colombia. Este escenario podría convertirse, en poco tiempo, en una máquina acelerada de tortura y muerte. Como la vorágine que se vivió en la época del caucho en esta misma tierra, donde la muerte ha sido total: la vida, cultura propia y la esperanza próxima de bienestar. Una parte pequeña de esta comunidad sale en busca de oportunidades: de empleo decente, de realizar estudios superiores con apoyo de alguna organización no gubernamental, entidad o amigos. Otros se quedan en casa. Labrando, cazando, pescando y defendiendo el territorio que le amamanta y ejerciendo los conocimientos ancestrales.
Los territorios ancestrales, territorios comunales titulados, áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional, áreas privadas de conservación y las concesiones forestales están siendo agujereados por los cultivos ilícitos, por madereros ilegales que legalizan esta actividad con los papeles de los concesionarios y otros usuarios legales del bosque, cuya degradación masiva y profunda es inminente. Sin olvidar –porque está prohibido olvidar– que la contaminación de la actividad petrolera y el uso de productos tóxicos en la pesca artesanal socava severamente las bases de la seguridad alimentaria en corto plazo.
Las comunidades indígenas que conviven con las áreas naturales protegidas reclaman la presencia activa y productiva del Estado. “En el territorio donde vivían nuestros antepasados y nuestros abuelos ha sido establecido la Reserva Comunal Airo Pai. Nosotros así lo deseamos, nosotros le cuidamos. Pero, ahora nos dimos cuenta que el Estado o SERNANP no llega. No solamente se debe conservar las especies, también se debe atender las necesidades de las personas. Estamos preocupado por el deterioro de la atención médica, educación, comunicación, capacitación y no hay ninguna actividad generadora de economía sana”, dijo Anselmo Sandoval, presidente de la Organización Indígena Secoya del Perú - OISPE. “Mientras tanto, estamos siendo tentados para abrir nuestro bosque…”.
¿Qué piensan los líderes?
El Estado, en todos sus niveles, deberá actuar con prontitud a fin de avanzar en el desarrollo de la dignidad humana de las comunidades indígenas y asegurar el ejercicio de los derechos colectivos y fundamentales. El bosque nunca podrá representar nuestra esperanza de una vida sostenible local y global sin el bienestar de los que allí viven.
Por: Jorge Pérez Rubio
Íbamos un fin de semana a buscar alimento en los bosques del medio Putumayo. Teníamos planeado atravesar el territorio que había sido habitado por nuestros congéneres hace más de un siglo. Allí nacieron y desaparecieron por la estrangulación social y la diáspora inducido por la barbarie de los patrones caucheros. Después de caminar más de cinco horas bajo las tupidas frondas –de riquísima historia, olores, colores y especies– caí en una trampa o tal vez pisé la línea inmaterial de un anillo de seguridad –diseñado para proteger el canasto de la sabiduría que pervive en su entraña, los vestigios aún de pie y la resonancia de las canciones dedicadas a la naturaleza y al triunfo de la vida– que, en menos de un segundo, abrió sobre nuestro alrededor una ráfaga de rayos incandescentes y aterradores. No cayó sobre nosotros porque mi padre tenía el sello de la milenaria cofradía. No te asustes hijo, el espíritu protector de nuestros antepasados no te ha reconocido. Ven aquí para decirle que eres parte de la familia –dijo mi padre mientras quemaba un poderoso cigarro de su hechura– de lo contrario la encendida tormenta no cesará. El potente humo de tabaco envolvió mi cabeza por varios minutos. Fumaba y alternaba con invocaciones de calma a nuestros antepasados subyacentes en la sagrada montaña –con los ojos enfocados por debajo del dosel humeante y azotado por la estrepitosa sucesión de descarga eléctrica– afirmaba mi pertenencia al clan murui muinane y pidió perdón por no haber advertido mi presencia. El cielo recobró el admirado azul en un cerrar y abrir de ojos, como si una colosal mano retiró el manto oscuro de la tempestad.
Abrigado por el sosiego pregunté qué pasó. Cómo el mediodía radiante desapareció repentinamente si no había señal alguna de inminente borrasca. Con quién hablaste.
Este lugar –me dijo– es sagrado. El cacique ordenó, antes de huir con su pueblo, el establecimiento de un mecanismo prodigioso de protección concéntrica cuyo núcleo conformado por la maloca y las zonas circundantes deberán ser impenetrable e inalcanzable por personas extrañas. La avidez de los cazadores y buscadores de madera fina no pudieron remontar jamás el portentoso parapeto y la vida que en ella existe eclosionaron felices por mucho tiempo. En adelante podrás ingresar a esta tierra sin problemas, tienes el salvoconducto otorgado por tus abuelos, de por vida.
Después de treinta años, en el río Tapiche, tuve el privilegio de escuchar una excitante e inquietante historia que hizo renacer el recuerdo de aquel mediodía de inclemencia y estupor, pero también de esperanza. Remanso se llama la valiente comunidad que dibujaba en una asamblea el tamaño del territorio donde viven, relieve, zonas de caza y de reserva, sitios históricos, lugares depredados y extraordinarios. Aquí vive nuestra sachamama –dijo con natural soltura el apu– y dibujó la figura del animal en el papel. Mi imaginación desprendida empezó a dar forma a la bestia de acuerdo a los relatos populares.
Cómo sabes que es una sachamama.
Hace mucho tiempo que sabemos de él –el brillo de sus ojos expresaba honestidad y respeto por el ofidio que, según los expertos ancestrales, posee el dominio del agua y de la tierra– pero nunca pudimos acercarnos tanto. Intentamos varias veces, pero fuimos repelidos por relámpagos de alto voltaje, lluvias intensas y nubes que cegaron el sol. Nuestros chamanes tienen muy buena comunicación con el abuelo sachamama, es nuestro amigo y protege este vasto territorio. El día que nos abandone esta tierra quedará desprovista de la abundancia conocida y de la orientación espiritual y sanatorio, concluyó.
He pedido a Dios que libre de todo tipo de plagas a esta comunidad y muchas otras comunidades que coexisten con la naturaleza en armonía y reciprocidad. La comunidad de Remanso está conformada por más de 100 habitantes, no tiene escuela, botiquín ni medio de comunicación.
Comunidad Nativa Victoria
Puinahua (río Marañón)
En los últimos cinco años la pobreza aumentó aceleradamente en las comunidades nativas y campesinas de la región Loreto. Me refiero a las personas que viven más allá de las capitales de las provincias –si estas urbes han permanecido de pie es porque los gobiernos lo han visto siempre como potencial electoral–. En intrigada reciprocidad les dieron muchas atenciones haciendo inversiones en infraestructura social e impulsando servicios básicos, de calidad incipiente e infrecuente. La delgada circulación monetaria –motivado por estos trueques– ha colocado a esta población en el cauce macilento de la dinámica de mercado. Mientras que las comunidades aisladas no alcanzan respuestas oportunas frente a la letalidad de la hepatitis B y otras enfermedades recurrentes, no hay en la lejanía disponibilidad de antídoto para mordedura de víbora ni siquiera existe una cadena de asistencia médica que atraviese la selva para salvar vidas. Las muertes frecuentes provocados por males evitables son más dolorosos y desnuda el cuerpo de la indiferencia y la discriminación que se engendra cómodamente en el sistema político actual del país. ¿Es posible remontar esta ignominia? Sí es posible. El desarrollo de la persona humana en un régimen de valores y posibilidades tiene que estar por encima de toda discusión y materia que enloquece a los líderes económicos y políticos de nuestra sociedad.
El programa “Beca 18” es una brillante política de educación superior para jóvenes estudiosos de familias de escasos recursos económicos. Durante su vigencia abrió las puertas de las oportunidades a muchos, pero también dejó frustrado a la mayoría de los que en algún momento creyeron haber pisado la escalera del progreso. El tamiz de los postulantes ha sido diseñado por eruditos de la educación básica regular que no tomaron en cuenta el bajo nivel de la enseñanza – aprendizaje en todo la región y la innecesaria focalización de los beneficiarios puso la última viga a las expectativas. Cientos de hombres y mujeres que no lograron acceder a la beca hoy talan el bosque para sembrar coca –cultivo que creció vertiginosamente en nuestra región tomando por asalto el sistema de seguridad del Estado permeable por los narcodólares, la réplica de las calamidades del VRAEM está a punto de estallar–, extraen oro de los ríos y manipulan mercurio, están al acecho de los grupos que actúan en la informalidad y del crimen organizado. Ni un segundo más debemos estar impasibles ante este claustro que oscurece la esperanza de un mundo mejor. Las autoridades deberán aunar esfuerzos para crear un sistema de educación superior alternativo que abrigue las almas recónditas sedientas de superación. La creación de un instituto superior tecnológico público aquí en Victoria arreglaría la vida de todos, me dijo el apu Nelson Arimuya.
Loreto es la región con más áreas naturales protegidas creadas y otras encaminadas. Está muy bien proteger el bosque para seguir recibiendo de ella el pan de cada día, sin deteriorarla. Pero, ¿cuáles son los roles de las áreas naturales protegidas para aliviar el dolor y la pobreza del poblador amazónico? ¿Por qué se establecen sobre territorios ancestrales reduciendo derechos y apremiando la vida cotidiana? “Vivimos en tierra restringida, en tierra ajena, solo los ‘Grupos de Apoyo’ se benefician y la mayoría somos perseguidos por SERNANP cuando sacamos nuestra comida de la Reserva Nacional Pacaya Samiria”, denunciaron los líderes del pueblo Kukama Kukamiria asentadas dentro de la Reserva. Los pueblos indígenas han conservado y fertilizado su territorio por miles de años, hicieron aprovechamiento responsable y lo seguirán haciendo. En este contexto, los países industrializados ofertan grandes sumas de dinero y asistencia técnica para la conservación de la amazonía con el propósito de reservar el carbono del más importante sumidero de los gases de efecto de invernadero. Lo paradójico es que en la plataforma convencional de lucha contra el calentamiento global no está encumbrado los derechos colectivos y los derechos humanos de los que al final están afrontando incluso con la propia vida las amenazas en curso: los pueblos indígenas.
Las autoridades locales, regionales y nacionales deberán pasar la valla de las estadísticas y de los discursos coyunturales para dar paso a la atención supervisada y real de los principales problemas identificados y advertidos miles de veces. Si pensamos en cómo encontrar opciones viables, tenemos a la vista un horizonte sostenible: encontrar el equilibrio entre el ritmo de la conservación ortodoxa de la amazonía con la inclusión de los derechos colectivos, sociales y económicos.
Por: Jorge Pérez Rubio
Más allá de que fue constitucional o no la decisión del ejecutivo de disolver la composición del reciente congreso de la república, ha sido pertinente. Ha sido necesario impedir la secuencia de daños del nocivo cuerpo que se había enquistado dentro de la estructura política y de poder y que estuvo a punto de hacer metástasis. La mayoría de los peruanos elogia el hecho, celebra el acto de abatimiento y acaricia con entereza el imbatible monumento creado en la memoria colectiva. No obstante, reconocemos que la alegría de bienestar soñado es incierta.
Asentimos que no habrá cambios en la política económica basado hasta ahora en la extracción de recursos naturales de los territorios habitados por los pueblos indígenas y la consiguiente contaminación, deforestación, degradación del bosque y el atropello de los derechos colectivos y fundamentales. Estamos seguros que continuarán las concesiones forestales ilegales en territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de Loreto. La intención de pasar al olvido la remediación y atención integral e intercultural de las comunidades afectadas por la actividad petrolera no dejará de salir de la zozobra a miles de personas. Se hará cada vez más notoria la disminución de la importancia que el Estado da a la Educación Intercultural Bilingüe en todos los niveles. La construcción de carreteras sin ninguna rigurosa valoración económica, social y ambiental y el dragado de los frágiles ríos Amazonas, Marañón, Huallaga y Ucayali en más de una docena de “malos pasos” a través del Proyecto Hidrovía Amazónica, constituyen en los hechos lo que dijo, post disolución, el presidente Vizcarra: “el modelo económico no se tocará”.
La abundancia de comida de la crónica del Fray Gaspar de Carvajal provenía de los ríos que hoy está en los planes más controvertido y peligroso del Estado: el proyecto hidrovía amazónica. La realización del proyecto propiciará, sin duda alguna, la crónica de la miseria y del hambre. Miles de hombres y mujeres que tienen como legado las provisiones materiales y espirituales de los ríos están asustados y plantean un retroceso o replanteamiento del proyecto, en un momento donde el EIA-d no es más que papeles, vacío de respuestas frente a las preguntas sobre el dragado y las pesquerías y la posible distorsión del caudal de los grandes ríos en agravio de las comunidades ribereñas.
Recientemente el Ministerio del Ambiente dio pase al proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que afecta derechos indígenas de consulta previa de los estudios ambientales, territorio ancestral y medio ambiente saludable. Estas formas legales recurrentes que buscan el debilitamiento de los estándares sociales y ambientales para consumar la destrucción de la amazonía están en marcha.
Nuestros abuelos nos decían que debemos cuidar nuestro territorio por que bajo su protección y proveeduría tendríamos larga vida, paz y sabiduría. Durante miles de años venimos cumpliendo esta milenaria enseñanza. Cada vez cuidar el territorio es más difícil frente a la avalancha de amenazas. Aun así, nuestro compromiso con nosotros mismos y con el mundo es inflexible.
Por: Jorge Pérez Rubio
Más de un siglo después de continuo deterioro del bienestar de los pueblos indígenas y ribereños de la amazonía peruana viene brotando –en medio del prolongado sufrimiento y zozobra de lo que podría pasar el siguiente día– un conjunto de ideas, pergaminos, percepciones, sentimientos y diversas miradas que armonizan entre sí. Coinciden en la urgente necesidad de poner fin a las despiadadas razias que el Estado peruano en complicidad con los inmisericordes patrones de la economía global vienen infligiendo sobre los bosques y sus habitantes. Confluyen en el perentorio objetivo de dar respuesta a miles de hermanos habitantes de la acechada amazonía de cómo recuperar la aptitud del agua y de la tierra que por muchos años brindaron paz, alimentación sana y dieron soporte a la espiritualidad constructiva y tutelar de la vida. Cómo evitar el vertimiento de veneno de la industria petrolera, cómo sofocar el mercantilismo de la tierra, el incremento de la depredación y descremación del bosque, cómo contar con servicio de salud y educación pertinente y de calidad, cómo lograr el desarrollo de emprendimientos económicos saludables y por qué el Estado peruano está impasible frente a los problemas que nos agobia y ensombrece nuestro futuro. Hay más preguntas que respuestas.
Las preguntas planteadas están en consonancia con las preocupaciones de las Naciones Unidas. El informe sobre el desarrollo humano del 2019 que se publicará en el último trimestre de este año, en esencia menciona que “el informe irá más allá de la narrativa dominante sobre la desigualdad, centrada en el nivel de ingresos, para considerar también otras dimensiones, como la salud, la educación, el acceso a las nuevas tecnologías y la exposición a crisis económicas o relacionadas con el cambio climático. Utilizará nuevos datos y métodos que destacarán cómo la desigualdad afecta la vida de las personas, superando las limitaciones que ofrecen las cifras promedio, y contará con una visión a largo plazo, abarcando más allá de 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Entonces, ante la gravedad de la salud del territorio y del hogar de los pueblos indígenas y ribereños, decidieron recientemente, en la maloca, llevar adelante una gran batalla en defensa de la vida y de las fuentes de vida. Una batalla contra la mirada y postura de los corsarios contemporáneos, fieles herederos del pillaje de antaño y defensores de falsas teorías de desarrollo y del fundamentalismo económico encubierto en políticas públicas. Que tanto daño hizo y sigue haciendo a la amazonía y al mundo.
Muchos políticos se han envilecido y obnubilado con la ingente cantidad de dinero que parió nuestra tierra. El primer boom petrolero dio para Loreto más de 10 mil millones de dólares y bajo tierra todavía está aproximadamente 50 mil millones de dólares. El segundo boom petrolero es el botín más preciado que buscan apoderarse, desesperadamente, los perpetradores de siempre a expensas de la extinción de toda esperanza de vida saludable. El silencio de los académicos y la verborrea agraviante, discriminador e incesante de los políticos vigentes de Loreto respecto de los cambios necesarios que los pueblos indígenas ponen sobre la mesa del Estado, confirma la tesis del botín. Son aquellos los que callaron y consumaron el vergonzoso despilfarro y latrocinio del canon petrolero, ahora, defienden la continuidad del fallido itinerario de la región y pregonan grandes obras sin suficiente soporte científico respecto de posibles impactos económicos, sociales y ambientales a largo plazo. Son aquellos y sus cómplices los que no pudieron sentar las bases –en época de las vacas gordas– para el desarrollo sostenido de Loreto, hoy vilipendian el brillo emergente de las entrañas de la selva.
Yo vivo del bosque y tú de la ciudad. Yo personifico la cosmovisión, temores, sueños, luchas y retos elementales de los pueblos indígenas. Le dijo el líder indígena al personal de SENACE en una conversa sobre competencias y deberes inherentes con el sufrimiento y pobreza que ha ocasionado los proyectos de inversión en el último siglo. Continuó diciendo. El bosque me amamanta, abriga y duermo feliz en su regazo. Cada día me prodiga generosidad y enseñanza de dimensión insondable, inagotable como el amor de una abnegada madre. Si la corriente de la ubre, en algún momento, se vuelve escasa e insalubre habría nuestra matriarca enfermado gravemente. Habría sido inoculado por el letal veneno de hidrocarburos, exudado trombas de savia por el desgarramiento de la deforestación y el espíritu habría sido carcomido por la exclusión, indiferencia e indiscriminación. Entonces, mi mundo se haría más pequeño, inhabitable y entraríamos en una situación de convalecencia incierta.
Comprendo tus palabras, es muy duro la realidad del territorio donde vives, respondió el funcionario. Nosotros del SENACE estamos haciendo los mejores esfuerzos para evitar daños al medio ambiente y a la vida de los peruanos, a través de una evaluación rigurosa e independiente de los Estudios de Impacto Ambiental detallado (EIAd) de los proyectos de inversión pública. No le creo, interrumpió el líder indígena, sé que usted no es el culpable del creciente escepticismo que me invade. Le puedo mencionar algunos ejemplos que evidencia la deficiencia del trabajo que ustedes realizan. El avance del EIAd del proyecto Hidrovía Amazónica es cuestionable cuando dicen que la batimetría de los ríos ha concluido acertadamente. El ojo de los conocedores indígenas del comportamiento del río pudo observar que los “malos pasos” (que serán dragados) son sitios de reproducción y hábitat de peces que conforman la dieta de miles de personas. El estudio no está tomando en cuenta el posible impacto y SENACE no lo ha observado. También, el EIAd del Lote 64 no ha identificado el riesgo de contaminación que podría darse en el traslado de crudo en barcaza, pasando territorio Achuar y Wampís hasta la estación de bombeo Morona.
SENACE es una institución joven, muy comprometido con la idea de desarrollar un trabajo profesional y transparente para lograr el desarrollo sostenible del país. Para lograr nuestro objetivo necesitamos aunar esfuerzos y estamos abiertos a recibir propuestas que nos ayuden a mejorar, concluyó el funcionario.
El líder indígena dijo, no he podido ver en tus ojos el brillo de la interculturalidad, de la diversidad y el poder que tiene para entendernos y encaminar el bienestar en tiempo de crisis de valores; perpetrados por los que conducen la vida del país en agravio de la vida, el medio ambiente y los saberes ancestrales. Tú vives de la ciudad y estas formado para contribuir con el crecimiento permanente de la riqueza –que no es malo– si fuera respetuoso de los derechos fundamentales y colectivos. Las grandes ciudades están en la cima de la cadena de consumo, siendo cada vez más voraz, fagocita oportunidades y destruye sonrisas.
Queda claro, entonces, que del vientre de la madre naturaleza deberá ser erradicado la economía que funciona con el péndulo temerario de la extracción de los recursos naturales. Debe ser repensada para dar paso a una economía basado en el uso intensivo de la energía renovable, en el desarrollo de conocimientos y tecnologías para producir alimentos sanos en armonía con el crecimiento demográfico e impulsar emprendimientos de bienestar en los pueblos indígenas. Desarrollar una educación que propicie un profundo entendimiento de la naturaleza y el privilegio de la realización de la persona humana.
El Gobierno Regional de Loreto (GORE Loreto) asumió compromisos relacionados con la reducción de las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, en el marco del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF). El primer informe ha sido presentado en la II Cumbre Mundial de Cambio Climático de las Américas realizado en Jalisco (México) en agosto del año 2016, donde habían destacado la prioridad de asegurar jurídicamente el territorio ancestral de los pueblos indígenas. Para llevar adelante estas acciones y otras orientadas a colaborar con los compromisos climáticos nacionales y globales, el GORE Loreto, ha venido recibiendo millonarios fondos multilaterales y privados dentro del Concejo Interregional Amazónico. La nueva administración de esta importante institución subnacional –elegido el último domingo 7– tendrá que continuar implementando y creando otras opciones de mitigación para proteger la amazonía mediante la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los esfuerzos del GORE Loreto para demostrar avances del compromiso frente al desafío del cambio climático tuvieron una carrera anodina y de doble rasero. Los proyectos sobre energía renovable posiblemente habría de estar gestándose de acuerdo al enfoque de la Sociedad Peruana de Energía Renovable mientras creaba las condiciones para el progreso del proyecto Línea de Trasmisión Moyobamba - Iquitos 220 KV, sin duda alguna, habría aumentado los niveles de contaminación y deforestación existente, en contracorriente de la tendencia en el mundo de transición hacia la fuente de energía limpia e inagotable. La peor contradicción del GORE Loreto en el curso del desarrollo del encargo de contribuir con el Acuerdo de París es la vehemente adopción e impulso de la carretera Saramiriza – Iquitos, Genaro Herrera – Angamos y otros. Estos tipos de inversiones constituyen la amenaza más grande de las comunidades y de los bosques tropicales en todo el planeta. Abrir y dividir en dos las entrañas del territorio ancestral de los pueblos indígenas es la apertura del desfallecimiento de la cultura propia y de las prácticas de subsistencia. La carretera –en virtud de la controvertida y cuestionada conducta de la clase política y económica vigente del país– podría convertirse en una banda transportadora de maletas negras y de riesgos para la provisión y sostenimiento de los servicios ecosistémicos de los exuberantes bosques. A nivel forestal no han otorgado mejoras en la administración de los títulos habilitantes. EL GORE Loreto, infringiendo la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, entregó recientemente concesiones forestales sobre las propuestas de Reserva Indígena Yavarí Tapiche y Yavarí Mirim solicitado para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Contribución Nacionalmente Condicionadas (NCD) Perú también prevé asegurar el acceso de agua segura y prevenir enfermedades.
Esta concisa retahíla de temas que no están siendo cumplidos en el marco de los compromisos del GCF podrían ahondar el desprestigio del GORE Loreto ante la comunidad internacional y adelgazar las posibilidades de percibir fondos verdes que muy bien utilizados podría ayudar a mejorar la calidad de vida de los loretanos.
Las nuevas autoridades del GORE Loreto tendrán la terea de construir y sostener la coherencia en los espacios de cooperación nacional e internacional donde están ahora involucrados. Defender los derechos de los pueblos indígenas y procurar su bienestar con acciones concretas que están planteados en los planes de vida, en las mesas de diálogo y en otros acuerdos. La conmemoración del bicentenario de nuestra independencia ha de contener metas cumplidas y no expectativas difusas.
Por: Jorge Pérez Rubio
Los acontecimientos históricos, muchas veces heroicos, que dieron origen a la definición y redefinición de las fronteras convencionales del Perú con los países de la amazonía Norte y Este, han dividido el territorio ancestral de los pueblos indígenas. Cada nación soberana acogió lo suyo. Han pasado muchos años desde que los límites del Perú con Ecuador, Colombia y Brasil se habían fundido en un riquísimo y frondoso proceso de intercambios de saberes ancestrales, sueños, experiencias alegres y varias veces muy amargas e insostenibles, perpetrados por las actividades económicas basado en la extracción de los recursos naturales –en los últimos 100 años– mediante prácticas deshonestas respecto de los derechos humanos y la anodina aplicación de los estándares sociales y ambientales.
La creciente y multitudinaria exigencia de remediación de daños ocasionados a la vida de miles de indígenas en la amazonia, los interminables conflictos sociales y la vigorosa defensa organizada de los derechos colectivos –en medio de incontables sustancias, métodos y herramientas tóxicas– es consecuencia de la injusticia, el engaño y el improperio del rostro más negro de la sociedad económica.
Las fronteras físicas de los países de la amazonía se convirtieron en hogares itinerantes y dinámicas de varios pueblos indígenas hermanados que hicieron imperecedero –en aquellas tierras fértiles y sagradas– la predilección por la reciprocidad y la unidad para hacer frente a los peligros transfronterizos que apuntan directamente a los recursos del bosque con valor económico y al menoscabo de la vida y la cultura propia. Por ejemplo, el pueblo indígena Matsés del Perú con sus congéneres del Brasil, en la cuenca del Yavarí y Tapiche, construyeron un lazo fuerte de entendimiento mutuo y desarrollo de compromisos orientados a respetar la historia común, proteger la vida de sus semejantes que aún se encuentran abrigados por el bosque prístino sin contacto alguno, practicar los conocimientos heredados, defender el territorio y articular el mundo primigenio con las bondades del mundo global. En la cabecera del río Gálvez, tributario del Yaquerana, existen sitios –donde se manifiestan a la luz del día– los espíritus de los guerreros, sabios y curanderos subyacentes. Constituye una fuente inagotable de catarsis y memoria viva que convoca a la niñez y juventud a preservar y hacer florecer la cultura Matsés en la vida cotidiana y organizativa.
En la cuenca alta del río Napo y Putumayo el pueblo Secoya coexiste con sus familiares y parientes del Ecuador en un vasto y profuso territorio, habitan una sola casa madre cuyos pilares se encuentran hundidos en cada lado de la frontera. Desde allí dibujan y tejen con diligencia, elegancia y estoicismo su presente y futuro. Los pueblos indígenas del trapecio amazónico están hilando el porvenir aún desde su propia frontera. Cada vez será imposible caminar como un ermitaño sino como una estructura hoplítica de la antigua Grecia.
Los esfuerzos y las iniciativas binacionales de los países fronterizos no incluyen la posibilidad, por ejemplo, de implementar el plan de vida de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador (Brasilia el 26 octubre de 1998) prevé estrictamente la ejecución de proyectos de infraestructura productiva y social con enfoque tradicional de los gobiernos y el fortalecimiento, innovación y mercados. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) solamente se esfuerza para mejorar el comercio transfronterizo a través de la investigación científica.
Estas entidades con enorme poder político y económico pueden ayudar a los pueblos indígenas fronterizos a confrontar la pobreza monetaria a través de actividades económicas sostenibles, garantizar la pervivencia de las culturas milenarias y propiciar el respeto de los derechos colectivos y fundamentales.
Por: Jorge Pérez Rubio
La profundización de la pobreza monetaria en el Perú incrementará las actividades de deforestación y degradación de los bosques amazónicos. Las comunidades indígenas aumentarán la búsqueda de recursos naturales con valor económico para mantener las bondades de la atención de las necesidades básicas de las familias relacionadas con la salud, educación, alimentación, vestimenta, transporte y servicios de comunicación. Hace más de un siglo desde que las comunidades indígenas amazónicas han ido formando parte de la economía de mercado. En la época del caucho estuvieron en la condición de semiesclavitud produciendo la goma de la aberración y durante los posteriores años realizaron trabajos impagos o muy irrisorios devenidos del comercio de pieles finas, pesquería, caza, horticultura y venta de madera rolliza o en pie. Estos quehaceres mercantiles ayudaron –con las pequeñas ganancias monetarias– a sobrellevar –hasta el día de hoy– los efectos y exigencias de la aparición sucesiva de nuevas necesidades en el curso de la vida tradicional, alterando de forma irreversible la usanza que por miles de años no había puesto en riesgo la integridad del bosque.
No solamente comprende el abanico de añadiduras externas los bienes de consumo alternativos o sustitutos, también involucra la oferta de los servicios públicos educativos y de la asistencia médica que se ha hecho imprescindible en medio de la creciente transformación de la sociedad global que ha basado en estos dos principales pilares la construcción del desarrollo humano para hacer frente a los nuevos desafíos y amenazas como el cambio climático, el atropello de los derechos fundamentales y colectivos, la seguridad alimentaria y el quebrantamiento de la paz.
El aumento de la escasez de los medios monetarios –provocado por la insuficiente presencia del Estado en la inversión o promoción de iniciativas económicas comunales sostenibles– está acelerando el usufructo de los recursos naturales por encima del techo de la subsistencia. La tala legal o ilegal de madera en territorios ancestrales está avanzando deprisa con la anuencia de las comunidades indígenas en compañía de los madereros que –por desgracia de la amazonía– jamás han hecho el esfuerzo de cumplir con los planes de manejo. Está creciendo la frontera del cultivo de coca y el tráfico de tierras prístinas para la conversión –previa comercialización de las parcelas– en ganadería, monocultivos y otros. Esta tendencia es fatal para los bosques de la amazonía, de la vida y cultura que de ella se amamanta.
La “visión de los civilizados” sobre la conservación de la amazonía para contrarrestar los impactos del calentamiento del planeta a través de la protección de las cabeceras de cuencas, hábitats y paisajes no toma en cuenta la transición del labriego hacia el mundo real basado en el dominio del comercio que le provee recursos adicionales para atender necesidades adicionales, pero de vital importancia para el desempeño de las capacidades humanas, el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos fundamentales y colectivos.
Varias ONGs están ayudando a allanar el camino del deterioro paulatino del bosque amazónico. Han proscrito toda posibilidad de propiciar la circulación monetaria y contribuir con la erradicación de la pobreza en las comunidades indígenas. Que los indígenas defiendan los territorios ancestrales con sus métodos y medios propios, dicen. Sin tomar en cuenta la dimensión de las amenazas y su capacidad de reinventarse en busca que una letal estocada.
He vivido la infancia y gran parte de la adolescencia en El Estrecho. Comunidad fundada, en la orilla del río Putumayo, por mis antepasados murui muinane hace más de medio siglo. Tengo reciente en mi memoria la abundancia de alimentos que proveía el río, cochas, quebradas y del bosque traían consigo carne fresca, abundante leña y frutos que mis papilas gustativas extrañan a menudo. Los conocimientos de los pueblos originarios de este lugar ayudaban a la comunidad a permanecer en el prolífico camino del bienestar duradero.
En más de 1200 kilómetro de largo del río en territorio peruano, en los años 80, la única escuela secundaria conocida estaba ubicado en el Estrecho, en la mitad de la cuenca. La mayoría de padres hacían largos viajes llevando a sus hijos a la escuela. A veces dos, uno para ir y otro para regresar con los párvulos a casa. Íbamos a estudiar sin zapatos, sin uniforme, con un lápiz y un cuaderno. No era obligatorio. Algunos libros nos hacían descubrir que no éramos los únicos individuos en este mundo y que en otras latitudes existían países y ciudades con rascacielos, avances importantes y culturas diferentes. Los niños y jóvenes que provenían del interior de la cuenca sufrían mucho más de los que vivían en la Comunidad. No tenían asegurado la alimentación diaria, no tenían vivienda ni custodia oportuna y responsable. La reciprocidad de los anfitriones originarios era insuficiente frente a la progresión aritmética de la colectividad estudiantil.
Los frutos nunca han sido del todo muy dulces. Menos de la mitad lograban terminar la secundaria, esta población seguían los pasos de sus padres combinando una formación básica de las ciencias y las artes occidentales con la horticultura y otras prácticas tradicionales. Un puñado lograron salir más allá del territorio ancestral para estudiar alguna carrera profesional, muchos no volvieron. No hubiera sido posible hablar de estas hazañas sin la ayuda, digno de ensalzar, que recibimos de Dios a través de los misioneros y misioneras cristianas que se han asentado en el lugar en los tiempos fundacionales. La cofradía ayudó, en aquel entonces, con liderar la educación en la zona –incluyó también la donación de útiles escolares, tutoría y otros pertrechos en nombre de los santos evangelios–. Desde hace muchos años hasta el día de hoy viene siendo liderado por la hermana María Guadalupe del Buen Pastor.
Esta pequeña narrativa nos dice que el periplo de los pueblos indígenas –que viven según el INEI en la condición de extrema pobreza– hacia el horizonte del bienestar vernacular o buen vivir a la luz del avance de las ciencias y las artes globalizadas definitivamente necesita de un punto de apoyo, necesita de un apuntalamiento. La guerra que el mundo le ha declarado al calentamiento global y los ingentes recursos económicos que viene siendo destinado en su primera fase no debe dejar de financiar el desarrollo humano y social de los pueblos indígenas y ribereños. Necesitamos urgentemente de un ejército propio no solamente para sostener proyectos conservacionistas sino para la defensa del bosque con un enfoque de territorio frente a la deforestación, degradación, contaminación, tráfico de tierras para ser convertidos en predios privados y luego en monocultivos.
Sin embargo, sin la presencia preponderante, concreta y transparente del Estado en este escenario no habrá delectación sino decepción.
El Estado peruano nunca ha sido amigable con la milenaria vocación de los pueblos indígenas de defender el territorio ancestral para garantizar la vida y reproducir la cultura propia. El odio y la barbarie más dolorosa después de la vorágine del caucho (final del siglo XIX e inicio del siglo XX) ha sido perpetrado –por la represión más brutal– en la curva del diablo (Bagua, 5 de junio 2009). Estos dos luctuosos acontecimientos demuestran que si el Estado podría hacerlo ya hubiera aniquilado a los pueblos indígenas amazónicos para hacerse libremente y sin obstáculos de los recursos naturales. Aunque los pueblos indígenas estuvieron siempre de pie el saqueo de la amazonía no se ha detenido en ningún momento, dejando a su paso una estela de muerte que ha dado origen al fortalecimiento de las organizaciones indígenas y de nuevos liderazgos para defender los derechos colectivos y fundamentales e inmortalizar la grandeza de la historia de los pueblos. Entonces, nació también la Ley de Consulta Previa con el objetivo de poner fin a la escalada de los conflictos sociales y armonizar el ejercicio de los derechos colectivos con las prioridades de los proyectos de inversión a través de la generación de acuerdos resultantes del diálogo y el consentimiento.
El desarrollo de la Ley de Consulta Previa, la vigencia del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas y tratados –de los cuales el Perú es signatario– no han logrado frenar el atropello de los derechos colectivos y fundamentales. La hegemonía del poder económico ha dictado a los operadores del legislativo y ejecutivo diversos mecanismos orientados a flexibilizar o debilitar el rol de las instituciones públicas en materia de fiscalización, sanción y tutela de las salvaguardas sociales y ambientales (instituidos para proteger derechos y frenar el cambio climático). Desde entonces, el Estado está siendo arrastrado por el liberalismo cerril, radical y beligerante.
Los hechos que sostienen nuestra observación están relacionados principalmente con la implementación y encaminamiento de proyectos extractivos (principalmente petróleo), construcción de la carretera Iquitos – Saramiriza, Línea de Transmisión Moyobamba – Iquitos, monocultivo (Grupo Melka), Hidrovía Amazónica, tráfico de tierras –miles de hectáreas de bosques de producción permanente se superponen a territorios ancestrales impidiendo la frontera de posesión– y la creación de parques nacionales o figuras similares de conservación sobre territorios ancestrales en agravio de la calidad de subsistencia de las poblaciones indígenas (Caso Parque Nacional Yaguas).
La ausencia de un plan de remediación total de más de 190 puntos contaminados (identificados por OEFA) en el Lote 8 y Lote 192, la falta de acciones concretas sobre la demanda de compensación de daños a través de obras sociales y productivas, la demora de la reparación integral del Oleoducto Norperuano y la desatención inmediata con agua limpia para la población afectada por el derrame frecuente de petróleo constituye un vergonzoso monumento de la impunidad, engaño, codicia y aislamiento. La carretera Iquitos – Saramiriza ha sido impulsado por la pasión que el actual presidente de la república dice sentir por Loreto mas no por la urgente necesidad de levantar la capacidad de los deslucidos sectores productivos de la región. En consecuencia, Loreto podría convertirse en una réplica de la nefasta situación social y ambiental que ha llevado consigo la Interoceánica Sur (Madre de Dios). El proyecto Hidrovía Amazónica ha de definir su continuidad en lo que el EIA-d pueda dilucidar –en un proceso de consulta previa– respecto de los temores de los pueblos indígenas que se cierne sobre la dinámica de los ríos y la reproducción de las pesquerías que viene alimentando a miles de personas durante miles de años. Mientras tanto ORPIO ha presentado una solicitud de nulidad de la Resolución Directoral que aprueba el Plan de Participación Ciudadana del EIA-d por no haber considerado los acuerdos de la consulta previa para esta etapa.
Según los expertos el Proyecto Línea de Transmisión Moyobamba Iquitos no es la única alternativa para proveer la energía que se necesita. Con 499 millones de dólares que cuesta este proyecto se podría construir varios parques generadores de energía renovable (principalmente solar). La Sociedad Peruana de Energía Renovable sostiene que el Perú tiene abundantes condiciones y el MEM ha creado un marco normativo (DL 1002, 2008) promotor de las energías renovables no convencionales (RER). “El 45% de la energía proviene de fuentes renovables en Brasil y en el 2020 varios países de la UE prohibirán el consumo de energía generado por combustibles fósiles” por contaminar el medio ambiente. En el Perú existe hoy 4 parques eólicos en operación.
Las autoridades de Loreto deben planificar el desarrollo de Loreto de la mano con la sociedad civil a fin de lograr la sostenibilidad que todos esperamos.
Dos acontecimientos recientes evidencian el curso soterrado del gobierno actual de acabar con el cumplimiento de la Ley N° 29785 del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Perú es signatario desde el año 1995.
Primero, la falta de voluntad de llevar adelante la consulta del nuevo contrato de explotación del Lote 192. El agotamiento de la frontera de la exigencia se ha trasladado al terreno de la protesta indefinida de los hermanos indígenas que se han visto afectado por más de 40 años. Segundo, el día de ayer el ejecutivo oficializó la Ley 30670, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la Carretera Iquitos-Saramiriza para su interconexión con la costa norte. La ruta de la carretera comprende Iquitos-Santa María de Nanay-12 de Octubre-Andoas-Saramiriza.
La promulgación de esta Ley desnuda los planes del gobierno de conceder favores a las empresas dedicadas a las actividades extractivas en Loreto donde no hay ni siquiera una zonificación participativa que hubiera permitido conocer y encontrar solución a los problemas de superposición de títulos habilitantes con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Una hendidura sinuosa en la selva desde Iquitos a Saramiriza, sin duda alguna, traerá consigo los mismos males (minería informal, deforestación, trata de personas, narcotráfico que vendrá junto a asesinatos, secuestros, corrupción, tráfico de tierras y otros) que padece la selva y sus habitantes relacionados directamente con la carretera Interoceánica Sur, en Madre de Dios y la Marginal de la Selva, en el Huallaga Central. Asimismo, con esta Ley el Estado ha fijado el terreno para no hacer caminar el cumplimiento de la Ley del derecho a la consulta previa sino hacer prevalecer el artilugio político y la falacia denominado “necesidad pública e interés nacional”. Pues, no representa el interés ni la necesidad de los que viven en el lugar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que “la objeción para no aplicar un derecho fundamental porque retardan o alejan las inversiones es inválida, insuficiente y errada, pues solo con reglas claras y transparentes, basadas en el respeto al estado democrático de derecho, se podrán desarrollar actividades productivas sin los conflictos sociales, que conllevan pérdidas humanas y económicas”.
La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que el Estado peruano está obligado a llevar adelante y constituye el gesto democrático más importante de respeto de los derechos humanos que el mundo hasta el día de hoy no ha dejado de defender y proteger. Cómo piensa el Perú formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y qué logros el mundo podrá ver en las vitrinas del bicentenario, después de tanto revés y contradicciones.
La carretera Iquitos – Saramiriza pasando por las entrañas de la selva virgen y por el hogar de miles de familias indígenas podría ser viable si se pone en marcha un proceso de diálogo que venga acompañado de un conjunto de medidas que asegure los derechos colectivos, deforestación cero, control contra las actividades ilícitas y protección de la diversidad biológica.
El enfoque moderno de la comunidad internacional, sin duda alguna, sobre la conservación sostenible de la diversidad biológica en la amazonía no es posible sin el respeto de los derechos colectivos y de los valores culturales de los pueblos indígenas que coexisten con el bosque – decenas de millones de años– en una dualidad histórica, abundante y dinámica. La tesis ha sido comprobada por la comunidad académica y científica en el esfuerzo común de salvar el futuro climático de la tierra.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), plataforma científica de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), reconoce la eficacia de los conocimientos de los pueblos indígenas y el ejercicio de la visión holística para arrostrar el cambio climático a través de la práctica de la horticultura tradicional rotativa – sustentable desde la mirada alimentaria y ecológica–, saneamiento físico legal del territorio ancestral y la valoración adecuada de los beneficios más allá del carbono, tal como como lo plantea AIDESEP en la propuesta REDD Indígena Amazónico (RIA).
El Acuerdo de Paris (2015), en el artículo 7, respecto de la adaptación al cambio climático, afirma la necesidad de un enfoque participativo, transparente, con perspectiva de género, basado en la ciencia y en los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y sistemas de conocimiento locales. En relación a estos procesos globales el Perú se ha comprometido a reducir hasta el 30% de emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) al 2030. En consecuencia se están desarrollando proyectos destinados a cumplir la meta en la amazonía peruana.
Los párrafos anteriores dan cuenta de la relación y evolución de los compromisos de los Estados de llevar adelante una agenda muy bien diseñada para retornar al seno de un clima habitable, mediante la convivencia respetuosa –académica, tecnológica, espiritual y política– con el bosque que constituye el único y frágil hogar de los pueblos indígenas.
Frente a este paradigma global de respeto de derechos, desprendimiento de capacidades y búsqueda de sinergia para cumplir la meta de Paris es inconcebible que en el Perú los pueblos indígenas amazónicos tengan que sufrir los golpes de una prolongada indiferencia y actitud irrespetuosa del Estado: compromisos incumplidos de remediación de los territorios contaminados por la actividad petrolera en la zona del Tigre, Corrientes, Chambira y Marañón profundiza cada día más la situación de extrema pobreza en las cuencas, debido a la ausencia de agua limpia para el consumo y escasez de alimentos proveídos por los ríos, cochas y quebradas. La entrega de concesiones forestales, petroleras y otros derechos privados sobre territorios ancestrales en menoscabo del usufructo de sobrevivencia de los pueblos indígenas y de los que viven en situación de aislamiento voluntario.
Recientemente, el proceso de consulta de categorización de la Zona Reservada Yaguas ha puesto al descubierto los hilos que mueven las extremidades del Sernanp (Organismo dependiente del Ministerio del Ambiente del Perú). Actuando como marioneta y en complicidad con otros mecenas del conservacionismo internacional fundamentalista –cuya ideología concibe a la persona humana como un medio para lograr la protección prioritaria de los bosques y las especies– han logrado adoptar acuerdos para el establecimiento de un Parque Nacional sobre el territorio ancestral de los pueblos indígenas Yagua, Huitoto, Bora y Ocaina que viven en la frontera con Colombia. Durante el proceso de consulta una mujer indígena había manifestado –no sabía que delataría la viveza criolla y demagogia encaminada– al auditorio que el Sernanp y la ONG que lo auspicia en el terreno habían ofrecido puestos de trabajo y electrificación de comunidades involucrados en el proceso a cambio de apoyo de la propuesta de Parque Nacional. En consecuencia, cuatro comunidades que hacen uso directo del territorio ancestral plantearon una contrapropuesta para la creación de una Reserva Comunal parcial con el objetivo de participar en la conservación de la diversidad biológica y cultural y acabar con las actividades ilícitas de la zona.
Indudablemente, la tragedia de la Galería Nicolini que acabó con la vida de dos personas pobres del Perú es el reflejo fiel de la conducta diaria del Estado, de los políticos y de los gobiernos que se suceden sin tomar en cuenta los derechos de los más vulnerables.
El Estado peruano durante su larga convivencia social a espaldas de los pueblos indígenas amazónicos ha ido profundizando el retroceso en el camino de la investigación científica sobre las culturas ancestrales y la búsqueda de respuesta de cómo armonizar la sabiduría milenaria y los derechos colectivos con el inevitable avance de la economía de mercado basado en la extracción de los recursos naturales. Las consecuencias que ha infligido a la vida de los pueblos indígenas esta ignominiosa postergación han sido devastadoras: territorios de uso tradicional contaminados y despojados, exclusión de los servicios públicos, políticas públicas discorde con las prioridades locales y valores propios, discriminación y agravios que han ubicado a los pueblos indígenas en situación de extrema pobreza y alta vulnerabilidad.
En las últimas dos décadas ha llegado el Estado peruano a escamotear –sin remilgo ni perdón en el decurso de los años– derechos y expectativas de bienestar como resultado de haber soslayado la gestión de políticas públicas conducentes a mejorar la calidad de vida integral de los pueblos indígenas en relación aritmética con la inversión pública, principalmente de aquellas que han causado miseria en los últimos 40 años. El Estado estaba forzado –por el desinterés deliberado de practicar el valor del diálogo intercultural y desaprovechar el esplendor de los conocimientos tradicionales– de crear una implosión social como lo ocurrido en la “curva del diablo” en el año 2009 o las razias fratricidas orientadas a silenciar después a líderes indígenas que han cuestionado la estructura de poder y decisión del Estado.
Sabedores o sabios indígenas, iniciativas no gubernamentales y laureados investigadores de la cultura indígena amazónica como Jorge Gasché y Alberto Chirif han ubicado en malocas, bibliotecas y anaqueles riquísimos conocimientos y ejemplares de libros que explican con argumentos claros el vasto contenido de la sabiduría ancestral, forma de organización, la relación con el territorio y la vida en medio de la sociedad moderna, capitalista y neo-liberal. La diseminación de la interpretación –en colegios, universidades, centros culturales, medios de comunicación y otros– y comprensión de los valores de las culturas amazónicas en la sociedad regional loretana y nacional podría ser un instrumento revolucionario contra la discriminación, la injusticia y las taras de los gobernantes. Habría aminorado con la luz de los saberes de los pueblos indígenas las hordas enloquecidas por la avidez de la riqueza a expensas del empobrecimiento y daños ambientales, habría sucumbido las prácticas insidiosas con la que algunas ONGs –con aparente honestidad– vienen convirtiendo territorios ancestrales (fuente diario de alimentación y herencia duradera) en futuros mosaicos para safaris de las culturas originarias y de investigación científica.
Las organizaciones indígenas de nivel local, regional e internacional (federaciones, ORPIO, AIDESEP y COICA) deben actuar como una sola estructura y prodigar con abundante liderazgo las mejores propuestas frente a las amenazas y problemas que aqueja el ejercicio pleno de los derechos colectivos y fundamentales. No haber actuado como un solo frente –muchas veces– dio lugar a la inoculación de ideas e intereses corrosivos.
Los pueblos indígenas han hecho una profusa lectura sobre la racionalidad del Estado y las empresas que actúan en los territorios ancestrales. Las conclusiones pasan por la necesidad de salir del patio trasero y navegar por los ríos y quebradas tomando agua limpia, sembrando en tierra fértil, cosechando sueños de bienestar con identidad propia sin ser empujado por el viento que sopla el poder económico y político sino por la fuerza de la unidad y la fortaleza de los pueblos que han aprendido a orientarse respetando el estado de derecho.
El Estado no ha dejado de apuntar con el fusil de la represión a los pueblos indígenas empobrecidos de la amazonia peruana. La trágica experiencia del 5 de junio de 2009, en Bagua, había alumbrado normas legales y reflexiones que estuvieron destinados a privilegiar el diálogo por encima de la abominable lógica del etnocidio. De este infame atavismo que procura sin descaro acabar con la vida de miles de indígenas –descendientes de los que han sobrevivido de la vorágine de las reducciones religiosas y del flagelo del caucho– que viven de la prodigalidad del bosque el Estado no ha logrado escabullirse hasta el día de hoy. Hace apenas unos días un campesino que alzó su voz de protesta para defender la base del pan de cada día ha sido muerto –en la mina Las Bambas– con bala de guerra por la Policía Nacional del Perú. Otros fusiles apuntan a los indígenas que se han reunido en Saramurillo –desde hace más de 40 días– en protesta contra la prolongada contaminación petrolera y por la pobreza insostenible que carcome dolorosamente la expectativa de vida de la mayoría de los pobladores de la cuenca del Marañón, Chambira, Tigre, Corriente, Pastaza y Arabela.
No ha de pasar mucho tiempo para que la arrogancia y la ferocidad del poder económico ordenen disparar a quemarropa contra indígenas y coterráneos que gritan al mundo la presencia de agua envenenada disponible en la fuente, peces inoculados de petróleo, enfermos sin tratamiento médico, hijos desnutridos, ancianos desamparados, escuelas derrotadas por el olvido. Como en la época de la conquista la biblia acompañaba a la espada, hoy, la pólvora acompaña al diálogo. La razia con los pertrechos del bicentenario podría echar por la borda –en cualquier momento– la miga de la cultura de paz y diálogo que se mantiene viva en el regazo de los pueblos indígenas.
El Estado debería movilizar con rapidez cualidades, dinamitar la innecesaria petulancia heredado del colonialismo, respetar los derechos y la decisión de cómo piensa vivir cada pueblo indígena para dar paso, luego en Saramurillo, a una política seria de atención de los problemas sociales, remediación de daños ambientales perpetrado por más 40 años de irresponsable actividad petrolera y el encaminamiento de un plan que garantice el no retorno del desempeño altamente tóxica de las empresas.
El diálogo –Estado y pueblos indígenas– llevado adelante en los procesos de consulta previa en Loreto no ha sido ninguno infructuoso sino que ha dado paso a los proyectos de inversión a partir de la inclusión y búsqueda de solución de los problemas sociales existente en las zonas de influencia. El cumplimiento de los acuerdos de la agenda social no del todo está siendo atendido. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha firmado el compromiso –incumplido hasta el día de hoy– de articular esfuerzos con los otros ministerios del ejecutivo a fin de atender la demanda social generada en el marco del proceso de consulta de la Hidrovia Amazónica. En consecuencia, tenemos otro problema que se ha de sumar al descontento manifiesto.
Finalmente, el Gobierno Regional de Loreto ha abandonado a su suerte a los pueblos indígenas y comunidades movilizados en Saramurillo. Esta actitud del Gobernador de convertir en paria a los hijos de esta tierra que pisan hoy la zona más contaminada del mundo, es fratricida. No resiste a ningún análisis desde el punto de vista de los derechos humanos y de hermandad.
El diálogo del Estado peruano con los pueblos indígenas en los últimos diez años no ha sido una línea de acción preponderante en la búsqueda del desarrollo del país sobre una base de sostenibilidad social, ambiental y de respeto de los derechos colectivos y fundamentales.
La preocupación del mundo sobre la progresiva vulneración de la cultura y derechos de los pueblos indígenas ha dado origen al Convenio 169 de la OIT que ha sido adoptado y ratificado por el Perú dentro del concepto Estado – Nación y en virtud de los principios de este tratado internacional, en el año 2011, el Perú ha dado la Ley del derecho a la consulta previa. Ni los valores del tratado ni la finalidad de Ley de consulta previa han logrado reorientar –con claridad de respuesta y buena fe– la política económica primario exportador de los recursos naturales del país existente en el territorio ancestral de los pueblos indígenas. Las instituciones públicas que han llevado adelante la consulta previa han desarrollado el mayor de los esfuerzos en afinar estrategias frívolas para ganarse la voluntad de la población objetivo sin haber brindado información de calidad que implica la participación de los pueblos indígenas durante el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. Por ejemplo, la consulta del Proyecto Hidrovia Amazónica –que ha sido obligada por una sentencia judicial– había iniciado una vez que había sido aprobado y sacramentado los estudios de factibilidad. En esta etapa solo quedaba consensuar sobre los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su presentación –una vez concluida el EIA con la participación de representantes indígenas– en un predio social intercultural con capacidades técnicas. También, la consulta del Lote 192 se ha llevado a cabo alrededor o al margen del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos.
En consecuencia, las medidas a consultar han sido puramente administrativas y ha conllevado –en la última década– a un diálogo conformado por temas exento de propuestas relacionados con la economía local, seguridad alimentaria, seguridad ambiental y social que garantice la vida y salud de los pueblos indígenas frente a los impactos negativos inherente a toda actividad económica en el Perú. Los acuerdos firmados que soportan la existencia de las mesas de desarrollo –como aquellas generadas en el proceso de consulta del Lote 192– está siendo implementado por el Estado debido a su potente arraigo con la pobreza y su innegable prerrogativa política que lo hace difícil de abandonar a su suerte. Sin embargo, es comprendido como una agenda de inclusión posible de atención sin necesidad de un proceso de consulta previa.
El Estado peruano no ha cambiado el subrepticio y poderoso plan de acabar con la Ley del derecho a la consulta previa. No querer involucrarse en la lucha directa y decidida contra la pobreza que los pueblos indígenas arrostran cada día con la ayuda de la prodigalidad de su territorio habría sido el motivo de la eyección del Estado del mecanismo de diálogo. El Estado ha puesto en entredicho el rol garantista de la evolución positiva del diálogo a través de la Ley del derecho a la consulta. Entonces, el concepto de “interés nacional” ha empezado a allanar el camino para escindir la amazonía con el doble filo de los proyectos de inversión. La vaguedad del “interés nacional” está relacionado con la acción política y económica del Estado y no con las aspiraciones superlativas de una nación multicultural y plurilingüe.
La treta del Estado que busca la abstracción del derecho a la consulta previa podría incrementar el aislamiento de los pueblos indígenas del camino del bienestar que está enraizado profundamente en las bondades que por miles de años han encontrado en el territorio ancestral. Los pueblos indígenas no estarán jamás de acuerdo vivir en la trastienda de la sociedad, sin territorio, sin comida, sin derechos que defender y sin expectativa de futuro como pueblos diferenciados.
Por: Jorge Pérez Rubio
Hoy, apenas a lo lejos el flamante Presidente de la República del Perú habló de la cultura milenaria y su legendaria relación discrepante y enemiga con el Estado no ha sido acentuado en el discurso de toma de mando. El énfasis –sin importar el tamaño– habría dado cuenta de cómo el infierno de la pobreza ha empujado hacia la ignominia del oscurantismo y ha permitido la inoculación del virus que ha degenerado las principales fuentes de subsistencia de los pueblos indígenas; cuyo rostro cada vez se ve más difuminado en la lente de los gobiernos y el respeto de los derechos colectivos ha sido encapsulado y colocado en los anaqueles de las nimiedades.
Mucha gente que vive en el mundo urbano y coge con facilidad los frutos de la riqueza de la nación –que en el fondo es un asistencialismo disfrazado de oportunidades– cuestiona con dureza y escarnio la lucha de los pueblos indígenas que está basado en la defensa del territorio que constituye un legado vital, frágil y único medio proveedor de bienestar integral y generacional. El mundo capitalista ha entendido mejor –en la última década– que nuestros conterráneos la importancia de ponderar el desarrollo industrial con el desarrollo humano. En consecuencia, se han creado salvaguardas y estándares sociales y ambientales que se han institucionalizado en las políticas de los Estados, empresas y organizaciones multilaterales. Entonces, el anuncio del flamante Presidente de la República de conectar la costa con Iquitos por tierra es un proyecto que colisiona con la tendencia global sobre la gestión los recursos de la amazonía y con los acuerdos que el Perú firmó en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático orientado a reducir la deforestación y degradación del bosque.
La necesidad de una vía segura de conectividad de Iquitos con la costa es tan imponente que se ha convertido en un monumento construido de expectativas y en una panacea que ha de convertir a Loreto en una eminencia del desarrollo –así andan diciendo los políticos sin mayor rigor de análisis de la propuesta– y del intercambio comercial. Una carretera no está asociado directamente con el respeto de los derechos colectivos y fundamentales, con el desarrollo de capacidades educativas, tecnológicas y tampoco con los valores humanos que nuestra región necesita para crear mejores condiciones de vida. Una carretera en la amazonía es un machete de doble filo que por un lado ha de facilitar el transporte, por otro lado podría propiciar la avalancha de actividades que podría traer nuevos problemas y profundizar lo existente en agravio de la población más vulnerable del planeta: los pueblos indígenas y el derecho al territorio saludable.
Frente al anuncio de escindir la amazonía es necesario e inevitable conformar un grupo de interés dinámico para analizar la viabilidad del proyecto de unir la costa con Iquitos por tierra, las consecuencias y otras opciones similares.
A pocos días de la investidura del próximo gobierno es importante reflexionar, mencionar experiencias, problemas y tomar posición sobre cómo pensamos actuar en los años venideros. Para ello es necesario saber cómo está la casa.
Categorías de conservación reducen derechos colectivos de los pueblos indígenas al interior del Parque Nacional Sierra del Divisor para proteger, con incompatible y elevado fervor, los intereses de las empresas petroleras Pacific Stratus Energy (Lote 135) y Maple (Lote 31-B). Dentro del Lote 135 viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario –el Ministerio de Cultura ha opinado a favor de la existencia de estos pueblos que desde tiempos remotos han decidido vivir dentro del bosque primigenio y fuera de la sociedad globalizada– y para salvaguardar la vida y la cultura altamente vulnerable y frágil de los pueblos en aislamiento frente a las amenazas de la demanda extractivista las organizaciones indígenas han planteado la creación oficial de la Reserva Territorial Yavarí – Tapiche. En el contexto de la consulta para la elaboración del Plan Maestro del Parque se ha evidenciado una sofisticada tendencia que fortalece la zancada de la actividad petrolera promovido por el SERNANP en agravio de los derechos humanos. Las organizaciones indígenas AIDESEP, ORPIO (Loreto) y ORAU (Ucayali) no han quedado impasible ante el ahondamiento del peligro y han presentado ante el Ministerio de Cultura una acción de cumplimiento, garantía constitucional que busca hacer cumplir las normas vigentes respecto de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
La oferta de los proyectos de inversión en el territorio que habitan los pueblos indígenas ha dado lugar al ejercicio de la ley del derecho de la consulta previa, cuyo proceso llevado a cabo en el seno de las comunidades involucradas ha hecho posible que el Estado pise con sus propias botas el cóctel de problemas antiguos y nuevos originados principalmente por la contaminación petrolera, la depredación de las especies, la corrupción y la insuficiente asistencia de los servicios básicos. El Estado ha intentado varias abandonar el abanico de los problemas para poner énfasis en el objetivo de lograr un acuerdo o consentimiento sobre proyectos de desarrollo nacional y regional. El atavismo pródigo de indiferencia y olvido del mundo rural ha estado demasiado vigente. Una mezcla de insistencia de las comunidades y la prioridad de implementación de los proyectos ha permitido la creación de mesas de desarrollo y grupos de trabajo orientados a atender las demandas básicas cuantificadas en el terreno. Las mesas y grupos de trabajo multisectorial han caminado demasiado lento que han de transitar –sin visos de continuidad– hacia el fuero del próximo gobierno. Como por ejemplo, la mesa de desarrollo de las cuatro cuencas y el grupo de trabajo del proyecto Hidrovía Amazónica.
El Proyecto Línea de Transmisión 220 Kv Moyobamba - Iquitos, es el monumento del subterfugio, de los intereses oscuros y de la viveza criolla elaborado con frescura por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para evadir el ejercicio de la ley de derecho de la consulta previa. Lo han negado varias veces a través de triviales argumentos. La Defensoría del Pueblo a través del OFICIO N° 055-2016-DP/AMASPPI, de fecha 03 de junio 2016, recomienda al MINEM realizar la consulta a los pueblos indígenas que se encuentran dentro del ámbito de influencia del Proyecto. Defensoría manifiesta que el Proyecto afectará derechos colectivos y no beneficiará así mismo a los pueblos indígenas de la zona.
Los fondos provenientes de los acuerdos globales para reducir la deforestación y degradación, más conservación y manejo han generado una carrera hacia el acopio de vastas extensiones de bosques prístinos para la conversión de territorios ancestrales en Áreas Naturales Protegidas, con la mínima o indirecta participación de los pueblos indígenas. Esta tendencia amenaza seriamente el bienestar duradero de los pueblos empobrecidos de la amazonía peruana. Pues, la retribución por el stock de carbono acumulado ha de beneficiar a los titulares del polígono de conservación.
Tenemos que poner sobre la mesa del próximo gobierno nuestra agenda basado en el desarrollo propio para su consideración, respecto y financiamiento. Hay problemas que no he mencionado –igual de grave– como el caso del Proyecto PTRT3 que procura reducir el derecho de territorio ancestral de los pueblos indígenas.
Según la Dirección de Supervisión de la OEFA –en el último lustro– han ocurrido más de 20 derrames de crudo en la amazonía peruana. Los derrames –según el escrutinio basado en la experiencia cotidiana de la población indígena afectada– han sido originados por la ruptura del longevo Oleoducto Norperuano que padeció en su estructura los graves impactos de la obsolescencia y falta de mantenimiento durante y después del esplendor de la actividad petrolera (45 años). El Oleoducto Norperuano ha sido usado con la avidez de la riqueza desbordante y fácil. Ni siquiera en compensación por los caudales amasados el Oleoducto había recibido los cuidados necesarios que podría haber evitado la imperante catástrofe ambiental y social que ha golpeado con dureza la vida integral de la población indígena circundante. Cuya secuela ha sobrepasado el umbral del sufrimiento humano y desconcertado el futuro del control de los derrames en retahíla.
Petroperú –responsable del Oleoducto Norperuano– ha intentado desvergonzadamente hacerse a un lado –una vez más– sobre el origen del derrame de crudo de Chiriaco y Cashacaño. La dimensión de los derrames, la oportuna denuncia de las autoridades locales que tuvo resonancia en la prensa internacional y la enfática postura del Ministerio del Ambiente han torcido la legendaria falacia de Petroperú. En consecuencia, OEFA desempeñó sus funciones y exigió a Petroperú el mantenimiento del Oleoducto Norperuano en forma “efectiva, inmediata e integral”.
Los derrames –causado por el debilitamiento y ruptura del Oleoducto Norperuano– más letales que sobresalen en la línea de tiempo de la contaminación de la amazonía peruana se han dado en Cuninico (20 junio 2014) 1600 barriles, San Pedro (16 noviembre 2014) 7800 barriles, Chiriaco (25 enero 2016) 2000 barriles, Cashacaño (5 de febrero 2016) 1000 barriles. Otros incontables derrames que no han sido denunciados por las autoridades de las comunidades indígenas –por no haber podido recabar pruebas en el lugar de los hechos muchas veces parapetados por las empresas petroleras– no forman parte de ningún registro oficial y con lamentable despreocupación han sido ignoradas por las autoridades competentes del Estado. En consecuencia, la contaminación se ha extendido a través de la dinámica de las quebradas y ríos hasta comprometer también –quién sabe– la salud de la población urbana y semi-urbana de la Región Loreto.
OEFA también ha exigido a Petroperú –en el contexto de los últimos derrames de crudo– la actualización del Plan de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) y la “elaboración de un cronograma de ejecución de las acciones de cumplimiento de la medida preventiva en un plazo máximo de 7 días”. AIDESEP y sus organizaciones, a respecto, han pedido participar del proceso de implementación de los instrumentos de gestión ambiental a fin de garantizar en su contenido el respeto de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas. Los puntos planteados a Petroperú están relacionados con la suspensión inmediata del bombeo de crudo, reparación del Oleoducto, sanción de los responsables del derrame, atención básica de la población afectada, remediación e indemnización conforme a las leyes vigentes. El petitorio incluye los casos de derrame de Cuninico y San Pedro, en la cuenca del Marañón.
Hasta el día de hoy no hay un informe sobre el avance de las exigencias que OEFA hizo a Petroperú a través de la Resolución Directoral N° 012-2016-OEFA/DS de fecha 15 de febrero de 2016. Según el DS 081-2007-EM OSINERGMIN tendrá un plazo máximo de diez (10) días para pronunciarse acerca de la propuesta técnica de reparación definitiva del ducto afectado por rotura o avería. Pues, el comportamiento de OEFA y OSINERMIN con las empresas petroleras y mineras que han infringido los estándares ambientales ha sido siempre condescendientes e encubridoras. Por ejemplo, las empresas extractivistas que han sido sancionadas no han pagado varias veces la multa, deliberadamente. Desde entonces, la impunidad se ha convertido en caldo de cultivo de la irresponsabilidad ambiental y del caos en agravio de los derechos de los pueblos indígenas.
El futuro es tenebroso, la probabilidad de un próximo desastre por derrame de petróleo es muy alto, tenemos que adelantar esfuerzos con denuedo y remontar la vorágine del Oleoducto Norperuano. Actualmente en Chiriaco y Cashacaño el Plan de Contingencia de Petroperú se viene implementado con lentitud. El agua para el consumo y la alimentación diaria de la población se encuentran gravemente afectadas.
La cuenca del río Chambira está ubicado en el distrito de Urarina, provincia de Loreto, región Loreto – Perú. La cuenca está habitado en su mayor parte por indígenas Urarina. Existe actualmente en la cuenca aproximadamente tres mil habitantes. El flagelo de la pobreza y de extrema pobreza ha infligido su mayor castigo –en los últimos 40 años– en agravio de los derechos fundamentales y colectivos a partir de la extracción de petróleo en la cuenca y del alejamiento del Estado. Alrededor del Lote 8 –operado por Pluspetrol Norte S.A– abundan historias que dan cuenta de cómo la actividad petrolera ha ido convirtiendo la cultura tradicional del pueblo indígena Urarina en una censurable oportunidad lucrativa y de enormes ganancias a favor de las empresas petroleras mediante el vergonzoso régimen de conculcación y expropiación de derechos, del incumplimiento de los estándares ambientales y sociales no fiscalizados ni por el Estado ni –por ignorancia de los impactos negativos de la industria del petróleo- por los Urarina.
El Estado habría concedido con sigilo y sin anuencia a la Empresa petrolera del lote 8 –hace mucho tiempo y en la figura de una familia disfuncional– la función de promover el desarrollo de la cuenca del Chambira por razones, puedo inferir, geográfica –ubicado en lo más recóndito– y económica. Esta medida ha permitido al Estado eximirse del deber de atender las demandas del Chambira y ha propiciado la desastrosa huida del bienestar, dejando a su paso una insoportable estela de pobreza, dolor y sufrimiento.
Defensoría del Pueblo (Iquitos) ha visitado más de una vez la cuenca del Chambira en los últimos dos años y ha logrado identificar con claridad los macizos problemas que a diario carcome el futuro de la población indígena que vive en la cuenca desde tiempos antiguos. Los álgidos problemas han sido documentados y derivados a las instituciones públicas competentes con la finalidad de alentar el esfuerzo de llevar adelante la implementación de una agenda de desarrollo integral. Los informes de la Defensoría del Pueblo (Iquitos) sobre la situación social de la cuenca del Chambira aborda los graves problemas relacionados con el acceso a la educación escolar –En la cuenca funciona el Centro Rural de Formación en Alternanza de nivel secundaria, cuyo estándar de calidad podría estar arropado por el silencio o por la despreocupación. En el Centro Rural de Formación estudian solo dos mujeres del pueblo indígena Urarina sobrevivientes del estigma de la deserción escolar–, la escasa cobertura, efectividad de los servicios médicos y de los programas sociales, alto porcentaje de embarazos de adolescentes y la ausencia del RENIEC ha generado una reveladora población de indocumentados. La población de la cuenca del Chambira no está conectado con el flujo de embarcaciones de cargas y pasajeros que transitan por el río Marañón, en consecuencia, las posibilidades de contar con las más necesarias oportunidades de desarrollo humano es casi imposible.
La cuenca del Chambira es un suburbio, es un tributario marginal del mapa de prioridades de la región Loreto y del país, es un gueto indígena que subsiste gracias a la profusión del bosque. Con la presentación del problema de conectividad cierra Defensoría su valioso informe sobre la cuenca.
El problema que la actividad petrolera ha causado sobre el núcleo de bienestar de la población del Chambira no ha sido tomado en cuenta por Defensoría del Pueblo (Iquitos). El 10 de marzo 2015 la Municipalidad Distrital de Urarinas a través de la Sub Gerencia de Asuntos Indígenas y Ambientales ha denunciado ante OEFA Loreto el hallazgo de petróleo esparcido en la Línea A del Oleoducto Corrientes – Saramuro, progresiva km 32 + 592 del Lote 8, operado por Pluspetrol Norte. La contaminación revelada corresponde al derrame ocurrido el 25 de febrero 2015 a raíz de la ruptura del ducto que muy pronto cumplirá medio siglo de antigüedad. En los últimos años –por la misma causa– ha habido más de una docena de derrame en agravio directo de la vida de la población de las comunidades Nueva Alianza, Nuevo Progreso, Nuevo San Juan, Ollanta y Nuevo Perú ubicadas en el río Patoyacu, afluente del Chambira.
OEFA actúa en el escritorio y de conformidad con los reportes de campo de Pluspetrol Norte, cuya información necesaria para evitar y remediar los daños podría ser ineficaz e insuficiente. El Plan de Contingencia del Lote 8 no resiste los impredecibles y sucesivos derrames que se dan en la cuenca del Chambira. OEFA llega muy tarde y actúa en la ficción de un sistema de monitoreo ambiental serio e independiente.
Defensoría del Pueblo ha logrado despertar la atención de las principales instituciones públicas sobre los problemas de la cuenca del Chambira. Por ejemplo, el Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación concluye en la necesidad de “implementar un plan concertado multisectorial que permita atender con eficacia la situación de indefensión de la población indígena ubicada en la cuenca del río Chambira, que articule la participación de los tres niveles de gobierno, así como las instituciones públicas, privadas y sociedad civil; considerando como ejes transversales de intervención en salud, nutrición, educación y protección”. El siguiente paso ha de alumbrar sobre la voluntad política y el compromiso del Estado de luchar contra la pobreza y la exclusión.