Al final, estallaron las movilizaciones. No las que reclamaban la renuncia de Pedro Castillo por las denuncias de corrupción, sino las del interior del país que exigían su liberación, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y nueva asamblea constituyente.

El alto grado de violencia y destrucción de estos estallidos, los ataques a objetivos estratégicos precisos en diversos puntos del país y los mensajes instigadores de políticos extremistas denotan un bien montado plan para socavar el orden público, mezclado con espontáneas y legítimas manifestaciones de protesta. 

Las turbas atacaron aeropuertos e incendiaron locales del Ministerio Público, Poder Judicial, comisarías; e irrumpieron en empresas privadas como Danper y Laive, en Arequipa; asaltaron la planta de gas en Kepashiato, la central hidroeléctrica del Mantaro; apedrearon tiendas, comercios; quemaron garitas de peaje, buses y autos particulares; interrumpieron la red vial nacional; generaron disturbios y saqueos.  

No es la manera como se reclama en una democracia. Es más bien una forma de asonada contragolpista de grupos que no creen en el sistema democrático en contubernio con guetos financiados por una economía ilegal que viven de la informalidad, la ilegalidad, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. 

Estos grupos radicales son los que ponen hoy la democracia bajo asedio, a quienes el Estado debe identificar y diferenciar de quienes legítimamente salen a protestar exigiendo nuevas elecciones generales. No es lo mismo pedir el cierre del Congreso que disparar un arma hechiza contra un policía o soldado.

Hasta el momento se cuentan veinticinco víctimas civiles por enfrentamientos con las Fuerzas del Orden. Es lamentable y doloroso conocer este saldo luctuoso. El uso de la fuerza debe ser proporcional. Y cualquier exceso debe ser investigado y castigado. 

El Estado es el propietario del uso legítimo de la fuerza. Nosotros, los civiles, le entregamos esa responsabilidad cuando decidimos vivir en sociedad y dejamos de usar la violencia para resolver nuestras diferencias entre individuos. 

Cuando grupos violentos rebasan el poder de la policía nacional, cuando se bloquean carreteras, aeropuertos y se atenta contra la propiedad pública y privada paralizando las actividades económicas, conculcando derechos civiles y sociales, el Estado debe recurrir al uso extremo y legal de su fuerza. Y esta, en estado de emergencia, como sabemos, la ejercen las Fuerzas Armadas.

Por supuesto que se condenan los excesos. Ningún soldado en democracia debe apuntar sus armas contra sus ciudadanos. Pero tampoco los ciudadanos pueden irrumpir de manera violenta contra el orden y tranquilidad pública, e imponer su poder a costa del terror. 

No se puede tomar un aeropuerto, dañar sus instalaciones y pretender que la democracia no actúe en defensa inmediata de la gran mayoría de ciudadanos afectados por esa conducta criminal. Para eso existe la fuerza pública. Si la democracia es puesta bajo asedio, debe defenderse. 

1. Las instituciones democráticas cumplieron su papel. El Tribunal Constitucional rechazó casi de inmediato el golpe de Estado y la quiebra del orden constitucional perpretado por Pedro Castillo Terrones. Pero fue el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y  la Policía Nacional del Perú el que terminó de desmoronar la osadía palaciega al ratificar su respeto al orden constitucional establecido y señalar que la disolución del Congreso constituye una infracción a la Constitución que genera el no acatamiento de las instituciones armadas. 

2. Debe igualmente destacarse la sólida posición institucional en defensa de la democracia y el Estado de derecho que tuvieron el Poder Judicial, La Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Los distintos órganos componentes del sistema condenaron el intento del golpe de Estado de manera escalonada a través de las redes sociales.

3. Un golpe sin preparación, ni respaldo, ni estrategia, es un acto fallido, políticamente suicida. El presidente fue víctima de su falta de convicción democrática como de sus impromptus, sus miedos y sus fantasmas. Nadie respaldó su temeridad. Ni su partido, ni sus congresistas, ni el Consejo de Ministros. Las declaraciones de Salatiel Marrufo tildándolo como cabeza de una organización criminal terminaron por destrozar sus nervios. El resultado fue el mensaje a la nación de un autócrata tembloroso, balbuceante, sin autoridad ni convicción.

4. Pero, no nos equivoquemos. Si bien su último acto fue desesperado, no lo fue su concepción. La vena autoritaria de Pedro Castillo se evidenció en múltiples momentos. No solo en el ataque permanente a las instituciones, sino también a la prensa. La prueba más reciente fue el acta del Consejo e Ministros del 24 de noviembre de 2022, donde consideran el rechazo de plano del Congreso a una propuesta de reforma constitucional sobre el referendo como primera confianza denegada. De ahí a provocar un nuevo intento de denegatoria de confianza y cerrar el Congreso estaba a un paso. 

5. La controversia entre poderes puede resolverse con un árbitro efectivo, equilibrado y oportuno. La medida cautelar del Tribunal Constitucional, que suspendió cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo —de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 24 de noviembre— echó por tierra el intento del Ejecutivo de pretender cerrar el Congreso legalmente. 

6. Los peruanos hemos aprendido a resolver los problemas por nosotros mismos. Hay algunas cosas de las que estamos curados: la hiperinflación, por ejemplo. En política, en cambio, arrastramos otras viejas taras, como confundir lo público con lo privado y  creer que el Estado es un botín. Que hayamos rechazado el intento de golpe de Estado, sin intervencionismos de terceros ni tutelajes, es una buena noticia para nuestra endeble cultura democrática. 

7. El rol de la prensa también merece señalarse. Sin su labor fiscalizadora no se habría llegado a donde estamos hoy. Semana a semana los medios fueron arañando y levantando capa por capa las obcenidades del régimen. Las declaraciones de Salatiel Marrufo prueban que tenían razón. En el poder se enquistó una maquinaria que no solo dilapidaba los recursos públicos, sino que, según ha confesado el testigo, rentaba los cargos para poder hacerlo. El ministro de Vivienda, por ejemplo, entregaba mensualmente 50 mil soles al jefe del Estado para que no ser removido del cargo. Ante estas denuncias, el poder respondió atacando, aislando, menoscabando a la prensa. Que lo sepan los políticos, con la prensa mal vecino es el amor y cuando no hay es peor. O, simplemente, mal con ellos, peor sin ellos.

8. La participación ciudadana ha sido vital. Esta vez no fueron marchas masivas, sino apenas un puñado de ciudadanos que rodeó las embajadas de Cuba y México en previsión de que Pedro Castillo busque asilo político. Estaban en lo correcto. Sin embargo, fue la propia escolta presidencial la que detuvo en flagrancia al fallido presidente golpista. Alertados por sus teléfonos celulares, otro pequeño grupo de transeúntes fue testigo de los hechos y grabó las incidencias. 

9. La crisis política no ha acabado. Se ha conjurado el ojo de la tormenta, pero continua la borrasca producto de la desconfianza y la fractura de la ciudadanía y la clase política. Las primeras señales de que no serán tiempos de calma vienen del sur del país. Se empiezan a generar manifestaciones que bien pueden ser aprovechadas por líderes extremistas. El horizonte de gobernar hasta el 2026, que ha señalado la presidenta Dina Boluarte, es legítimo, pero, probablemente, irreal. Un sector de la población seguirá exigiendo que el Congreso también se vaya. Para eso, la presidenta deberá aguzar sus sentidos para leer bien lo que la calle demanda.

10. La presidenta Dina Boluarte tiene la posibilidad de pasar a la Historia no solo como la primera mujer en ocupar la presidencia, sino como la que devolvió al país la tranquilidad pública,  reestableció la confianza en la política y lo reencaminó hacia la tranquilidad y el desarrollo. Puede hacerlo si se plantea reformas inmediatas, plazos realistas y si hace suyo el planteamiento de adelantar las elecciones antes que la efervescencia social nuevamente nos desborde. El gabinete que convoque debe ser de salvación nacional, formado por un presidente (a) del Consejo de Ministros con solvencia técnica, profesional y moral, capaz de convocar y concertar con un sector mayoritario de fuerzas políticas, dentro y fuera del Congreso. La elección de este personaje será crucial para saber si después de seis presidentes, en seis años, los peruanos aprendimos finalmente a valorar y respetar los plazos constitucionales de gobierno.

Según datos de Graph for Trought de Naciones Unidas, los partidos políticos en la región sufren una crisis de desconfianza y descontento de parte de la población. Los ciudadanos votan más “en contra de” que “a favor de”, como una forma de castigar el sistema político. 

En el Perú los partidos sufren además una crisis de representatividad y de estructura por lo que necesitan transformarse, reconvertirse, agionarse, si desean ser competitivos y mantenerse como opciones válidas. 

La participación de CC en el debate político con propuestas de reformas institucionales, apariciones en medios y colaboración ciudadana mediante plataformas digitales, es un llamado de atención a los partidos clásicos de todo el espectro ideológico. Ninguno de estos nuevos activistas en red encuentran espacio en algún partido político desde donde puedan proponer y actuar. 

Hace tiempo que los partidos han perdido esa conexión con la ciudadanía. No son ni espacios de articulación de intereses colectivos ni enlaces de canalización de las demandas ciudadanas. Tampoco son centros del pensamiento o escuelas de estudio y propuestas de solución de los principales problemas del país. 

Los nuevos espacios de discusión pública como los foros on line, los debates abiertos, los webinar, y la actividad en redes sociales, canalizan el diálogo en diversos temas de interés. Lo que los partidos hicieron cuando surgieron a fines del siglo XIX —activar el debate público—, lo hacen hoy las nuevas plataformas digitales. 

Los partidos necesitan con urgencia ser más permeables a los cambios sociales y tecnológicos. Ello incluye revisar la estructura organizacional del viejo partido de masas creado hace más de 200 años. ¿Secretario de disciplina, de Ideología, de Juventud? Por qué no secretarías de Gobierno local, de regiones y una secretaría por cada ministerio del Gobierno nacional. De lo que se trata es de preparar y especializar a los militantes para convertirlos primero en cuadros y luego en funcionarios probos de Gobierno. 

Si la tecnología puede asegurar el principio de igualdad, transparencia, democracia, participación horizontal y meritocracia, bienvenida sea. La administración política del siglo XIX no sirve en el siglo XXI. El voto de descontento expresado en las ánforas solo da como resultado ciudadanos frustrados con el sistema democrático. 

La democracia se asienta en partidos políticos. Los grupos de interés —como el que acaba de salir— pueden ayudar a presionar la modernización de los viejos partidos. Y quizás hasta los empujen hacia su reconversión en partidos 4.0.

* Artículo publicado en el Diario El Peruano, 24 de noviembre de 2022.

Un reciente encuentro de economistas en Lima reportó conclusiones en torno a los efectos nocivos que tuvo el cierre de escuelas en América Latina. La pérdida o pobreza de aprendizaje —entendida como la capacidad de leer y comprender un texto en niños de 10 años— subió del 50 % al 80 % en la región.

La pandemia sigue pasando factura social, especialmente a los más pobres, desconectados de internet y sin posibilidades reales de acceder a la educación remota, con maestros de escuela pública no entrenados en el uso de las herramientas digitales, que apenas si usaron el chat de WhatsApp como respuesta desesperada a la incomunicación.

La desigualdad social agravó los efectos de la pandemia. De no superar esta deficiencia, aseguran los expertos, la nueva generación perderá millones de dólares debido al trabajo precario que obtendrá con el arrastre de una mala formación académica básica. 

Mientras el resto del mundo desarrollado realiza el tránsito de la sociedad del conocimiento a la sociedad híbrida de la tecnología cognitiva, nuestros alumnos de escuelas fiscales están atrapados en una sociedad sin conocimiento en la que no comprenden lo que leen. 

El Estado, con la incapacidad técnica con la que hoy se administra, será difícil que pueda atender este problema. En el caso peruano se tendría que empezar por reabrir todas las escuelas —aún hay 600 mil estudiantes que no han retornado a clases, según la representante de la UNESCO en el Perú—. Y, aun así, la solución no podría quedar solo en manos del Estado y de sus profesores.

Necesitamos, como dice el informe de la UNESCO, un nuevo contrato social para la Educación. “Un contrato social que es más que un convenio, ya que refleja normas, compromisos y principios que tienen un carácter legislativo formal y que están culturalmente arraigados”. 

El punto de partida es una percepción común de los fines públicos de la educación. Hace unas semanas, en una visita que hicimos a un comedor popular de Lima Norte, preguntamos a las señoras que uso quisieran darle a su comedor por la tarde, luego de atender a sus comensales. Sin dudar, expresaron su deseo de convertirlo en aula de reforzamiento escolar. “Queremos que nuestros hijos aprenden inglés, matemática, computación”, dijeron.

En Lima existan cerca de 20 mil comedores populares ubicados en lugares donde precisamente las escuelas permanecieron cerradas por dos años. Si el Estado quisiera enviar maestros para reforzamiento escolar no habría presupuesto. De modo que la respuesta no va por allí.  Se requiere visión y esfuerzos colectivos de la sociedad civil para hacer frente al problema generado por el cierre de las escuelas. Las universidades, por ejemplo, podrían involucrarse. Ellas tienen alumnos que pueden asumir tareas de reforzamiento de materias escolares en los lugares de pobreza y pobreza extrema.

Es necesario un espíritu solidario de parte de nuestros jóvenes para aportar su conocimiento y organizar programas de apoyo en barrios marginales. Promover equipos de voluntariado puede ayudar a recuperar el tiempo perdido en las tareas de aprendizaje. Las facultades de Educación, los institutos pedagógicos —los centros de formación de los futuros maestros— debieran ser la primera línea de este ejército de jóvenes profesores que asuman la tarea de ayudar a educar a los niños afectados por el cierre de sus escuelas.

Recuperar la calidad de la educación es, en efecto, un esfuerzo social compartido. La educación inclusiva debe ser tarea de todos si queremos que nadie quede fuera. La solidaridad es esa fuerza que se necesita para cerrar las brechas educativas que también nos dejó la pandemia. Un país fortalece su tejido social cuando sus individuos cooperan.

La dignidad de la primera magistratura no puede estar en duda, si queremos ser respetados como Nación. Su deterioro, liviandad o su absoluta falencia, afecta no solo el valor del propio cargo representativo, sino el alma colectiva de los ciudadanos. Degradada la cabeza ¿qué se puede esperar del cuerpo?

Y, sin embargo, nos encontramos en esa anomia del poder político. La denuncia de la Fiscalía de la Nación contra el jefe del Estado —independientemente de sus consecuencias legales o constitucionales en el Congreso— es un documento que desnuda la miseria misma del poder.

El gobierno elegido democráticamente se presenta como una malformación congénita del arte para gobernar. Una organización pervertida en sus fines que tiene como obejtivo administrar el poder sacando provecho de él; un lúpulo amargo que fermenta cualquier acto lícito de gobernar.

La dignidad se tiene o se gana. Empieza por el respeto que uno tiene de sí mismo, y se refleja en el que las personas tienen sobre uno. La dignidad no puede ser sustituida por nada. Ni se compra ni se vende. Es incanjeable.

Cuando se ejerce un cargo, la dignidad da como resultado el honor y el respeto. Nadie con más autoridad sobre su pueblo que un gobernante íntegro. He ahí el origen de la palabra “dignatario”. 

La actual crisis política que vive el país nos revela que este principio se ha deteriorado. En todo nivel, en toda nuestra clase política, desde el regidor hasta la presidencia de la República, en provincias como en la capital.

De manera persistente y progresiva, las inconductas, tropelías, arreglos, repartijas y delitos revelados, reducen el valor y estatus del cargo representativo; y, al mismo tiempo, lo vuelve más apetitoso para los carentes de valores, horadando el valor mismo de la democracia representativa.  

Deshonrar el cargo público es traicionar la voluntad popular. Comprar lealtades con puestos públicos, desfalcar el erario nacional, amañar licitaciones, obstruir la función de los órganos juridisccionales, desaparecer pruebas, ocultar cómplices, incoar a quienes lo investigan, ha desbordado todo límite. 

La inconducta funcional, la degradación del cargo, le hace daño al país. La lección que debemos extraer de todo esto es simple: quien pretenda ejercer un cargo público debe ser digno de él. 

Lo anunció en 1821 Faustino Sánchez Carrión cuando unió dignidad a la condición de vida republicana. Lo que el tribuno quiso decirnos es que, si aspirábamos a ser República, no podía ejercerse representación sin honor. “Elevar nuestros sentimientos a la altura de este título”. 

Dignidad en la vida y —de ser electo— también en la función pública. 

El amor a Kim. Un amor diferente, distante, torcido. Pero real. Quizás el único que ha sentido Saúl en su regreso a ser Jimmy. 

En el alegato ante la corte para confirmar su sentencia no tenía que agregar nada, pero él dice todo. Por primera vez es sincero hasta la imprudencia. 

Conforme narra los hechos que denotan sevicia, venalidad, desidia, se va desdibujando el cansado y derrotado Saúl. 

En su lugar renace nuevamente Jimmy, pero no el Jimmy graduado por correspondencia, granuja y encantador de serpientes, sino otro Jimmy, uno nuevo.

Un Jimmy motivado por el amor a Kim que es capaz de fabricar su propia máquina del tiempo, aquella de la que alguna vez le habló su hermano Chuck cuando le dijo: “Si no te gusta dónde estás, no hay vergüenza en retroceder y cambiar tu camino”.

Y, entonces, Gene, Saúl, Jimmy, decide cambiar su camino. Encuentra por fin el punto de no retorno, bifurca sus opciones y escoge el que lo lleva a la redención. El camino de la pérdida de la libertad, que es al mismo tiempo el de la libertad para amar.

Kim no podía amar a Gene, Saúl. Huyó de él. Lo abandonó para no seguir potenciando el mal que emergía cuando ambos se encontraban. Ella arrastrando el transtorno de una madre tendera y él preparando emboscadas para sacar fácil provecho. 

Juntos eran dinamita. Sus vidas por separado son cuerpos que transitan, comen y aman en una rutina que los va matando de a pocos. Antes de que se den cuenta son muertos en vida. 

Necesitan detener la espoleta antes que terminen dinamitándose ambos. 

Y fue Jimmy, con su declaración transparente, directa y por primera vez sincera el que lo hace esperando el castigo justo, el accionar no divino de la justicia.

Su encierro purifica su alma. Better call Saúl se convierte así en Better call soul. 

Un grito del alma para recuperar el respeto, la admiración y por qué no el amor de Kim. Yendo a la cárcel, Jimmy recupera su íntima libertad, la libertad de amar y merecer ser amado por la única mujer que a su manera lo hizo.

Mientras las partes discuten la nueva versión del acusado Jimmy se sienta y voltea a mirar a Kim. Ella le devuelva la mirada y una ligera sonrisa, muy fina, Mona Lisa, aparece. Sus ojos brillan. Ha vuelto a la vida. Él también.

Recuperadas sus almas, los cuerpos recuperan sus movimientos y comunican lo que durante años se resistieron a hacer. Kim tiene el valor de retomar su carné de abogada de Nuevo México y visita a Jimmy en la cárcel. 

Le invita un cigarrillo y ambos lo fuman recostados en la pared como lo hicieron desde que se conocieron, sea para relajarse, conversar o simplemente matar el tiempo. 

Se miran sin decir palabra, pero ella tiembla ligeramente al ofrecerle el fuego, como alguna vez le consagró sus sentimientos. El sostiene sus manos y prende el cigarro. Jala una pitada y luego se lo ofrece a ella, como antes, como siempre.

La escena final no permite saber a ciencia cierta qué será de sus vidas. Se miran por última vez. 

No hay resentimientos. Ni desconsuelo. Ni pena. Ni tristeza. 

Hay desasosiego. Tranquilidad. Calma. La paz que te da la liberación. 

La justicia, finalmente, ha hecho su trabajo. Él le dispara con los dedos. Ella se aleja de la cárcel hacia una ciudad inmensa de la que tampoco puede escapar. 

La diferencia es que ahora si desea matar el tiempo y fumar un cigarrillo recostada en una pared sabe donde encontrar a Jimmy.

El país se desmorona en el fango de la política sin que surja ese espíritu de grandeza que reclamamos desde aquí y que hemos tenido en el pasado. No hay fiesta, ni hay patria.

Hay sinsabor, desolación, frustración. Sin capacidad de renuncia en ambos lados del poder pasamos del que se vayan todos al nos quedamos todos.  Sin sangre en la cara y cumpliendo todos los protocolos.

Y, mientras tanto, el país, ay, siguió muriendo. El presidente de la República está atrapado en el juego del poder. 

Al cumplir un año de gobierno, prácticamente, carece de aliados políticos. El partido que lo llevó al poder lo conminó a abandonar sus filas.

Si requiere armar un gabinete -como que lo necesita a gritos- no tiene a quien recurrir. Su capacidad de convocatoria es casi nula. 

Las cinco investigaciones que le ha reabierto el Ministerio Público, sin duda, lo distraerán de su función principal de gobernar para preocuparse más en defenderse. 

En la calle, tres de cada cuatro peruanos lo rechazan. Su gobierno se está limitando a saltar de región en región en busca de una tarima política desde donde lanza epítetos, pero no gestiona.

El Legislativo está peor, 79 % lo desaprueba. La carta de Uriel García rechazando una condecoración lo dice todo: “las actuales instituciones tutelares del Estado peruano han perdido legitimidad y ya no representan la voluntad auténtica del pueblo peruano”.

La oposición dentro del Congreso ni siquiera puede ponerse de acuerdo en una fórmula unitaria para elegir la Mesa Directiva. El plazo para alcanzar la unidad vence mañana.

“Hasta la fecha, el bloque de Camones tiene potencialmente 52 votos, mientras que Echaíz arranca con 15 votos”, dice hoy la nota de Martín Hidalgo en El Comercio. Si se juntaran, asegurarían la victoria en primera vuelta.

Me parece que la salida para llegar a la unidad es asumir el Compromiso de Honor que ha logrado materializar la congresista Lady Camones.

La elección de ahora es para conducir el Congreso en las próximas legislaturas; y si hay sucesión constitucional, se elige una nueva Mesa Directiva.

Esto permitiría reducir la presión política que trae consigo la posibilidad de que sea el próximo titular del Congreso quien también se ponga el fajín presidencial. 

No, señores congresistas. Eso se verá en su momento. La sucesión presidencial debe pensarse en función no de los votos, sino en función de lo mejor para el país. 

Cuando llegue ese día, se requerirá elegir a una persona que conduzca el país con equilibrio, con capacidad de convocatoria para armar un gabinete probo y con honestidad e independencia para conducir un proceso electoral transparente.

Lo hemos hecho antes. Lo podemos hacer ahora. Antes que nada, el Perú, porque sin patria no hay fiesta.

En algún momento de su existencia el hombre miró al cielo. Y vio estrellas y astros titilando a lo lejos en una oquedad negra y profunda. Esa criatura curiosa había logrado finalmente caminar en dos extremidades y desarrollar un pulgar opuesto que le permitía prensar y fabricar herramientas.  Una y otra vez alzó la cabeza en dirección al universo buscando respuestas a los rayos de sol que lo calentaban, a la luz de luna que alumbraba la noche, a los rayos que alimentaban el fuego, al agua que daba vida a las plantas y creaba mares y ríos. Todo venía del cielo, todo caía del cielo. 

¿Qué fuerzas habitaban allá arriba que desencadenaban los más grandes misterios? Al no poder explicar los hechos, adoró los fenómenos naturales. Adoró el sol, la luna, el fuego, la lluvia. Luego conforme desarrollaba su intelecto imaginó que en las nubes moraba el Olimpo y una corte de dioses. Seres inmortales con poderes sobrenaturales. Divinos en su origen y poder, pero humanos en sus pasiones e instintos. Estos dioses se enojaban, peleaban, mataban, pero también podían ser bondadosos y premiar a quienes seguían sus mandamientos.

Más tarde pensó que el cielo debía ser el paraíso y la tierra el infierno. Imaginó que nada de lo que existía podía ser obra de la naturaleza o del azar cósmico, sino de la creación, regido por un ser supremo, inmaterial, puro y bondadoso, amor sublime, que envío a su hijo aún sabiendo que iba a morir a manos de su propia creación, el hombre terrenal. 

Dios, en su poder y amor infinitos, fue el refugio y proyección de esa alma atribulada y solitaria que sigue mirando y explorando el cosmos para descubrir, una y otra vez, que cuanto más conoce, más ignora; cuanto más profundiza, más le falta saber para terminar de comprender de dónde viene y por qué está aquí. 

Su más reciente logro es el telescopio James Webb que nos permite ver el pasado. Un momento de la historia del cosmos, hace 4600 millones de años luz, para confirmar la certeza de que hay tantos cuerpos celestes como granos de arena en el mar, y quizás más y que nuestra casa sigue siendo —como diría Carl Sagan—, un pale blue dot, un pálido punto azul.

Miramos el pasado para intentar ver el futuro. Para saber si en algún momento seremos capaces de saltar de roca. Por ahora nada indica que podamos hacerlo. Nuestros primeros pasos fuera de la tierra nos han llevado a la Luna; y a Marte hemos enviado vehículos autónomos. La Voyaguer 2 viaja a 56 mil Km/hora y necesitará 30 mil años para salir del sistema solar. Estamos lejos, muy lejos de siquiera pensar en dejar nuestra vía Láctea. 

La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4.3 años luz de la Tierra. Si sabemos que la luz tarda 8.3 minutos en llegar a la Tierra, imaginen lo que tomaría llegar a la estrella brillante más cercana si algún día alcanzáramos movilizarnos a esa velocidad. No hay forma. La única manera de viajar a esas velocidades sería teletransportarnos ¡a la velocidad de neutrinos! La lógica nos dice que esto no es posible. Pero también nos impulsa a aceptar la existencia de otras formas de vida en el universo. Es absurdo pensar que no existan, aunque también lo sería pensar que estas se encuentren en un bar tipo Stars Wars. Una parte de la ciencia ficción sigue trasladando las virtudes y defectos del ser humano a las especies estelares: amor, altruismo, bondad, maldad, lujuria, egoísmo, sufrimiento, guerra. 

El futuro quizás sea trascender ese plano para finalmente convertirnos en seres de luz, desprovistos de temores, egoísmos y ambiciones. Por ahora, las imágenes del Webb nos reafirman que seguimos siendo unidades de carbón adheridos a nuestra mota de polvo cósmico desplazándonos de manera radio céntrico expansiva hacia el infinito... y más allá. Estamos probablemente poblados, pero al mismo tiempo estamos más solos. Lo que nos lleva a la conclusión de que dependemos de nosotros. El principio y fin de nuestras vidas está aquí. El día y la noche se sucederán hasta que lleguemos por obra propia al fin y comienzo de todo. Cuando eso suceda habremos realmente conquistado el universo.

El más recinte número de la revista británica The Economist trae en su portada, en un fondo negro, el mapa de Latinoamérica en forma de una hoja de uva que empieza a amarillearse en sus contornos, en señal de su decrepitud. How democracies decay es el titular: Cómo decaen las democracias. No es novedad que la democracia retroceda en la región, más como expresión de gestión de gobierno que como sistema político. Una mezcla de desazón, frustración e impotencia podrían explicar este fenómeno que, en verdad, no es propio de América Latina. Ese sentimiento de rechazo se expresa cada vez con más fuerza en la colectividad social, especialmente entre los más jóvenes. La insatisfacción democrática avanza en ausencia de líderes, partidos políticos e instituciones. Y es el espejo en el que el mundo occidental teme mirarse. The warning from Latin American.

La corrupción, la violencia delincuencial, la falta de empleo y oportunidades, así como la rapacidad de quienes llegan al gobierno, parecen estar en la base de ese sentimiento negativo hacia el modelo de occidente para gobernar. Frente a regímenes que no logran reactivar del todo la economía, la inflación que vuelve a levantar cabeza, sistemas de salud que no se reforman pese a las debilidades mostradas en la pandemia, y tasas de desempleo y subempleo lastradas por dos años de parálisis, el apoyo a los sistema de gobierno es precario cuando no frágil. Los ciudadanos no se sienten comprometidos en defender la democracia. Lo grave es que esa incapacidad en la gestión gubernamental puede terminar arrastrando el modelo mismo de organización política.

En febrero de este año, el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, con apoyo del LAPOP Lab de la Universidad Vanderbilt (Estados Unidos), y el Barómetro de las Américas, realizó un análisis de la opinión de los latinoamericanos sobre la democracia y encontró razones poderosas que ligan el futuro de esta en la región al desempeño y eficacia de los gobiernos de turno. Una síntesis muy básica sería: si al gobierno le va bien, a la democracia también. O, si el gobierno lo hace bien, la democracia se fortalece. Lo contrario también es cierto. 

En esa línea, la subida de precios de los combustibles, la crisis en el abastecimiento de alimentos, la inseguridad ciudadana, la disparada de precios, la precaria educación, son factores de gestión de gobierno que, independientemente de las ideologías o del sesgo político de los gobiernos de turno,  inciden en el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema democrático. Las protestas, si bien son parte del sistema, a la larga, cuando son persistentes, sostenidas, violentas y concurrentes, es decir, que provienen de origen distinto, pero simultáneo, pueden terminar afectando la esencia del régimen político, buscando salidas desesperadas cuando no respuestas populistas y autoritarias.

El estudio citado señala que si bien la democracia como concepto es apoyada mayoritariamente en las Américas, “esta actitud está disminuyendo rápidamente en la gran mayoría de los países”. El problema es mayor en los niveles socioeconómicos y educativos más bajos. ¿Qué razones tendrían los menos favorecidos y excluidos en apoyar un sistema que les ofrece cambio cada cierto tiempo y no solo no les entrega resultados, sino malos manejos? 

El sentimiento negativo incide también en personas que fueron víctimas de la delincuencia o la corrupción. Pensemos en una señora de una olla común que no toma desayuno, se alimenta una sola vez al día, se priva de comer los fines de semana, sin trabajo, sin educación, enferma, que no le llega un bono solidario y que en el mercado tiene que hurgar entre la basura para conseguir alimento. ¿De qué democracia podemos hablarle o pedirle que la apoye? Con hambre y con frío es difícil pensar en defender la democracia. 

Y, sin embargo, no existe otra salida. La democracia debe prevalecer y los gobiernos deben ser eficientes y honrados para robustecerla. The Economist lo señala de esta manera: “Los latinoamericanos necesitan reconstruir sus democracias desde cero. Si la región no redescubre la vocación por la política como servicio público y no recupera el hábito de forjar consensos, su destino será peor”. La política debe recuperar su real sentido, dirimir los conflictos, acortar las desigualdades, administrar con eficiencia y eficacia los recursos de todos; contrapesar las necesidades y equilibrar las oportunidades. Debemos salir del circulo vicioso en el que parecemos entrar a toda velocidad y recuperar el circulo virtuoso del crecimiento, pero con equidad. Si no lo logramos equilibrar la cancha seremos víctimas de nuestras propias iras y frustraciones.

Grandeza y desprendimiento no son palabras que por ahora puedan asociarse a la política. Suenan raras, extrañas, ajenas, a uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Sin embargo, existieron en no muy lejanas etapas de nuestra vida republicana. Y hoy las necesitamos con urgencia. 

Surgen de vez en cuando en la historia. Aparecen como claraboyas en las casi siempre aguas infectas de la política peruana. A veces pueden ser actos pensados, reflexionados, resultado de contraponer el interés general al siempre pequeño interés personal. Otras, quizás fueron impulsos, corazonadas, impromptus. Pero fueron.

Hubo acto de grandeza y desprendimiento en Carlos Ferrero Costa cuando aceptó dejar la presidencia del Congreso de la República —que le correspondía— y ceder el puesto al correcto congresista Valentín Paniagua. Fueron tiempos en los que se necesitaba recuperar la sensatez y el equilibrio de poderes que se perdieron en los noventa e inicios del 2000.

Ferrero tenía los votos y su decisión no debe haber sido fácil. Había que estar a la altura de las circunstancias y tener amor al país para asumir una medida de esa magnitud. La historia refrendará que actuó correctamente y se le reconocerá el gesto de abdicar a una natural aspiración personal por un bien mayor.

Hubo también nobleza en el gesto de Luis Bedoya Reyes al proponer y apoyar la candidatura de Víctor Raúl Haya de la Torre a la presidencia de la Asamblea Constituyente en 1978. Las componendas y los cubileteos estaban a la orden del día y Haya de la Torre no tenía asegurada la votación al negarse entablar negociaciones con el PPC. El propio Bedoya entendió que ese puesto no sería jamás para él mismo, entre otras cosas, porque Víctor Raúl no lo apoyaría.

Bedoya reflexionó junto a Roberto Ramírez del Villar y reconoció la dedicación de Haya a la política. Ingresó a ella a los 23 años, fundó un partido y sufrió destierro a raíz de sus ideas.  Había sido el constituyente más votado. Era un acto de justicia entregarle la presidencia del poder soberano. 

En diferentes circunstancias es posible encontrar actos de desprendimiento similares. Se necesita grandeza, pero también espíritu cívico y una cuota de realismo para entender lo más conveniente para el país.

La política está llena de actos egoístas, de traiciones, de triquiñuelas y de cotidianos actos de bajeza. Tal parece que solo las sombras la alimentaran. Pero por más oscura que parezca, son estos fugaces chispazos de luz que irradian los auténticos políticos los que hacen posible que esta actividad tenga un brillo de nobleza.

Estamos en uno de esos momentos. Requerimos que aparezcan los sentimientos políticos más nobles: desprendimiento, altruismo, serenidad, reflexión y decisión. Se requiere escuchar la voz interior que nos permite renunciar al poder en aras de un ideal mayor. Grandeza no es un hecho grandilocuente. Ni estrambótico. Ni heroico, siquiera. En política, grandeza es un pequeño gesto que adquiere esa dimensión cuando pasa a la historia.

El economista jefe de la FAO, el peruano Máximo Torero, lo acaba de decir en una entrevista en el diario El Comercio: “En el Perú hemos encontrado niveles de hambruna que no habíamos visto antes”. Se refiere a los comedores populares de las zonas periurbanas de Lima, organizados por personas que perdieron su empleo durante la pandemia y que ahora sufren porque sin ingresos no pueden comprar sus alimentos que, además, suben cada día de precio.

A esta situación dramática, el funcionario internacional la llama: inseguridad alimentaria aguda.

En el penúltimo peldaño de la escala social, en la frontera de la indigencia, se encuentran las ollas comunes, organización social de sobrevivencia que atiende solo el almuerzo y que ha eliminado de la dieta el desayuno y la cena.

Para apaciguar el dolor que causa el hambre en los estómagos, las personas de las ollas comunes salen a pedir ayuda en los mercados. Hasta hace unos meses los vendedores minoristas les regalaban algunos productos, pero ahora es distinto. Ya los pobres no pueden ayudar a los pobres extremos.

Los sobrevivientes prefieren esperar a que termine la jornada de venta y escoger entre los desperdicios algunas verduras, tubérculos o frutas que puedan usar para preparar sus alimentos. Los pocos soles que pueden obtener de la venta de materiales reciclables solo alcanzan para comprar espinazos de pollo, vísceras o huesos de res “para darle sabor a la sopa”. 

La FAO envió un equipo técnico a realizar trabajo de campo para verificar la magnitud del problema. En los próximos meses publicará sus resultados. Pero los avances preliminares no dejan duda sobre el azote del hambre en las poblaciones pobres periurbanas del Perú. La pérdida del empleo por desactivación de la economía informal devolvió a los pobres al fondo del abismo social.

Sin trabajo, sin ingresos, no hay programa social que aguante. Peor aún si carecemos de institucionalidad y tenemos un Estado deficiente, débil y desestructurado. Es cuando se requieren recursos humanos preparados para asumir el control de la situación, diseñar estrategias claras de ayuda, pero sobre todo que aseguren, incentiven y aceleren la reactivación económica.

¿Puede alguien creer que la principal mina del país, que genera recursos para el Estado, sigue cerrada? El problema no es solo la guerra, el cambio climático, las sequías y las enfermedades que asolan a todo el mundo. En nuestro caso es también de gestión y administración del aparato público.

Ojalá las municipalidades puedan empezar a diseñar y enseñar a la gente a generar jardines, techos, viveros o macetas de alimentos vegetales. Cada centímetro de tierra debiera ser aprovechado para cultivar alimentos. La crianza de animales menores también puede ayudar a generar la proteína que necesitamos para escapar de las garras de la anemia y desnutrición crónica. El pescado y los frutos del mar son también una buena alternativa para mejorar la dieta diaria. 

Pero si el 2022 es ya preocupante, a la FAO le alarma más el 2023. ¿Qué pasará —se pregunta— si no se pueden traer todos los fertilizantes que se requieren para la campaña grande de julio y agosto? En ese caso caerán no solo los productos de panllevar, sino hasta los productos estrellas de la agroexportación, hundiendo más nuestra generación de divisas. 

Urge convocar a una cumbre nacional contra el hambre donde participe no solo el sector llamado a liderarla, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sino todos los ministerios sociales y de producción, así como el sector privado de alimentos, think thanks, la academia y las iglesias. El hambre no espera. El hambre ya está aquí.

El paro agrario realizado esta semana ha sido algo más que una protesta del sector agrícola. Puede verse también como un ensayo de movilización social, lo que en el maoísmo se conoce como “Línea de masas”, un proceso mediante el cual los grupos organizados —las masas— “aprenden a liberarse en la lucha”, mientras el partido los conduce correctamente hacia ese estadio de confrontación-aprendizaje.

Esta forma concertada de empezar a “batir el campo” en la práctica tiene una doble consecuencia. Por un lado, activa un sector golpeado por la subida de precios y escasez de fertilizantes e insumos agrícolas; y, por otro, troca la responsabilidad propia en ajena pasando de una política agraria ineficiente a echarle la culpa de la crisis agraria a los monopolios, oligopolios y a las posiciones dominantes en el mercado. La receta es conocida: polarizar y agudizar las contradicciones.

El proceso de confrontación permanente entre los poderes del Estado avanza y adquiere un nuevo dimensionamiento. Enfrentamos una polarización no solo entre poderes del Estado, sino en diferentes estratos de la sociedad. Los conflictos sociales se reactivan en el momento de mayor debilidad del Gobierno con dos viejas banderas de lucha: cierre del Congreso y nueva Constitución. La polarización empieza a expresarse ya no solo en auditorios, instituciones o publicaciones, sino en la propia calle, en una carrera que pareciera guiarse por el clásico principio de los movimientos sociales, según el cual, quien gana la calle gana el poder. 

Lo concreto es que el Ejecutivo no puede gobernar, entendiendo este concepto como toma de decisiones para la resolución de problemas, y el Legislativo tampoco puede remover o vacar al primer mandatario. Así estamos prácticamente desde la segunda vuelta electoral. Estamos entrampados. El punto de quiebre que se espera es mediante la movilización en las calles, volcada hacia uno u otro lado.

Hasta ahora las movilizaciones han sido impulsadas por los polos. Primero fue la derecha, que salió a desconocer los resultados electorales y hasta a defender abiertamente un golpe de Estado. Hoy es el turno de los grupos radicales y antisistema que tienen experiencia en organizarse y alterar el país. El problema para la gran masa ubicada en el centro político es que se trata de un espacio desarticulado y carente de liderazgo. Los centros políticos por naturaleza son pasivos. Fuera de las redes sociales, este espacio que agrupa al mayor número de ciudadanos, tiene dificultades para llegar a formar una “masa crítica” que exprese con claridad una posición o, mejor aún, defina una línea u orientación política. Cuando el centro tiene norte, cambia el escenario.

A ello se suma que la crisis de los partidos ha hecho que la política sea cada vez más informal. Y en ese mundo, bien sabemos, prima el individualismo y múltiples como precarias redes de conexión. Una de estas redes, la Iglesia católica, acaba de dejar el púlpito para intentar mediar en el conflicto. Primero con monseñor Barreto para propender a un cambio de gabinete —que empieza a parecer insuficiente para superar el estado de confrontación en el que nos encontramos— y luego a través de la autoridad eclesiástica para llamar la atención al Ejecutivo y Legislativo y conminarlos a poner fin a la crisis.

Pero se necesita más. Necesitamos primero que nada recuperar la cordura en la política (Alberto Vergara, dixit). No podemos seguir en el camino de seguir quemando gabinetes y dejar que el Estado se siga descomponiendo con funcionarios incompetentes. La línea de masas no puede ser solo para los sectores arrabaleros mal llamados de vanguardia. Porque aclaremos: no hay vanguardia con ideas retrógradas. Mientras no se movilice el centro, mientras las mayorías no se organicen —o al menos se ilusionen— y no surjan nuevos liderazgos, los extremos seguirán disputando el reino de la política. Y de ellos —solo de ellos— será el cielo.

Fue un Viernes Santo en que perdí mi último resquicio de inocencia. Y fue en el baño. Estaba solo, desnudo, con mi esmirriado cuerpo de niño y con muchas dudas en mi cabeza producto de una vida de sermones, misas y educación en casa sobre cómo debíamos comportarnos los cristianos, los verdaderos cristianos, en Semana Santa. 

“Debes lavar tu ropa, limpiar tu cuarto, barrer debajo de la cama todo el polvo donde se esconde el demonio; debes ayunar, no debes comer carne, la carne es el pecado, ni escuchar música alegre que despierta a Belcebú y humilla al Señor en la cruz; debes ir a misa, rezar, pasar el día en sosiego, sin murmurar, ni contrariar. Tampoco debes bañarte porque si lo haces te convertirás en pez”.

De todas las recomendaciones, esta última me aturdía sobremanera.

¿Por qué Dios prohibiría a sus fieles el aseo? Estar limpio de espíritu y de cuerpo era una manera perfecta de encontrarnos con Él. No tenía sentido esa recomendación. Pero enseguida pensaba: ¿Y si es un ejemplo?  ¿Y si en verdad lo que Dios nos quiere decir con esa prohibición es que no importa que estés sucio de cuerpo, lo esencial es que estés limpio de alma? Y si transgredías su orden ¿por qué te convertiría en pez? ¿Para multiplicarte después y repartirte en la cena? ¡Era espantoso!

Pensaba en todas estas cosas parado en el baño desnudo y con algo de frío. Con la mano en el grifo y el pensamiento aturdido por la conciencia que despertaba al romper una regla -hasta ese momento- de vida.

Dios no puede ser malvado. No puede castigar de manera cruel un acto simple y mundano como bañarse. ¿Cómo podría calmar el dolor de una madre al descubrir, de pronto, a su hijo convertido en una anchoveta, un pejerrey o un bonito, boqueando en la losa de la bañera? No. De todos los castigos que imponía Dios a quienes no guardasen como Él mandaba el Viernes Santo este era el más descocado. 

¿Y si era cierto? 

Todo estaba en mi cabeza. El romper la regla me lanzaba a ese momento perturbador en que Dios busca a Adán y Eva en el paraíso después de que han comido la manzana. Pero ellos no le dan cara. Están escondidos porque han roto un mandato y por primera vez sienten vergüenza de su estado. Tienen conciencia de su desnudez. Han perdido la inocencia.

Parado debajo de la ducha, desnudo y tiritando, estaba a punto de perder mi inocencia por mano propia. Era plenamente consciente de mi acto. Cerré los ojos. Recé un Padre Nuestro. Y abrí el grifo con fuerza. El agua fría encrespó toda mi espina dorsal. Me costaba respirar. Abrí los ojos y miré mis piernas. Seguían allí. No me salieron escamas, ni branquias. Grité y reí como un loco. 

Y pateé a un lado el balde con agua que previamente había llenado, por si acaso.

En circunstancias diferentes la crisis política permanente que atraviesa el Perú debería provocar un realineamiento de las fuerzas democráticas para arribar a un pacto que ponga freno al evidente deterioro no solo del gobierno, sino del sistema institucional.

Es un momento como para que los líderes políticos tomen la batuta y conduzcan el país hacia una solución o insurjan nuevos liderazgos con ideas claras sobre el qué hacer y con capacidad para armar una propuesta, comunicar bien el mensaje y movilizar y persuadir a las masas.

Pero no. Ni uno ni otro aparecen. 

Los líderes que necesitamos no existen más, y los nuevos tampoco. Es como si hubiéramos caído en un estado profundo de crisis de representación, de anomia de líderes carismáticos, huérfanos de ideas y deseos.

El Gobierno es más un intento fallido que un gobierno. Y sin embargo, dirige el país. Lo zarandea, lo resquebraja y, por fin, lo coopta de medianía. Mientras las instituciones languidecen, los poderes informales y lumpenescos ganan el forcejo al Estado y obtienen amnistía en multas y papeletas.

Y una vez más: ¿dónde están los profesionales de la política para ayudarnos a salir del atolladero? Paralizados en una especie de catatonia política. El campamento de Cuajone no tiene agua hace más de 40 días y nadie parece interesado en solucionar este problema. Esta falta de criterio en el manejo del Estado pone en riesgo la institucionalidad democrática que los peruanos —haciendo de tripas corazón— hemos amalgamado en los últimos años. 

La crisis política permanente que el Gobierno provoca amenaza con disolver este tejido institucional. Y, lo que es peor, deslegitima la democracia como sistema de gobierno. A tal punto que se empieza a vender la idea de que el descalabro de precios que padecemos se soluciona con un cambio de Constitución. 

Es como si se quisiera activar con calzador el “momento constituyente” cuando en realidad no estamos, sino, ante un “momento desfalleciente”. Desfallecen nuestros políticos, desfallecen las propuestas, desfallecen las ganas.

El problema con esta incapacidad en todos los frentes es que se puede provocar el abatimiento del propio sistema democrático. Si las soluciones al problema que vivimos no vienen de la civilidad, en un momento de máxima tensión, podría salir de los cuarteles. 

¿Qué esperan para empezar a mirar el cambio de la Mesa Directiva del Congreso y preparar la sucesión constitucional con criterio e incorporar en ella a congresistas como Roberto Chiabra o Gladys Echaíz?

¿Por qué no se autoconvoca el Acuerdo Nacional y firman de una vez todas las reformas mínimas que necesita el país no solo para pasar la página actual, sino para escribir en serio las que vienen?

¿Por qué nadie ha asumido la propuesta de Sagasti de juntar 76 mil firmas para reformar la Constitución y adelantar el proceso electoral?

¿Por qué no se discute en serio el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela para recortar el mandato de los congresistas a la mitad del actual periodo y aprobar su reelección?

Señores políticos, pónganse el alma. 

El ex presidente de la República, Francisco Sagasti, acaba de proponer el adelanto de las elecciones generales vía la presentación de una iniciativa ciudadana al Congreso acompañada de 75 mil 600 firmas para modificar la Constitución en dos legislaturas ordinarias más un referéndum.

Firmar o no firmar, he ahí el dilema.

Es perentorio resolver esta disyuntiva que tiene en vilo a nuestra endeble democracia. Adelantar las elecciones puede ser una consecuencia de una renuncia presidencial, pero ya hemos escuchado al presidente decir en todos los idiomas que no está dispuesto a dar ese paso. 

Por otro lado, en el Congreso tenemos un segundo proceso de vacancia en curso y en la Agenda del Día al menos dos mociones de censura a ministros. Este enfrentamiento de los principales poderes del Estado dificulta la gobernabilidad y abre un camino de confrontación abierta, que probablemente se resuelva en la calle. 

Firmar es un acto que requiere decisión y valentía. Y de acuerdo con la historia, compromete, muchas veces, la vida.

Le pasó al presidente Augusto B. Leguía, el 29 de mayo de 1909, cuando una turba armada al mando de Carlos de Piérola —hermano del califa Nicolás—, y sus hijos Isaías y Amadeo, irrumpió en Palacio de Gobierno.

En el asalto al poder mataron a miembros de la guardia —entre ellos al soldado Choquehuanca, del que existe un busto en Palacio— y sacaron a empellones al inquilino de turno, el presidente Leguía.

En medio del desconcierto, conminaron al presidente a firmar su rendición y ceder el poder. Pero el presidente se negó.

Lo trasladaron entonces a la calle, lo condujeron por un tramo del Jirón de la Unión para conducirlo luego a la Plaza de la Inquisición. Al pie del monumento al libertador Bolívar lo volvieron a presionar exigiendo su capitulación.

— ¡No firmo! — exclamó Leguía. 

Finalmente, llegó la guardia montada, y tras liquidar a varios de los insurrectos, liberó al presidente quien terminó con los pelos alborotados y manchados de sangre, pero ileso. 

Leguía volvió por las mismas calles por donde lo sacaron. Y donde hace unos momentos lo vituperaron, esta vez lo aplaudieron y vitorearon. 

El régimen convirtió este pasaje de negación y firmeza en el “Día del Carácter”, que se celebraba cada 29 de mayo. 

Firmar es un acto de autenticidad. Una señal única de voluntad. Una declaración expresa de consentimiento. 

Obtener 76 mil firmas para adelantar las elecciones no es un problema.  El problema es aprobar la propuesta en el Congreso. 

La frase: “Que se vayan todos”, no tiene eco en el parlamento. Aceptémoslo: los congresistas no se quieren ir.

Pero volvamos a la historia. 

Superada la conspiración golpista contra Leguía, el tiempo pasó. Vino el Gobierno de José Pardo y luego volvió Leguía para quedarse en el oncenio con varias intentonas golpistas de por medio. 

Hasta que, finalmente, uno de sus acérrimos rivales, Nicolás de Piérola, murió.

Leguía fue al velorio. Carlos de Piérola, el insurrecto de antaño, le alcanzó el libro de condolencias para que lo firmara. 

Dicen que Augusto Bernardino sonrió socarronamente, sacó su pluma y dijo:

— Esta vez, sí firmo. *

* Alzamora, Carlos. Leguía. La historia oculta. Titanium editores. Lima, Perú. Julio, 2013.

Southern Perú anunció esta semana que paralizaba sus labores debido a que comunidades altoandinas de Torata, en Moquegua, incendiaron diversos tramos de la línea férrea al puerto de Ilo y cerraron el paso del agua de la represa Viña Blanca, que permite las operaciones mineras y abastece por lo menos a 5 mil familias.

Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, son las comunidades en pie de lucha contra Southern Perú. Ellas exigen una contraprestación de US$ 5 mil millones y un pago permanente del 5% de las utilidades netas. 

Lo que sorporende no son las aspiraciones económicas de la comunidad que han sido siempre materia de controversia en el sector, sino que usen un recurso estratégico vital como el agua para presionar por sus reclamos.

El agua nace en las zonas altas de los Andes, discurre por gravedad a lo largo de ríos y valles y termina en el mar. Desde tiempos precolombinos, las comunidades intersectan estas aguas para la agricultura y ganadería. Lo hacen con amunas, qochas y pequeños reservorios que construyen donde hay más concentración de lluvias.

El Estado hace lo mismo para fines agrícolas y mineros: represa el agua. Viña Blanca es una de los 743 represas que existen en el país. 442 presas son usadas para riego, y 113 para fines de relave minero (ANA, 2015).

Cortar el agua como medida de fuerza es una práctica antigua que tienen las comunidades de las zonas altas, pero de la cual no se tiene reportes específicos. Al menos, no recientemente.

Un informe sobre conflictividad social de la Defensoría del Pueblo entre 2011 y 2014 detectó 539 conflictos sociales, de los cuales 153 (28.3%) estuvieron vinculados a los recursos hídricos. Pero no se específica si como parte de la conflictividad se recurrió a una medida radical como bloquear los accesos de agua.

La historia, en cambio, sí registra este antecedente. En las crónicas de Pedro de Sarmiento se cuenta que fue Mama Huaco quien recomendó tomar las cabeceras de agua de las comunidades aledañas al Cusco con la intención de dejar de irrigar sus tierras, disminuir sus fuerzas y conquistarlos. 

María Rostworowski encuentra en documentos judiciales de La Colonia el uso de la fuerza y control de las cabeceras de agua, como forma de coacción de las comunidades ubicadas en las partes altas en contra de sus vecinos de las partes bajas. 

Es el caso del curaca de Collec, quien sigue un juicio contra los serranos de Canta; o del curaca serrano de Guambos y el señor costeño de Jayanca. Los de arriba reclamaban un pago por el uso del agua que nacía en sus tierras y, como los de abajo se negaban, les cerraban el curso del agua. 

El control de las bocatomas de agua ubicadas en las partes altas fue, al parecer, un recurso estratégico en los Andes para dominar el territorio o para asentar el poder de una comunidad sobre otra. Y de paso dejar establecido que el uso de los recursos naturales debía pagar un justiprecio. 

200 años después, los comuneros de Torata vuelven a tomar medidas extremas como sus antecesores. El cierre de válvulas de la represa Viña Blanca es un acto de fuerza que debe evitarse, porque atenta contra la vida. Cerrar el curso del agua, en este caso, afectó no solo las operaciones mineras, sino también el hospital, las viviendas y a unas 5 mil personas que viven en el campamento minero.

Es hora de frenar las ordenanzas municipales abusivas.

Una patrulla de serenos en Chiclayo arremete contra un carretillero de D’onofrio que vende sus helados y golosinas en el damero histórico de la ciudad, lugar que ha quedado prohibido para el comercio ambulatorio, según una ordenanza municipal. 

En San Juan de Miraflores, una tienda de abarrotes que apenas consigue obtener ingresos para mantener a una familia de cinco miembros acaba de ser cerrada por la Gerencia de Fiscalización de la municipalidad por haber encontrado extinguidores con la fecha vencida, lo que transgrede un artículo de una ordenanza municipal recientemente publicada.

En Miraflores, una grúa perteneciente a una empresa privada que presta servicios a la municipalidad trabaja de sol a sol levantando carros indebidamente estacionados en casi todas las calles que, de un tiempo a esta parte, han sido declaradas zonas rígidas, mediante una severísima ordenanza municipal.

Caso similar ocurre en Surco, donde al comienzo se empezó a pintar las bermas de amarillo, pensando que su finalidad era el ornato, pero una vez concluido el trabajo las calles —antes residenciales y con parqueo autorizado— pasaron a ser zonas prohibidas para estacionar, causando no pocos dolores de cabeza a desprevenidos conductores que ven como la grúa se lleva sus carros de las puertas de sus casas.

No hay excusa que se resista al poder de la autoridad municipal. Ningún argumento vulnera el principio de autoridad. La ley es dura, pero es la ley. 

La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), estipula en su Art. 20 que son atribuciones del alcalde “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”, pero de un tiempo a esta parte se defiende más el interés de la municipalidad que el del vecino.

No hay reelección municipal. Entramos al último año de gestión. No hay tiempo que perder. Es tiempo de hacer caja. Pague la multa y quéjese después.

El mismo artículo de la LOM, inciso 5, dice que el alcalde promulga las ordenanzas y dispone su publicación. He ahí la madre del cordero: los vecinos desconocen estas normas. Los alcaldes y su concejo municipal cambian las ordenanzas y disponen su publicación. Y a partir de aquí se viene el desbarajuste municipal, el atropello de los más elementales derechos de convivencia y razonabilidad. Se vulnera el principio de proporcionalidad de la pena. Y lo que es peor, la sanción, multa o decomiso no tiene un fin educativo, sino simple y llanamente punitivo.

Se debe poner fin a este abuso municipal. La ordenanza no puede ser un instrumento para esquilmar al vecino, al pequeño emprendedor. Sirve para ordenar el comercio, en eso estamos de acuerdo, pero ello demanda un esfuerzo de ambas partes, primero para educar a las partes, no solo hacer caja tercerizando el servicio de fiscalización y trabajando al destajo.

Antes de hacer efectiva una sanción —sea multa, decomiso, cierre de local o levantamiento de vehículo— la autoridad debe advertir, formar, enseñar, al vecino imponiendo en primer lugar una multa educativa. Dicha papeleta primeriza debe pasar a una base de datos, dar un tiempo perentorio al vecino para subsanar la observación, y de persistir en la infracción imponer, sí, la multa económica. A la primera, advierto y enseño. A la segunda, multo.

Es una reforma que el Congreso puede y debe hacer. Limitar el poder omnímodo de las ordenanzas municipales, incorporando el principio de primera falta como multa educativa. Caso contrario, tendremos alcaldes que, bajo la lógica de ordenar la ciudad e imponer la autoridad, se convierten en pequeños autócratas que modifican las normas con la finalidad de generar flujo económico a costa de los vecinos.

La cooperación espacial multinacional —con astronautas estadunidenses, europeos y rusos trabajando en misiones científicas de paz conjuntas— es otra de las víctimas de la invasión rusa a Ucrania. En un sentido no solo metafórico, la guerra ha llegado al espacio exterior.

Esta semana se anunciaron medidas que hacen peligrar la continuidad de programas como el ExoMars (ruso-europeo), que debía lanzar una misión a marte en setiembre de este año. O el futuro de la Estación Espacial Internacional (ISS), símbolo de la cooperación entre naciones como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Japón.

Moscú también ha tomado represalias ante el durísimo castigo económico que ha recibido de occidente. Cables internacionales señalan que la agencia espacial rusa Roscosmos “decidió suspender sus lanzamientos de Soyuz desde Kourou, en Guayana Francesa, y de repatriar a su equipo de un centenar de ingenieros y técnicos”.

No hay lugar en el mundo, ni en el espacio, que no se vea alterado por la guerra.

La carrera espacial fue el punto culminante de la Guerra Fría. 

En 1957, Rusia orbitó al primer ser vivo en el espacio, la famosa perra Laika. Al año siguiente, Estados Unidos logró con éxito poner en órbita su primer satélite artificial. 

En 1961, nuevamente Rusia logró lanzar al espacio al primer ser humano, Yuri Garagarin. Cuatro años después, los rusos lograron colocar una sonda espacial en Venus. 

Hasta que, en 1969, Estados Unidos logró la hazaña de colocar al primer hombre en la Luna, Neil Armstrong, afirmando su delantera en la era espacial.

En 1975, ambas potencias simbolizaron los resultados que logra la cooperación internacional al acoplar con éxito las naves Apollo 18 y Soyuz 19.

La era espacial moderna, iniciada en los primeros años del siglo XXI, continuó esa ruta de cooperación internacional en el espacio, al que se sumaron nuevos actores como China, Japón e India.

Todo hacía suponer que el fin de las tensiones entre las superpotencias en el ámbito espacial habían terminado, hasta hoy.

El desarrollo de la Estación Espacial Internacional (ISS) es prueba de ello. Probablemente estemos asistiendo a ver cómo se cae la mayor cooperación tecnológica espacial entre occidente y Rusia.

La agencia rusa Roscosmos, que mantenía relaciones comerciales con la francesa Arianespace, anuncio esta semana que “se iba a concentrar en la construcción de satélites militares”. 

La guerra, como dijimos, altera todo. En este caso, deja atrás la cooperación con fines científicos y pacíficos expresados en el Tratado del Espacio Exterior aprobado por las Naciones Unidas, que establece los principios generales sobre la investigación, exploración y uso del espacio exterior y cuerpos celestes.

En su primer artículo, el tratado señala: “La exploración y el uso del espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, deben realizarse en beneficio e interés de todos los países, independientemente de su grado de desarrollo económico o científico, y será de incumbencia de toda la humanidad”.

Una inspiración pacifista, sin duda; y, por lo mismo, frágil, como estamos constatando en estos días. Quizás, por eso, el propio tratado no limita el desarrollo de actividades militares en el espacio. Prohíbe sí orbitar cualquier tipo de armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares. O colocar bases militares en algún cuerpo celeste, incluida la Luna. Escenarios que, por desgracia, no parecen ya imposibles.

Días antes de la invasión de Rusia a Ucrania, vimos a civiles ucranianos realizando prácticas de defensa armados con metralletas de madera. Eran civiles dispuestos a defender su patria. Al otro lado de la frontera, el ejército profesional ruso realizaba pruebas y ejercicios de guerra disparando las nuevas armas hipersónicas del Kremlin: misiles Avangard y Kinzhal, que pueden ser cargados con ojivas nucleares. 

No parece ser una guerra en igualdad de condiciones. Ninguna lo es en verdad, pero esta, en especial, es totalmente desequilibrada. Ni la OTAN ni Estados Unidos pueden enviar soldados al frente. Hacerlo significaría no solo desatar la Tercera Guerra Mundial, sino pasar de la guerra convencional, que aún vemos, a la guerra nuclear. El inicio del fin de la especie humana. 

Cuando Vladimir Putin presentó el 2018 una nueva generación de armas de guerra —misiles hipersónicos, drones militares e inteligencia artificial—, en realidad le estaba diciendo a quien lo escuche que Rusia aseguraba nuevamente el “equilibrio estratégico” entre las potencias del mundo. 

El jefe del Kremlin se refería a la posibilidad que tiene hoy su país de vulnerar el sistema de escudo antimisiles que desde hace un tiempo posee Estados Unidos para protegerse de cualquier ataque nuclear intercontinental. 

Como siempre, el desarrollo tecnológico de Rusia ha venido del campo militar. Un misil hipersónico es capaz de generar una velocidad de MACH 5, es decir, cinco veces la velocidad del sonido: 6174 kilómetros por hora. Los cazabombarderos actuales llegan a MACH 2 (2.469 km/hora). 

Estados Unidos ha probado un misil Minuteman III a MACH 23 (28.400 km/hora). Pero Rusia ha logrado probar en plena crisis con Ucrania el misil Avangard, que desarrolla una velocidad de MACH 27 (32.202 km/hora). Un monstruo destructor. Imparable.

Pero la evolución en el arte de guerra no pasa solo por analizar las ventajas de la tecnología.  El “problema nuclear” es tal vez el “último problema de la humanidad”. En auges y caídas de las grandes potencias, el ensayo de Paul Kennedy, el autor reflexiona sobre la posibilidad real de pasar de una guerra convencional a una de nueva generación de tipo nuclear.

No hay manera de responder con certeza. Lo cierto es que el poder aniquilador de estas armas es a la vez el mejor disuasivo para usarlas. Precisamente, a causa de la existencia de armas nucleares, las potencias pueden llegar a la conclusión de que lo mejor es mantenerse en los márgenes de la guerra convencional. La razón es que no hay forma de que en una contienda nuclear uno de las partes anule completamente al otro sin sufrir daños. 

Kennedy razona de esta manera: “Los grandes arsenales nucleares de cada superpotencia continuarán existiendo, pero (salvo un “disparo” accidental) serán con toda probabilidad inutilizables, porque contradicen la antigua presunción de que, en la guerra, como en casi todo lo demás, tiene que haber un equilibrio entre los medios y los fines”.

Ese “disparo accidental” es hoy una posibilidad remota en la guerra Rusia - Ucrania. Pero si por alguna razón ocurriera, el presidente Joe Biden explicó bien que pasaría: “Todo puede enloquecerse de una manera muy rápida (...) en el momento en el que un soldado ruso dispare a un soldado estadounidense, nos encontraríamos en una guerra mundial”.

Nada asegura por el momento que ambos soldados se encuentren. Pero la guerra tiene sus leyes y sus caprichos. Dependerá de cómo evolucione el conflicto en los próximos días. El mapa geográfico de Europa está cambiando aceleradamente. Hoy es Ucrania, pero se amenaza con acciones de fuerza también a Finlandia y Suecia. 

Parafraseando a Bismarck, las potencias del mundo solo pueden navegar en “la gran corriente del tiempo” a la que no pueden crear ni dirigir, aunque si maniobrar con más o menos experiencia o habilidad. Diferentes fuerzas se interponen en el camino como para intentar siquiera señalar con claridad un rumbo fijo, inalterable, de viaje. 

Una simple bala mal dirigida puede alterar el siempre inestable equilibrio del poder global. ¿Cómo será la Tercera Guerra Mundial? Einstein respondió esto una vez: "No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la cuarta será con palos y piedras".

En primer lugar, hay que decir que todo Estado moderno requiere de una burocracia para su funcionamiento. El sistema de administración del Estado expresa el dominio legal de quien detenta el poder o de quien, ganándolo, le  impone su sello o su orientación. 

Pero una cosa es que los partidos que ganan las elecciones tengan todo el derecho de colocar a sus cuadros en los puestos de dirección y otra muy distinta es copar el aparato del Estado con militantes incapacitados para el puesto. 

Se trata de lograr una estructura administrativa eficiente, no de arracimar funcionarios públicos.

Cuando el Estado es desbordado por funcionarios inexpertos que solo llegan al Gobierno por cuota partidaria, el sistema deviene en un burocratismo patrimonialista en donde el líder no tiene servidores públicos que lo ayuden a gobernar, sino subordinados —esclavos, clientes, los llama Weber—, que solo reciben órdenes de quien detenta el poder.

Todos los partidos que llegan al Gobierno se encuentran con este tipo de problemas. Aunque es cierto que —unos más que otros— los partidos adolecen de expertos o militantes preparados en administración pública. 

Por otro lado, no hay una carrera en pregrado de Administración Pública. Esta recién existe como especialidad en el posgrado sea a través de cursos, diplomado o maestría, y con mallas curriculares diversas, según se trate de universidades públicas o privadas.

Lo ideal sería crear una Escuela Nacional de Administración Pública que forme y capacite a los futuros funcionarios del Estado en los diferentes niveles y subniveles del Estado. Un modelo es el de la Academia Diplomática, que todos los años permite el ingreso con un cupo limitado de aspirantes a integrar el servicio diplomático peruano —bachilleres de casi todas las profesiones—, asegurando una formación competente y una línea de carrera meritocrática. 

También podría acreditarse un programa para que las propias universidades ofrezcan esta especialización en el último año de su carrera, previo diseño del perfil de funcionario que requiere el sistema de administración pública. 

La administración pública debe ser una línea de carrera para estudiantes comprometidos con el servicio público, y con criterios claros y transparentes de ascenso, promoción y responsabilidades. 

Los partidos políticos deben conservar su cuota de poder en los puestos de dirección —para eso ganan las elecciones, para gobernar— y alentar a sus militantes a prepararse para administrar el Estado. Pero deben llevar líderes, no ganapanes.

En ningún caso debe verse al Estado como un botín, una agencia de empleos o un carnaval de puestos públicos. 

El Estado no requiere de un burocratismo incompetente, patrimonialista y saqueador, sino, una burocracia técnica y profesional preparada para servir al ciudadano con eficiencia, sentido social y ética.

Las miles de especies marinas, aves, crustáceos, mamíferos —y una larga cadena alimenticia que empieza con el plancton— afectados desde el 15 de enero de 2022 por el derrame de 10,396 barriles de petróleo, junto a la parálisis económica de 2400 pescadores artesanales que han perdido su fuente natural de trabajo, es solo la muestra más palpable del daño causado por la empresa Repsol al medioambiente costero peruano. Demorará años volver a recuperar el ecosistema marino y económico, si acaso esto es posible.

Al final de las investigaciones, como corresponde, el Estado impondrá una multa a la transnacional. La cifra puede variar entre 30 mil a 50 mil UIT, esto es entre 138 y 230 millones de soles. Una parte de ese monto debe destinarse directamente a investigación. El país necesita conocer en detalle la evolución y recuperación del medioambiente marino para ayudar a mejorar las tareas que biólogos, zootecnistas, botánicos y especialistas en la materia deben realizar para la pronta recuperación del ecosistema. 

Para nadie es un secreto lo rezagados que estamos como país en inversión en investigación, ciencia y tecnología. El Perú destina a este rubro entre 0,15% y 0,2% de su PBI, mientras que países como Chile, Colombia —para no hablar de los países miembros de la OCDE— invierten 4,5% de su PBI. El desastre ecológico actual puede ser un buen momento para ayudar a revertir estas cifras.

Actualmente, la empresa privada cuenta con una herramienta legal para apoyar la investigación científica, la innovación y el desarrollo. Se trata de la Ley 30309, que otorga a las organizaciones empresariales la deducción de impuestos por inversión en I+D. Este dispositivo vence en diciembre de este año, por lo que convendría ampliar su vigencia. 

Repsol conoce este dispositivo y de hecho lo ha usado junto a otras 12 grandes compañías que concentran el 87% de los recursos recaudados por esa vía. Ahora, en donde hay que poner el foco es en el monitoreo biológico-ambiental de las 24 playas afectadas. A las iniciales de I+D debemos hoy agregarle una E, de Ecosistema, para conocer y hacer ciencia sobre el efecto del petróleo en el conjunto de especies que interactúan en su propio ambiente.

Destinar una cantidad de la multa a I+D+E en el área afectada es una respuesta inmediata. A esta tarea debe sumarse la universidad peruana, institución llamada a hacer ciencia junto a la comunidad científica internacional. Urge que la academia presente proyectos y programas de investigación liderados por Concytec que puedan ser financiados por la empresa privada directamente.

Que las empresas destinen un porcentaje permanente de sus impuestos a la tarea de realizar investigación en el mar peruano es una meta que debemos alcanzar para beneficio de todos. No solo si queremos elevar el promedio de 6 papers por cada 1000 millones de dólares de PBI, sino para conocer mejor nuestros recursos y, sobre todo, cómo cuidarlos. Si de algo hay que sacar petróleo es del conocimiento.

No es el shadow cabinet del parlamento inglés, formado por legisladores de la oposición que fiscalizan cada uno de los ministerios del Gobierno de Su Majestad. Tampoco es una idea que circuló hace un tiempo en el sentido de formar en los partidos políticos comités espejo del Poder Ejecutivo para hacerle seguimiento a las políticas sectoriales del Gobierno de turno. No. 

El sentido de gabinete en la sombra que se ha conocido esta semana en el Perú alude a un poder paralelo dentro del propio Gobierno, que suplanta las funciones ministeriales, administra la agenda presidencial y ejecuta por sí y ante sí decisiones que franquean la delgada línea de lo indebido y lo ilegal.

Se trata de un grupo de asesores presidenciales que funcionan, en efecto, en la sombra, aconsejando al jefe del Estado, tomando decisiones del más alto nivel, ejecutando acciones por encima o al margen de los ministros, sin tener por ello responsabilidad alguna. Usurpando el poder, diría la historiadora Carmen Mc Evoy.

No es un gabinete, por cierto. Ni siquiera llega a ser un círculo de poder. Es apenas una camarilla de asesores mediocres que de la noche a la mañana se encontró en las ligas mayores del poder. Y en ese nivel juega con las reglas que sirven para los niveles iniciales y torcidos de la política populista, patrimonialista, mercantilista e informal de la que provienen. 

Es una forma de manejo que tienen muchas instituciones populares. Un producto de la precarización de la política en la que estamos empantanados desde hace décadas, que perfora la democracia, donde vale el compadrazgo, el amiguismo, la componenda, las relaciones turbias, el arreglo al margen de la ley. 

El gabinete en la sombra debiera ser una forma de convocar a la intelligentsia partidaria, sea que funcione dentro de la organización política o en el Congreso. No puede ser una modalidad para medrar a costa del Estado. Estos furúnculos de poder deben ser extirpados de raíz. Si se les deja activos se reproducen en todo el sistema, atrofiándolo.

Un Gobierno requiere fortalecer su capacidad de tomar decisiones. Decisiones eficientes y eficaces para enfrentar y solucionar los problemas que demanda conducir el país. Más que ningún otro funcionario, el presidente de la república requiere un equipo de asesores o consejeros que lo ayuden a cumplir su misión, estableciendo con claridad las prioridades políticas, económicas y sociales de su gestión.

Las habilidades personales del jefe de Estado no bastan. Menos aun cuando el presidente carece de ellas. El presidente se nutre de sus asesores, quienes no reemplazan en modo alguno a los ministros. Los asesores facilitan la toma de decisiones presidenciales. No tienen ni desarrollan agenda propia. Son de perfil bajo, aunque, eventualmente, pueden cumplir alguna función encomendada por el presidente que los pone en el foco de la atención pública.

Un líder necesita un equipo de asesores o consejeros. No un gabinete en la sombra, ni una piara de aprovechadores.

En un país fraccionado y de extremos como el Perú, de profundas desigualdades económicas y sociales, no es raro que las posiciones políticas se radicalicen. Hasta se podría decir que es el curso natural de las cosas. El quintil rico es una franja estrecha, mientras los quintiles pobres son espacios anchos y desbordados. ¿Por qué habrían de pensar igual o defender los mismos intereses? 

La pandemia no ha hecho más que agravar esta diferencia. 

¿Qué pueden esperar los pobres en una situación apremiante y angustiante como la que viven a diario? ¿Defender la democracia, la libertad, el equilibrio de poderes, la Constitución? No es su prioridad. Su prioridad pasa por buscar el alimento para sobrevivir. Curar la salud. Sin educación, sin trabajo, enfermos y casi sin oportunidades, la necesidad extrema los empuja a soluciones radicales, extremas, desesperadas. 

Los valores y fundamentos de la democracia, siendo imprescindibles, carecen en la desesperanza de la fuerza del convencimiento objetivo para fortalecer el sistema. Es como si la angustia y la preocupación por el diario vivir nublara la razón. Pero no es así, nada más lúcido que defender primero la vida. Aunque esta sea solo sobrevivir.

El centro político en estas circunstancias no puede entenderse como un punto geométrico, equidistante en el plano económico o social del país, porque la línea económico social no es equilibrada. Si el desbalance es desproporcional el punto de balance también lo es. Por eso, alcanzar el “justo medio” no es ubicarse en la mitad, sino un poco más abajo, allí donde están la mayoría de los ciudadanos y sus reclamos.

Ser de centro significa recoger y atender las demandas que tienen los pobres en educación, salud, justicia, trabajo, servicios básicos, infraestructura, lucha contra la anemia, discriminación. Por nombrar solo algunas de las carencias. Lo que pasa por dirimir el falso dilema de mercado versus Estado. No es posible pensar —como creen los ultraliberales— que el libre juego del mercado resolverá los problemas y que cualquier intromisión del Estado es perjudicial. Tampoco es posible irse al otro extremo —como creen los ultraizquierdistas— en un Estado interventor que distribuya riqueza, cuando todos sabemos que en realidad lo que hará será distribuir pobreza.

Lo que en verdad necesitamos es un Estado fuerte. Fuerte no en el sentido de Estado burocrático, sino fuerte en el sentido de que sea capaz de ofrecer resultados. Un Estado débil es aquel que no puede administrar con eficiencia su sociedad. Un Estado fuerte es, en cambio, un Estado eficaz, capaz de ofrecer buena educación y salud, así como buenos servicios. Un Estado fuerte es a la vez un Estado promotor de las iniciativas individuales y sociales, y al mismo tiempo, promotor de la igualdad de oportunidades. 

Necesitamos un Estado que allane la cancha para todos, no que la incline para unos pocos en detrimento de las mayorías. Eso es tener un Gobierno de centro. Un Gobierno centrado en atender y resolver las demandas urgentes de quienes nacen en desigualdad de condiciones para beneficio de todos.

No es novedad decir que en esta parte del mundo “nadie confía en nadie”. Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo le pone indicador a esta frase. En América Latina solo una de cada 10 personas puede confiar en los demás. Es la cifra más alta de desconfianza en el mundo. 

No creemos en nada ni en nadie. Somos sociedades desconfiadas. La falta de confianza es a nivel interpersonal y a nivel de instituciones. La gente no cree ni en las personas ni en sus gobiernos.

En el periodo 2016-2020, los valores de confianza interpersonales, es decir, entre los vecinos, apenas llegó a 11%. El problema con ello es que la confianza es la argamasa de la cohesión social, una de las características de las sociedades prósperas. Cuando esta no existe se resquebraja todo.

Voy a la tienda y desconfío de los precios del bodeguero, este desconfía del proveedor, quien a su vez desconfía de su empresa, la cual desconfía del Gobierno. En este círculo vicioso cunde una conducta nefasta para la sociedad: el oportunismo. Y si tienes poder, el mercantilismo.

La conducta oportunista trata de ganar inmediatamente, elevando los precios o adulterando el peso, velando los ingresos reales, evadiendo impuestos, no pagando beneficios sociales. La conducta mercantilista ni qué decir, toca la ventana del poder y se mete hasta el techo en busca de favorecer sus intereses privados.

El problema es mayor cuando las instituciones que son las llamadas a generar confianza en los ciudadanos son parte del problema. La policía que no investiga o que cobra pequeñas coimas o que abusa de su poder genera desconfianza en el ciudadano. El médico que no atiende en el hospital para hacerlo en un consultorio privado mientras el Estado le paga, empuja a los pacientes a buscar medicina en “El Hueco”. Ni hablar del funcionario público cuyo único mérito para obtener el puesto es tener un saco que colgar en una silla.

La falta de confianza en general carcome la sociedad y la empuja a la informalidad; un terreno donde todos tratan de sacar provecho propio e inmediato. Si desconfío de todos, lo único que queda es mandar a todos a la porra y confiar en mí mismo. Una conducta así lo único que genera es que sigamos cavando el pozo de la desconfianza.

Y como dijo el presidente del BID, si no se confía en los demás, no se invierte, no se produce, no se compra y no se vende.

Para revertir el círculo vicioso habría que empezar por reformar la educación. El civismo crece con ciudadanos mejor formados. Como señala el informe, el aprendizaje de los alumnos mejora cuando los maestros son más confiables y pasan menos tiempo ausentes. Lo mismo puede decirse para el resto de los funcionarios públicos.

En el caso de los Gobiernos, habría que empezar por pedirles que cumplan sus promesas. Y si no lo pueden hacer que comuniquen sus nuevas opciones a los ciudadanos, descartando la impredictibilidad.

Una conducta cívica adecuada, confiable, contribuye a cumplir con las políticas públicas, incluyendo el pago de impuestos y la obediencia a la ley. Lo contrario dificulta la concreción de proyectos colectivos. Sin civismo, rige la ley de la jungla, la sociedad se desintegra, aumenta el descontento y será más difícil erradicar la informalidad.

La próxima vez que pienses en una política pública, un servicio cualquiera o una transacción comercial, piensa en cómo está tu nivel de confianza interpersonal e institucional. Y no te desalientes si descubres que estás entre esas 9 personas que no confía en nadie. Al menos ya lo sabes. Y todo cambio comienza con saber dónde estamos.

Parece un oxímoron —la figura retórica que nace de la combinación de dos palabras de significado opuesto—, pero en el Perú no lo es. El Estado, la organización jurídica de la nación, la definición más ajustada a lo formal, alcanza en nuestro país dimensiones de todo lo contrario. 

Un Estado informal es la realidad de todos los días, que por lo mismo ya no llama la atención. Atraviesa la estructura orgánica de cabo a rabo. 

El Estado informal está en el cuaderno de ocurrencias de la comisaría de barrio, que anota el robo de tu celular o de los espejos de tu carro sin que se despliegue investigación alguna.

Está en la receta médica que prescribe un galeno en el hospital público y que no existe en la farmacia, sino en la cadena de boticas privadas que se disputan a los clientes frente al nosocomio.

Está también en las precarias carpas que se levantan en las afueras del hospital infantil donde durante semanas pernoctan los padres que vienen de provincias para asistir a sus hijos enfermos.

Está en el policía de tránsito que recibe un sencillo del infractor antes que cumplir con su deber y colocar la papeleta o perdonar al que transgrede la ley si la falta es leve.

Está en el secretario de juzgado que se reúne por lo bajo con alguna de las partes y coloca o reacomoda el expediente según sea el arreglo al que haya llegado.

Está, por cierto, en el Congreso de la República cuando aprueba proyectos alargando el uso de colectivos informales en corredores viales destinados —¡qué sorpresa!— para empresas de transporte formal.

Y está en el propio Poder Ejecutivo cuando nombra sendos funcionarios en cargos de primera importancia sin que tengan la experiencia ni las credenciales para el buen desempeño de la función pública. 

Pero, sobre todo, está en todos los mecanismos en donde lo que campea es la corrupción.

Antes de la pandemia ya teníamos más del 73% de nuestra economía en la informalidad (OIT, 2020). Hoy, ese porcentaje se ha disparado a más del 80%. 

En Chile, a propósito del debate presidencial que definió a su futuro presidente, se debatía con asombro el crecimiento de la informalidad económica en ese país al 30%. ¿Se imaginan al Perú con esos indicadores de informalidad?

El fenómeno informal en la economía es claramente, sobre todo al comienzo, una forma de subsistir. En la política, en cambio, es una señal de disfuncionalidad.

Nadie puede cuestionar que la informalidad económica ha resuelto el problema del empleo. Pero del empleo precario. La informalidad ha sido una válvula de escape de sociedades al límite como la nuestra.

Pero la informalidad política, desde el Estado, revela algo peor que la precariedad del puesto de trabajo. Revela la precariedad del sistema.

Un Estado que no puede proveer servicios públicos de calidad tiene un problema mayor que solo tener malos funcionarios. Un Estado informal retrae, desfavorece el propio desarrollo nacional.

El Estado informal perfora la confianza en el sistema. Y como todo sistema que falla y cuyo final es el desmoronamiento, un Estado informal es el paso más seguro a un Estado fallido.