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El Niño : Fenómeno o evento
Etiquetas: [2026]  [comunidad andina]  [Ecuador]  [El niño costero]  [eventos]  [Fenómeno El Niño]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-05-07T13:29:41.203-07:00
En términos sencillos, y respondiendo a una inquietud frecuente de mis discípulos de la región andina, conviene precisar que El Niño no debe entenderse únicamente como una lluvia intensa o una emergencia temporal, sino como un fenómeno climático complejo que forma parte de la dinámica natural del océano Pacífico y de la atmósfera.
Cuando se habla de “El Niño†en sentido general, se hace referencia al proceso climático recurrente asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar lluvias, temperaturas, sequías, actividades productivas y ecosistemas en varios países de América del Sur, especialmente en Perú y Ecuador.
En cambio, cuando ese fenómeno se presenta en un periodo determinado y con características concretas, los especialistas suelen hablar de un evento El Niño, como ocurrió en 1982-1983, 1997-1998 o durante el Niño Costero de 2017. 
Esta diferencia puede parecer trivialmente académica, no obstante ayuda a comprender mejor por qué la minería, la agricultura, la pesca, el turismo y la infraestructura andina reaccionan de manera distinta frente a cada episodio.
No todos los eventos tienen la misma intensidad ni generan iguales consecuencias. Algunos producen lluvias extraordinarias e inundaciones en la costa peruana y ecuatoriana; otros alteran la disponibilidad hídrica, afectan carreteras, incrementan la erosión o modifican la productividad pesquera asociada a la corriente de Humboldt.
Por ello, entender a El Niño como fenómeno y a cada ocurrencia específica como evento permite analizar con mayor rigor técnico los impactos económicos, sociales y ambientales que periódicamente enfrenta la Comunidad Andina. 
Asi, el fenómeno El Niño suele ser presentado en el Perú como un evento estrictamente climático, una anomalía del océano que, de manera casi inexorable, desencadena lluvias, inundaciones y pérdidas económicas.
Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente para entender la magnitud real de sus impactos. La recurrente experiencia demuestra que los efectos del Niño no dependen únicamente de la temperatura del mar, sino de una red más compleja donde interactúan el clima, la estructura económica y, de manera decisiva, la calidad de la gobernanza.
En ese contexto, el escenario que en el lapso 2026-2027 se perfila como una eventual posibilidad de acople entre el Niño global y el Niño costero, obliga a replantear el análisis desde una perspectiva preventiva más integral.
El Perú se encuentra en una posición particularmente sensible frente a este fenómeno. A diferencia de otros países, su costa está directamente expuesta al calentamiento de la región Niño 1+2, lo que hace que los eventos costeros tengan efectos inmediatos sobre el territorio. Pero cuando este calentamiento se sincroniza con un Niño global en la región 3.4, el fenómeno adquiere una dimensión distinta, reforzándose la interacción entre océano y atmósfera, se prolonga la duración del evento y se intensifican las precipitaciones.
En consecuencia, no se trata de una suma de efectos, sino de un proceso de amplificación. 
El antecedente del año 2017 resulta ilustrativo, pues a pesar de no haber estado plenamente acoplado a un Niño global fuerte, el Niño costero generó daños equivalentes a más de 1.6% del PBI peruano. 
Evento registrado por la NASA en El Niño del año 2017 

Eventual escenario de acoplamiento y en medio de una crisis política

¿Qué ocurriría si un evento de esa naturaleza se produjera en condiciones de acoplamiento pleno y en el contexto político que viene atravesando el país?. 
Para responder a esta interrogante es necesario abandonar la idea de que el impacto económico del Niño es solo una función directa de su intensidad climática. 
En estricto, el efecto final puede entenderse mejor como el resultado de una interacción entre tres factores: la magnitud del evento, el nivel de exposición de la economía y la capacidad del Estado para gestionar el riesgo. 
Estos elementos no actúan de manera independiente; se potencian entre sí. Así, un evento climático de similar intensidad puede generar consecuencias radicalmente distintas dependiendo de la calidad institucional del país que lo enfrenta. En el caso peruano, esta variable adquiere una relevancia crítica. La fragilidad política que ha caracterizado al Perú en los últimos años introduce un factor de vulnerabilidad adicional. La alta rotación de autoridades, la fragmentación del sistema político, la debilidad en la ejecución del gasto público y la persistente descoordinación entre niveles de gobierno configuran un escenario en el cual la capacidad de respuesta del Estado se ve seriamente limitada. 
En estas condiciones, los problemas no se originan únicamente en la naturaleza, sino en la forma de acción o inacción en que el aparato público reacciona frente a ella. Las obras de prevención se postergan, la planificación pierde continuidad y la respuesta tiende a ser reactiva antes que preventiva. El resultado es que el daño económico no solo ocurre, sino que se amplifica.
Es en este punto donde el análisis del sector minero suele verse distorsionado por percepciones simplificadas. Existe una narrativa extendida que tiende a asociar la minería con la vulnerabilidad frente a eventos climáticos, cuando en realidad su rol es mucho más ambivalente y depende del contexto en el que opera. 
En un entorno de gobernanza relativamente funcional, la minería puede desempeñar un papel estabilizador, toda vez que sostiene las exportaciones, genera divisas, contribuye a la recaudación fiscal y ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica en momentos de crisis. Bajo estas condiciones, lejos de agravar el problema, actúa como un amortiguador frente al shock.
No obstante, cuando el mismo fenómeno ocurre en un contexto de debilidad institucional y, además, bajo un escenario de acoplamiento climático, la situación cambia de manera sustancial. Las interrupciones en la infraestructura logística, la paralización de operaciones por eventos extremos, la deficiente gestión de conflictos sociales y la limitada capacidad de supervisión ambiental pueden convertir a la minería en un canal adicional de transmisión del impacto económico.
En este caso, no es la actividad minera en sí la que genera el problema, sino la incapacidad del entorno institucional para sostener su funcionamiento en condiciones adversas.De este modo, la minería deja de ser un amortiguador y pasa a formar parte del mecanismo de propagación del shock. 
Este análisis adquiere una dimensión aún mayor cuando se observa desde la perspectiva de la Comunidad Andina. Aunque los países de la región comparten ciertos rasgos estructurales, sus niveles de exposición climática, dependencia económica y calidad institucional varían significativamente.
El Perú destaca por la combinación de alta exposición al Niño costero, fuerte dependencia de la minería y una marcada inestabilidad política, lo que lo convierte en el país más vulnerable ante un escenario de acoplamiento.
Ecuador enfrenta riesgos climáticos similares, aunque con menor capacidad de amortiguación económica, mientras que Colombia y Bolivia presentan dinámicas distintas, con impactos más asociados a variaciones hidrológicas o a debilidades institucionales específicas.
Esta heterogeneidad no elimina, sin embargo, la necesidad de una respuesta coordinada. Por el contrario, refuerza la idea de que el Fenómeno El Niño debe ser abordado como un riesgo sistémico regional. En este contexto, instancias como el Parlamento Andino adquieren una relevancia particular, no solo como espacios de deliberación política, sino como plataformas para impulsar estrategias conjuntas en materia de prevención, infraestructura resiliente y estabilidad económica frente a shocks climáticos.
La articulación de sistemas de alerta temprana, la coordinación de políticas públicas y el fortalecimiento institucional a nivel regional podrían marcar una diferencia sustantiva en la forma en que estos eventos son enfrentados en el futuro.

El dato 

â–ºEl Fenómeno El Niño no puede seguir siendo interpretado únicamente como un evento natural. En el Perú, su impacto es también el reflejo de las condiciones políticas e institucionales del país. 
â–ºCuando un evento climático de gran magnitud se encuentra con un Estado débil, sus efectos se potencian y pueden traducirse en pérdidas económicas que comprometen varios puntos del producto interno bruto. Para el caso peruano, se aproximaron a veinte por ciento de su PBI en tres eventos estimados para los años : 1982-1983 (11,6 %) ;1997-1998 (6,2 %)  y 2017  (1,6 %).
Tres eventos extremos de El Niño 82/83;97/98 y 16/17 comprometieron aprox 20% del PBI peruano

â–ºResulta prioritario avanzar hacia una comprensión más realista de los desafíos que enfrenta el Perú y la región andina en un contexto de creciente incertidumbre climática y fragilidad política. 

TSM/Datos procesados por el IGP-Mayo 2026
TSM/Datos procesados por IMARPE-Abril 2026

Evidencia comparada entre minería formal e informal
Etiquetas: [actividades mineras]  [aspectos políticos]  [minería de Oro]  [Minería formal]  [Minería informal]  [oro]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-04-30T16:22:29.345-07:00
Los planes de gobierno presentados por el cúmulo de candidatos presidenciales en estas últimas elecciones generales de 2026 en Perú, dejan plasmado nítidamente que la discusión sobre la minería está cargada de percepciones ideológicas y, en no pocos casos, marcado de una profunda desconexión con la realidad.
En particular, se evidencia la percepción errónea de que toda forma de minería genera impactos similares y que la diferencia entre minería formal e informal es simplemente administrativa. Nada más lejos de la verdad.
El elector percibió correctamente este desacierto, así una mayoría significativa de planes de gobierno expuestos por los partidos participantes fueron desechados, pues mostraron baja representatividad efectiva, traducida en su incapacidad de superar umbrales mínimos de votación. 

Análisis comparado

Al contrastar experiencias emblemáticas de minería informal, como Serra Pelada en Brasil, La Pampa en Madre de Dios y Pataz en la sierra liberteña peruana, frente a operaciones formales como Yanacocha y Pierina en el Perú, permite deshacer varios mitos insostenibles, revelando que no toda minería es igual, y las diferencias son estructurales, no marginales.
Labores de la minería de oro en la sierra de la Libertad-Perú
La minería informal demostró históricamente una capacidad significativa de producción. Serra Pelada, en la Amazonía brasileña, produjo el orden de sesenta (60) toneladas de oro en escasos años durante la década de 1980. Más recientemente, el Perú enfrenta un fenómeno con mayor complejidad: la minería ilegal en la Amazonía y en zonas altoandinas.
Se estima que el país produce y exporta aproximadamente 100 toneladas de oro informal al año, una cifra para nada deleznable si se considera el factor incremental y acumulativo desde inicios del presente siglo XXI.
Sin embargo, detenerse únicamente en el volumen producido supone un error analítico profundo. La minería informal no es solo una forma menos eficiente de producción, es un sistema económico radicalmente distinto, caracterizado por su fragmentación, transparencia opaca y, cada vez más, por su vinculación con economías criminales.
El caso de La Pampa es ilustrativo. No se trata de una mina, sino de un territorio devastado. La deforestación supera ampliamente las 300 mil hectáreas acumuladas, habiéndose registrado 10% de esta cifra entre enero de 2021 y marzo de 2024, con un uso intensivo de mercurio dejando secuelas de contaminación en ecosistemas y servicios ambientales.
En Pataz, por su parte, la minería ilegal ha evolucionado hacia esquemas de control territorial por parte de organizaciones criminales, con presencia de sicariato, extorsión y economías paralelas. A diferencia de Serra Pelada, que representó un caos social desbordado con la participación de más de cien mil personas, el fenómeno contemporáneo en Perú muestra un salto cualitativo hacia estructuras organizadas de ilegalidad.
Frente a ello, la minería formal presenta características completamente distintas. Yanacocha, ha producido más de 800 toneladas de oro desde 1993, con picos anuales de hasta 100 toneladas. Pierina, por su parte, superó las 260 toneladas durante el periodo 1998-2020 de su vida útil. Estas cifras no solo superan largamente a los enclaves informales históricos, sino que lo hacen bajo esquemas de eficiencia técnica, trazabilidad productiva y regulación ambiental. Aquí emerge un punto central que suele ser ignorado en el debate público: la minería formal no elimina el impacto ambiental, pero lo transforma en un fenómeno medible, gestionable y sujeto a fiscalización. La minería informal, en cambio, externaliza sus costos de manera absoluta: no hay control, no hay remediación y no hay responsabilidad. La diferencia es aún más evidente en términos económicos e institucionales. Mientras la minería formal genera canon, regalías, empleo formal y encadenamientos productivos, la minería ilegal no solo termina evadiendo estos aportes, sino que erosiona la capacidad del Estado.
Regiones como Madre de Dios, pese a su intensa actividad aurífera, reciben niveles marginales de ingresos fiscales, configurando una paradoja extrema: abundancia de recursos con ausencia de desarrollo. Este contraste permite desmontar otro mito frecuente: que la minería informal es una alternativa de subsistencia frente a la gran minería.
Si bien en sus orígenes puede haber tenido validez ese componente, hoy en muchos casos opera como una economía extractiva de alta rentabilidad capturada por redes ilegales, donde los costos sociales y ambientales son asumidos por la colectividad.
La evidencia comparada es contundente. La minería informal puede generar volúmenes importantes de producción, pero lo hace con una huella ambiental desproporcionada, altos niveles de violencia y nulo aporte al desarrollo institucional. La minería formal, en cambio, concentra mayores niveles de producción con menor impacto relativo por unidad extraída y contribuye al sostenimiento del Estado. 

En resumen 

El problema de fondo en el Perú, por tanto, no es la minería en sí misma, sino la coexistencia de dos modelos radicalmente distintos: uno que construye institucionalidad y otro que merma la gobernanza y gobernabilidad del país. Ignorar esta diferencia no solo distorsiona el debate, sino que impide diseñar políticas públicas efectivas.
Desmitificar la minería implica, precisamente, reconocer estas asimetrías. No se trata de idealizar la minería formal ni de negar sus desafíos, sino de entender que, en ausencia de Estado y regulación, la alternativa no es un modelo más sostenible, sino un escenario de salvaje depredación acelerada por los elevados precios históricos que viene alcanzando el oro.
Por consiguiente, el desafío para el Perú y los peruanos no es menor. Formalizar, controlar y reconducir la actividad minera informal no es solo una cuestión económica o ambiental, sino una condición necesaria para preservar de cara al futuro la viabilidad del Estado en vastas zonas de su territorio.
Gobernanza minera en riesgo por un sistema político debilitado
Etiquetas: [2026]  [aspectos políticos]  [elecciones democráticas]  [Gobernabilidad]  [Gobernanza]  [Perú]  [proceso democrático]  [sector minero]  
Fecha Publicación: 2026-04-21T15:27:00.000-07:00
El desarrollo de las elecciones generales del Perú 2026 confirma la consolidación de una crisis estructural del sistema político. No se trata de un episodio coyuntural, sino del resultado de una dinámica acumulativa a lo largo del siglo XXI, donde la fragmentación, la debilidad de los partidos y la baja legitimidad de origen se han convertido en rasgos permanentes.
Esta fragilidad institucional no es un fenómeno aislado. En la última década, el Perú ha tenido una alta rotación de presidentes, ministros y funcionarios públicos de otros niveles, reflejo de un sistema político incapaz de generar estabilidad en la conducción del Estado. Esta volatilidad coexiste, sin embargo, con una realidad contradictoria: una macroeconomía relativamente sólida.
En efecto, el Perú presenta indicadores que, en términos comparados, son favorables. La inflación se mantiene controlada alrededor del 2%, dentro del rango meta del Banco Central . Las reservas internacionales netas bordean el 25% del PBI, lo que constituye un sólido respaldo frente a influencias externas . Asimismo, la deuda pública se sitúa en torno al 35% del PBI, un nivel bajo en comparación con estándares internacionales. A ello se suma la estabilidad de la moneda y un desempeño económico que, pese a la inestabilidad política, ha logrado sostener tasas de crecimiento positivas impulsadas en gran medida por el sector minero,representando un 10% de su PBI .
Sin embargo, esta fortaleza macroeconómica convive con debilidades estructurales profundas. La informalidad sigue siendo elevada estimada en el orden del 18% del PBI y se expande junto con economías ilegales como la minería informal . A ello se suma un contexto de creciente criminalidad y baja presencia estatal para hacer cumplir la ley en territorios identificados. El resultado es una macroeconomía que funciona razonablemente bien sobre una base institucional frágil. Esta es la paradoja peruana: estabilidad económica sin estabilidad política.
En ausencia de reformas que fortalezcan la representación política, el patrón observado de la cadena : fragmentación, baja legitimidad e inestabilidad, no solo persistirá, sino que tenderá a profundizarse.
En este contexto, el impacto sobre el sector minero resulta particularmente crítico. La minería, por su propia naturaleza, requiere estabilidad jurídica, predictibilidad regulatoria y un Estado con capacidad efectiva para gestionar conflictos. Ninguna de estas condiciones se fortalece en un entorno político fragmentado como el que se presenta en el marco del proceso electoral del 2026.
Un gobierno con respaldo electoral limitado tiende a privilegiar decisiones de corto plazo. Ello se traduce en cambios regulatorios frecuentes, retrasos en proyectos y señales contradictorias que erosionan la confianza de los inversionistas. La incertidumbre deja de ser un fenómeno transitorio y pasa a convertirse en una condición estructural del sector. Asimismo, la debilidad del sistema político reduce la capacidad del Estado para gestionar los conflictos sociales vinculados a la actividad minera. En ausencia de mecanismos eficaces de intermediación política, las tensiones territoriales en sus 159 cuencas tienden a escalar, afectando tanto la continuidad de las operaciones como el desarrollo de nuevos proyectos.La posibilidad de impulsar reformas estructurales en el sector se ve limitada.
Temas críticos como la formalización minera, la gestión del canon o la regulación ambiental requieren consensos políticos amplios, difíciles de construir en un sistema altamente fragmentado. 
Las elecciones de 2026, en este sentido, no solo reflejan una crisis política, sino que configuran un condicionante estructural para el desarrollo económico y, en particular, para el sector minero. El Perú enfrenta así una paradoja persistente: cuenta con un sector minero competitivo y de relevancia global, una macroeconomía ordenada y fundamentos sólidos, pero carece de un sistema político capaz de sostener estos logros en el tiempo mediante reglas claras, estabilidad institucional y capacidad de gobierno.
Un sistema político débil no contribuye a tener una adecuada gobernanza y gobernabilidad del país.

Detalles del proceso electoral 2026

El proceso electoral se desarrolló con 35 candidatos efectivos a la presidencia, sobre un padrón de 27,325,432 ciudadanos. Este escenario, marcado además por episodios de inestabilidad institucional que derivaron en la renuncia del jefe de la autoridad electoral ONPE, evidenció un claro desbalance entre la participación ciudadana y la capacidad real de representación política. Con el 93.894% de actas contabilizadas (87,102 de 92,766), los resultados reflejan con nitidez la magnitud de la fragmentación. El partido que ocupa el primer lugar alcanza apenas el 17% de los votos válidos, mientras que el segundo obtiene el 12%. Estas cifras no solo muestran objetivamente la dispersión del voto, sino también la ausencia de mayorías políticas mínimamente consistentes.
El hecho de que ninguna fuerza supere el 20% confirma que la segunda vuelta no sería una excepción, sino una consecuencia estructural del sistema. Más aún, el 77% de los partidos no alcanza siquiera el 2% de los votos, lo que evidencia la proliferación de organizaciones sin base social efectiva.
El padrón electoral, por su parte, revela un país complejo y en transición. La coexistencia de una población joven significativa con un bloque creciente de adultos mayores introduce tensiones en la agenda pública. No existe una demanda predominante capaz de ordenar el debate político, lo que contribuye a la dispersión electoral. 
En términos territoriales, el país mantiene un fuerte centralismo en Lima, que concentra alrededor del 37% del electorado. Sin embargo, las regiones del norte y del sur andino continúan siendo decisivas, especialmente en una eventual segunda vuelta. Se configura así un escenario en el que las elecciones se definen en múltiples espacios polarizados, con intereses diversos y, en muchos casos, contrapuestos.
El voto en el extranjero, que alcanza aproximadamente 1.2 millones de electores, añade una dimensión adicional. Su magnitud lo convierte en un actor relevante en contiendas estrechas, incrementando la complejidad del sistema electoral y la necesidad de mecanismos de representación más adecuados a la realidad del Perú profundo de todas las sangres.
El resultado agregado de estos factores es un sistema político sin la capacidad de procesar adecuadamente la diversidad social del país. Existe pues un desalineamiento evidente entre una sociedad cada vez más compleja  y un sistema de partidos cada vez más precario.
Desarrollo humano bajo el modelo peruano en lo que va del siglo XXI
Etiquetas: [2026]  [desarrollo humano]  [desarrollo sostenible]  [elecciones democráticas]  [modelo]  [Perú]  [recursos hídricos]  [recursos naturales]  
Fecha Publicación: 2026-04-09T13:44:00.000-07:00
Como vengo sosteniendo hace décadas en diversos foros, desmitificar la minería en el Perú implica ir más allá del debate ligero sobre su impacto ambiental o económico, ya que el principal propósito es evidenciar que el verdadero desafío es humano e institucional.
En el modelo peruano, se ha asumido que la abundancia de recursos naturales y su redistribución vía presupuesto público serían suficientes para impulsar el desarrollo tanto en zonas urbanas como en rurales. Sin embargo, tanto la persistencia de la migración del campo a la ciudad, anemia,como el limitado acceso y disponibilidad de agua para consumo humano de millones de personas prueban todo lo contrario.
Es en ese sentido que el país no enfrenta un problema de falta de recursos, sino de incapacidad de gestionarlos y transformarlos poniéndolos en valor para generar bienestar.
No basta con tener cobre, oro, plata, zinc, minerales críticos para la transición energética o abundante agua dulce. Sin una estrategia que coloque al capital humano en el centro, que fortalezca el estado de derecho y que promueva la iniciativa privada, estos recursos seguirán siendo oportunidades perdidas. 
Es necesario construir un Perú donde la riqueza natural no continúe siendo una ilusión de desarrollo, donde el presupuesto público se traduzca en resultados concretos y donde el verdadero motor del progreso sea la persona humana.
Pérdidas con el RRHH por desconexión entre generación de riqueza y uso del gasto público.

El proceso seguido en el periodo 2001-2026

A inicios del siglo XXI, el Perú era un país centralista en términos políticos, económicos y fiscales. Su capital, Lima concentraba el orden del 50% del PBI nacional y hasta el 75% del presupuesto público. El resto del país giraba alrededor de una estructura donde la generación de riqueza y la toma de decisiones estaban concentradas en la capital.
veinticinco años después, el discurso oficial sostiene que el país avanzó hacia la descentralización. Sin embargo, un análisis comparativo entre la participación regional en el PBI, el uso del presupuesto público y la evolución de indicadores sociales críticos como la anemia infantil revela una realidad compleja y contradictoria.
En términos de producción económica, el país experimentó cambios importantes, pero no necesariamente estructurales. Lima sigue concentrando alrededor del 45% del PBI nacional, lo que evidencia una leve desconcentración, pero no una transformación del modelo. Algunas regiones incrementaron su participación, impulsadas principalmente por actividades extractivas y la agroexportación. 
Es decir, el crecimiento territorial del PBI no ha sido producto de una diversificación económica, sino de la expansión geográfica del patrón primario exportador.
La participación de Lima en el gasto nacional ha caído significativamente. Este cambio responde al proceso de descentralización con la creación de gobiernos regionales y la transferencia de recursos a través de mecanismos como el canon minero y gasífero.
En apariencia, esto sugeriría un avance hacia un país más equilibrado, sin embargo, la evidencia demuestra que la descentralización fiscal no ha ido acompañada de una descentralización productiva ni de capacidades de gestión en los territorios. 
Es al incorporar un indicador humano básico donde la paradoja se vuelve más evidente. 
A inicios del siglo XXI, alrededor del 72% de la población peruana era urbana y cerca del 28% residía en zonas rurales. Para el año 2025, esta proporción se modificó a más del 80% de la población viviendo en áreas urbanas, mientras que la población rural se redujo por debajo del 20%. Este proceso refleja una migración sostenida desde el campo hacia las ciudades, impulsada por la falta de oportunidades económicas, servicios básicos y condiciones de vida adecuadas en zonas rurales. Este despoblamiento rural es una evidencia de la frustrada construcción de economías territoriales sostenibles. Las zonas rurales, muchas de ellas ricas en recursos naturales no logran retener a su población, las cuales se desplazan hacia ciudades que, a su vez, crecen de manera desordenada, presionando servicios básicos e incrementa las brecha entre producción y gasto, lo cual debilita su desarrollo armónico.
A inicios del siglo XXI, la anemia infantil en el Perú afectaba aproximadamente al 50% de los niños menores de tres años. Dos décadas después, pese al crecimiento económico sostenido, al incremento del presupuesto público y a la descentralización fiscal, la anemia sigue afectando a cerca del 40% de los niños a nivel nacional, con niveles críticos en regiones con tradición minera como es el caso de Cajamarca.
El país ha crecido, ha gastado más y ha redistribuido recursos, pero no ha logrado resolver uno de los problemas más elementales de desarrollo humano. 
Sin embargo, existe una paradoja aún más profunda y menos discutida que es el agua. En el contexto global, el agua es considerada el petróleo del siglo XXI, un recurso estratégico para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
El Perú, es un país privilegiado en disponibilidad de agua dulce a nivel global; no obstante, millones de peruanos aún carecen de acceso y disponibilidad adecuados al agua para consumo humano. Gran parte del recurso hídrico se pierde por falta de infraestructura, mala gestión, contaminación y ausencia de ordenamiento territorial. Así, un país con abundancia hídrica convive con escasez en sus ciudades y zonas rurales. Esta paradoja del agua no es distinta a la de los recursos minerales.
El Perú, pese a poseer importantes reservas de cobre, oro y minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética global, sin embargo, por la experiencia demostrada en las últimas décadas, se acredita que la sola existencia de estos recursos no garantiza su desarrollo sostenible. Al igual que ocurre con el agua, la riqueza potencial no se traduce automáticamente en bienestar para la población.
Al cruzar las variables de PBI, población, presupuesto, anemia y acceso al agua, el caso peruano muestra precisamente la ausencia de este enfoque integral. 
Por un lado, existe un Perú productivo, representado por regiones que generan más riqueza de la que reciben en presupuesto público. Por otro lado, un Perú dependiente, conformado por regiones donde el gasto estatal supera la capacidad productiva, pero sin lograr traducirse en bienestar tangible. Y en ambos casos, la persistencia de la anemia y las brechas en acceso al agua evidencian que ni la generación de riqueza ni el incremento del gasto han bastado para mejorar las condiciones básicas de vida. 
Un caso ilustrativo es el de las regiones con canon minero o gasífero, como Ãncash y Cusco. Estas presentan un aparente equilibrio entre producción y presupuesto, pero con niveles de anemia y limitaciones en acceso a servicios básicos que evidencian una desconexión entre recursos disponibles y resultados sociales.
Esto confirma que la riqueza natural, ya sea minera o hídrica, no garantiza desarrollo si no está acompañada de instituciones sólidas y gestión eficiente.
En ese sentido, correspondería mejorar el modelo vigente garantizando procesos electorales transparentes que garanticen la construcción de  gobernabilidad y gobernanza con capacidades reales de transformar recursos en bienestar y mejora de calidad de vida en un país que cuenta con un legado histórico y un futuro prometedor.
El verdadero debate en minería que el país aún no enfrenta
Etiquetas: [2026]  [aspectos económicos]  [aspectos políticos]  [cadena de valor]  [minería sostenible]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-04-01T18:20:00.000-07:00
Han pasado 24 años desde que, en 2002, el Perú inició el proceso de formalización minera con la Ley N° 27651, orientada a la pequeña minería y minería artesanal. Una década después, en 2016, el Decreto Legislativo N° 1293 declaró de interés nacional dicha formalización. Más recientemente, el 26 de diciembre de 2025, la Ley N° 32537 extendió este proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.
A pesar de este largo recorrido normativo, el país llega a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 atrapado en una controversia que se repite sin mayor evolución. 
El debate sobre la minería ha sido reducido, durante años, a una falsa dicotomía: minería sí o minería no; agro sí o mina no; agua sí u oro no. Este enfoque simplista ha condicionado propuestas igualmente limitadas, que no logran diferenciarse en lo sustantivo y que, en la práctica, han contribuido a ralentizar el desarrollo nacional durante casi un cuarto de siglo.
El problema de fondo es que se sigue intentando responder a fenómenos complejos, como la expansión de la minería ilegal, con soluciones fragmentadas, lineales y desarticuladas.
El resultado es evidente: el crecimiento exponencial de esta actividad ilícita, frente al cual los esfuerzos del Estado, especialmente desde el sistema de justicia, resultan insuficientes.
Sin embargo, incluso este diagnóstico se queda en la superficie.
El verdadero problema estructural que el Perú no ha querido enfrentar es otro: sigue operando bajo una lógica de cadena productiva primaria, cuando el desafío real es construir una cadena de valor minera.
El Perú es, sin duda alguna, una potencial potencia minera, vinculado a lo históricamente demostrado como uno de los principales productores mundiales de cobre, oro, zinc y plata. Pero esa fortaleza encierra una paradoja: exporta grandes volúmenes de recursos, pero no captura plenamente la riqueza que estos pueden generar. Extrae minerales, pero no maximiza su valor. La razón es conceptual y estratégica. Perú estructuró la minería como una cadena productiva: un proceso lineal que comienza con la exploración, continúa con la extracción, pasa por un procesamiento básico y culmina en la exportación.
En este esquema, el país participa fundamentalmente en los eslabones de menor valor agregado. Las consecuencias son conocidas: alta dependencia de la fluctuación en los precios internacionales, escasa diversificación productiva, limitada generación de empleo calificado y una creciente percepción social de que la minería no deja beneficios suficientes en los territorios donde opera.
Frente a ello, cobra relevancia el concepto de cadena de valor, desarrollado por Michael Porter. No se trata solo de producir más, sino de producir mejor, integrando actividades que generen valor en cada etapa del proceso.
Aplicado a la minería, esto implica ir mucho más allá de la extracción. Supone apostar por investigación geológica avanzada, innovación tecnológica, fundición y refinación dentro del país, desarrollo de industrias aguas abajo, servicios especializados de clase mundial, generación de conocimiento y formación de capital humano calificado.
En suma, transformar la minería en un verdadero motor de desarrollo integral.
El Perú, sin embargo, aún no ha dado ese salto. Sigue básicamente exportando concentrados en lugar de metales refinados. Dependemos de tecnología importada en vez de desarrollarla. Los encadenamientos productivos locales son débiles y las regiones con tradición minera permanecen, en gran medida, desconectadas de procesos industriales más complejos.
Esto no es casual. Es el resultado de décadas sin una política clara de industrialización minera. Mientras tanto, otros países de las Américas han avanzado en esa dirección. No solo exportan concentrados de commodities, sino que ha construido un ecosistema de proveedores mineros, generando valor más allá de la extracción.
Pero el desafío no es únicamente económico. Es también social, ambiental y político. 
Muchos de los conflictos vinculados a la minería responden a una percepción legítima: que la riqueza no se distribuye de manera equitativa. Una minería basada únicamente en la lógica de cadena productiva tiende a reforzar esa percepción. En cambio, una minería articulada como cadena de valor puede generar empleo local, dinamizar economías regionales y construir legitimidad social.
Una mirada a los servicios industriales de la marina-SIMA,puertos y cadena de valor
Por ello, el debate que el Estado peruano necesita no es si debe o no explotar sus recursos minerales, sino cómo hacerlo de manera inteligente. No se trata de estar en contra de la minería abandonándola o dejando aislada a la inversión privada, sino de transformarla y acompañarla en el proceso de cambio.
En un contexto electoral como el que se encuentra el país a escasos días de elegir a su mandatario de un abanico de treinta y cinco candidatos presidenciales, marcado mayormente por discursos polarizantes, propuestas simplistas que llevan a discusiones bizantinas, resulta imprescindible pedir a los candidatos una visión más ajustada a la realidad que exige el país : ¿Qué plantean para que el Perú deje de ser un exportador de materias primas agotables y se convierta en un generador de valor? ¿Cómo piensan articular la minería con la industria, la tecnología y el ordenamiento territorial? ¿Qué estrategias concretas proponen para cerrar esta brecha histórica?.
El país no puede seguir postergando esta discusión, siendo que al año 2026 la minería representa cerca del 10% del PBI peruano y es uno de sus pilares económicos por ser motor de exportaciones y generador de empleo. La cuestión de fondo es si seguirá siendo una actividad extractiva tradicional o si estamos dispuestos a convertirla en una verdadera plataforma de desarrollo sostenible.
La diferencia entre cadena productiva y cadena de valor no es meramente académica. Es, en esencia, la diferencia entre un país que exporta lo que extrae y otro que construye riqueza a partir de lo que posee. Y esa decisión, más que técnica, es profundamente política.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048

CIP N° 38874
Ausencia de estrategias para gestionar eficientemente el recurso agua
Etiquetas: [agua]  [estrategias]  [gestión]  [Perú]  [Política Hídrica]  [recursos hídricos]  [seguridad hídrica]  [siembra de agua]  
Fecha Publicación: 2026-03-28T18:44:00.000-07:00
En el Perú existe una paradoja altamente sensible: mientras el presupuesto público se ha incrementado de manera sostenida desde inicios del siglo XXI, la inversión en infraestructura mayor de almacenamiento de agua, ya sea represas, reservorios y sistemas de regulación hídrica no ha seguido el mismo ritmo.
Este desfase no es menor. Es, en realidad, uno de los principales factores que explican la creciente vulnerabilidad del país frente a una eventual crisis hídrica y energética.
El país cuenta con más de 700 presas inventariadas por la Autoridad Nacional del Agua, construidas a lo largo de casi un siglo. Durante décadas, especialmente entre 1960 y 1980, el Estado peruano entendió que el agua era un factor clave para el desarrollo y promovió grandes proyectos de irrigación y regulación hídrica. Posteriormente, entre 1980 y el 2000, se consolidó una etapa de expansión hidroeléctrica y de proyectos multipropósito.
Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, este impulso se ha diluido en simultaneo con la recurrente crisis política del país.
Existen esfuerzos singulares como el Proyecto Olmos, pero no una política sistemática ni sostenida de almacenamiento de agua en espacios estratégicos a escala nacional.
Lo más preocupante es que esta desaceleración ocurre en un contexto diametralmente opuesto al del siglo pasado. Hoy enfrentamos los efectos del cambio climático, con periodos de sequía más prolongados, mayor variabilidad en las precipitaciones y un acelerado retroceso de los glaciares andinos.
Es decir, cuando más necesitamos capacidad de almacenamiento, menos estamos invirtiendo en ella. El argumento de falta de recursos ya no es válido. El presupuesto público peruano ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, impulsado por el crecimiento económico, la recaudación tributaria y los ingresos provenientes de actividades extractivas. Sin embargo, ese mayor gasto no se ha traducido en infraestructura estratégica que garantice la seguridad hídrica. Se ha priorizado, en muchos casos, el gasto corriente o proyectos de impacto inmediato, dejando de lado inversiones de largo plazo cuya rentabilidad social es incuestionable.

Consecuencias de la inacción

En primer lugar, afecta la seguridad alimentaria. La agricultura en la costa, donde se concentra gran parte de la producción y fomentar la cadena de valor, depende críticamente de sistemas de almacenamiento y regulación. Sin ellos, el agua de las lluvias se pierde en el mar durante los meses húmedos y escasea durante los periodos secos.
En segundo lugar, compromete la seguridad energética. El Perú mantiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica. Sin reservorios adecuados, la producción de energía queda sujeta a la disponibilidad inmediata de agua, lo que incrementa el riesgo de déficits en años secos y obliga a recurrir a fuentes térmicas más costosas y contaminantes.
En tercer lugar, incrementa la conflictividad social. La falta de infraestructura hídrica exacerba la competencia por el recurso entre agricultura, consumo humano, industria y minería. En este último caso, el debate suele centrarse en la supuesta competencia por el agua, cuando en realidad el problema de fondo es la ausencia de sistemas de regulación que permitan gestionar eficientemente el recurso.
Así, el Perú enfrenta una triple vulnerabilidad: hídrica, energética y económica. No porque carezca de agua, sino porque carece de capacidad para almacenarla y gestionarla estratégicamente. 
Es la paradoja de un país con abundantes recursos hídricos que, sin embargo, no logra convertirlos en seguridad ni en desarrollo sostenible. Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del Estado para planificar el futuro.

Seguridad Hídrica como eje central de la política pública

La seguridad hídrica debería ser un eje central de la política pública, articulando inversiones en infraestructura gris, pudiendo ser represas, reservorios, trasvases y otras opciones con soluciones basadas en la naturaleza, como la siembra y cosecha de agua.
Asimismo, se requiere promover esquemas de financiamiento innovadores, incluyendo la participación del sector privado en proyectos multipropósito que beneficien a múltiples usuarios. 
Persistir en la inacción tiene un costo creciente. Cada año que pasa sin ampliar la capacidad de almacenamiento es un año en el que el país se vuelve más vulnerable frente a sequías, más dependiente de condiciones climáticas inciertas y más expuesto a crisis que podrían evitarse con planificación. 
El país requiere retomar la política de almacenar agua para que no se pierda
El Perú no necesita descubrir nuevas fuentes de agua, tampoco necesita de masivos costosos proyectos de desalinización de agua de mar, necesita, con urgencia, aprender a almacenar la que ya tiene, así como tratar las aguas residuales para darle valor en diversos usos.
Esa es la verdadera base de la seguridad hídrica y, también, una de las claves más importantes para garantizar su desarrollo en el siglo XXI.
Crisis en política de los residuos sólidos municipales
Etiquetas: [2026]  [crisis política]  [gestión]  [Perú]  [residuos sólidos municipales]  
Fecha Publicación: 2026-03-19T17:34:17.151-07:00

A escasos 24 días de las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que el país de los Incas elegirá presidente de la república, senadores, diputados y representantes al parlamento andino y, en términos prácticos, una nueva conducción del Estado peruano, resulta importante poner en agenda uno de los problemas estructurales más graves y persistentes de América Latina y particularmente en Perú: la gestión de los residuos sólidos municipales - RSM.

Durante el periodo 2001–2026, el Perú ha experimentado un importante crecimiento económico, acompañado de una expansión urbana acelerada y altamente fragmentado territorialmente con 196 municipios provinciales y 1890 municipios distritales.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido respaldado por un fortalecimiento equivalente del Estado, generando una crisis silenciosa pero profunda en la gestión de RSM. 

Hoy enfrenta una realidad crítica en la que cada vez genera más residuos sólidos mientras la responsabilidad de su disposición final recae en sus 196 municipalidades provinciales que, en su mayoría, no cuentan con capacidades técnicas ni financieras suficientes, lo que ha derivado en la persistencia de vertederos o botaderos a cielo abierto en gran parte del país y en el desaprovechamiento de la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de estos residuos. 

A ello se suma la alta morosidad ciudadana en el pago de arbitrios, lo que debilita aún más el sistema, así como la corrupción en gobiernos locales que ha contribuido a decisiones que agravan el problema. Uno de los aspectos más graves y menos discutidos es el enterramiento de residuos en zonas inundables de la costa norte peruana, justamente donde son recurrentes eventos como el Fenómeno El Niño y el Fenómeno El Niño Costero. 

Estas prácticas han generado la dispersión de residuos durante inundaciones, la liberación de lixiviados altamente contaminantes y la consecuente contaminación de agua, suelos y zonas habitadas, afectando directamente a la salud de la población más vulnerable.No es casualidad que, en contextos críticos como la pandemia de COVID-19, las zonas con mayor precariedad ambiental y competencia municipal hayan registrado niveles dramáticos de morbimortalidad, lo que evidencia una relación directa entre mala gestión pública, degradación ambiental y vulnerabilidad sanitaria.

A pesar de que el país cuenta con un marco normativo claro, como el establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que obliga a priorizar la valorización de los residuos antes de su disposición final, la realidad en los 196 municipios provinciales del país muestra un incumplimiento sistemático de estas disposiciones. Este no es un problema aislado ni técnico; es una expresión directa de las debilidades estructurales de las políticas públicas que arrastra el Estado peruano sujeto a una alta rotación de los tomadores de decisión en este extremo que amerita un serio debate con algunas ideas fuerza expresadas seguidamente:

La primera, que debe quedar claramente establecida, es que existe una brecha crítica entre la norma y la realidad, producto de una combinación de limitaciones presupuestales, falta de capacidades técnicas y ausencia de planificación de largo plazo. Para muchos gobiernos locales, enterrar residuos sigue siendo la alternativa más sencilla y menos exigente en el corto plazo, aun cuando ello comprometa la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la economía futura. La valorización, que implica reciclaje, compostaje y reaprovechamiento, requiere inversión, conocimiento y gestión eficiente, elementos que no han sido priorizados en la mayoría de las municipalidades provinciales.

La segunda, es la debilidad institucional del sistema de control y fiscalización. Entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Contraloría General de la República no han logrado generar mecanismos efectivos, continuos y disuasivos que obliguen a los gobiernos locales a cumplir con la normativa vigente. La falta de supervisión oportuna y de sanciones ejemplares ha permitido que el incumplimiento se normalice.

La tercera, es la ausencia de un mercado sólido y formal para la valorización de residuos. Sin cadenas de valor estables para los materiales reciclables, los municipios carecen de incentivos económicos para apostar por sistemas de reaprovechamiento. A ello se suma la persistencia de la informalidad en el reciclaje, que, si bien cumple un rol importante, no ha sido adecuadamente integrada en modelos formales e inclusivos de gestión. 

La cuarta, es la débil cultura ciudadana en materia de segregación en la fuente. Sin participación activa de la población, cualquier esfuerzo de valorización se vuelve más costoso y menos eficiente. Este componente, fundamental para el éxito de cualquier sistema moderno de gestión de residuos, ha sido históricamente relegado. 

Una quinta idea fuerza que no puede seguir siendo omitida: la corrupción estructural que atraviesa la gestión de residuos sólidos en el país y que alcanza, en mayor o menor medida, a los 196 municipios provinciales. La contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final, así como la ejecución de proyectos de infraestructura como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento, representan espacios altamente vulnerables a prácticas corruptas.La transparencia opaca en los procesos, la colusión con proveedores, la sobrevaloración de proyectos y la falta de rendición de cuentas han convertido a la basura en un negocio antes que en un servicio público. Esta realidad distorsiona completamente los incentivos, desincentivando soluciones sostenibles como la valorización, que suelen ser menos rentables desde una lógica corrupta.

Nos encontramos, por tanto, ante una crisis sistémica que combina fallas institucionales, debilidad financiera, corrupción, mala planificación territorial, pérdida de oportunidades económicas como la valorización energética de residuos y graves impactos ambientales y sanitarios. 

En síntesis, objetivamente me reafirmo en la convicción que el crecimiento económico y el aumento sostenido de los RSM no han sido acompañados por un fortalecimiento del Estado. La asignación de responsabilidades a municipalidades sin capacidades, sumada a la morosidad, la corrupción y prácticas no sanitarias como el enterramiento de residuos en zonas inundables, ha generado una crisis estructural que incrementa la vulnerabilidad de la población y desperdicia oportunidades de desarrollo. 

En este contexto, resulta indispensable que los múltiples candidatos a la presidencia, al Congreso y a los distintos niveles de gobierno se pronuncien de manera clara, técnica y verificable sobre cómo enfrentarán este problema.

No basta con declaraciones generales; el país necesita propuestas concretas que aborden el financiamiento de la valorización, el fortalecimiento de capacidades municipales, la reforma de los sistemas de fiscalización, la formalización de los recicladores, la educación ciudadana y, de manera central, la lucha frontal contra la corrupción en la gestión de residuos sólidos municipales.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048 

CIP N° 38874

  
USD 200 millones del BM para minería en Perú
Etiquetas: [Banco Mundial]  [inversion de capitales]  [inversión minera]  [Perú]  [proyectos mineros]  
Fecha Publicación: 2026-03-18T16:15:00.000-07:00
El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un nuevo proyecto para respaldar al Perú en aumentar la competitividad, transparencia y sostenibilidad del sector minero, sentando las bases para la creación de más y mejores empleos.
Destacó que la minería representa cerca del 10% del PBI peruano y constituye uno de los principales motores de exportaciones y generación de empleo.
En el año 2025, las exportaciones mineras alcanzaron USD 61.849 millones, reflejando un crecimiento interanual significativo. 
Asimismo, advirtió que la inversión minera se ha desacelerado en los últimos años debido a factores como: cuellos de botella regulatorios, demoras en la aprobación de permisos y desafíos de gobernanza en el sector.
El proyecto busca modernizar la capacidad geocientífica del país y fortalecer la gestión institucional del sector minero. Entre las medidas previstas se incluye la generación y difusión de datos geocientíficos de última generación, lo que permitirá mejorar el conocimiento del potencial mineral del país.
Asimismo, contempla la creación de: una Litoteca Nacional de Testigos de Perforación, un laboratorio de geocronología de última generación y la implementación de una Ventanilla Única Digital para agilizar la aprobación de permisos mineros.

¿Consultas sobre las próximas elecciones generales en Perú?
Etiquetas: [2026]  [aspectos políticos]  [aspectos sociales]  [campaña electoral 2026]  [elecciones democráticas]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-03-14T12:49:00.000-07:00
Ante el honor que me hacen mis pares, colegas y discípulos al consultarme sobre el próximo proceso electoral a realizarse en Perú el 12 de abril del presente año, comparto con ustedes algunas reflexiones asi como la opinión personalísima del suscrito sobre el particular:

Escenario electoral en Perú para las elecciones generales del año 2021
En toda democracia el voto es un derecho. Pero en determinados momentos de la historia de un país, ese derecho adquiere también la dimensión de una responsabilidad moral. 
El Perú atraviesa hoy uno de esos momentos. La fragilidad institucional, la desconfianza en la política, la polarización y los constantes conflictos entre poderes del Estado han debilitado la confianza ciudadana.
En ese contexto, votar pensando en el imperio de la ley deja de ser solo una preferencia política y se convierte en una obligación ética, de tal manera que las reglas se aplican por igual a todos, que las autoridades están sometidas a la Constitución y que ninguna persona o colectividad política está por encima de la ley.
No se trata de una consigna abstracta; es la base que permite que las instituciones funcionen, que la economía genere confianza y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con plena seguridad.
Cuando el imperio de la ley se debilita, las consecuencias son visibles: proliferan la corrupción, la arbitrariedad, la captura de instituciones y el uso del poder para intereses particulares, primando los crematísticos en el país que fue un modelo de desarrollo con el floreciente imperio de los Incas.
La historia reciente del Perú ofrece suficientes ejemplos de cómo la erosión institucional termina afectando no solo a la política, sino también al crecimiento económico, la inversión y la estabilidad social.
Un indicador particularmente dramático de esta crisis institucional es el hecho de que varios presidentes de la República en las últimas décadas han sido investigados, procesados e incluso encarcelados por delitos de corrupción. No estuvieron ajenos a seguir estas vicisitudes los funcionarios de los otros niveles de la gestión pública del Estado.  
No escapa al conocimiento público que en los últimos 10 años la crisis e inestabilidad  política ha hecho que 8 presidentes de la república se sentaran en el sillón de Pizarro, de los cuales solamente dos (2) fueron electos en elecciones generales y el resto ocuparon el espacio por sucesión constitucional o gobiernos de transición tras renuncias o vacancias, donde el balance de poder se concentró en la representación nacional del Congreso de la República.
Así las malas prácticas en democracia llegaron a su clímax con el último referendum nacional realizado el nueve de diciembre de 2018, cuando la propuesta de restablecer la bicameralidad del congreso contemplando senadores y diputados, fue rechazada por amplia mayoría en una cantidad superior al noventa por ciento de electores de la población peruana.  
Sin perjuicio de la primacía de la voluntad popular, en el proceso electoral a realizarse este 12 de abril del 2026, se impuso vía reforma constitucional a la bicameralidad, manteniendo el status quo mediante un poderoso senado. 
Esta situación no solo daña la imagen presidencial como piensan algunos, sino lesiona la percepción de todo el país, revelando una falla profunda en los mecanismos de selección política y en la cultura de la libertad respecto al extremo de la consciencia pública.
La corrupción no empieza necesariamente con grandes escándalos, diezmos o millonarios sobornos. Comienza antes, en un acto más sutil pero igualmente grave: aceptar un cargo público para el cual no se tiene la preparación, la experiencia o la integridad necesarias.
Cuando alguien asume una función pública sin la capacidad para ejercerla adecuadamente, se debilita la calidad de las decisiones públicas y se abre la puerta a la improvisación, al clientelismo y a la captura de instituciones.
Las consecuencias de esta práctica son visibles en la vida cotidiana del país. La falta de preparación y de visión de Estado suele traducirse en las recurrentes crisis políticas, inestabilidad gubernamental y debilitamiento institucional a que hago referencia. 
Los patriotas que se atreven a enfrentar a estas malas prácticas, son neutralizados de diversas formas y en el caso de militares y policías simplemente son invitados a pasar al retiro.
El accionar de los operadores de justicia son ralentizados mediante el argumento presupuestal.
A ello se suman crisis sectoriales recurrentes que afectan directamente a la población, como los problemas del deterioro en la seguridad ciudadana, la seguridad en los servicios de salud, la seguridad energética y las crecientes tensiones en torno a la disponibilidad y gestión del agua justamente en la costa peruana, allí donde se localiza la mayor población de peruanos. 
Cuando las decisiones públicas se toman sin conocimiento técnico, sin planificación y sin respeto por las instituciones, el país pasa de administrar problemas estructurales a vivir permanentemente en estado de urgencia y plagado de la informalidad en su vida cotidiana.
Lo que debería gestionarse con políticas públicas de largo plazo termina convirtiéndose en emergencias cíclicas tanto de origen antropogénico como natural, con un alto costo social, económico y humano para millones de personas instaladas en territorio nacional.
Por ello, frente a cada proceso electoral, los ciudadanos deberíamos hacernos una pregunta sencilla pero fundamental: ¿qué candidato cuenta con la trayectoria, el equipo y planes de administración de la cosa pública que garantizan realmente el respeto a la ley y a las instituciones? Más allá de ideologías, promesas o discursos demagógicos, el criterio mínimo para evaluar a quienes aspiran a gobernar debería ser su compromiso con el Estado de derecho, la independencia de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas.
Votar pensando en el imperio de la ley no significa apoyar a un partido específico. Significa algo más profundo: defender las reglas que hacen posible la convivencia democrática. Sin instituciones fuertes, cualquier programa político sea económico, social o ambiental,termina siendo inviable. 
Bajo estas consideraciones, muchos partídos políticos y sus candidatos experimentados en lides electorales no pasarían con éxito una auditoría de gestión y por consiguiente la valla electoral.
Estas reflexiones las hago mirando todo el país, incluyendo porsupuesto al Perú profundo, al país real que vive más allá de los círculos del poder político y de los debates coyunturales de la capital Lima, la ciudad tres veces coronada villa. 
Conocer el territorio en sus cuencas hidrográficas, sus regiones, sus recursos y las dificultades que enfrentan millones de peruanos respecto a las brechas existentes en los servicios básicos, permite comprender que el país no puede seguir repitiendo las mismas fórmulas, ni los mismos rostros políticos que fracasaron rotundamente en el pasado. Persistir en los mismos errores solo prolonga los ciclos de crisis y frustración colectiva.
En ese sentido, resulta fundamental que las nuevas generaciones asuman su rol ante la historia. Los jóvenes peruanos no solo representan el futuro del país; también tienen la responsabilidad de renovar la política con ideas, preparación, ética pública y compromiso con el bien común. Sin su participación activa y consciente, será difícil romper con las prácticas que han debilitado dramáticamente la gobernanza y gobernabilidad del país.
En estas elecciones generales, la cédula electoral que es considerada la más grande en la história electoral del pais, presenta el desafío de llenar una matriz con filas de múltiples organizaciones políticas y 5 columnas donde en la misma cédula se eligirá al Presidente y vicepresidente de la República (columna 1), senadores nacionales que representan a todo el país (columna 2), senadores regionales que representan a cada región del país (columna 3), diputados a nivel regional (columna 4) y representantes al parlamento Andino (columna 5). Ante la complejidad de las 5 elecciones en la misma cédula, el tiempo estimado para votar que tiene el elector, podría constituirse en un cuello de botella para definir los votos validamente emitidos en ciertas jurisdicciones electorales de un país multidiverso.
La democracia no se sostiene solo con elecciones; se sostiene con ciudadanos que comprenden que su voto tiene consecuencias para el futuro institucional del país.
En el Perú de hoy, ejercer ese voto con responsabilidad implica priorizar el respeto a la ley por encima de la coyuntura política o de las simpatías momentáneas.
En tiempos de incertidumbre, la defensa del imperio de la ley no es solo una opción política. Es, ante todo, un compromiso con la democracia, con la integridad de las instituciones y con el futuro del país.
En consecuencia, soy de la opinión que el ciudadano peruano , este en territorio peruano o en el extranjero, debe ir a votar en estas elecciones generales de abril y defender su voto para lograr el bien común de ésta y las futuras generaciones. 
Por estas consideraciones mi voto será para la alternativa que reuna las calificaciones antes mencionadas y será consecuente con lo que muy probablemente pensarían mis colegas y amigos que formaron parte de ese 99% de los fallecidos por COVID-19 en el Perú que estaban en edad de votar.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048

CIP N° 38874

La administración pública ante eventos climáticos extremos
Etiquetas: [2026]  [administración]  [crisis climática]  [Emergencia climática]  [eventos]  [gestión]  [Perú]  [resiliencia]  
Fecha Publicación: 2026-03-04T15:20:00.000-08:00
Hoy 4 de marzo, en el día mundial de la ingeniería para el desarrollo sostenible comparto las siguientes reflexiones en momentos en que diversos gobiernos locales a nivel nacional del país de los Incas se encuentran en emergencia para fortalecer la respuesta del Estado ante intensas lluvias y a escasos 39 días para las elecciones generales de una nueva administración de la cosa pública en Perú.

Administración pública en 482 años

La administración pública en los tiempos del virreinato del Perú como máxima entidad territorial y administrativa duró oficialmente 282 años, pues después de crearse el virreinato en 1542, se activó administrativamente con el primer virrey en 1544; por lo que su duración administrativa efectiva fue de 280 años, comprendiendo total o parcialmente en su máxima extensión territorial (siglos XVI–XVII) a los territorios de seis países actuales en la región andina de sudamérica y a partir del siglo XVIII, su territorio se redujo ante la creación del virreinato de Nueva Granada (1717) y el virreinato del Río de la Plata (1776).
Desde entonces, la administración pública del virreinato del Perú quedó concentrado principalmente en los actuales Perú y Bolivia, hasta su desaparición en 1824.
Constituye un hito la conmemoración de los 200 años de la independencia peruana su declaración de independencia en 1821  y la consolidación de su libertad en 1824; motivo por el cual se estima en libertad hasta la actualidad la vigencia de 202 años en que esta fase de la administración  pública participó en el proceso de crecimiento y desarrollo del país.

Periodos de retorno de los eventos climáticos

Registros históricos arqueológicos y sedimentológicos de efectos climáticos ocurridos en el periodo colonial sobre la costa peruana asociados con el fenómeno El Niño, caracterizado por intensas lluvias, grandes avenidas e inundaciones, fueron anotados en apuntes no instrumentales desde el año 1578, seguidos en 1607–1608; 1619–1620; 1630–1631; 1650; 1671; 1687 ; 1701;1720;1728;1761;1784–1785;1791.
Durante el periodo republicano temprano (siglo XIX), se registraron en los años: 1803–1804; 1828;1844–1846;1857–1858;1864;1871;1877–1878;1884–1885;1891.
Asimismo en el periodo instrumental temprano (1900–1950) se suscedieron en los años : 1902;1905–1906;1911–1912;1918–1919;1925–1926; 1930;1932;1939–1941 y en el periodo instrumental moderno (1950–2000) las anotaciones datan de : 1951;1953;1957–1958;1965–1966;1969–1970;1972–1973;1976–1977;1982–1983;1986–1988;1991–1992;1997–1998.
Al llegar el Siglo XXI , con el soporte de equipos e instrumentos de alta confiabilidad científica se obtuvieron registros en los años : 2002–2003;2004–2005;2006–2007;2009–2010;2014–2016 ;2017–Niño Costero; 2018–2019;2023–2024, 2026.
De la misma manera, eventos extremos de sequías constituyen una característica repetitiva del espectro climático peruano durante milenios, habiéndose registrado en el último medio siglo, eventos con intensidades de moderada a extremadamente seco en departamentos andinos para los años : 1982,1983,1985,1987,1988,1990,1992,2004,2005 y 2016; considerando que su impacto está en función a la capacidad de gestión del agua. 
Registro histórico y sedimentológico de efectos climáticos en el desierto de Nazca
Entrando en contexto, es una verdad irrefutable que en territorio peruano, tanto en la antigua como en la nueva administración pública , tuvieron que gestionar los impactos climáticos y en la medida del avance científico, es posible establecer rangos de ocurrencia y patrones probabilísticos que hacen posible que la administración pública no actúe reactivamente ante intensas lluvias o sequías severas , ya que es perfectamente posible prevenir y gestionar el riesgo de ocurrencia con rangos aceptables para los eventos extremos. 

Gestión del recurso agua

En la época preinca, los mecanismos utilizados para captar agua de la escorrentía subterránea en ríos estacionales de la costa desértica fue mediante puquios, reservorios y canales; en tanto que en la zona alto andina de la sierra, fueron usadas las qochas,amunas,waru waru y andenería. En la época Inca se perfeccionaron las terrazas agrícolas con andenes, la siembra y cosecha del agua mediante amunas, el uso de reservorios alto andinos y camellones  o waru waru, así como los sistemas de drenaje; todos ellos en el marco de un modelo de gestión de riesgo climático integrado a la estructura política y administrativa del Estado. 
Así,en el tahuantinsuyo al gestionar sistémicamente la ecuación tierra y agua, se relacionaba con el clima anticipándose a eventos extremos,distribuyendo su impacto territorialmente,de tal manera que el suceso producido se amortiguaba y compensaba socialmente.
Durante el virreinato, la gestión del agua pasó del modelo territorial integral andino a un modelo jurídico productivo colonial, convirtiéndose en un recurso económico estratégico, regulado y su uso concentrado en haciendas y centros mineros.
En la época republicana, la gestión del agua discurrió de un modelo agrícola-sectorial hacia un modelo legal, institucional y técnico especializado integrado por cuencas.
Así, los instrumentos jurídicos y normativos se dieron a través del código de aguas de 1902, la ley general de aguas de 1969 y la ley de recursos hídricos de 2009; los instrumentos institucionales que cuentan con las empresas prestadoras de servicios supervisadas por el organismo regulador, los consejos de recursos hídricos de cuenca y la autoridad nacional del agua; los instrumentos técnicos y de planificación con los planes de gestión de recursos hídricos por cuenca, estudios hidrológicos y económicos ; los instrumentos de infraestructura hidráulica mayor conformado por los proyectos de trasvase e irrigación como Choclococha de Huancavelica-Ica (1950), Chira-Piura (1970), Majes-Siguas (1980), Olmos del río Huancabamba al río Olmos (2000).Un tratamiento especial se identifica en la infraestructura de trasvase alto andinos de Marcapomacocha para la capital del país - Lima.
Los precitados proyectos de trasvase fueron acompañados entre otros por represas y reservorios para la costa como : San Lorenzo (Piura-1958), Tinajones (Lambayeque 1968),Poechos (Piura-1978), Condoroma (Arequipa-1985), Gallito ciego (Cajamarca-1988),Chavimochic (La libertad-1997),Limón (Lambayeque-2009).
A lo largo de este proceso, la administración pública coadyuvó en los esfuerzos para controlar avenidas y sequías; regular caudales, mantener el caudal ecológico, expandir la frontera agrícola, general energía, entre otros y en estricto  gestionar el riesgo climático mitigando los fenómenos meteorológicos,atmosféricos e hidrológicos que se presentan a nivel nacional en sus 159 cuencas hidrográficas.

Desafíos de la nueva administración pública

La gestión de la nueva administración pública en Perú,supone grandes desafíos con agenda pendiente por atender frente a los eventos climáticos extremos que las sociedades prehispánicas desarrollaron en armonía con la naturaleza.
Pese a que en la modernidad se cuenta con una combinación de avances científicos,tecnológicos y de gestión que permiten monitorear,predecir y mitigar el cambio climático asi como a los fenómenos el niño, el niño costero, la niña, entre otros; la desatención del impacto climático combinado sobre el crecimiento del PBI peruano en el periodo 2001-2026 es en el orden del 9 % del PBI acumulado.
Abona a obtener esta realidad la recurrente crisis política que influye directamente en la suficiencia del Estado, donde la inestabilidad institucional incrementa los impactos económicos y sociales derivados de la reducción en su capacidad de resiliencia climática.
Evolución de la política pública para la gestión del agua
Etiquetas: [2026]  [agua]  [América Latina]  [gestión]  [Perú]  [Política pública]  [recursos hídricos]  
Fecha Publicación: 2026-02-23T09:31:00.000-08:00
A través de los tiempos, el recurso agua se convirtió en una de las fortalezas que acompañó el crecimiento y desarrollo de los pueblos localizados en America latina y particularmente en la superficie donde floreció el imperio de los Incas y que en la modernidad, en parte cubre el territorio peruano, donde el acceso y la disponibilidad del recurso hídrico ostentan una paradoja estructural: el Perú cuenta con abundante recurso hídrico a escala nacional, sin embargo la mala distribución natural, el cambio climático y las limitaciones en la gestión pública, producen importantes brechas con agenda pendiente por resolver.
Para lograr ello, pese al sincretismo del agua en el Perú,  este recurso atravesó por un proceso que tras evidenciar la sabiduría hidráulica pre inca e inca, aspira a que actualmente fuera progresiva y adecuadamente distribuida para sus diversos usos.

Entre los años 200 a.C. y 600 d.C

Asi, en la época preinca se tiene como registro los acueductos de Cantalloc en Nazca como parte del sistema hidráulico subterráneo que permitió a la cultura Nazca dominar el desierto, toda vez que les permitía captar y conducir agua de consumo humano, también para irrigar sus campos de cultivo y de esta manera permitir el asentamiento de centros poblados establecidos en zonas extremadamente áridas.
Sistema de ingeniería hidráulica subterránea de Cantalloc_ Cultura pre inca Nazca 

Entre los años 1200 d.C. y 1533 d.C

Durante el imperio Inca se aplicó el modelo sostenible de gestión integrada del agua basado en un riguroso planeamiento territorial y enfoque participativo, donde el trabajo comunitario daba cuenta de su  cosmovisión sistémica, incorporando sinérgicamente agua y tierra.
En el Tahuantinsuyo los procesos productivos y cadenas de valor, consideraron al agua como elemento integrador para el desarrollo de los sistemas de andenes y sistemas de distribución del agua; en el marco de  diversos climas, pisos ecológicos, cuencas; conectando los cuerpos de agua según la estacionalidad que presentaba el ciclo hidrológico dentro de su territorio que en su máxima expansión abarcó seis países de la actual latinoamérica. De esta manera, el  agua fue considerado como un elemento sagrado,recurso estratégico del Estado y bien común.
Sistemas de distribución del agua en el imperio Inca.

La gestión integrada del agua evitó la erosión en adenes, permitiendo la agricultura en grandes pendientes.

Entre los siglos XVI y XVIII

Durante el periodo del Virreinato del Perú, el agua fue tratada como un recurso estratégico controlado por el poder político de la corona española. En esta época colonial el recurso hídrico fue gestionado priorizándolo para el uso minero, en molinos, fuentes y acequias que abastecían a ciudades coloniales; para el riego de haciendas agrícolas y en comunidades indígenas.
Las edificaciones y camino inca se construían en partes altas evitando inundaciones por lluvias.

Entre los siglos XIX y XX

Lograda la independencia peruana en 1821, el Estado asumió el rol que tenía antes la corona y la joven república en forma limitada reconoció al agua como bien público,sin embargo, prosiguió con el modelo colonial de gestión del agua en una primera etapa hasta 1902, fecha considerada como un punto de quiebre con el Código de aguas al marcar un hito en la política hídrica republicana. Esta regulación declaró al agua como un bien de dominio público,introduciendo el sistema de concesiones y licencias; sin contar con el ordenamiento territorial que permitiera contemplar un enfoque de cuenca.
En la costa desértica peruana prima el ecosistema de oasis impactado por eventos climáticos extremos

En el transcurso del siglo XXI

Entre los años 2001 y 2026, el Perú pasó de una gestión sectorial del agua a una gestión integrada por cuencas, el acceso universal y la sostenibilidad ante el cambio climático.
En el 2008 fue creada la Autoridad Nacional del Agua , institución que regula el uso del agua en el marco de la Ley de Recursos Hídricos promulgada el año 2009; norma que suplió a la Ley General de Aguas de 1969. 
El año 2014 se promulgó la Ley N° 30215 sobre el uso de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos - MERECE, vistos como instrumentos para generar,canalizar e invertir en acciones orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, como fuente de servicios ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes y retribuyentes.

Con el ilustre congresista César Yrupailla Montes, tras la aprobación de iniciativa MERECE
El acceso al agua para el consumo humano se integró en la Constitución Política del Perú en el año 2017 mediante Ley N° 30588 , reconociendo el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable.
Bajo estas consideraciones se promueve un enfoque climático fortaleciendo la gobernanza con mayor inversión a los efectos de cerrar brechas y mejorar la calidad del agua.

Agenda pendiente

Al efectuar una disección ambiental sobre el proceso evolutivo de las políticas públicas para la gestión del agua, se pone en evidencia la agenda por desarrollar de cara al futuro : 

Poner en valor el recurso agua para diversos usos.

La norma peruana considera uso primario,poblacional,productivo,recreativo y medicinal.

Reforzar la política de prevención en la gestión pública



Cerrar brechas de infraestructura 
Incluye problemas de retroceso de glaciares andinos,contaminación,conflictos entre usuarios
Por consiguiente, los retos y desafíos que enfrenta el país pasa por contar con una gestión integrada por cuencas hidrográficas ; inversión en infraestructura de almacenamiento y tratamiento ; protección de fuentes naturales de agua, reducción de desigualdades territoriales en acceso al agua ; y fortalecimiento de la gobernanza del recurso hídrico.
Crisis climática que pone a prueba la democracia en el milagro peruano
Etiquetas: [2026]  [Congreso de la República]  [control]  [crisis climática]  [elecciones democráticas]  [Emergencia climática]  [modelo económico]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-01-27T15:53:00.000-08:00
Comparto una síntesis de las reflexiones sobre el contexto que abarca la prorroga del estado de emergencia en la capital de la república peruana dispuesto por el DS N° 006-2026-PCM sobre el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, y su correlato con sendos decretos supremos que declaran emergencia ante intensas precipitaciones pluviales en diferentes localidades del país: 

«Este año 2026 se realizan elecciones democráticas en Perú, alcanzando cifras históricas de una oferta electoral con 36 grupos políticos y más 3 alianzas electorales reconocidos como habilitados por el Jurado Nacional de elecciones para presentar 36 candidatos presidenciales que pretenden ocupar el sillón de Pizarro, sin embargo, resulta paradójico que en el marco del pluralismo político demostrado, la gran mayoría de ellos cuentan con planes de gobierno que lindan con propuestas extremadamente demagógicas, muy distantes de su compleja realidad; algunas de sus características fueron bien descritas por el pretigioso conferencista  andrés oppenheimer en su anotación «El milagro peruano: El país modelo que América Latina se niega a copiar».

El modelo económico 

Pese a la presencia de nocivos políticos desorientados, el paradigma peruano mantiene una macroeconomía estable que le da predictibilidad económica a una sociedad que funciona independientemente de quien gobierne el país.
Expertos en el mundo se preguntan en un escenario de volatilidad económica mundial, cómo es posible que en este país con corrupción endémica en contratos públicos, inestabilidad política, desigualdad y gasto público descontrolado que erosionan la confianza de la población; pueda sostener una economía estable.
Ciertamente no son suficiente los recursos naturales que ostenta,también es necesario considerar a una población de emprendedores que en un marco de informalidad, mantiene una disciplina de desarrollo, demostrado con cifras que llaman a reflexión : La deuda pública peruana representa en torno al 34 % de su PBI sitúandolo entre los niveles más bajos de la región latinoamericana, asi mismo sus reservas internacionales bordean los 90 mil millones de dólares cerrando el 2025, cifra que está en el orden  del 28 % de su PBI, uno de los niveles más altos de su história en términos absolutos. En lo que a inflación se refiere, ésta se mantiene dentro del rango meta del banco Central de reserva del Perú (BCRP) y reporta 2.8 % anual.
Perú mantiene un cuello de botella dinámico con las economías ilegales que incluyen actividades como minería ilegal,tala ilegal,entre otras; representando en un rango amplio el orden del 4 % de su PBI.
Estos números que se registran actualmente le sucede a un Estado poco menos que fallido como se catalogaba al Perú por los años de 1990, donde mostraba una inflación de 7650 % anual y reservas internacionales negativas.

Fenómeno de transición en dos décadas

En diecisiete años consecutivos, Perú creció el orden del 5,3 % anual para el periodo 2002-2019, previamente blindando de las sucesivas fluctuaciones en las administraciones de turno desde 1993 al BCRP  , institución cuya credibilidad constituye un importante activo con que cuenta el pais de 35 millones de habitantes, donde se incorporaron progresivamente el orden de 1,6 millones de venezolanos en la última década. Siete presidentes de la república peruana dieron cuenta de la inestabilidad política en el periodo 2001-2024 , de los cuales cuatro enfrentan cargos de corrupción o están en prisión.
En el periodo 2005-2019 Perú recibió más de 120 mil millones de dólares en inversión extranjera en los sectores minero, telecomunicaciones, energía, servicios financieros, agricultura de exportación, entre otros; siendo la minería el sector estrella.
Los tratados de libre comercio (TLC) apoyaron enérgicamente, particularmente con China, que es el principal socio comercial del Perú desde el año 2009; mismo año en que entró en vigor el TLC con USA e hizo lo propio con Japón en el 2012 y con la unión europea en el 2013. 
El crecimiento económico desordenado en el territorio peruano, dio paso al urbanismo acelerado con el incremento de problemas multidimensionales alentados por la desigualdad, pobreza,informalidad y falta de oportunidades en espacios geosociales excluidos altamente vulnerables, donde los estereotipos de organizaciones criminales afectan directamente la vida cotidiana hasta orillarlos a estados de emergencia.
Para el periodo 2021-2025 se estima en veinticinco mil millones de dólares la salida total de recursos desde Perú hacia cuentas o inversiones en el exterior, que pudieran incluir utilidades de empresas extranjeras, depósitos de no residentes,entre otros.

Riesgos significativos

El crecimiento macrocefálico de la burocracia en el aparato público, hace que se ralentice en sus reflejos asi como en la capacidad de respuesta necesarios que requieren los desafíos actuales y futuros demandados por las 159 cuencas del país; quienes para la gestión nacional,regional y local, cuentan con más de 6 mil organismos públicos con 19 ministerios, 196 municipios provinciales y 1694 municipios distritales, los cuales en su gran mayoría presentan problemas en calidad y cantidad del gasto público, los mismos que se ven distorcionados desde el momento de su aprobación presupuestal destinada una parte importante a gastos corrientes. 
Así, fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del país pasa no solamente por reducir sus barreras burocráticas, niveles de corrupción e inseguridad ciudadana; sino que aplica el fomento de la diversificación productiva con gran potencial en sus regiones naturales: costa,sierra y selva amazónica, sin dar la espalda al mar. 
Para fortalecer ello, es imprescindible mantener además de la estabilidad macroeconómica, las condiciones atractivas para que la inversión de capitales , tanto nacionales como extranjeros , puedan participar y conquistar los mercados existentes en el mundo; donde su indicador riesgo país se ubique en un nivel competitivo.
Asi, es importante promover un concenso político transgeneracional a los efectos de mantener flujos comerciales dinámicos, sin subordinarse necesariamente a determinado cluster que lidere un país hegemónico.

Lecciones aprendidas a partir de la crisis climática

En este contexto, es importante no volver a repetir las etapas de crisis vividas con programas del estado para la reconstrucción,seguidas por la reconstrucción con cambios; de tal manera que pueda promoverse el cierre en la brecha existente de infraestructura con visión de innovación y desarrollo que modernize un estado al servicio de la nación.
Como antecedentes en este país megadiverso, los eventos extremos de prolongadas sequías y grandes avenidas generaron pérdidas equivalentes a 11,6 % del PBI con el fenómeno extraordinario de El Niño de 1982-83; 6,2 % del PBI con el fenómeno extraordinario de El Niño de 1997-98; 1,6 % del PBI con el fenómeno de El Niño costero de 2017; con la pandemia de COVID-19 basicamente en el extremo de la inoperatividad por confinamiento y aspectos ambientales, el Perú cayó 11,1 % del PBI en 2020 en comparación con el año anterior; así se estima que la mayor frecuencia de estos eventos críticos recurrentes restan anualmente alrededor de 2% al crecimiento del PBI como resultado de la contracción de sectores estratégicos que influyen al crecimiento y desarrollo del país.

Necesario control político 

La función de control político que tiene el congresista como parte de la representación nacional en Perú, consiste en fiscalizar y supervisar la actuación del poder ejecutivo y de los demás organismos del estado a efectos de que éstos actúen conforme a la Constitución, las leyes y el interés público ; y en ese sentido se evidencia la necesidad de reforzar con una educación de calidad y el sistema nacional de control en diferentes regiones del país, a fin de mejorar la gestión integral de la conectividad a través de infraestructura impactada por la crisis climática que lleva a recurrentes declaratorias de emergencia como las establecidas mediante decretos supremos en el periodo 2023-2026 : DS N° 028-2023-PCM;DS N° 029-2023-PCM;DS N° 035-2023-PCM;DS N° 033-2024-PCM;DS N° 032-2024-PCM;DS N° 012-2024-PCM;DS N° 043-2025-PCM;DS N° 038-2025-PCM;DS N° 033-2025-PCM;DS N° 026-2025-PCM;DS N° 021-2025-PCM;DS N° 024-2025-PCM;DS N° 007-2025-PCM;DS N° 005-2026-PCM;DS N° 003-2026-PCM.
Un tema conocido y acreditado palmariamente en el proceso explosivo del crecimiento de las ciudades - además del evidente perjuicio económico derivado - es el daño ambiental ocasionado por la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos municipales, los que en épocas de inundaciones, colmatan los sistemas de drenaje, generan lixiviados altamente contaminantes y afectan  a la salud pública.

Ciudades del Perú en costa,sierra y selva, impactadas por mayor frecuencia de crisis climática 
El nuevo congreso de la república, que será elegido en 75 días, tiene la gran tarea de legislar sobre temas críticos como es el dejar de construir vertederos o rellenos sanitarios en zonas sujetas a recurrentes inundaciones o la Ley MAPE; que permitan seguir creyendo en el resurgimiento del milagro peruano. »

El Dato

En los siguientes títulos publicados por el suscrito, se trataron temas afines donde se incorporan con algún detalle aspectos antes mencionados:
Responsabilidad de los Estados frente al cambio climático.
Crisis en Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales : El caso Peruano.
Transformando basura en energía.
Cierre de minas en Perú.
Transición energética & problemas ambientales.
Política integral o sectorizada en materia de Residuos sólidos.
Estados de emergencia por metales pesados en agua de consumo humano.
Medidas urgentes para pasivos ambientales mineros en Perú.
Desarrollo de sistema informático para pasivos ambientales mineros.
Pasivos ambientales y agua de fuentes subterráneas.
Experiencia peruana en gestión de pasivos ambientales mineros.
Pasivos ambientales & LMP.
Activo & Pasivo minero.
Gestión de sitios contaminados en Perú.
Políticas públicas sobre pasivos ambientales que gatillan la crisis ambiental.
Transición energética & problemas ambientales.
Bioacumulación como incremento de morbimortalidad en Perú.
Cambio climático en Perú: Pasivos ambientales & arsénico en Salud pública.
Proyectos ambientales con rentabilidad social en Perú.
Riesgo por sobreendeudamiento & pasivos ambientales en Perú.
Estado, pasivos ambientales mineros y remediación.
Agenda pendiente de pasivos y daños ambientales.
Estado, pasivos ambientales y conflictos sociales.

Cobre para atender la demanda mundial : Proyecto 51
Etiquetas: [2026]  [APVEA]  [Chile]  [electromovilidad]  [minería de cobre]  [Perú]  [Proyecto 51]  
Fecha Publicación: 2026-01-14T11:08:00.000-08:00
El Proyecto 51 es una iniciativa binacional de cooperación estratégica entre el Perú y Chile, firmado en septiembre de 2025, con una visión de futuro y el propósito de incrementar la participación de ambos países en el mercado global de la industria del cobre, incluyendo no solo en la producción de este mineral, sino también en su industrialización y valorización.
En ese sentido, la sinergia aplicada permitiría suministrar el 51% del cobre que se consume a nivel mundial de cara a los próximos quince (15) años.
Este proyecto no solo busca incrementar la producción, pasando de un modelo competitivo a colaborativo en el mercado del cobre , sino también cambiar la forma en que ese cobre se comercializa y transforma; transitando de la tradicional forma de exportar materias primas (concentrados y cátodos) a producir y vender productos de cobre con valor agregado requerido por las industrias de alta tecnología, como es en el caso de la automotriz, aeroespacial, electromovilidad, electrónica, entre otras.
Basándose en la complementariedad geológica, minera, logística y empresarial de Perú - Chile, el Proyecto 51 marca un hito frente a la creciente demanda global de cobre asociada a la transición energética y la expansión de la electromovilidad existente en el planeta.

Coordinaciones en marcha

Con el precio internacional del cobre en máximos históricos, la reciente visita al Perú del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, resultó oportuna para abordar temas clave de cooperación bilateral con autoridades y empresarios peruanos. Entre los puntos desarrollados en la agenda, se destacó la lucha conjunta contra el crimen organizado y la minería ilegal, así como la importancia de coordinar políticas mineras y energéticas entre ambos países.

El dato

Dentro de 88 días se tiene previsto las elecciones generales en Perú, donde se elegirá al presidente y a representantes al Congreso de la República para un periodo de 5 años; los mismos que tendrán el reto de priorizar proyectos vinculados al sector minero, entre los cuales destaca el Proyecto 51.
Instituciones de la sociedad civil como la Asociación Peruana de Vehículos Eléctricos y Alternativos - APVEA en Perú y sus pares en Chile, se encuentran atentos para coadyuvar en los esfuerzos conjuntos que realizan los Estados democráticos para asistir en proyectos de avance tecnológico en el sector minero.
The best is jet to come
Etiquetas: [2026]  [defensor de la democracia]  [desarrollo humano]  [elecciones democráticas]  [Energía limpia]  [ordenamiento territorial]  [Perú]  [WtE]  
Fecha Publicación: 2026-01-09T15:00:00.000-08:00
Lo mejor está por venir en Perú , es la expresión de esperanza y optimismo que como una declaración de sentido pleno, transmito a mis pares, colegas, amigos y discípulos, en este año electoral 2026 donde la democracia se verá fortalecida.
Algunos miles de ellos inicialmente escépticos ante los conocidos problemas de gobernanza causados por la corrupción, ineficiencia en la gestión de la cosa pública, insuficiente planificación para distribuir el presupuesto público; los cuales conllevan retos socioeconómicos en términos de desigualdad, pobreza, informalidad, falta de acceso y disponibilidad a servicios básicos de agua, salud, educación y vivienda; todos se encuentran conectados sistémicamente a los problemas ambientales y en parte generados por actividades ilegales de actividades extractivas como es en el caso de la tala de bosques, minería, pesca y otros , dando cuenta de una presumible inacción que alcanzaría a quienes desarrollan función pública.
Las dudas sobre alcanzar el progreso en cercano periodo se desvanecen, cuando objetivamente se demuestra que el Perú es un país milenario donde la modernidad convive con su rica cultura ancestral y cuenta con valiosos recursos humanos además de potenciales recursos naturales en su territorio, permitiendo ver el futuro prometedor que en democracia tiene para alcanzar su crecimiento y desarrollo sostenible.
Conservar esta democracia en el tiempo ha sido posible gracias al histórico legado ciudadano así como el aporte de ilustres patriotas que el Estado desde el año 2007 reconoce con la «Medalla al Defensor de la Democracia».

Reconocimiento a los Defensores de la Democracia 

La parte considerativa de la Resolución Suprema N° 001-2026-PCM difundida por el diario oficial El Peruano con fecha jueves ocho de enero de 2026, establece lo siguiente: 
Que, mediante el artículo 1 de la Ley Nº 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea condecoración, se instituye el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Días de los Defensores de la Democracia en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, a los integrantes de los comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo, así como a militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación;
Que, asimismo, el citado artículo señala que constituyen Defensores Calificados de la Democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar, así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar. Adicionalmente, señala que la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados;
Que, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 29031, el Consejo de la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia†está conformado por el Presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Defensa; el Ministro del Interior; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos;
Que, a través del artículo 4 de la Ley Nº 29031, se crea la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democraciaâ€, a que se concede mediante resolución suprema, en la que consta el nombre de los ciudadanos que hayan destacado en la lucha contra el terrorismo, quienes son designados de acuerdo a los requisitos y procedimientos que se determinen en el Estatuto, el cual es aprobado por el Consejo de la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democraciaâ€(...) 

Cuellos de botella a superar

La inestabilidad provocada por la recurrente crisis política que sufre el país percibida desde inicios del presente siglo XXI, constituye el efecto de los sistemas complejos subsumidos en la dimensión ambiental.
Es preciso entender que los problemas ambientales son sumamente complejos pues no tienen causas simples al estar formadas por redes neuronales de causas, donde los efectos secundarios, daños potenciales, tiempo respuesta, entre otras consecuencias y capacidades se encuentran conectadas por el producto de sus interacciones.
Puedo citar a modo de ejemplo, el problema de los residuos sólidos municipales en Perú, que para entenderlo es necesario ver múltiples indicadores, así como las propiedades emergentes del manejo y su gestión en la totalidad de la cadena de valor, no de los componentes individuales.
Este problema crítico de gestión de residuos sólidos municipales, se fue agudizando hasta hacerse crónico a partir de las políticas públicas que no contaron con el soporte de una adecuado ordenamiento territorial o instrumentos de gestión como en el caso de la zonificación ecológica económica, hecho que permitió la explosiva urbanización, especialmente de ciudades en la franja costera, con el consecuente detrimento de las zonas rurales, las cuales tras la atomización tienden a despoblarse. De esta forma la mayor presión demográfica, determina mas requerimiento de agua, alimentos, energía (...) y un inexorable incremento en la producción de residuos sólidos municipales que demandan una adecuada disposición final.
El hecho objetivo es que en el país, los actuales 196 municipios provinciales y 1694 municipios distritales no han sido lo suficientemente eficientes en la gestión de los residuos sólidos municipales , pese a contar con el soporte de la Ley orgánica de municipalidades manteniendo disonancias económicas, financieras y limítrofes en su división política ; así, desde un prolijo análisis de la Ley N° 23853 del año 1984 y la vigente Ley N° 27972 del año 2003, se colige que las causas y efectos de las deficiencias encontradas se encuentran disgregadas tanto en tiempo como en espacio. 
La desatención en la dinámica de los cuellos de botella encontrados, restringieron a las distintas administraciones de turno para mirar solamente a los efectos inmediatos que durara sus respectivas gestiones, atacando los síntomas y mas no las causas subyacentes.
En el presente siglo XXI, continúan los esfuerzos legales para ordenar el territorio, mediante la Ley N° 32279 ( 2/4/2025) y su reglamento el DS N° 153-2025-PCM (6/1/2026), los mismos que adecuadamente implementados podrían coadyuvar en los esfuerzos desplegados por los gobiernos locales a efectos de resolver los impases subsistentes en materia de residuos sólidos municipales y otros que involucran a los tres niveles de gestión de la administración pública.

Energía eléctrica que impulse el desarrollo minero

La actividad económica que consume más energía eléctrica en Perú es la minería y en el marco de la transición energética, el país de los incas cuenta con fortalezas para impulsar la generación y el uso de energías renovables que apoyen al sistema eléctrico interconectado nacional, motivo por el cual la alternativa de contar con electricidad a partir de los ubérrimos residuos sólidos municipales en las grandes ciudades del país, constituyen una opción latente que a partir del 28 de julio el equipo de la nueva administración del Estado debiera considerar en consonancia después del 4 de octubre con las renovadas autoridades municipales electas para los gobiernos locales.
Continúan las extensiones de plazos para la formalización minera en Perú
Etiquetas: [2025]  [actividades mineras]  [Censos]  [Formalización]  [MAPE]  [REINFO]  
Fecha Publicación: 2025-12-30T09:50:00.000-08:00
Mediante la Ley Nº 32537, el actual gobierno de transición peruano modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1293 para que el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tenga vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.
Después de nueve años de haberse declarado de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal mediante el precitado decreto Legislativo, la recientemente promulgada ley dispone que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, adecúe el reglamento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Asimismo, esta Ley N° 32537 señala que el Instituto Nacional de Estadística e Informática coordine con el ministerio de energía y minas, y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico la ejecución conjunta del censo nacional de la MAPE.
Rol de la minería ilegal en la geopolítica minera
Etiquetas: [actividades mineras]  [aspectos económicos]  [aspectos legales]  [contaminación de cuencas]  [escasez de agua]  [geopolítica]  [impacto económico]  [minería artesanal]  [minería de Oro]  [minería ilegal]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2025-12-23T17:40:00.000-08:00
La minería ilegal juega un rol disruptivo y desestabilizador en la geopolítica minera, toda vez que actúa como una economía criminal que traspasa fronteras de cuencas y países, desafíando la soberanía estatal, financia redes delictivas mediante el tráfico de explosivos y armas, tráfico de mercurio, tráfico de drogas , tráfico de personas (...), generando corrupción, altera los mercados financieros con el blanqueo de oro, trastoca ecosistemas provocando conflictos socioambientales críticos y afecta la legitimidad de los estados al debilitar la gobernanza y la seguridad regional, especialmente en regiones con abundantes recursos mineros como es en el caso de los países Andino-Amazónicos.
Un estado alejado de la zona dispersa de los ríos amazónicos, alienta a la minería aluvial de oro. 

Imágenes satelitales que comprueban la situación crítica del caso peruano

La información dura proporcionada por los datos censales y las imágenes satelitales mejoradas con trazabilidad de los procesos agravados en el tiempo, nos ilustran sobre el deterioro en las zonas rurales que gradualmente se están viendo despobladas, alentadas de un lado por la falta de acceso y disponibilidad al recurso hídrico que afectan los usos de los suelos, asi como a la seguridad alimentaria ; y de otro lado, los altos niveles de contaminación del agua y de la afectación de ecosistemas in crescendo por la evidente presencia de una feroz minería ilegal.
El impacto es de tal magnitud que en no pocas cuencas de tradición minera, la capacidad de resiliencia de la naturaleza es superada, afectando los servicios ecosistémicos que brindan, las cuales ven menguadas sus competencias de recuperación y adaptación a efectos del cambio climático en el territorio peruano que tiene 87 % del total de climas existentes en el mundo.

País de múltiples leyes y sin ley

Esta frase describe una paradoja en el país de los incas, existe una sobreregulación en el extremo minero, generada fundamentalmente por el ejecutivo y un legislativo plagado de normas declarativas y recurrentes extensiones de plazos en cumplimiento de salvaguardias ambientales, que en estricto son inaplicadas tanto por la falta de seguridad jurídica como por el desconocimiento ciudadano, creando una percepción generalizada de desacato e impunidad, afectando la gobernanza y la confianza en la administración pública, asi como en los operadores de justicia.
La precitada percepción en el extremo legal se viene agudizando desde la segunda mitad del siglo pasado, haciéndose más ostensible en los primeros veinticinco años que van del presente milenio; hechos que son monitoreados por el instituto Fraser, cuyas encuestas para el periodo 1970-2022 reportan una ralentización que viene afectando a las grandes inversiones en Perú.
En ese lapso, lamentablemente las recurrentes crisis políticas y la desacertada presencia de la representación nacional en los sucesivos congresos de la república, hicieron perder la magnífica oportunidad de transformar la evidencia en acción, asegurando que los recursos mineros gestionados por la minería formal y responsable con la naturaleza, estimulen con mayor énfasis al crecimiento actual y futuro desarrollo nacional. 

No es una opción seguir perdiendo agua dulce por contaminación

Informes de seguimiento hídrico global de instituciones de alta credibilidad mundial, replican reportes de los satélites que demuestran que el planeta pierde 324 mil millones de metros cúbicos de agua dulce cada año; asimismo, las reservas mundiales de agua dulce se han visto disminuidas en tres (3) por ciento anualmente durante las últimas dos décadas. Para poner en contexto a los cuerpos de agua en lo que toca a la realidad peruana, se evidencia un mayor descenso en la franja desértica costera donde además de transicionar del estrés hídrico a la escasez de agua se anota una mayor contaminación. 
Es cierto que los indicios han sido visibles desde hace años atrás, reportados por las desaparecidas ONERN e INRENA y en la actualidad por ANA y el INAIGEM; pues la mayor presión demográfica se encuentra en la costa árida, donde la necesidad de uso de agua para el consumo humano se acelera y se genera mayores cantidades de aguas residuales y residuos sólidos mal gestionados que incrementan la contaminación bacteriológica que terminan sumándose a la contaminación fisico-química producida por la minería ilegal y los pasivos ambientales mineros existentes, que han hecho insuficientes los esfuerzos desplegados por el estado. Se evidencia que los ríos con características estacionales en Perú se están achicando, la pérdida de la masa glaciar contribuye a que los lagos y lagunas retrocedan y las sequías se perciben con mayor severidad; esta tendencia ya se había analizado en el periodo 1981-2018 por el SENAMHI en la caracterización espacio temporal de la sequía en los departamentos altoandinos.   

Impacto de la minería ilegal en la economía del Perú

Múltiples investigaciones han demostrado científicamente que la presencia de la minería ilegal que llegó a penetrar e inficionar no solamente en las dimensiones social, política , ambiental y económica de los países afectados dramáticamente como es en el caso peruano.
Para poder mensurar las ingentes proporciones de las que hago referencia en este extremo, es preciso  entender que tratamos con sistemas de alta complejidad que comprenden a toda la cadena de valor, las mismas que no llegan a entender en su verdadera magnitud los productores legales en lo que va del presente tercer milenio, quienes no terminan por distinguir la cosmovisión de la minería artesanal desatendida por el estado y descifrar el hecho que la minería ilegal tienen objetivos,fines y metas ilegales; depredando la naturaleza y destruyendo el patrimonio nacional con actividades ilegales que se cubren con el manto de la informalidad.
A efectos de poner en contexto lo antes mencionado, citaré el caso de la mina de oro Pierina cuyas operaciones productivas en 25 años que alcanzaron al periodo 1998-2013 y actualmente en etapa de cierre de minas, con labores en la región Ancash, produjo el orden de 8,5 millones de onzas troy de oro ( equivalente a 264  toneladas metricas finas - TMF de oro). 
De otro lado, una estimación comparativa de lo producido por la minería ilegal en 25 años se acerca a 528 TMF de oro, lo que equivaldría a dos veces  lo producido legalmente por la mina de oro Pierina.
Si para este ejercicio asumimos el precio internacional del oro en US$ 4444/oz (23 de diciembre del 2025), el impacto de la minería ilegal incluyendo además del oro, al cobre y otros metales y no metales en el precitado periodo de 25 años. sería  US$ 75,6 mil millones, aproximándose a los setenta y nueve mil millones de dólares que constituían el total de las reservas internacionales - RIN peruanas del año 2024.   
Si a estos números le agregáramos el impacto en la estabilización económica que significaría al país de los incas atender los cierres y post cierre de minas que originan los pasivos ambientales mineros existentes en sus diversas cuencas, así como el efecto que representa la afectación en el total de reservas (probables y probadas) de oro, sería equiparable al estimado US$ 93,5 mil millones de RIN peruana al 17 de diciembre de 2025.

El Dato

La minería ilegal se mantiene y fortalece en la medida que las decisiones políticas tomadas a lo largo de los años, no terminan acompañando a los elevados intereses del estado peruano, pese al esfuerzo normativo desplegado en la elaboración de la Ley N° 27651 (2002), decretos legislativos números 1040 (2008); 1105 (2012); 1293 (2016) ; 1336 (2017) y Leyes números 31007 (2019) ; 31388 (2021) ; 32213 (2024) y otras (2025).
De esta manera, el país llega al año 2026 sin una Ley para la minería artesanal y en pequeña escala, así como manteniendo cierta incertidumbre respecto a sus gobernantes en un año de elecciones generales democráticas y el alto riesgo de repetir la historia de explotación ilegal minera acontecida en el caso de la empresa canadiense Manhattan Minerals Corp. con su proyecto en Tambogrande-Piura, reflejada con la minera Yanacocha (Newmont) con su proyecto Conga-Cajamarca, entre otros casos emblemáticos.
Agradecimiento por invitaciones 2025 & elecciones democráticas 2026
Etiquetas: [2025]  [2026]  [agradecimientos]  [aspectos políticos]  [aspectos sociales]  [elecciones democráticas]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2025-12-15T15:07:00.000-08:00
Faltando dieciseís días para culminar el año 2025, comparto seguidamente mi agradecimiento por invitaciones recibidas.

A las instituciones regionales, organizaciones académicas, sociales y políticas:

Reciban un cordial saludo.

Deseo expresar mi más sincero y profundo agradecimiento por las invitaciones personalísimas que, este año 2025 que está por culminar, me han sido formuladas por diversas instituciones regionales de América Latina y el Caribe, para participar como experto en materias vinculadas al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Tales invitaciones constituyen un honor profesional y un reconocimiento que valoro con especial gratitud, no solo por la confianza depositada en mi trayectoria, sino también por el compromiso compartido con la defensa del ambiente, la sostenibilidad y el bienestar de nuestras sociedades.

De manera particular, extiendo este agradecimiento a los grupos y organizaciones políticas que tuvieron la deferencia de invitarme a participar en listas congresales con miras a las justas electorales que se llevarán a cabo dentro de 118 días en mi país, la República del Perú el 12 de abril de 2026. Considero dichas invitaciones como una muestra de respeto y aprecio a mi labor académica y técnica, así como a mi participación en el debate público nacional.

No obstante, he considerado necesario declinar tales propuestas. Esta decisión responde a una convicción personal y coherente con la posición que asumí en el referéndum nacional sobre la bicameralidad realizado en diciembre de 2018, en el cual la ciudadanía peruana, de manera mayoritaria, rechazó dicha reforma constitucional, posición que también fue la mía. En respeto a ese pronunciamiento democrático y a mis propios principios, estimo que corresponde mantener una conducta consecuente con lo expresado entonces.

Reitero mi reconocimiento y agradecimiento a todas las instituciones y organizaciones que me han honrado con su confianza, reafirmando mi plena disposición a seguir contribuyendo, desde el ámbito académico, técnico y ciudadano, al análisis, la reflexión y la construcción de propuestas en favor del desarrollo sostenible, la gobernanza ambiental y la democracia en el Perú y en la región de las Américas.

Muy atentamente,

Dr. Javier Prado Blas

Ingeniero Vitalicio CIP N° 38874

DNI N° 08186048



Evolución de la esperanza de vida al nacer tras el boom minero
Etiquetas: [actividades mineras]  [boom minero]  [desarrollo humano]  [Esperanza de vida]  [evolución]  [impacto ambiental]  [minería de cobre]  [minería de Oro]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2025-12-02T20:13:00.000-08:00
En una reciente entrevista que me realizara la especialista en derecho ambiental Nathaly Torres Lopez para el espacio de reflexión viernes de ambiente, tocando el tema «La minería y desarrollo humano», quedó pendiente por detallar la línea de tiempo del desarrollo minero en el marco de la expectativa de vida al nacer vinculada al desarrollo humano en el Perú. 
Para entrar en contexto, mencionaré frases acuñadas por ilustres personajes que sus respectivas existencias conocieron profundamente el territorio y trascendieron en el tiempo, refiriéndose al Perú como : un mendigo sentado en un banco de oro; un problema y una posibilidad; un país mas grande que sus problemas; un país de todas las sangres;un país que no tiene una identidad porque las tiene todas; un país de muchas leyes, pero sin ley;(...) ; todas ellas con un significado especial para graficar a un país maravilloso con un legado de culturas milenarias, impregnado de mil colores por su megadiversidad y múltiples climas, traducida en su historia y rica gastronomía, que en sus últimas décadas se encuentra influenciada por una creciente economía ilegal que inficiona a su fragmentada clase política que ve en la minería un instrumento político, así como en organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal que la utilizan para influir en el dominio de enclaves a través del poder político y políticas públicas. 

Los Andes y Amazonía

Como producto de la composición sistémica entre la cordillera de los Andes y la cuenca Amazónica, la mayor del planeta, hacen que Perú sea un país minero por antonomasia. Así, en el espacio territorial del país Inca se aprecia minería metálica y no metálica,minería subterránea, minería a cielo abierto y también minería aluvial de oro en los depósitos existentes del proceso erosivo de las cordillera de los Andes vía transporte de sedimentos a través del agua que discurre en más del 60 por ciento del territorio peruano integrado a la cuenca amazónica.
Evidencias arqueológicas y científicas de labores mineras efectuadas en la época pre inca, época Inca, época colonial y de la época republicana hasta la modernidad; comprueban  palmariamente la influencia minera,tanto directa como indirecta, llegando a todo su  territorio.
Considerando los periodos de la máxima extensión territorial del Tahuantinsuyo en el imperio Inca y del virreinato del Perú, se identificaron las diversidades mineras, incidiendo en labores de metales preciosos, para lo cual se utilizó el complejo minero de santa Bárbara descubierto en 1564 situado en Huancavelica-Perú, donde se ejecutaron labores mineras relacionadas a la extracción, procesamiento y distribución del mercurio para el beneficio del oro y la plata.
En esa época se abastecía de mercurio desde el virreinato del Perú al virreinato de la Nueva España,lo que hoy es México; actualmente se revirtió el sentido del abastecimiento de mercurio pues desde México se traslada este metal pesado al Perú y a los otros países andino-amazónicos limítrofes con Perú : Bolivia, Ecuador y Colombia; quienes también registran presencia de minería ilegal de oro, pero en menor escala que en Perú. 

Diversidad minera en 159 cuencas hidrográficas

Con el transcurrir del tiempo, la actividad minera «en todas sus formas y escalas de extracción» fue alcanzando progresivamente a todo el territorio peruano, donde se localizan ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas. 
Perú, como país Andino-Amazónico cuenta con gran potencial de recursos mineros 
 
Sin perjuicio de la denominación del espacio físico jurisdiccional que asuma la división política en diversos lapsos: Suyu, corregimiento,intendencia,distrito,provincia,departamento,región (...) y el tiempo geológico transcurrido; las labores mineras producen externalidades que se ven influenciadas por el régimen estacional del ciclo hidrológico del agua.
Los eventos extremos de grandes avenidas y sequías prolongadas son vinculantes para determinar los impactos producidos de índole económico,político,social y ambiental en estos espacios de intervención minera, en donde el rol normativo y regulatorio por parte del Estado devienen en fundamentales, papel que se ve acentuado por la presencia incremental de los pasivos ambientales mineros. 
Las manifiestas debilidades del Estado demostradas en la gobernanza para la gestión ambiental y un proceso de descentralización ralentizado, constituyen importantes restricciones a efectos de alcanzar una minería sostenible, afectando en especial a las regiones naturales por efecto sistémico de la contaminación y el discurrir del estrés hídrico a la escasez del recurso agua en su franja costera, la misma que demanda mayores obras de trasvase de cuencas a fin de atender a diversos usuarios de agua, particularmente a la población que mayoritariamente se localiza en esta banda territorial y a la emergente agroindustria : arándano, palta, uva, mango,espárragos; así como al tradicional café orgánico,cacao, (...).

Cultura minera para reducir impactos ambientales 

Tomando en consideración las diversas etapas históricas del auge minero por plata,mercurio,hierro,zinc,oro,cobre(...):1550–1700;1860–1875;1890–1930;1945–1970;1993–2011;2011–2016;2017–2022; se tiene a la minería como uno de los motores que viene sosteniendo la economía peruana y constituye un importante impulso para lograr su equilibrio financiero, los mismos que repercuten positivamente en indicadores como es en el caso del PBI, indice de Gini, índice de desarrollo humano, entre otros, lo que implicó a parte del despoblamiento de las zonas rurales en favor del crecimiento poblacional de sus zonas urbanas, un crecimiento macrocefálico de la administración pública en el país que quintuplicó el presupuesto de su sector público en los últimos veinte años, los mismos que fueron aprobados por la representación nacional en el congreso de la república mediante las leyes N° 28427 (2005) y N° 32185 (2025) respectivamente; pasando de cuarenta y nueve mil millones a doscientos cincuenta y un mil millones de soles.
Ayudó muy poco a reducir los impactos ambientales en el periodo 2000-2025, la recurrente crisis política que se vió reflejada en los cinco (5) ex presidentes de la república sentenciados por la justicia peruana y el contexto en que se aprobó el orden de los doscientos cincuenta y siete mil millones de soles el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, el mismo que continúa con la tendencia de priorizar el gasto corriente y el servicio de la deuda, menguando el gasto de capital que pudiera destinarse a importantes actividades para dinamizar su desarrollo, mitigar daños ambientales y fortalecerlo como un país resiliente. 
Con 1 285 216 km2 el Perú actualmente es el tercer país mas grande de sudamérica, cuyo territorio es equivalente a la superficie ocupada por Alemania,Francia y Reino Unido juntos; contando después de 204 años de su independencia con una división política de 25 regiones, 196 municipios provinciales y 1694 municipios distritales. 
Se estima que en la actualidad, el Perú supera 34 millones de habitantes , de los cuales más del 30% se localiza en la región Lima, agudizado por la crisis migratoria venezolana,evidenciando el progresivo centralismo con una galopante expansión de las áreas urbanas, toda vez que 83% del total de la población se ubicaría en zonas urbanas y solamente 17% , en zonas rurales nucleadas y dispersas.
Justamente la mayor presencia donde llega la industria minera y en particular la minería de subsistencia, como es que se cataloga a la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE); se encuentra en zonas de elevados pisos altitudinales, con limitadas vías de comunicación y en áreas de influencia a poblaciones que cuentan con escaso acceso y disponibilidad a los servicios básicos. 

País de muchas leyes, pero sin ley para la MAPE

La frase acuñada por el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, « Perú es un país de muchas leyes, pero sin ley» describe la paradoja peruana de tener una extensa legislación que, en la práctica, no se cumple debido a la falta de aplicación efectiva. Sin embargo, para el caso de la MAPE, esta contradicción se relaciona con la impunidad, la transparencia opaca, la corrupción y la ineficiencia en la aplicación de la justicia y las normas de control,supervisión y fiscalización, alentando el desarrollo boyante de economías ilegales como es en el caso de la minería ilegal del oro, que es dinamizada con los elevados precios  históricos que viene alcanzando su cotización en mercados internacionales; habiéndo duplicado su precio en los últimos cinco años, pasando de dos mil a más de cuatro mil dólares la onza troy.  Similar dinámica se observa con los precios históricos que viene alcanzándose con el cobre. Por consiguiente, actualmente la MAPE se focaliza sobre la minería de oro y cobre en Perú. 
Una somera descripción de lo acontecido desde hace 23 años , podrá dar luces respecto al proceso seguido de la Ley N° 27651 que data del año 2002, con la ley de formalización y promoción de la pequeña minería, y minería artesanal (PMMA). Cuatro años después, en el 2006, según registro oficial del ministerio de energía y minas , existían 850 pasivos ambientales mineros (PAM). En el 2008, se crea el ministerio del ambiente, la autoridad nacional del agua, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y en el año 2012 nace el servicio nacional de certificación ambiental para las inversiones sostenibles,iniciando funciones operativas el 2015; sin embargo el año 2016 se registra el más alto registro con 8854 PAM.
En este escenario descrito del 2016,es decir, hace 9 años y mediante el decreto legislativo N° 1293 se declara de interés nacional la formalización de la PMMA, creándose el registro integral de formalización minera (REINFO) que en el periodo 2016-2024 contaba con el orden del dos por ciento (2%) de mineros formalizados y una cantidad de 6001 PAM al cerrar este lapso.
Llegado el año 2025 y luego de diversas prórrogas, mediante el DS N°012-2025-EM se amplió el plazo del REINFO hasta el 31 de diciembre del 2025. Asimismo y en tanto se apruebe la Ley MAPE, la comisión de energía y minas del congreso peruano aprobó por mayoría la ampliación del plazo del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2027.

Sobre la esperanza de vida al nacer en Perú y en sectores con labores mineras 

La narrativa generalmente aceptada en el ámbito académico sustentada por el índice de desarrollo humano como medida estadística del programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), señala para la modernidad un incremento sostenido y en fecha cierta una disminución en el indicador esperanza de vida al nacer en Perú que va en promedio de 76 años antes de la última pandemia (2019) a 73 años (2024), sin embargo, no se registra aún datos que tengan validez nacional ni científica sobre una esperanza de vida promedio para mineros dedicados a la MAPE; pues para tener una estimación fiable, es necesario contar con un estudio epidemiológico-demográfico que cruce mortalidad, causas de muerte, condiciones de vida y tipo de ocupación en el marco de los distintos eslabones de la cadena de valor minera.
«Lo sustantivo es que trabajadores mineros se encuentran expuestos a una gama de riesgos elevados a obtener enfermedades ocupacionales y crónicas, siendo susceptibles de ver acortada su vida en comparación con la población peruana en general».
Un segmento especialmente crítico es la población vinculada a la MAPE que se vió incrementada progresivamente desde inicios del presente siglo en el periodo 2000-2025, riesgo gatillado por el incremento del tráfico de mercurio en el país ante su mayor demanda, pasando inicialmente de 105 Tn/año a un estimado de 420 Tn/año al final de este periodo.
Un indicador de la magnitud y ruta que sigue el metal pesado fue identificada por autoridades peruanas al decomisar dos toneladas de mercurio proveniente de México en julio del 2025.
«Sin perjuicio del impacto directo ocasionado en la expectativa de vida de quienes desarrollan labores mineras, se encuentra el daño ambiental que afectan el medio ambiente y a los servicios ecosistémicos que proporcionan».
Un escenario conocido y monitoreado por la opinión pública mundial se encuentra en la región Madre de Dios, donde se habría usado una cantidad que superaría las un mil toneladas de mercurio para el periodo 2000-2025. 
Las siguientes imágenes satelitales tomando como fuente a Google Maps y que desde el centro nacional de operaciones de imágenes satelitales (CNOIS) en Perú, siguiendo la misma metodología es posible identificar múltiples imágenes que demuestren el proceso de evolución del impacto ambiental ocurrido antes y después de efectuadas labores mineras en las veinticinco (25) diferentes regiones en que se divide políticamente el Perú.
Evolución del impacto ambiental registrado en la región Puno


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Cajamarca


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Huánuco

Evolución del impacto ambiental registrado en la región San Martín


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Madre de Dios


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Loreto


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Amazonas


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Ucayali


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Tumbes
Evolución del impacto ambiental registrado en la región Piura


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Lambayeque


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Ancash


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Cusco


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Junín


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Lima


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Callao

En la región Callao, se trató principalmente del manejo inadecuado en el transporte y almacenamiento de concentrados de minerales de plomo, afectando con el polvo  a los asentamientos humanos situados en zonas de influencia,optando por implementar medidas de mitigación.

Evolución del impacto ambiental registrado en la región Huancavelica
Evolución del impacto ambiental registrado en la región Ica


Evolución del impacto ambiental registrado en la región La Libertad

Evolución del impacto ambiental registrado en la región  Pasco

Evolución del impacto ambiental registrado en la región  Arequipa

Evolución del impacto ambiental registrado en la región  Apurimac


Evolución del impacto ambiental registrado en la región  Ayacucho


Evolución del impacto ambiental registrado en la región Moquegua

Evolución del impacto ambiental registrado en la región Tacna

El Dato

â–ºLa estratégica ubicación geopolítica del Perú, que sitúa su posición central en sudamérica y como país andino-amazónico, con acceso a rutas comerciales hacia Asia-Pacífico , así como su desarrollo portuario, le permite ser un importante actor regional  que capte diversas inversiones para la industria minera formal, garantizando adecuadas fases de cierre de mina y post cierre. 

►La estabilidad que garantizan las inversiones en Perú, pasa por exponer la verdad de la salud ambiental aplicando el test de proporcionalidad ambiental ajustada a ciencia; y en virtud a la evidencias que el registro histórico lo demuestran en forma indubitable, permitirá solucionar conflictos entre derechos fundamentales contenidos en la constitución peruana : el derecho a vivir en un ambiente sano y otros derechos como la propiedad y el libre desarrollo de las industrias, tal es el caso de la industria minera y la agricultura.

Minería & Desarrollo humano
Etiquetas: [2025]  [desarrollo humano]  [IDH]  [Minería]  [Perú]  [PNUD]  
Fecha Publicación: 2025-11-05T05:42:00.000-08:00
Seguidamente comparto con ustedes un espacio de reflexión en el espacio viernes de ambiente,donde se toca el tema " La Minería y desarrollo humano al 2025".


Panorama minero en los primeros 25 años del tercer milenio
Etiquetas: [2025]  [Desarrollo minero]  [inversiones mineras]  [minería de Oro]  [Minería Nacional]  [Panorama]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2025-10-17T16:11:00.000-07:00
Para entrar en contexto, me apoyaré en sendas publicaciones que realicé quince años antes en ese extremo, alla por el año 2010 : Panorama minero a inicios del tercer milenio  y Desarrollo de la minería nacional.
En el primero de los citados, indicaba que en Perú se implementaba un sistema de gestión ambiental para el ejercicio de la actividad minera con el fin de cambiar la mala imagen que se tenía de la minería en el país.
Con el proceso de cambios, el Perú ingresó a una nueva era en la que el Estado aplica instrumentos de gestión para alcanzar el desarrollo sostenible de la industria minera.
Consideró Programas de Adecuación y Manejo Ambiental a empresas mineras en operación y exigió a los nuevos proyectos realizar Estudios de Impacto Ambiental , audiencias públicas, títulos de concesión minera, Estándares de Calidad Ambiental , Límites Máximos Permisibles , Plan Ambiental de Cierre , entre otros, que coadyuven a garantizar una armónica relación con la naturaleza.
Al detallar la distribución espacial de la actividad minera en el territorio peruano, afirmé que el Perú apostó claramente por abrir e integrar su economía al mundo y por una estrategia exportadora, donde el sector minero jugó un rol preponderante.
Esta opción le permitió estar preparado para hacer frente a la última gran crisis económica y financiera mundial del 2008, pues además de dejar de ser deudor neto, logró ser considerado con mayor grado de inversión.
Los Tratados de Libre Comercio firmados con Estados Unidos de Norteamérica, China, Japón y Corea del Sur, le permitieron crecimientos consecutivos de su economía al estilo de las economías del sud oeste asiático.
Quedo entonces registrada la localización geográfica de los nuevos proyectos mineros en cartera, manteniendo la tendencia al crecimiento con nuevos proyectos, algunos de ello con contrapartes de empresas Chinas. 
En el segundo de los mencionados, considerando al Perú como un país minero por excelencia, hice mención al mito que sostenía: Un puñado de empresas transnacionales se llevan a sus países los minerales que extraen y no dejan crecer a la minería nacional.
Este eventual crédito prestado a una noticia como cierta, tiene origen en la práctica vivida por antiguos peruanos y su experiencia en la época de la conquista española. Buena parte de los objetos de oro y plata considerados como tesoros de la cultura Inca encontrados por los conquistadores, se perdieron porque las piezas fueron fundidas para transformarlas en monedas que luego fueron enviadas fuera del país. Desde los tiempos de la conquista española en 1535 se han sucedido múltiples expediciones para tratar de encontrar el dorado, generando desconfianza en poblados dispersos del interior del país y que en algunos casos trascienden las fronteras actuales del territorio peruano.
En el país, a la producción  de minerales como Oro y Plata, le siguieron otros como cobre, zinc, Hierro, plomo, estaño, molibdeno.
Señalé que en esa primera década del tercer milenio, once países actuaban como socios comerciales principales del sector minero peruano al ser receptores de la exportación de productos mineros.
Las inversiones mineras estaban representadas por una serie de capitales extranjeros, como es en el caso de : Glencore y Xstrata (suiza) , Shougang (China) , BHP Billiton (Australia) , Barrick Gold (Canadá), Southern Copper (México) ,  Phelp Dodge ,Newmont y Doe Run (Estados Unidos) ; asi mismo, la gama de capitales nacionales conformada por grupos como : Buenaventura, Brescia,Letts, entre otros que  desarrollaron una serie de habilidades haciéndose altamente competitivas.
La significativa presencia en el mercado de importantes capitales nacionales permitía entonces mirar con confianza el continuo desarrollo de una minería nacional, prometedora y pujante de cara a un potencial crecimiento del sector minero en el país.
Para tener una visión integral del panorama minero alcanzando a los primeros 25 años del tercer milenio se hace imprescindible incorporar en el análisis precitado a dos componentes dinámicos de alta complejidad, que influyen directa e indirectamente en el crecimiento y desarrollo minero en el país de los Incas : la recurrente inestabilidad producida por la crisis política y la inseguridad jurídica traducida por las lagunas legales en el proceso de formalización minera artesanal y en pequeña escala (MAPE).
Boom de la minería de oro en el país andino-amazónico  
Con referencia al primer componente, once personas han ejercido funciones como presidentes del Perú, de los cuales seis estuvieron por sucesión o suplencia constitucional en este periodo de los 25 años. 
La producción legislativa de la representación nacional en el lapso de las diferentes administraciones de gobierno, consignaron en el año 2002 la Ley N° 27651 a efectos de formalizar la MAPE , asi como el ejercicio pendulante de descentralizar y centralizar atribuciones de fiscalización al ejecutivo mediante el Decreto Legislativo N° 1040 del año 2008 y la Ley N° 32213 del año 2024.
En lo que respecta al segundo componente, el año 2016 se creó el registro integral de formalización minera mediante el decreto legislativo N° 1293 , el mismo año en que se presentó la mayor cantidad de pasivos ambientales mineros que en número de 8854 fueron inventariados por el ministerio de energía y minas.
Al año 2024 se contaba con 6001 pasivos ambientales mineros y cerrando el 2025 el país aún no cuenta en su ordenamiento legal con una ley que regule a la MAPE.
Hechos objetivos ilustran que llegar a cubrir esta laguna legal deviene en imprescindible para mitigar los impactos políticos,sociales,económicos y ambientales gatillados por el boom minero encabezado por el oro , cuyo precio internacional para el periodo  2000-2025 se multiplicó casi 15 veces pasando de 279 a 4280 la onza troy; habiéndose acelerado la actuación de los multiactores en toda la cadena de valor para el último quinquenio, alcanzando cifras históricas en términos del uso de mercurio empleado por una minería ilegal, la cual contribuye con la mitad del oro ilegal que se exporta en la región de América del Sur.
La tendencia del panorama minero antes presentado viene siendo monitoreado por el prestigioso Instituto Fraser en el extremo legal, importantes ONGs y las agencias calificadoras de riesgo país entre las que se encuentran Standard & Poor´s, Fitch Ratings y Moody´s.
Los retos y desafíos que tiene el Perú para desarrollar la minería en todas sus escalas, demanda una buena gobernanza que en forma integral atienda el tema de las concesiones así como la gestión de cierre de minas , contemplando a las garantías ambientales, remediación de los pasivos mineros,entre otros más que caracteriza a un Estado moderno.
Reto minero al agotarse la fuente de energía en CAMISEA
Etiquetas: [2025]  [Camisea]  [Cusco]  [gas]  [GLP]  [GNV]  [inversión de capitales]  [Perú]  [Reservas]  [sector minero energético]  
Fecha Publicación: 2025-09-24T11:11:00.000-07:00
Hace una década, en Mineria peruana & Camisea  publicado un 25 de febrero del 2015, explique el escenario creado por el consorcio inicial de Shell y la estaunidense Mobil.(ahora ExxonMobil)
Así, tras una serie de estimaciones, CAMISEA presentaba reservas de ocho trillones de pies cúblicos y provisión de condensados y líquidos de gas natural que superaban los quinientos millones de barriles. 
Si bien el descubrimiento de CAMISEA fue en 1986, la explotación comercial se inicio en Agosto del 2004 sin embargo, tras dos décadas de una dínamica de explotación y restriciones de inversión en exploración, se presentan diversos escenarios en la cadena de valor que obliga a un planeamiento fino de cara al futuro.
El escenario crítico que contempla mantener una alta demanda interna junto a la exportación intensiva sin contar con nuevos descubrimientos indica que las reservas probadas de CAMISEA podrían agotarse en el lapso de 5 a 15 años, es decir entre 2030 y 2040.
El impacto no solamente afectará al sector minero , pues también debe considerarse que el gas natural producido en CAMISEA-Cusco, alcanza a generar casi la mitad de energía eléctrica del país, sin perjuicio del impotante abastecimiento de GLP y GNV.
En consecuencia, el componente energético en la dimensión ambiental que contempla el recurso agua y el inexorable agotamiento de CAMISEA , constituye un tema sustantivo que debe tratarse seriamente en los programas de gobierno que presentan los hasta el momento eventuales treinta y nueve candidatos que pretenden asumir la administración del Estado peruano en las próximas elecciones generales del 2026.
Convención minera PERUMIN 2025 con 16 paises
Etiquetas: [2025]  [actividades mineras]  [Arequipa]  [Convención]  [PERUMIN]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2025-09-23T09:53:00.000-07:00
La Convención minera PERUMIN, la más importante del Perú y de relevancia mundial, este año 2025 se viene desarrollando del 22 al 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en la ciudad de Arequipa. 
El evento congrega a más de 800 empresas y delegaciones de 16 países, contemplando tres ejes básicos de trabajo: la Cumbre Minera, principal espacio de debate y análisis de temas de interés nacional y sectorial; el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad , en el que profesionales y especialistas se congregarán para el análisis y debate de diversos aspectos vinculados a la industria minera; y la Exhibición Tecnológica Minera, con capacidad que supera a 1,170 stands.
Agenda pendiente al 2025 del sector minero en Perú
Etiquetas: [2025]  [ACCA]  [BCRP]  [CIP]  [Desarrollo minero]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2025-09-02T13:29:00.000-07:00
Ingresando al último cuatrimestre del año 2025, la administración del Estado peruano enfrenta importantes retos para el desarrollo del sector minero de cara al futuro.
Las restricciones que debe resolver el país Inca para impulsar su crecimiento de acuerdo a sus reales potencialidades, pasan de un lado por enfrentar el incremento de la minería ilegal en el país, con especial énfasis en la Amazonía que abarca el orden del 60 % de su territorio. 
Este aumento es explosivo en Perú, a tal punto que, en solo un año, la minería ilegal pasó de siete a nueve regiones, según informe situacional 2025 de Conservación Amazónica – ACCA. 
De otro lado, el país debe resolver su recurrente problema generado por una frondosa administración pública con múltiples instituciones en diversos ministerios que terminan duplicando esfuerzos, tiempo y dinero con lo que ralentizan importantes inversiones en el sector minero.
Asimismo,la débil respuesta del ejecutivo frente a dar solución a un tema recurrente sobre la minería artesanal y pequeña escala, ayuda muy poco en dinamizar el sector. 
Según el Colegio de Ingenieros del Perú, del cual el suscrito es miembro vitalicio, distintos proyectos mineros en territorio peruano, entre los que se encuentran Antamina,Corani, Raura, Tantahuatay, Chalcobamba, Trampiche, Pampa de Pongo, Tía María, Romina , Safranal , entre otros, aportarían con varios puntos al PBI nacional. 
Actualmente y según proyecciones del Banco Central de Reserva, la minería crecería 5.8% en el año 2025, aportando solamente 0.8 puntos al PBI nacional en un país que se alista para elegir en elecciones democráticas a sus próximos gobernantes el 2026.
El 2024 Perú podría alcanzar 3 millones de toneladas en su producción de cobre
Etiquetas: [Antapaccay]  [cobre]  [Las Bambas]  [minería de cobre]  [Perú]  [producción minera]  
Fecha Publicación: 2025-08-16T06:42:00.000-07:00
Llegar

Titular del Ministerio de Energía y Minas - Perú.
O
Con esta iniciativa , Las Bambas que el 2023 produjo un promedio de 300 mil toneladas, este 2024 podrá producir hasta 400 mil toneladas.
Asimismo, otro proyecto que podría ayudar es el de Coroccohuayco de la empresa minera Antapaccay, la cual podrá duplicar su producción llegando a 200 mil toneladas al año.
En este sentido, con los dos proyectos precitados, a la producción lograda en el 2023 se añadirían 300 mil toneladas, logrando alcanzar tres millones de toneladas de cobre.
Minería & Cabeceras de cuencas
Etiquetas: [Cabecera de cuencas]  [impacto ambiental]  [mineríaoro]  [protección]  [recursos hídricos]  
Fecha Publicación: 2025-08-14T14:00:00.000-07:00
El Proyecto La Zanja, se encuentra ubicado en la micro cuenca de la quebrada El Cedro. Políticamente, corresponde al caserío La Zanja - Llamada también La Redonda - en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz de Succhabamba, departamento de Cajamarca.
El área del proyecto comprende las zonas altas de este distrito (2 800 a 3 811 metros sobre el nivel del mar) limítrofes con los distritos de Catache (de la misma provincia de Santa Cruz de Succhabamba) y Calquis y Tongod (provincia de San Miguel de Pallaques).
La Zanja comprende dos yacimientos de oro con contenidos de plata denominados San Pedro Sur y Pampa Verde, los cuales serán trabajados a tajo abierto.
Los trabajos de exploración realizados en el área del proyecto, arrojaron que los yacimientos, contienen un recurso minable total de 17 414 000 TM con una ley promedio de oro de 0,88 g/TM y una ley promedio de plata de 6,6 g/TM.
Adicionalmente, se cuenta con un recurso de 10 066 254 TM con una ley de 0,56 g/TM, lo que representa 183 160 onzas de oro.
Luego de ser extraído de ambos yacimientos, el mineral será tratado mediante lixiviación,la solución rica será tratada mediante Adsorción/ Desorción/ Regeneración (ADR) con carbón activado para la obtención de plata y oro doré mediante un proceso final de fundición.
La inversión estimada es del orden de US $ 30 millones hasta el inicio de las operaciones y de US $ 20 millones adicionales durante la misma, totalizando de esta manera una inversión de US $ 50 millones.
Según una reciente ordenanza dictada por el Gobierno Regional de Cajamarca, se plantea de acuerdo a la zonificación ecológica, la protección de las cabeceras de las cuencas que demandaría estudios adicionales que permitan garantizar el recurso hídrico en el área de influencia del proyecto minero.
Con la aplicación de un programa de desarrollo sostenible por cuencas hidrográficas que articule la protección del medio ambiente a las demandas sociales y los intereses de los inversionistas, se podría efectuar el proyecto integral sin mayores dilataciones.
Con las reservas actuales, se estima una vida útil  del proyecto en cuatro años.

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