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Etiquetas: [Minería]  
Fecha Publicación: Sat, 16 Dec 2023 08:30:00 -0500




El pasado día 2, en la provincia de Pataz, en La Libertad, encontrándose en estado de emergencia, se produjo cruel ataque en un socavón de la minera Poderosa (primera exportadora de oro del país) asesinando 10 trabajadores con armas de guerra y explosivos. Según autoridades de La Libertad, habría sido ejecutado por “parqueros” (sicarios contratados por mineros ilegales), ese mismo día, además, destruyeron 10 torres de seguridad. Según la empresa, 3 meses antes del atentado, advirtieron, hasta en 20 reuniones, sobre la situación de inseguridad en la zona donde hay 48 plantas ilegales que procesan oro ilegal, sin embargo, el gobierno no tomó ninguna acción, recién se está proponiendo implementar sedes policiales en 5 distritos de La Libertad, incluyendo Pataz con 30 efectivos de Dinoes.

 

Aunque la minera informal, y la abiertamente ilegal, han causado violencia coludidos con bandas delincuenciales, durante este gobierno se incrementaron las más graves, además del reciente en Pataz, también en Arequipa, en Atico, Caravelí, un enfrentamiento entre mineros informales por disputa de terrenos dejó 14 muertos y 12 desaparecidos, y en agosto-2022, en Choco, Castilla, en el campamento de mina Paula, una balacera entre mineros ilegales ocasionó un fallecido y ocho heridos, además, actúan pretendiendo espantar la minería formal con violencia como sucede en Las Bambas, Shahuindo, La Rinconada.

 

Este gobierno comunista tiene grave responsabilidad, en la primera fase, Castillo prorrogó la vigencia del proceso de formalización minera hasta diciembre 2024 (ley 31388, diciembre-2021) con inscripción vigente en el Registro de Formalización (Reinfo), el cual permite total impunidad de mineros informales e ilegales solo con inscribirse, su normativa debería ser urgentemente reformada con cumplimientos estrictos de plazos y solo otorgarse autorizaciones al concluirse el proceso, y justamente, en agosto-2022, Castillo se reunió con cientos de mineros informales ofreciéndoles anular normas y decretos lesivos para que se formalicen. En la segunda fase, Boluarte dijo en enero-2023 que no se puede anteponer la minería por encima de la vida y el agua, y jamás se ha referido a la peligrosidad, criminalidad e impunidad que ronda la minería informal e ilegal, solo hasta que se produjo este vil crimen en Poderosa, increíblemente manifestó que “analiza formalizar la minería ilegal”.

 

Bajo este panorama, se calculan 500,000 mineros ilegales a nivel nacional que amenazan nuestra seguridad, economía, depredan aguas, suelos, bosques y contaminan el medio ambiente, según la SNMPE, la minería ilegal ocasiona pérdidas anuales de S/22,700 millones (2.5% del PBI), crece anualmente a tasa de 11.7% y su valor de producción supera al del narcotráfico, aun así, este gobierno comunista, para combatir este flagelo, ha reducido en 0.49% el presupuesto 2024 respecto al de 2023.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de diciembre de 2023


Etiquetas: [Marítimos]  
Fecha Publicación: Sat, 9 Dec 2023 08:30:00 -0500



 

El pasado 30 de noviembre el Congreso aprobó, en primera votación (59 votos a favor, 51 en contra, 5 abstenciones), el Proyecto de Ley (PL-5175) del Ejecutivo, que pretende modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo (DL-1413) para eliminar los requisitos de permiso de operación y constitución en el país de empresas extranjeras y nacionales. El DL-1413 fue reglamentado el 6 agosto 2019 y establece la suspensión temporal de dichos requisitos por 3 años, que vencieron el 6 agosto 2022, pero ahora, con el PL-5175, se pretende extender indefinidamente estas facilidades a empresas navieras extranjeras, sin necesidad de constituirse en Perú ni requerir permiso de operación de la Dirección General de Transporte Acuático del MTC. Sin embargo, se omite, la obligatoriedad que toda nave de bandera extranjera haciendo cabotaje en Perú (por control y seguridad nacional) cuente con permiso de navegación de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, como Autoridad Marítima Nacional (Reglamento del DL-1147, artículo 34, inciso 34.1, fecha 28-11-2014).

 

Con dicho PL-5175 se otorgan facilidades a empresas navieras extranjeras, en desmedro de las nacionales, que por ley deben constituirse en el Perú, con 51% mínimo de capital peruano, y naves al mando de capitán y tripulación 100% peruana, es totalmente arbitrario porque resultaría más conveniente operar en cabotaje en Perú con una empresa naviera extranjera que una peruana, además, no se beneficia la generación de empleo de la industria naviera nacional, y se afecta la reactivación de la Marina Mercante Nacional, que según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es parte estratégica de nuestra Reserva Naval.

 

El PL-5175, además, como competencia desleal, estaría exonerando a las empresas extranjeras pagos de derechos (impuesto a la renta, facturar IGV), tampoco reconoce la Reserva de Carga, mecanismo global aplicado al transporte terrestre, aéreo y marítimo, en que los países deben reconocer sus empresas como autorizadas para transportar mercancías y pasajeros dentro de su territorio. A nivel internacional, en América y mayoría de países marítimos, el cabotaje está reservado para empresas navieras y naves de bandera nacional. En tal caso, si el gobierno insiste en brindar facilidades de carga peruana a navieras extranjeras, por reciprocidad internacional, debería requerir que dentro de las costas de países que se benefician, los buques peruanos puedan navegar en cabotaje sin permisos ni constituirse administrativamente.

 

Bajo este panorama, el Congreso no debería aprobar en segunda votación este DL-5175 por ser gravemente lesivo a nuestros intereses nacionales. En cambio, deberían presentar Proyectos de Ley para mejorar la infraestructura portuaria en el litoral e implementar una regulación adecuada para consolidar el cabotaje de carga nacional con destino nacional, y no, como interesa a agentes extranjeros, el transbordo de carga de cabotaje al comercio exterior.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO. fecha 9 de diciembre de 2023


Etiquetas: [Política]  
Fecha Publicación: Sat, 2 Dec 2023 08:00:00 -0500


 

Los 28 prefectos regionales, 186 subprefectos provinciales y 1,396 distritales, son órganos desconcentrados de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y tienen como función representar al Poder Ejecutivo y garantizar la presencia del Estado en sus jurisdicciones, teóricamente, deben contribuir en mantener el orden público, la gobernabilidad y la paz social en el país, brindar seguridad a personas amenazadas, prevención de conflictos sociales y autorizan grandes eventos. Pero, por el contrario, sus funciones vienen siendo desvirtuadas durante este gobierno comunista usándolas con fines políticos particulares.

 

En su primera fase, con el corrupto Castillo, éstos cargos fueron usados como una repartija de trabajo siendo designados a dedo 672 militantes de Perú Libre, partido Popular Magisterial, Fenatep y Movadef para que accionen como su brazo político, como agitadores sociales y hasta portátiles, además, en 2022 aumentó el presupuesto a cifra récord, S/ 77.5 millones (en 2020 era S/ 61 millones), incrementándoles los sueldos (prefectos hasta S/ 7,000 y subprefectos hasta S/ 6,500), además destinó S/ 1.5 millones en adquirir componentes y equipos informáticos (hardware) a todas las prefecturas y subprefecturas a nivel nacional.

 

En la segunda fase, Boluarte destituyó los 26 prefectos y 1,399 subprefectos nombrados por Castillo, pero inmediatamente empezó a reemplazarlos, en solo 3 meses realizó 344 nombramientos (cifra más alta de 6 gobiernos anteriores) y éstos continúan, y aunque Otárola, como premier, decía que los nombrados serían personas reconocidas y distinguidas de clara vocación democrática, se ha constatado nombramientos que algunos subprefectos distritales, en Cusco, Huánuco y Piura, son firmantes de planillones del Movadef, pero lo más grave, según un informe de El Comercio, 6 coordinadores de la organización Ciudadanos por el Perú de Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta) fueron designados como prefectos y subprefectos en diferentes regiones del país.

 

Bajo este panorama, estos cargos deben ser eliminados por obsoletos y nocivos, existen solo por razones políticas bajo un esquema de clientelaje y no brindan ningún servicio efectivo a la población, tampoco son necesarios en la estructura de Estado descentralizado porque interfieren realizando trabajos paralelos a los de funcionarios de autoridades electas como gobernadores y alcaldes. El cuantioso gasto que se viene generando anualmente para mantener estos cargos (S/ 77.5 millones) bien podrían ser empleados para reparar, reconstruir o modernizar las comisarías, que, según el Mininter, de las 1,323 existentes a nivel nacional, 907 (69%) están en inadecuadas condiciones. Desde hace más de un año (7 noviembre 2022) existe un dictamen de Proyecto de Ley aprobado por la Comisión de Descentralización del Congreso (PL-2882/2022-CR) para eliminar los cargos de prefectos y subprefectos, el cual debería ser priorizado para votarse en el pleno del Congreso.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de diciembre de 2023

 


Etiquetas: [Minería]  
Fecha Publicación: Sat, 25 Nov 2023 08:30:00 -0500



 

En setiembre 2005 Southern Perú Copper Corporation anunció el hallazgo de un depósito de cobre en Islay, Arequipa, con producción estimada de 90,000 toneladas anuales, denominándosele proyecto Tía María, posteriormente, en 2014, la empresa informó que invertiría US$ 1,300 millones por la explotación de dos yacimientos a tajo abierto, Tía María y La Tapada, el proyecto contaba con opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado, sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado.

 

Tía María es un importante proyecto cuprífero, la inversión actual propuesta es de US$ 1,400 millones con capacidad para producir anualmente 120,000 toneladas, es el segundo proyecto más grande en Arequipa después de Pampa de Pongo; durante los 2 años de construcción produciría 4,000 empleos, y, con los fondos por su explotación, potenciaría el desarrollo de Arequipa fortaleciendo el agro, la ganadería local y relanzaría la economía nacional.

 

La consultora global Wood Mackenzie, en noviembre pasado, nos advirtió que desde 2026 Congo desplazaría al Perú como segundo productor mundial por la paralización de grandes proyectos cupríferos como Tía María y 6 proyectos paralizados en Cajamarca (“Cinturón de cobre del norte”); con Quellaveco y Las Bambas llegaríamos a 2024 a un límite de producción de 2.8 millones de toneladas, para luego empezar un descenso. En 2022 Congo casi igualó a Perú con 2.4 millones de toneladas (Chile reportó 5.3).

 

La minería, en especial de cobre, es el motor de nuestra economía, sin embargo, nuestra producción en los próximos años es una incertidumbre por la posición antiminera de este gobierno comunista que comenzó desde la campaña presidencial cuando Boluarte, en el valle de Tambo (mayo 2021) aseguró que “Tía María no pasará”, y, en enero 2023, ya en el gobierno, reiteró que no se puede anteponer la minería por encima de la vida y el agua. Lo increíble es que, según datos oficiales, tenemos reservas cupríferas por 90 millones de toneladas y proyectos por desarrollar con inversiones de hasta US$ 38 millones.

 

Bajo este panorama, a pesar que Boluarte haya aparentado en APEC manifestando que “Perú cree firmemente en la inversión privada y tenemos las puertas abiertas”, las empresas privadas extranjeras no están dispuestas a invertir por el proceder antiminero del gobierno, con demasiada burocracia, sin intención de simplificar permisos ni generar espacios de confianza con comunidades donde existe cobre, además de la incertidumbre política, permanentes protestas sociales azuzadas por agitadores antimineros, rotación de 6 ministros desde 2022 y la falta de convicción para destrabar Tía María, además de 6 proyectos de Cajamarca que Boluarte ni los menciona pero podrían producir anualmente hasta 1.5 millones de toneladas.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de noviembre de 2023


Etiquetas: [Alimentación]  
Fecha Publicación: Sat, 18 Nov 2023 08:30:00 -0500


 

La inseguridad alimentaria significa insuficiencia de alimentos por falta de acceso físico y/o económico para que las personas accedan a una alimentación suficiente, segura y nutritiva, que permita satisfacer sus necesidades alimenticias para llevar una vida activa y sana. En nuestro país, actualmente, enfrentamos una grave crisis alimentaria principalmente porque gran porcentaje de familias tienen bajos recursos económicos para adquirir principalmente alimentos de primera necesidad.

 

La canasta básica familiar que mide ingresos y nivel de vida de las familias, durante los últimos 3 años, se ha incrementado en 16%, peor aún, los costos de alimentos y energía subieron 25.6% por la alta inflación en 2022 (8.56%, la tasa más alta en 26 años) originando que los precios para cubrir mensualmente gastos esenciales para una persona aumentaron de S/ 378 a S/ 414; para que no se le considere pobre a una familia de 4 personas, debe tener una capacidad de gasto mensual de S/ 1,656, siendo S/ 1,500 el ingreso promedio a nivel nacional, así, obviamente los niveles de pobreza siguen incrementándose de 20.2% en 2019 a 25.9% en 2021, y por impacto de inflación y altos costos, a 27.5% en 2022, Macroconsult proyecta que al cierre 2023, la pobreza llegaría a 28.4% (o hasta 29.5% con políticas públicas mal focalizadas), además, advierte que debido a la desaceleración económica nos tomaría 13 años regresar a niveles de pobreza de 20% que registramos en 2019.

 

La representante de la FAO en el Perú, Mariana Escobar, ha manifestado que en Sudamérica, Perú es el país con mayor índice de inseguridad alimentaria, en el 2022, por falta de recursos para adquirir alimentos para consumir una dieta adecuada, 16.6 millones de peruanos (50%) sufrieron esta situación, que además puede complicarse si El Niño Global afecta el acceso físico a alimentos para su disponibilidad en el mercado. La última Encuesta de Hogares (Enaho) registra que el porcentaje de hogares que disminuyó sus ingresos (por pérdida de empleo, enfermedad u otros casos) aumentó de 19% en 2019 a 27% en 2022, viéndose obligadas a consumir menos alimentos (según el IPE, durante el primer semestre 2023, unos 2 millones fueron afectados), lo cual determina la gravedad de nuestra crisis de inseguridad alimentaria.

 

Bajo este panorama, mientras el gobierno comunista de Boluarte continúe espantando la inversión privada (que asegura más empleo formal, mejores sueldos y acelera el crecimiento), y, mientras no implemente una adecuada estrategia y plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional, la crisis e inseguridad alimentaria y la pobreza seguirán aumentando, generándose mayores casos de desnutrición crónica y aguda, y anemia y mortalidad infantil, principalmente, entre la población más vulnerable y en el ámbito rural.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de noviembre de 2023

 


Etiquetas: [Marítimos]  
Fecha Publicación: Sat, 11 Nov 2023 08:30:00 -0500



 

La elaboración de expedientes para la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau en nuestra costa norte (Tumbes y Piura) comenzó a procesarse desde 2010, en 2013, en una extensión de 115,675 hectáreas, se determinaron los lugares prioritarios que abarcaría: Isla Foca y Cabo Blanco, El Ñuro (Piura) y Arrecifes de Punta Sal y Banco de Máncora (Tumbes), en 2016, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) concluyó el expediente técnico, pero no se continuó el proceso. El anuncio de su creación es reiterativo por el Ministerio del Ambiente (Minam), lo hizo en junio 2018 y marzo 2019 la ex ministra Fabiola Muñoz, en noviembre 2020 el ex ministro Gabriel Quijandría, y, en marzo 2023, la actual ministra Albina Ruiz, pero hasta la fecha no es creada.  


En esta Reserva Natural se encuentra un 70% de todas las especies de nuestro mar, fue reconocida en el Congreso Mundial de la Naturaleza 2016 en su lista “Lugares de Esperanza”, tiene respaldo del Senado de EEUU, de ONGs ambientalistas nacionales e internacionales, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional de Piura, Alcaldía de Talara, y en las regiones costeras 98% aprueba su creación (encuesta Ipsos).

 

El motivo que en 13 años no ha sido creada se debe a que para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y empresarios del sector petrolero traería inestabilidad en inversiones y contratos de exploración y explotación, actualmente Perupetro (según información del diario Gestión) ha presentado un informe advirtiendo posibles riesgos de paralizar inversiones por US$ 2,800 millones para exploración y explotación de hidrocarburos, pérdidas de regalías al Estado por US$ 1,714 millones y limitaciones a Petroperú en supervisión y promoción de áreas a contratos de operaciones.

 

El Sernanp tiene nuevamente listo el expediente definitivo de su creación para presentarlo al Ministerio del Ambiente, el cual será evaluado por el Consejo de Coordinación Viceministerial, luego, por el Consejo de ministros, y de ser aprobado, se crearía dicha Reserva por Decreto Supremo.

 

Bajo este panorama, la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau debe ser creada porque coadyuvará a desarrollar la productividad biológica y pesquera, protegerá la pesca artesanal y diversidad biológica e impulsará el manejo sostenible de recursos marinos y crecimiento del potencial turístico (avistamiento de especies marinas). Pero lo más importante, de ser creada, sus dispositivos deberán evitar la depredación indiscriminada por pesca ilegal y de arrastre que actualmente existe, además, fiscalizar con rigurosidad el cumplimiento de normas ambientales de industrias extractivas (contaminación marina), y de empresas petroleras, para que cumplan los objetivos de conservación marina en actividades de exploración (prospección sísmica en zona de alta biodiversidad en perforación de pozos submarinos) y explotación (derrames).

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de noviembre de 2023


Etiquetas: [Petroperú]  
Fecha Publicación: Sat, 4 Nov 2023 08:30:00 -0500


 

La calificadora de riesgo crediticio Standard & Poor´s Global Ratings (S&P), el 15 de marzo pasado, redujo la calificación de deudas de largo plazo de Petroperú de BBB- a BB (siglas BB, B, CCC, CC y C califican deudas como bonos especulativos o basura), además cambiaron su perspectiva de estable a negativa, que ocasionarán dificultades para conseguir financiamiento y con elevadas tasas de interés. Nuevamente, el pasado día 13, volvió a disminuir la calificación de BB a B+ como emisor de deuda a largo plazo, reduciendo además su perfil de crédito independiente de B- a CCC+ por mayor riesgo de sus bonos, S&P explicó que esta nueva reducción se debe a la débil estructura de su capital, limitado desempeño que ocasionaron mayores deudas, mala situación económica financiera, y que no podrán cubrir los flujos de efectivo de la Refinería de Talara en 2024-2025, cuyo costo, según estados financieros de Petroperú sobrepasaron los US$ 6,000 millones (quintuplicando los US$ 1,200 millones proyectados inicialmente en 2012).

 

La ineficacia y mala gestión de Petroperú es muy preocupante, escandalosamente, al cierre de setiembre tiene una pérdida neta de US$ -530 millones y un déficit de capital de trabajo de US$ -1,528 millones, increíblemente ha ido pidiendo al gobierno no devolver el préstamo recibido en mayo 2022 (US$ 750 millones), facilidades de documentos cancelatorios (US$ 500 millones), y un aporte de capital y de endeudamiento de garantía de S/ 5,573 millones (equivalente a US$ 1,500 millones) recibidos según DU-023-2022 (25 octubre 2022).

 

De acuerdo a las disposiciones de dicho DU, para garantizar la sostenibilidad de Petroperú, esta empresa tenía como máximo plazo hasta el 25 de setiembre 2023 para realizar las acciones del “Plan de Fortalecimiento”, entre ellas, su reorganización administrativa, modificar su estatuto social e instrumentos societarios para reforzar los principios de buen gobierno acorde a lineamientos de Fonafe, asimismo, hasta el 25 de octubre 2023, para presentar la valorización de la empresa y acciones para una oferta pública en el marco de la ley 30130 sobre la Refinería de Talara.

 

Bajo este panorama, las preguntas serían: 1) ¿Ha cumplido Petroperú con dicho “Plan de Fortalecimiento”?; 2) A pesar que Petroperú se ha convertido en una empresa estatal no sostenible por su mala gestión, ineficacia y pésima situación financiera ¿Podrá mejorar la producción de petróleo en los lotes que le fueran adjudicados sin concurso público, en la selva (192), y en Talara (I, VI y Z-2B)?, considerando que actualmente producimos 40,000 barriles diarios (bdp) y requerimos 250,000 bdp; y, 3) Después de haber gastado US$ 6,000 millones (de todos los peruanos) en la Refinería de Talara ¿continuaremos importando 200,000 bpd de Ecuador y Colombia?.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de noviembre de 2023

 


Etiquetas: [Agricultura]  
Fecha Publicación: Sat, 28 Oct 2023 08:30:00 -0500



 

El pasado día 15, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en la Comisión de Presupuesto del Congreso hizo un balance sobre la situación económica 2023 y supuestos macroeconómicos para 2024, presentando preocupantes resultados y proyecciones, sin embargo, lo más grave fue al referirse sobre la situación agrícola “es un año muy malo, el peor en los últimos 26 años, y puede ser incluso peor”, según el INEI, en agosto 2023 la agricultura se contrajo -6.52 %. Es cierto que el fenómeno El Niño está afectando nuestra agricultura, altas temperaturas atacan cultivos en la costa norte y sequías en la costa sur, en la sierra se acrecientan las sequías y nevadas, y en la selva se presentan hasta friajes; según el Centro de Predicción del Clima (EE UU), existe 71% de probabilidad de un Niño Global fuerte, además, en 2024 podríamos tener déficit hídrico. 

 

Sin embargo, la actual situación de crisis agraria fue iniciada por nefastas acciones de este gobierno comunista, empezó con el corrupto Castillo cuando en octubre 2021 anunció la “segunda reforma agraria para impulsar el agro poniendo el Estado al servicio de los agricultores” ofreció tecnificación e industrialización, lo cual fue una gran farsa, continuó el desastre por deficiencias y mala gestión, increíblemente, en solo 1 año 5 meses,  cambió 7 ministros de Agricultura y Riego (Midagri) que dejaron sin urea la campaña agrícola 2022-2023, con licitaciones frustradas por deficiencias y coimas, afectando cultivos indispensables para la canasta familiar.

 

En esta segunda fase, Boluarte, en 9 meses cambió 2 ministras, la primera, Nelly Paredes, salió el 6 de setiembre por cuestionamientos en ejecución presupuestal frente al fenómeno El Niño, actualmente, está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación (Carpeta Fiscal 248-2023) por presuntos delitos durante sus funciones como Midagri, peculado en agravio del Estado y tráfico de influencias (pero velozmente ya recibe beneficios legales del gobierno según RSG-0179-2023-Midagri-20 octubre), inconvenientemente fue reemplazada por la abogada Jennifer Contreras (nada menos que su directora general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), quien fue citada a la Comisión Agraria del Congreso para que explique el plan de acción ante el fenómeno El Niño Global; según la Contraloría, Minagri recibió el mayor presupuesto (S/1,195 millones), pero su ejecución es mínima (9.5%).

 

Bajo este panorama, la agricultura es motor de crecimiento del país, sin embargo, este gobierno comunista continúa acentuando su crisis, no apoya su desarrollo ni fortalece la agricultura familiar, tampoco reactiva ni resuelve los graves problemas del agro: entre ellos, informalidad laboral, infraestructura, riego tecnificado, fertilizantes, sanidad, investigación, tecnología, capacitación, productividad, seguridad alimentaria, créditos y seguros, sobrecostos y riesgos, destrabes de proyectos de irrigación.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de octubre de 2023

 


Etiquetas: [OCDE]  
Fecha Publicación: Sat, 21 Oct 2023 08:30:00 -0500



El Perú inició su acercamiento para adherirse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hace 9 años (2014) con la implementación del “Programa País” para fortalecer las políticas públicas, recién en enero 2022, esta organización invitó a nuestro país para iniciar el proceso de ingreso (junto con Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumanía); en junio pasado, el gobierno entregó el memorándum inicial de implementación de la hoja de ruta, y, en respuesta, dicho organismo, presentó en Palacio de Gobierno, el informe “Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023”, con las recomendaciones sobre reformas y acciones que debería ejecutar el Perú.  

 

El gobierno confirmó que el ingreso a la OCDE responde a una política de Estado con meta de ingreso al 2026. Cabe mencionar que este importante organismo se formó hace 62 años con valores compartidos de multilateralismo, democracia, mercados abiertos, inclusión, sostenibilidad, paz y prosperidad, actualmente cuenta con 38 países miembros que representan 50% del PBI mundial y 80% del comercio internacional.

 

La OCDE, para continuar con el proceso, recomienda al Perú “combatir frontalmente la informalidad, una de las principales causas que perpetúan la desigualdad y pobreza”, pero además, ejecutar una serie de acciones de impacto fiscal como mejorar la recaudación y administración tributaria, fusionar los regímenes tributarios de las pymes, efectuar reformas de protección social (programa de transferencia monetaria para pobres y desempleados, pensión universal y cobertura universal de salud), mejorar la calidad de educación, reformar instituciones, combatir la corrupción, cambio neto en balance fiscal, y también, conseguir una inflación sostenible, fomentar la transparencia del sistema judicial, fomento de la inclusión, fortalecer la aplicación de ley contra la deforestación, entre otras.

 

Bajo este panorama, con las carencias que demuestra el gobierno, se vislumbra inalcanzable que podamos acceder a la OCDE, como meta al 2026, porque no sería capaz de implementar todas las recomendaciones expuestas en menos de 3 años. Solo el caso de la informalidad laboral, la OCDE recomienda combatirla frontalmente porque afecta cerca del 80% de los trabajadores, pero actualmente, junto al subempleo, sigue incrementándose; nuestra economía está congelada y no se promociona la inversión privada afectando nuestro crecimiento (este año sería nulo o negativo), necesitaríamos crecer 4%, o más, para crear empleo y reducir la pobreza; nuestra baja competitividad afecta la productividad laboral, y, según dijo el mismo ministro de Economía Contreras en noviembre 2022, cuando era viceministro, en términos de PBI per cápita (relacionado a aspectos sociales como salud o educación) si queremos acceder a la OCDE, aún, creciendo (hipotéticamente) a tasas anuales de 3%, nos demoraríamos 14 años para converger al último país de la fila de este organismo.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de octubre de 2026

  


Etiquetas: [Miguel Grau héroe nacional]  
Fecha Publicación: Sat, 14 Oct 2023 08:30:00 -0500

 


El pasado día 8 conmemoramos el 202° aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú y 144° aniversario del Glorioso Combate de Angamos, en la que recordamos la figura de Miguel Grau Seminario, nuestro máximo héroe nacional. Fue diputado por Paita (1876-1879), y cuando Chile declaró la guerra al Perú (5 abril 1879), pidió permiso al Parlamento para regresar a la Marina y retomar el comando del monitor Huáscar, donde como héroe, se inmoló en el Combate de Angamos entregando su vida por defender los intereses de nuestra patria, además, lo reconocemos por su actuación como hombre de valores rescatándose un profundo mensaje de acción y principios muy elevados.

 

Según ley 23856 (junio 1984) al escenario de sus hazañas se le denomina “Mar de Grau”, en 1987 fue designado “Gran Almirante del Perú”, y en el 2000 fue elegido “El Peruano del Milenio”. Actualmente, por iniciativa de la Marina de Guerra, el Estado Peruano, con ley 31765 (2 junio 2023), declaró a nuestro héroe nacional “Precursor del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar” considerándose que durante el Combate Naval de Iquique (21 mayo 1879) Miguel Grau se ganó el honroso título de “Caballero de los mares” porque, como comandante del Huáscar al hundir a la corbeta chilena Esmeralda, respetó la integridad y vida humana de sus tripulantes, no hizo escarnio del enemigo cuando lo venció y respetó su vida, disponiendo el salvataje de los náufragos chilenos, Grau, informó al Director de Guerra y Marina: “terminado el combate inmediatamente mandé todas las embarcaciones del buque a salvar a los náufragos y logré que sean recogidos 62, los únicos que habían sobrevivido a tan obstinada resistencia”, Grau evitó la pérdida de vidas y entregó los restos de los caídos a sus familiares chilenos, evitando además, la destrucción de poblaciones inermes.

 

Bajo este panorama, el reciente reconocimiento del Estado al Gran Almirante del Perú Miguel Grau Seminario como “Precursor del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar” es acorde con el Convenio de Ginebra de agosto de 1864 referido al mejoramiento de la suerte de los militares en campaña, y, a la Convención de 1899 de adaptación a la guerra marítima de los principios de la Convención de Ginebra, adherida por el Perú en 1903. En la campaña naval de la Guerra del Pacífico, Grau demostró sus principios éticos, su fe cristiana y valoración de la vida humana respetando la integridad de los prisioneros, asimismo, sus acciones contribuyeron a afianzar y codificar las acciones humanitarias en la guerra marítima enmarcándose entre los precursores del derecho humanitario durante conflictos en el mar.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de octubre de 2023

 


Etiquetas: [Marina de Guerra del Perú]  
Fecha Publicación: Sat, 7 Oct 2023 08:30:00 -0500


 

Mañana, 8 de octubre, se conmemora el 202° aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú y 144° aniversario del Glorioso Combate de Angamos. El destino histórico del Perú tiene en la Marina una sólida columna que aporta en su estructura nobles vertientes de patriotismo, tradición, lealtad, honor, ética, disciplina y coraje, en su génesis subyacen valores de peruanidad. Su misión constitucional es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, pero además, tiene la enorme tarea de preservar nuestro Mar de Grau (1’140,647 km2 desde línea costera de 3,080 km), el ámbito fluvial, cuenca amazónica (670,000 km2) y 14,000 km de ríos navegables, y el lago Titicaca, lado peruano (8,370 km2); en la Antártida proyecta acciones científicas y económicas; también preserva el entorno ecológico a cargo de capitanías marítimas, fluviales y lacustres y conduce el sistema nacional de alerta de tsunamis (SNAT).

 

Además, la Marina cumple misiones de desarrollo y bienestar con acciones cívicas a nivel nacional, noble actividad institucional creada hace 60 años (1963) implementando el Servicio Cívico Fluvial para realizar operaciones humanitarias por 14 ríos amazónicos, posteriormente, el Servicio Industrial de la Marina (SIMA) construyó 6 embarcaciones denominadas Plataformas Itinerantes de Acción Social de la Marina (PIAS) operando desde 2013 en la Amazonía y Altiplano, y, desde 2017, son gestionadas por el Programa Nacional Plataformas de Acción para Inclusión Social (PAIS) del MIDIS; desde 2013 han atendido 2.5 millones de peruanos, naciendo a bordo 110 bebés. El SIMA, principal astillero del país y arsenal naval construye buques de alto bordo, incrementa la industria naval y genera miles de puestos de trabajo, actualmente construye otras 2 PIAS.

Igualmente, la Marina asiste a la población en emergencias y desastres movilizando sus recursos con ayuda humanitaria y brindando apoyo social, y, como trascendente misión, con el buque a vela BAP Unión, actúa como embajador itinerante alrededor del mundo. Asimismo, en el Vraem, cuenta con bases fluviales en Pichari, Boca Anapati, Puerto Ocopa y Quiteni enfrentando al terrorismo y narcotráfico defendiendo la democracia y el Estado de Derecho.

 

En nuestro calendario histórico coincide la conmemoración del 144° aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos, en el que nuestro máximo héroe Miguel Grau, zarpa en el “Huáscar” a su batalla final en la infausta jornada del 8 de octubre 1879, en defensa, y por la gloria y honor del Perú. Todos los peruanos deberíamos inspirarnos en el ejemplo de vida del Gran Almirante Miguel Grau, el “Peruano del Milenio”, en sus valores, sacrificio y amor a la Patria, principalmente los actores políticos que guían los destinos de nuestra Nación, quienes deberían predicar con sus actos siguiendo los valores que nos legara nuestro máximo héroe nacional.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de octubre de 2023

 


Etiquetas: [Minería]  
Fecha Publicación: Sat, 30 Sep 2023 08:30:00 -0500



 

El pasado 22 de agosto la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) presentó el informe “Minería ilegal en la Amazonía peruana”, señalando que la minería ilegal de oro ha crecido en 32 distritos de la Amazonía en los últimos 3 años (regiones: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali), impactando 22 ríos (los más afectados: Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo), empleando minería aluvial, en cuerpos de agua mediante dragas y con maquinaria pesada en zonas no permitidas.

 

El informe estima que el porcentaje de oro ilegal exportado estaría en un rango entre 30% y 70%, y el reporte estadístico, junio 2023, de la superintendencia de Banca y Seguros señala que los montos acumulados sobrepasan los US$ 8,000 millones, superando al narcotráfico y corrupción de funcionarios, asimismo, los Reportes de Operaciones Sospechosas, la señalan como mayor amenaza de riesgo de lavado de activos. El estudio de la Consultora V&C Analistas (efectuado por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), advierte que la minería ilegal e informal está creciendo en los 10 últimos años a tasa de 11.7% anual generando pérdidas por S/ 22,700 millones (2.5% del PBI).

 

En Madre de Dios, la minería ilegal está desbordada, en agosto 2022 expertos del Proyecto Prevenir de USAID presentaron informes explicando que en esta región existen 31,390 mineros informales y 9,323 ilegales (solo 5,000 formales), y en una extensión de 7,300 km2 detectaron 3,500 artefactos ilegales (balsas con motores, bombas de succión, dragas en lecho de ríos, deslizamientos tubulares, volquetes y cargadores frontales) que afectan áreas naturales, zonas de amortiguamiento y comunidades indígenas, y, entre 2021 y 2022, arrasaron 18,421 hectáreas de bosque, extensión, que, si hoy se replantara, demoraría 100 años en recuperarse.

 

Bajo este panorama, a esta ilícita actividad se le vincula con narcotráfico, delincuencia organizada, trabajo infantil y forzoso, trata de personas, extorsión, sicariato, homicidio, robos de tierras, además, afecta severamente los bosques y agudiza el cambio climático, emplea mercurio para extraer el oro, veneno silencioso que deteriora aguas, suelos, medio ambiente y la salud humana. A pesar de esta grave situación el viceministro de minas, Jaime Chávez, considera difícil que cambie en el corto plazo porque su causa es la pobreza, ilegalidad y alto precio del oro, increíblemente para él no hay solución ni toma medida alguna. Para combatir la minería ilegal, la primera acción principal sería la activación de la formalización minera promulgada hace 21 años (ley 27651 enero 2002), sin embargo, este gobierno prorrogó su vigencia hasta diciembre 2024 (ley 31388 diciembre 2021).

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha sábado 30 de setiembre de 2023

 


Etiquetas: [Economía]  
Fecha Publicación: Sat, 23 Sep 2023 08:30:00 -0500


 

Durante el XVI Foro Internacional de Economía "Quo Vadis 2023" de la Cámara de Lima, el  ministro de Economía, Alex Contreras, aseguró que en julio se registraría la tasa de crecimiento (PBI) más alta del año, y marcaría el derrotero de recuperación económica, sin embargo, su pronóstico fue totalmente erróneo, de acuerdo al último registro del INEI, en julio se registró una caída de -1.29%, la segunda tasa más baja del año (en mayo cayó -1.43%), nuestra economía está en los niveles más bajos en décadas, el PBI 2023, según el BCR, crecería un ínfimo 0.9%, a su vez, Contreras proyectó 2.5%, ajustó su proyección a 1.1% y aún se quedó corto.

 

El ministro de Economía, que según encuesta Datum tiene una desaprobación de 64%, no puede darse el lujo de equivocarse en proyecciones del PBI por tratarse de un tema sensible que mide el nivel del comportamiento de la actividad económica y se plasma en el poder adquisitivo y empleo, además, influye de manera directa en indicadores de pobreza (según el Banco Mundial: 70% de peruanos son pobres o vulnerables), desnutrición infantil (después de 12 años aumentó a 11.7%), anemia infantil (42.4%), informalidad y precariedad (70%), entre otros.

 

La inversión privada que incide directamente en el PBI, según el BCR, en 2023 caería -5.3%, pero para IPE y Macroconsult sería peor (-7.5% y -8% respectivamente), su descenso comenzó desde la gestión del corrupto Castillo y actualmente continúa con Boluarte, esta situación es muy grave porque representa 80% del total de inversión en el país, y es indispensable para disminuir la pobreza, promover empleo, reducir la informalidad, impulsar el consumo privado y generar infraestructura social. También la minería, que tiene un rol fundamental en el crecimiento económico, y según el BCR ha aportado 8.7% del PBI en los últimos 10 años, al cierre del 2023 caería increíblemente hasta -18.1%.

 

Bajo este panorama, el actual gobierno comunista tiene enorme responsabilidad en la caída del PBI por haber generado un entorno de inestabilidad política y social, desalentando la inversión privada, principalmente la minera que promueve desarrollo, genera recursos de inversión pública e impulsa cierre de brechas sociales y económicas. Esta preocupante situación ocasiona enorme incertidumbre en el país lo cual es un lastre para el crecimiento del PBI, origina baja confianza empresarial, crea dificultad para reactivar la economía y genera fuga de capitales, reducción de empleo, alta inflación y bajo consumo privado. El World Uncertainty Index (WUI), según su índice de incertidumbre mundial (con data para 143 países), el Perú, en los últimos años, no tiene resultados económicos alentadores que incluso son peores que el promedio de América Latina.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de setiembre de 2023


Etiquetas: [Petróleo]  
Fecha Publicación: Sat, 16 Sep 2023 08:30:00 -0500

 

En esta segunda etapa del gobierno comunista, Boluarte, sigue el mismo libreto estatista del corrupto Castillo sobre los lotes petroleros I, V, VI y Z-69 (antes Z-2B) en la cuenca de Talara, quien en diciembre 2021 entregó temporalmente el Lote I a la empresa estatal Petroperú para faenas de explotación, como un hecho histórico, pregonando su fortalecimiento, actualmente, Boluarte continúa afianzándola, y ha decidido que, como los contratos vencen entre octubre y noviembre, se los adjudiquen a Petroperú para operaciones de explotación, en contrato a 30 años, sin concurso público (el 2 de febrero pasado, en Talara, aseguró que los lotes I, VI y Z-69 “serán del Estado peruano”), lo cual atenta contra las normas legales vigentes por violar la libre competencia y es rechazado por los gremios empresariales.

 

Este gobierno comunista sabe que Petroperú no reúne las condiciones técnicas para operar dichos lotes por presentar bajos estándares de gestión de gobierno corporativo y manejo con desastre financiero, su crítica situación actual fue ocasionada principalmente por el proyecto Refinería de Talara, cuyo costo proyectado en 2008 de US$ 1,334 millones, se incrementó, al término de los trabajos (el 12 abril pasado, tras 9 años), hasta US$ 5,300 millones. El hecho es que por no tener financiamiento para cubrir los gastos financieros de la deuda principal, usa permanente apalancamiento estatal, solo en el primer semestre tuvo pérdidas de US$ 380 millones, y sus pérdidas totales superan los US$ 10,000 millones, para colmo, ha pedido al Estado nuevo soporte financiero de US$ 3,200 millones y la capitalización de la deuda por US$ 750 millones que recibió del Ejecutivo en 2022, es decir, pide que no se le cobre la deuda y se considere como aporte de capital, al respecto, el ministro de Economía, Contreras, ha asegurado. que así se quisiera, no hay espacio para capitalizar a Petroperú.

  

Bajo este panorama, Petroperú, como empresa estatal, sus riesgos y costos mal llevados los cubre el Estado con los impuestos de todos los peruanos. Ninguna empresa privada hubiera ejecutado este proyecto por su elevada inversión, baja rentabilidad e ínfimas utilidades netas (en 20 años debe recuperar US$ 5,300 millones), en el contexto privado estaría quebrada y sería liquidada, ni siquiera se conoce su valor de mercado. Inclusive, operativa la Refinería de Talara, no contamos con crudo disponible para refinarlo, de nuestra demanda de 115 mil barriles/día (bpd) solo producimos 39 mil bpd, teniendo que importarse 76 mil bpd, nuestro autoabastecimiento petrolero es un tabú debido a nuestra baja producción por falta de inversión en exploración y explotación, y por la crítica situación del Oleoducto Norperuano.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de setiembre de 2023

 

Etiquetas: [Terrorismo]  
Fecha Publicación: Sat, 9 Sep 2023 08:00:00 -0500

 


Grupos de terroristas de Sendero Luminoso que se autodenominan Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) de la organización criminal que dirige Quispe Palomino “camarada José” está avanzando en su accionamiento de violencia para cometer criminales atentados, en combinación con grupos de cabecillas del narcotráfico a los que brindan seguridad y cobertura en transportes de droga a cambio de dinero y armas, mientras la presidenta Boluarte, demostrando falta de decisión política, increíblemente no provee a las fuerzas del orden el presupuesto necesario para dotarlas del equipamiento, material, tecnológico y armamento necesario para combatir a terroristas y narcotraficantes en el Vraem quienes cuentan con ingente cantidad de armamento y dinero sucio, producto de la venta de drogas.

 

El pasado día 4, durante la madrugada, una patrulla de fuerzas combinadas del Ejército y Policía, durante un operativo en el distrito de Putis, provincia de Huanta, en Ayacucho, intervinieron una camioneta que trasladaba droga, siendo emboscados y atacados con insania criminal usando granadas y fusiles AKM, falleciendo 4 heroicos militares y quedando heridos 7 miembros de la patrulla, entre soldados, policías y civiles, según comunicado del Comando Conjunto, las fuerzas del orden abatieron 2 terroristas.

  

Siete meses antes, el 11 de febrero, estos terroristas cometieron otro criminal atentado en el distrito Unión Asháninka, provincia La Convención, Cusco, donde efectivos de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes) llegaron a la zona para realizar un operativo, siendo igualmente emboscados, atacados y asesinados 7 heroicos policías. Estos dos últimos ataques tienen un denominador común, se produjeron en zonas donde existe elevado cultivo de coca, actividad del narcotráfico y producción de cocaína.

 

Bajo este panorama, Boluarte incumple la Constitución, porque es deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Si no fuera por las Fuerzas del Orden que enfrentan al terrorismo, el Vraem sería una zona liberada para terroristas y narcotraficantes, sin embargo, el gobierno no está apoyando este combate, urgentemente debería eliminar el pacto social ciudadano con los cocaleros del Vraem para que se autoerradiquen, este nefasto pacto promovido por el corrupto y golpista Castillo, continua irresponsablemente con Boluarte, a pesar que está favoreciendo al narcotráfico porque está ocasionando crecimientos imparables de cultivos ilegales de coca y producción de cocaína.

 

Además, este gobierno no tiene presencia del Estado ni ejecuta acciones de desarrollo en las zonas cocaleras, principalmente en el Vraem; no adecua contramedidas que contrarresten la infiltración ideológica subversiva en los diferentes campos y sectores de la población; tampoco repotencia la parte administrativa ni presupuestal de la Dirección contra el Terrorismo y unidades especiales del Ministerio de Defensa, y mucho menos, impulsa una adecuada y eficiente inteligencia estratégica.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de setiembre de 2023

 


Etiquetas: [Comisión de la Verdad]  
Fecha Publicación: Sat, 2 Sep 2023 08:30:00 -0500


 

El pasado día 28 se cumplieron 20 años de la presentación del vergonzoso y nefasto “Informe Final” de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que según su presidente, Salomón Lerner Febres, fue el resultado de “investigar y hacer pública la verdad sobre dos décadas de origen político en el Perú” (1980-2000), sin embargo, este documento no deslindó entre la criminal agresión terrorista y la defensa del Estado que con sus FF AA protegieron la sociedad, increíblemente no denunciaron  a ningún terrorista, lo que si hicieron con las FF AA y Ronderos.

 

La prueba irrefutable del comportamiento antimilitarista de esta Comisión fue el primer mensaje que dio su presidente Lerner Febres, durante la ceremonia de presentación del informe, lanzando inaceptables injurias y ofensas contra las FF AA y la Policía: “hemos comprobado con pesar que agentes de las FF AA y Policiales incurrieron en la práctica sistemática o generalizada de violaciones de DD HH, y que existen, por tanto, fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres, torturas, violencia sexual, que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer y subsanar”.

 

Esta CVR nació mal porque fue conformada arbitrariamente nombrándose a 11 (de 13) personajes con marcada ideología de izquierda, y su informe presenta argumentos falsos e inaceptables: califica a Sendero Luminoso como “partido político” en lugar de fijarlo como grupo terrorista; usaron terminología maoísta (guerra popular, acciones armadas, ajusticiamientos); incrementaron deliberadamente el número real de muertos, según informe del especialista Manrique Valier (a pedido de la propia CVR), el número de víctimas fue 19,000 y 3,000 desaparecidos, como no convenía a sus intereses, contrataron al norteamericano Patrick Ball, quien aplicando metodologías para cálculos de poblaciones de animales silvestres, determinó la descabellada y tramposa cifra de 69,280 víctimas, aumentando proporcionalmente las cantidades atribuibles a las FF AA y Policía Nacional con el claro propósito de desprestigiarlas, además, gastaron en 2 años el exorbitante presupuesto de US$ 11740,000 (los 9 comisionados de la CVR chilena trabajaron ad honoren 9 meses).

 

Bajo este panorama, después de 20 años se continúa confirmado que este informe, lejos de dar información veraz y haber reconciliado, ha abierto terribles heridas al país creado una fuerte reacción contraria, escepticismo y rechazo de gran mayoría de peruanos por su marcada imparcialidad en favor de los grupos terroristas y de izquierda, lo cual ha servido de caldo de cultivo para que ingresen en la política el corrupto Castillo y sus compinches como aliados del grupo terrorista Sendero Luminoso, así como para la creación de sus organismos de fachada como Movadef, Fudepp, Afadevig, Acepp, Cislppm, entre otros.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de setimbre de 2023


Etiquetas: [Trabajo]  
Fecha Publicación: Sat, 26 Aug 2023 08:00:00 -0500


 

Este gobierno comunista no demuestra interés en resolver los críticos problemas laborales, tales como, falta de empleo adecuado, incremento de subempleo, alta informalidad, precaria productividad laboral y protección social, enormes tasas de desempleo juvenil. Esta indiferencia se vio reflejada cuando Boluarte omitió plantearlos en el mensaje presidencial, no mencionó palabra sobre la informalidad, a pesar que según último informe del INEI, el 73.5% de peruanos trabajan precariamente en esta situación y solo el 26.5% trabajan en empresas formales recibiendo sus beneficios de ley (según el actual Ministerio de Trabajo, Valera, la cifra actual y oficial de informalidad es 76.8% de la población económica activa-PEA), así, la grave carencia de empleo ajusta un perverso escenario de incentivos que fomentan y fortalecen la informalidad. Cada año ingresan a la PEA 300,000 personas que buscan empleo formal pero solo se generan 30,000 empleos (solo 1 de cada 10 ingresa al mercado formal, los restantes 9 busca empleos informales).

 

Tampoco dijo nada sobre la competitividad ni productividad laboral, clave para alcanzar un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo porque se asocia a variables económicas como salarios, inversiones, tipo de cambio, tasas de interés, por toda esta situación Boluarte debió plantear en su mensaje, mejorar nuestro capital humano con una educación escolar de calidad, invirtiendo en ciencia y tecnología e innovación, promoviendo mayor inclusión laboral, flexibilizando el mercado de trabajo, creando empleos de calidad, impulsando nuevos emprendedores, entre otros, pero no dijo nada, por el contrario, con su Agenda 19 y la prohibición de la tercerización laboral, este gobierno comunista continúa fomentando la sindicalización, alentando el conflicto entre trabajadores y empresarios, atentando contra la inversión privada y fomentando informalidad y subempleo.

 

Pero, ¿cómo podría el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumplir con los objetivos y políticas, ejecutar los planes, programas y proyectos para resolver los críticos problemas laborales?, si en 4 meses (entre diciembre 2022 y abril 2023) Boluarte tuvo tres ministros: García (1 mes y renunció), Adrianzén (3 meses, y luego la fiscalía lo denuncio constitucionalmente por tres presuntos delitos), y, Valera, el actual ministro, está cuestionado por presunto plagio en su tesis doctoral.

 

Bajo este panorama, es probable que hayamos escuchado muchas veces sobre los críticos problemas laborales y la grave situación que generan, y ya no nos llamen la atención, porque peligrosamente nos estamos insensibilizando (principalmente el gobierno y muchos políticos y empresarios) ante esta gravísima y aguda realidad que nos desborda y origina que una mayoría de peruanos trabaje informalmente o este subempleado, con sueldos indignos, sin vacaciones ni compensación de tiempo de servicio (CTS), y menos, condiciones mínimas de seguridad, cobertura previsional y salud.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de agosto de 2023

 


Etiquetas: [Fuerza de Submarinos]  
Fecha Publicación: Sat, 19 Aug 2023 08:30:00 -0500



Hoy día, 19 de agosto, se conmemora el 112° aniversario de la Fuerza de Submarinos de la Marina de Guerra del Perú, fecha que coincide con el afirmado del pabellón, en 1911, de los primeros sumergibles, Ferre y Palacios, construidos en los astilleros franceses Schneider de Chalons Sur Saone. Entre 1926 y 1927 se incorporaron a la Marina cuatro submarinos tipo “R”; entre 1953 y 1957, cuatro, tipo “S”, y en 1974, dos, tipo “Guppy” (todos de fabricación americana), finalmente, entre 1974 y 1983, fueron incorporados seis submarinos tipo “209” construidos en el Astillero Howaldtswerke Deutsche Werf (HDW) en Kiel, Alemania, considerados en esa época los submarinos convencionales más avanzados a nivel mundial.

 

De los doce submarinos que tuvo la Marina durante 9 años (1983-1991), actualmente contamos con seis submarinos tipo “209” los cuales, después de más de 35 años de operación ininterrumpida patrullando el mar de Grau en defensa de nuestro dominio marítimo, la Marina de Guerra tomó la acertada decisión de prolongar la vida útil y someter a un proceso de modernización a los últimos cuatro submarinos construidos el Alemania, en los Servicios Industriales de la Marina (SIMA- CALLAO), para contar con un adecuado alistamiento de submarinos y contribuir al cumplimiento de las capacidades estratégicas operativas de la Marina, lo que permitirá a la Institución planificar y preparar su reemplazo oportuno en los próximos años, así como mantener la supremacía del Arma Submarina en esta parte del continente.

 

Anteriormente los recorridos integrales y modernización de los submarinos “209” se realizaban en los Astilleros HDW en Kiel, Alemania, lo cual obligaba a los submarinos a navegar 6,600 millas, en 45 días, desde Callao hasta Kiel-Gaarden, actualmente, los trabajos son ejecutados íntegramente en el SIMA-CALLAO efectuando corte de casco y su recorrido integral, así como de los sistemas principales y auxiliares, sistemas de armas, sensores y planta de propulsión. Actualmente el BAP Chipana está a pocos meses de culminar su recorrido, y un segundo submarino en proceso de ejecución con un importante avance.

 

Bajo este panorama, nuestra Fuerza de Submarinos, por el profesionalismo y desempeño de sus tripulaciones, ha alcanzado una importante reputación a nivel continental. El arma submarina, con sus características de sorpresa y ocultamiento, constituyen un implícito elemento disuasivo, su flexibilidad operativa para desplegarse y permanecer oculto por períodos prolongados, obliga al enemigo a mayor accionar y esfuerzo de medios, restringiendo su libertad de acción. La Marina de Guerra contará próximamente con cuatro submarinos totalmente modernizados, con mejores capacidades y equipamiento de última tecnología que le permitirá cumplir, a cabalidad, su misión al llamado de la “Defensa y Soberanía del Perú”.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de agosto de 2023

  

Etiquetas: [Drogas Narcotráfico]  
Fecha Publicación: Sat, 12 Aug 2023 08:00:00 -0500



 

En su mensaje del 28 de julio la presidenta Boluarte anunció que en la agenda central de su despacho se incorporará la lucha contra el narcotráfico, que ejecutarán nuevas metas de erradicación (según Otárola, 25,000 hectáreas, sin detallar zonas) e incrementarán el presupuesto destinado al desarrollo alternativo integral y sostenible (sin indicar montos). Además criticó a los anteriores gobiernos “por no detener el crecimiento exponencial del espacio cocalero”, sin embargo, cuando más aumentaron fue durante la primera etapa de este gobierno comunista después que el corrupto Castillo eliminó la erradicación en octubre 2021 (desde 61,777 hectáreas en 2020 hasta 80,681 en 2021 y a 95,008 en 2022), también en el Vraem, cuando promulgó el nefasto  “pacto social ciudadano” con los cocaleros para su erradicación voluntaria en abril 2022 (desde 29,000 hectáreas en 2020 se incrementaron hasta 32,106 en 2021 y 35,709 en 2022,  equivalente a 37.6% de la superficie total nacional).

 

El pasado día 3, Otárola, desde Pucallpa, declaró tener instrucciones precisas de Boluarte para la lucha frontal contra el narcotráfico y reducir las “cifras alarmantes de exportación de cocaína del país”, sin especificar cantidades de producción ni exportación (¿por qué no presenta las cifras oficiales?), también explicó que el narcotráfico nos causa problemas de generación de economías ilegales y corrupción, y para esclarecer el motivo de su crecimiento dijo “porque se han ampliado las zonas de siembra ilegal en Putumayo, Caballococha, y estaría retomado el Huallaga”, lo cual es realmente gravísimo. Lo cierto es que los cultivos crecen desmesuradamente en las zonas cocaleras del país, principalmente en el Vraem y con altísimo rendimiento, también en la Amazonía (Ucayali y Loreto en zonas fronterizas con Brasil y Colombia), en Áreas Naturales Protegidas, y en territorios indígenas u originarios (las organizaciones indígenas regionales exigen al gobierno declarar en emergencia ocho regiones del país debido al narcotráfico).

 

Bajo este panorama, el gobierno comunista en la lucha contra el narcotráfico está sin rumbo ni acciones claras, además, incumple la Política Nacional contra las Drogas al 2030 porque Otárola increíblemente mantiene el funesto “Pacto Social Ciudadano” que promulgó el corrupto Castillo, y, el titular de Devida, Carlos Figueroa, manifiesta que se requiere aplicar medidas más contundentes para revertir el aumento de cultivos, y ha decidido que la estrategia de la institución recae en el “Modelo Perú” y trabajará en tres ejes de lucha contra las drogas, desarrollo alternativo, interdicción y sanción y prevención, no hablan de desarrollo humano, económico e infraestructura en zonas cocaleras, tampoco de control efectivo de insumos químicos, ni de desarticular los cárteles de drogas, así, seguiremos perdiendo la lucha contra el narcotráfico y continuaremos en camino hacia un narcoestado.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de agosto de 2023


Etiquetas: [Penales]  
Fecha Publicación: Sat, 5 Aug 2023 08:30:00 -0500





 

El pasado 30 de julio, un artículo del diario Universal de México, publicado en el Grupo Diarios América, presentó un informe sobre la situación de las cárceles de 12 países de América Latina concluyendo que “Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria”. Esta severa “calificación” lamentablemente se corrobora con datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE): el hacinamiento carcelario llega a 72%, del total de 68 cárceles existentes 49 están hacinadas, 10 con sobrepoblación de 300%, y el penal del Callao 500% (su capacidad es para 572 internos, hay 3,450), del total de 91,187 internos 82,781 (90.78%) se encuentran en penales hacinados, y, de dicho total, 34,651 (38%) no han sido sentenciados. En mayo 2020 el Tribunal Constitucional, alertó que dicha situación de hacinamiento era considerada “Estado de cosas inconstitucional”. 

 

En esta segunda etapa del gobierno comunista de Boluarte, en solo 8 meses han pasado dos ministros de Justicia, José Tello de diciembre 2022 a abril 2023 dejó el ministerio porque Otárola pidió su renuncia, y desde abril 2023 a la fecha, quien lo reemplazó, Daniel Maurate, tiene la responsabilidad de revertir esta grave situación penitenciaria, sin embargo, cuando un programa televisivo denunció el 25 de junio pasado que trabajadores del INPE recibieron coimas en el penal del Callao para ingresar droga y celulares, recién anunció su reestructuración, pero increíblemente ratificó a su presidente Javier Llaque argumentando que “hay un problema estructural más grande que el INPE”. Cinco días después expuso con dureza: “El problema carcelario del Perú es una bomba de tiempo, con un hacinamiento grave y condiciones inhumanas”, sin embargo, esta “bomba de tiempo” debería comenzar a desactivarla con urgencia y no solo con palabras.

 

Bajo este panorama, el ministro de Justicia, es rector y conductor de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 con objetivos prioritarios orientados a reducir el hacinamiento, garantizar la seguridad en los penales y fortalecer la reinserción, sin embargo, no solo va a solucionar el problema mejorando la infraestructura, construyendo más penales, otorgando indultos o instalando grupos de trabajo, resulta indispensable coordinar con el Ministerio Público y Poder Judicial sobre la situación de prisión preventiva y con el Gobierno y el Congreso sobre penas y beneficios penitenciarios, además, el uso de grilletes electrónicos es mínimo, a pesar que fue normado con ley 29499 (enero 2010), y el Decreto Legislativo 1514 (junio 2020) dispone su utilización en procesados o condenados entre 4 y 10 años (excluyendo delitos graves), deberían ser usados para reducir el hacinamiento, finalmente, es indispensable incrementar en el sistema penitenciario los medios humanos, logísticos, presupuestales y de servicios para el tratamiento de salud y seguridad penitenciaria.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de julio de 2023

 

 


Etiquetas: [Independencia Nacional]  
Fecha Publicación: Sat, 29 Jul 2023 08:30:00 -0500

 


Ayer, 28 de julio, conmemoramos nuestro sombrío 202° aniversario de la proclamación de nuestra independencia, fecha en que nacemos como república libre y soberana imbuida en ideales de justicia, progreso y libertad, y con la tarea de hacer una nación con desarrollo sustentado en un nuevo orden económico, político y social, sin embargo, a pesar de nuestro inspirador pasado cultural y abundante riqueza, los errores y carencias de los últimos gobiernos (Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti), no han logrado mejorar el bienestar de la población, casi siempre gobernando por intereses personales o partidarios empañados por la corrupción, debilitando las instituciones, la economía, el sentido de unidad y la autoestima nacional.

 

Sin embargo, esta situación se agravó rotundamente en los dos últimos años de este gobierno comunista, el corrupto Castillo, en 16 meses, jamás le interesó la democracia, institucionalidad ni gestión pública, con sus actos corruptos y su golpe de Estado dañó la moralidad, dignidad y ética pública y valores de la población ocasionando la peor inestabilidad social, política y económica del país, y la presidenta reemplazante, Dina Boluarte, quien acompañó y aplaudió a Castillo, ahora, en su período (con 81.6% de desaprobación) no ejerce adecuadamente el poder, no adopta las medidas necesarias, con decisión, firmeza y autoridad. Pero también, en estos dos últimos años, la mala gestión y actuación del Congreso, salvo honrosas excepciones, no ha podido representar los intereses de la población que en su mayoría (90.4%) demuestra su rechazo y desaprobación.

 

Bajo este panorama, independientemente de los anuncios y/o promesas de Boluarte en su mensaje a la Nación, debería cambiar de actitud y tomar acciones inmediatas, tales como, remover de la administración pública a funcionarios y empleados ineptos nombrados por Castillo; retirar como embajador de Cuba en Perú a Carlos “el gallo” Zamora, experto en agitación y movilizaciones, y, eliminar el nefasto “Pacto Social Ciudadano” promulgado por Castillo para que los cocaleros del Vraem se autoerradiquen voluntariamente, lo cual es ilusorio y está ocasionando descomunales incrementos de cultivos ilegales y producción de cocaína.

 

Respecto a la política de Estado, debería modernizar el Estado, acción indispensable para mejorar su eficacia y ponerse al servicio de la población; implementar reformas políticas que eviten el clientelismo, componendas y repartijas políticas por favores o intereses personales o partidarios; poner en práctica reformas sociales con programas enfocados en redistribución con equidad y justicia social, e iniciar acciones urgentes para mejorar nuestra precaria institucionalidad y débil gestión pública la cual fomenta corrupción, informalidad y conflictos sociales, agravándose además por una creciente inseguridad ciudadana y un terrorismo asociado al narcotráfico, cada vez más peligrosos.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de julio de 2023

 


Etiquetas: [Economía]  
Fecha Publicación: Sat, 22 Jul 2023 08:30:00 -0500



En el actual gobierno comunista, tanto durante la primera etapa del corrupto Castillo, como en esta segunda etapa de Boluarte, las calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody´s han reducido el cambio de calificaciones a la baja y nos siguen advirtiendo sobre la posibilidad de nuevas mediciones negativas, esto significa reducciones por condiciones adversas para poder cumplir sus obligaciones de deuda, y, para ello analizan tanto la situación de política económica y financiera así como el ámbito político y social.

 

En el caso de Fitch Ratings, su director de Soberanías ha advertido una posible rebaja de su última calificación del 20 de octubre 2022 en que redujo su calificación de perspectiva de inversión en Perú de BBB estable a negativa BBB- (inestabilidad por incertidumbre y exposición a condiciones adversas). Esta nueva advertencia se basa en el deterioro de la estabilidad política del gobierno, la cual no puede ser desligada de la economía, pudiendo incrementarse los riesgos crediticios y con ello el grado de inversión, lo cual afectaría el escenario económico y la inversión privada.

 

En el caso de Standard & Poor’s, su última calificación (BBB-) la presentó el 12 de diciembre 2022 (días después que el corrupto Castillo fuera vacado) y actualmente acaba de señalar una posible rebaja, y aunque el Perú mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos, el balance de riesgo registra alta incertidumbre por inestabilidad política, lo cual elevaría los costos de financiamiento para el gobierno, y, además, limitaría préstamos de largo plazo para el sector privado.

 

La calificadora de riesgos Moody’s, el 3 de setiembre de 2021 (dos meses después de asumir el corrupto Castillo), redujo, por primera vez en 20 años, su calificación de la deuda externa de los bonos del Perú a largo plazo y de la deuda local, de una calificación A3 estable a una perspectiva menor (Baa1), y el 31 de enero 2023 la redujo a negativa -Baa1, principalmente por el riesgo político y reducida capacidad de formulación de políticas del gobierno que afectan la confianza de los inversionistas ocasionando perspectivas crediticias negativas a mediano plazo.

 

Bajo este panorama, las calificaciones negativas de empresas calificadoras de riesgo debilitan los cimientos estructurales de perfil crediticio de nuestro país, el gobierno debería enfrentar los factores que más influyen en las bajas calificaciones de riesgo, además de nuestra débil situación económica por bajo crecimiento económico, elevada inflación, posible recesión, disminución del consumo, contracción de inversión privada por políticas populistas, bajos niveles de productividad, desempleo, pobreza, también afectan las tensiones políticas, problemas de gobernabilidad, deterioro de la fortaleza institucional, incapacidad para solucionar conflictos sociales, entre otros.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de julio de 2023

  

Etiquetas: [Inversión Privada]  
Fecha Publicación: Sat, 15 Jul 2023 08:30:00 -0500


 

A pesar que la inversión privada representa 80% del total de inversión en el país y es fundamental para generar infraestructura social, promover empleo, reducir la informalidad, disminuir la pobreza, impulsar el consumo interno y brindar bienestar y progreso a la población, desde que asumió el gobierno comunista del corrupto Castillo se inició su abrupto descenso, por sus acciones con oscuro escenario, señales contradictorias e incertidumbre, sin transparencia ni reglas claras, usando proselitismo político, populismo y demagogia, lo cual evidenció un escenario de confrontación y polarización que alentó los conflictos sociales y afecto gravemente la inversión privada.

 

De acuerdo a datos del BCRP, en el cuarto trimestre del 2021, la inversión privada registraba 2.5%, en 2022, entre enero y junio bajó a 1.6%, a partir del tercer trimestre comenzó a registrar negativo (-0.5%) y el cuarto trimestre bajó a -4.1%. Cuando fue vacado el golpista Castillo (7 de diciembre 2022) asumió Boluarte, y en el primer trimestre 2023 de su gestión cayó hasta -12% (la peor reducción en los últimos 14 años) principalmente por falta de confianza empresarial en nuevos proyectos mineros (-23.2) e inversión de otros sectores (-11%), y, en el segundo trimestre ha cerrado en -7.1%.

 

En esta segunda etapa del gobierno comunista de Boluarte continúa el plan de Castillo con acciones que afectan la inversión privada, principalmente por su posición antiminera, en mayo 2021, durante la campaña aseguró que “Tía María no pasará”, y como presidenta, en enero 2023, reiteró “No podemos anteponer el tema del oro, la plata por encima de la vida y el agua”, además, no presenta propuestas concretas ni articuladas para la lucha contra la corrupción, inseguridad ciudadana y las drogas, que se han incrementado en este gobierno, no hay reglas claras ni estabilidad para las inversiones, mantiene su nefasta política laboral con la Agenda 19 que dejó el primer ministro de Trabajo Maraví y siguió al pie de la letra Betssy Chávez, además, se obstaculiza la tercerización laboral afectando la creación de empleo, promoviendo la informalidad y atentando contra el desarrollo del ambiente de negocios.

 

Bajo este panorama, se debería fomentar la inversión privada para reducir principalmente la pobreza e informalidad. El ministro de Economía, Álex Contreras, tratando de ofrecer una esperanza, sin ninguna convicción, señaló que espera que haya un cambio importante en la inversión privada en el tercer y cuarto trimestre, sin embargo, la incertidumbre política es muy alta, no tenemos paz social (en junio pasado se registraron 219 conflictos sociales) y se prevé otro mayor para el 19 de este mes, todo lo cual incrementa la desconfianza en el sector privado empresarial.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de julio de 2023

 

 

 


Etiquetas: [Drogas Narcotráfico]  
Fecha Publicación: Sat, 8 Jul 2023 08:30:00 -0500


 

El pasado 26 de junio Devida presentó el Reporte de Monitoreo de Cultivos de Coca-2022 con datos muy preocupantes, un descomunal aumento de cultivos durante este gobierno comunista, de 61,777 hectáreas en 2020 a 80,681 en 2021 (31%), y, en 2022, hasta 95,008 hectáreas (18%), exorbitante cantidad de la que Enaco solo controla 10%, el 90% restante va directamente al narcotráfico. Los cultivos aumentaron en 11 de 13 regiones monitoreadas, principalmente en Ayacucho, Cusco, Ucayali, Loreto y Puno, asimismo, aumentaron en 17 de las 20 zonas monitoreadas, principalmente en Bajo Ucayali (65%), Aguaytía (58%) y Madre de Dios (274%). Peligrosamente se incrementaron 14% en zonas de amortiguamiento y áreas naturales protegidas (hasta 14,865 hectáreas) mayormente en los parques nacionales Bahuaja Sonene y Cordillera Azul, y, 9.3% (hasta 18,076) en comunidades nativas y campesinas (indígenas y originarias) principalmente Asháninka y Quechua.

 

La situación del Vraem es gravísima, desde que este gobierno comunista eliminó la erradicación (octubre 2021) e implementó el nefasto pacto social ciudadano con cocaleros para erradicación voluntaria (abril 2022) se registran inmensos aumentos, de 29,000 hectáreas en 2020 a 32,106 en 2021 y a 35,709 en 2022, (38% de nivel nacional), con mayor concentración de producción y más alto rendimiento por hectárea sembrada, además, continúa el peligro de columnas terroristas, crecimiento del narcotráfico y carteles de drogas, en estas condiciones, inexorablemente seguirán incrementándose cultivos y producción de cocaína.

 

Pero la información del Reporte de Monitoreo de Devida-2022 está incompleta porque no incluye datos sobre producción de cocaína, no avanzaremos en ninguna estrategia antidrogas si omitimos datos de rendimiento promedio de hoja de coca seca (Kg/ha) y producción de hoja seca al sol (TM) para determinar la cantidad de toneladas de cocaína que producimos anualmente (se estima entre 900 y 1,000 TM), además, la información Cartográfica y Georreferenciada de Devida no es abierta como pregona, de los 4 Repositorios que presenta, 3 contienen información antigua, intrascendente y obsoleta, y, para acceder al principal Repositorio de Datos increíblemente le obligan a responder en un formato ¿con que fin busca descargar la información?

 

Bajo este panorama, los cultivos de coca y producción de cocaína seguirán incrementándose exponencialmente mientras este gobierno comunista no elimine el infausto pacto social ciudadano en el Vraem, y, además, no implemente una política integral que contemple mayor presencia del Estado, con procesos para desarrollo alternativo dirigidos a mejorar el desarrollo humano, económico e infraestructura, acciones sostenidas de erradicación principalmente en el Vraem, control y desarticulación de grupos de organización y cárteles en la producción de cocaína, control de insumos, operaciones de interdicción y control aéreo y marítimo y prevención y rehabilitación del consumo de drogas.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de julio de 2023

 


Etiquetas: [Educación]  
Fecha Publicación: Sat, 1 Jul 2023 08:30:00 -0500



 

El pasado 21 de junio el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 1587-2021-CR, en el que, de manera excepcional y sin concurso público, se otorga el nombramiento automático de docentes de Educación Básica Regular solo con tener 3 años de contrato, lo cual atenta contra la meritocracia y representa una injusticia contra los docentes que se esforzaron para asistir a cursos de compensación y aprobar obligatoriamente los concursos de mérito de nombramiento. Esta iniciativa, claramente comunista y populista, fue una de las principales promesas de campaña electoral del corrupto Castillo, y, cuando fue electo, aseguró que su gobierno revisará y derogará los procesos de evaluación para nombramiento de profesores de la Ley de Reforma Magisterial 29944, la cual, justamente, impulsa el fundamento de mérito y capacidad de los profesores en el ingreso, permanencia, mejoras remunerativas y ascensos en la carrera magisterial.

 

Resulta muy extraño que este proyecto de ley que fue presentado hace 15 meses (28 marzo 2022) por Pasión Dávila del Bloque Magisterial, recién haya sido activado y votado en el Congreso en bloque por las bancadas de izquierda radical y Alianza para el Progreso, y algunos de Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú, de manera irresponsable y con inusitada rapidez, cuando tenemos ad portas una elección de la Mesa Directiva del Congreso, ¿otra repartija?

 

A menos de un mes que Castillo perpetrara un golpe de Estado, firmó, el 11 noviembre 2022, una ley que convierte 41,138 plazas eventuales (de contrato) a orgánicas (de nombramiento) para maestros de escuelas públicas, destinando S/ 140 millones para financiar nuevas vacantes de profesores auxiliares y administrativos, exigiendo además, el reconocimiento de años de servicio de los maestros para colocarlos en la escala magisterial; cabe mencionar que los incrementos remunerativos de los profesores contratados, al ser nombrados, varían entre 100% y 210%, desde la primera hasta la octava escala magisterial.

 

Bajo este panorama, dicha ley aprobada, que increíblemente no pasó por la comisión de Educación del Congreso cuya presidenta es Gladys Echaíz (solo pasó por comisiones de Trabajo y Presupuesto) colisiona gravemente contra la meritocracia en la carrera pública docente porque se está eliminando las evaluaciones de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad, así como de habilidades generales de los profesores. Esta ley, que debería ser nuevamente revisada en el Congreso, según Otárola será observada por el poder Ejecutivo, ha sido rechazada por Minedu, por el Consejo Nacional de Educación (CNE) y otros expertos en Educación, porque representa un pésimo antecedente que atenta contra la formación de los escolares, futuro de nuestro país, que requieren de una buena y adecuada escuela pública, con docentes debidamente preparados, capacitados y exigentemente evaluados.

 

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de julio de 2023