El
pasado día 2, en la provincia de Pataz, en La Libertad, encontrándose en estado
de emergencia, se produjo cruel ataque en un socavón de la minera Poderosa (primera
exportadora de oro del país) asesinando 10 trabajadores con armas de guerra y explosivos.
Según autoridades de La Libertad, habría sido ejecutado por “parqueros” (sicarios
contratados por mineros ilegales), ese mismo día, además, destruyeron 10 torres
de seguridad. Según la empresa, 3 meses antes del atentado, advirtieron, hasta
en 20 reuniones, sobre la situación de inseguridad en la zona donde hay 48
plantas ilegales que procesan oro ilegal, sin embargo, el gobierno no tomó
ninguna acción, recién se está proponiendo implementar sedes policiales en 5
distritos de La Libertad, incluyendo Pataz con 30 efectivos de Dinoes.
Aunque
la minera informal, y la abiertamente ilegal, han causado violencia coludidos
con bandas delincuenciales, durante este gobierno se incrementaron las más
graves, además del reciente en Pataz, también en Arequipa, en Atico, Caravelí, un
enfrentamiento entre mineros informales por disputa de terrenos dejó 14 muertos
y 12 desaparecidos, y en agosto-2022, en Choco, Castilla, en el campamento de
mina Paula, una balacera entre mineros ilegales ocasionó un fallecido y ocho
heridos, además, actúan pretendiendo espantar la minería formal con violencia
como sucede en Las Bambas, Shahuindo, La Rinconada.
Este
gobierno comunista tiene grave responsabilidad, en la primera fase, Castillo
prorrogó la vigencia del proceso de formalización minera hasta diciembre 2024
(ley 31388, diciembre-2021) con inscripción vigente en el Registro de
Formalización (Reinfo), el cual permite total impunidad de mineros informales e
ilegales solo con inscribirse, su normativa debería ser urgentemente reformada
con cumplimientos estrictos de plazos y solo otorgarse autorizaciones al
concluirse el proceso, y justamente, en agosto-2022, Castillo se reunió con
cientos de mineros informales ofreciéndoles anular normas y decretos lesivos
para que se formalicen. En la segunda fase, Boluarte dijo en enero-2023 que no
se puede anteponer la minería por encima de la vida y el agua, y jamás se ha referido
a la peligrosidad, criminalidad e impunidad que ronda la minería informal e
ilegal, solo hasta que se produjo este vil crimen en Poderosa, increíblemente manifestó
que “analiza formalizar la minería ilegal”.
Bajo
este panorama, se calculan 500,000 mineros ilegales a nivel nacional que amenazan
nuestra seguridad, economía, depredan aguas, suelos, bosques y contaminan el
medio ambiente, según la SNMPE, la minería ilegal ocasiona pérdidas anuales de
S/22,700 millones (2.5% del PBI), crece anualmente a tasa de 11.7%
y su valor de producción supera al del narcotráfico, aun así, este gobierno
comunista, para combatir este flagelo, ha reducido en 0.49% el presupuesto 2024
respecto al de 2023.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de diciembre
de 2023
Artículos Publicados 
