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Etiquetas: [democracia]  [perú]  [violencia]  
Fecha Publicación: 2022-12-14T12:43:00.001-05:00



La narrativa que se expande en la opinión pública, en redes sociales, en ámbitos académicos y sociales es que enfrentamos una disputa entre la ilegalidad, la antidemocracia, el golpismo y los violentistas y por el otro lado, la institucionalidad democrática, el orden constitucional y la ética política. Y valdría la pena poner en cuestión estas percepciones. Ir más allá de miradas duales o ético morales. La realidad es mucho más compleja y matizada. En estas líneas quiero ordenar algunas de mis ideas y problematizar la manera que miramos nuestro actual conflicto. 

La idea básica de la que podemos partir es que la sociedad peruana y su institucionalidad política vienen atravesando una larga crisis que comprende diferentes momentos y tiempos. Está situación aparece para la opinión pública en la actualidad como un enfrentamiento entre “derecha” e “izquierda”. Antes lo era entre fujimoristas y antifujimoristas.

Sin embargo izquierda y derecha son membretes políticos que traen una carga de significado propia. Se trata de identidades políticas construidas en el siglo XIX y comprenden un conjunto de valores, ideas, símbolos así como un conjunto de prácticas sociales. Valores y prácticas que se articulan en un discurso para definir un escenario y proponer una línea de acción política al respecto. 

Históricamente hay múltiples identidades: liberales, comunistas, socialistas, anarquistas, fascistas, conservadores, socialdemócratas, demócratas cristianos, trotskistas, libertarios, etc. Obviamente, la existencia de estas identidades depende de cada sociedad y de su respectiva cultura política. Durante el siglo XX, estás identidades tienen formas definidas y prácticas sedimentadas en la sociedad, la política y el estado. 

En el caso peruano hemos tenido parcialmente estas identidades, pero desde fines de siglo se fueron erosionando. En la década de los años 90 con el gobierno de Fujimori y desde el Estado se promovió un nuevo “arreglo social institucional” (lo vamos a llamar arreglo más que “pacto”, para denotar que no fue un proceso consensuado o discutido) que en la dimensión económica tenía una matriz neoliberal. Pero el neoliberalismo como en muchos otros lugares representaba no sólo una política económica, sino una manera de entender el estado, lo público, la democracia, lo colectivo y nuevas maneras de ser individuo o ciudadano. Las viejas identidades políticas fueron disueltas o absorbidas por otras identidades y prácticas sociales. Es con el desgaste del gobierno fujimorista, enredado en dinámicas de alta corrupción que aparecen nuevas identidades “cívicas”, republicanas o de centro democrático. La oposición entre fujimorismo y antifujimorismo ha marcado el debate político desde fines de los años 90 hasta la primera década del presente siglo.

Este clivaje ponía en oposición maneras de entender la democracia, la autoridad y la ética en el manejo público. Pero algunos temas como las relaciones laborales, el rol del mercado local, la acción de las grandes empresas extractivas y los enfoques de género en materia de salud y educación no eran claramente abordados por esta matriz de opuestos políticos. En este sentido, la crisis del antifujimorismo fue la crisis de una propuesta que no logró pensar el país más allá del institucionalismo económico con un sesgo liberal. 

En la segunda década del presente siglo aparecen posturas que para superar el clivaje anterior van a retomar el membrete de izquierda. En un principio, ser de izquierda suponía ir más allá del antifujimorismo y discutir propuestas no sólo redistributivas sino de un cambio integral que más que socialismo lo que proponía era una nueva Constitución. 

Desde la elección de Ollanta en adelante, hasta la elección de PPK y la derrota de Keiko Fujimori, la sociedad peruana fue lentamente incrementando su gramática política, incorporando términos, conceptos, prácticas y subjetividades críticas. Hablar de una izquierda ya no era posible, (y perdemos tiempo discutiendo quién es la “izquierda verdadera”) como tampoco asumir que dicha izquierda residía en Lima. Del mismo modo, como en todo proceso político, las identidades se definen por oposición y así aparecen actores que sin ambigüedades van a asumirse como una derecha política, a veces con acento liberal, otras veces con énfasis en el conservadurismo. 

Pero lo interesante del caso peruano es que las definiciones de izquierda y derecha terminan siendo limitadas para ubicarse frente al arreglo social institucional construido a partir de 1992 pero que siguió configurándose hasta el presente siglo. Más claramente: dicho arreglo ha ido dejando afuera a cientos de miles de ciudadanos peruanos, en diferentes ámbitos y momentos: en lo económico, en lo laboral, en lo cultural, en lo educativo, en materia de salud, en el reconocimiento de la diversidad entre otras desigualdades y discriminaciones. Pero al mismo tiempo dicho arreglo sigue siendo viable (rentable) social y económicamente para las clases poseedoras formales e informales. 

Entonces, la idea central que propongo es que la disputa que no logramos resolver gira sobre dicho arreglo así como sobre las percepciones que tenemos del mismo y de sus consecuencias. A partir de lo cual podemos establecer dos grandes campos: uno donde se ubican aquellos que buscan defender -bajo cualquier medio- el modelo de estado/sociedad construido en la década de los años 90 y otro campo conformado por todos aquellos que están descontentos -de distinta manera y motivo- con dicho arreglo y sus consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas. 

Por eso, no basta una gramática política de derecha/izquierda, pues lo que está en disputa es mucho más que una política económica o libertades civiles. En el Perú actual, las disputas políticas se pueden explicar en última instancia entre la defensa o el ataque al arreglo señalado, pero aparecen en la opinión pública como oposiciones dispuestas por diferentes motivos episódicos. Los actores se trasladan entre en campos y construyen sus razones de manera modular antes que integral. Es decir, pueden ser Keynes en la economía, Churchill en la política y Santa Rosa de Lima en materia de libertades sexuales. 

Y así, pueden construir oposiciones en cada módulo y desarrollar conflictos coyunturales con etiquetas de derecha e izquierda que ya no tienen sentidos integrales. Por eso tenemos disputas intra-izquierda en casi todos los temas. Y algo similar pasa en los grupos denominados de derecha. Esto hace que los análisis políticos que deberían ser básicamente análisis de correlaciones de fuerzas sean difíciles de realizar y terminemos con crónicas periodísticas, teorías conspirativas u homilías éticas. 

En el actual conflicto lo que tenemos realmente es un conflicto económico y cultural. El gobierno de Castillo, (nos guste o no y más allá de sus ineptitudes y de los cuestionamientos sobre corrupción) representaba la esperanza (ahora defraudada) de inclusión para sectores de las clases pobres en el campo y la ciudad. Podemos escribir mil páginas (y algunos lo están haciendo) criticando a Castillo desde todos los ángulos posibles con argumentos y evidencia, pero eso no mueve un ápice lo que acabo de señalar. Era un pobre profesor rural que devino en presidente de uno de los países más segregados y bastante desigual de América latina. 

La manera (ilegal, torpe, pongan los adjetivos que consideren) que trata de resolver la amenaza de vacancia y su posterior encarcelamiento ha sido la chispa que enciende una pradera de descontento diverso en esos sectores pobres de las clases desposeídas. Y no estamos romantizando nada: en esas clases desposeídas hay organización pero también hay lumpen, hay informalidad pero sobre todo hay cólera. Ha sido el sector de clase más golpeado por la pandemia y es el sector donde el “crecimiento” se ha visto de manera fugaz y arbitraria. ¿Por qué nos sorprenden las protestas y su violencia?

Un análisis basado en el análisis de clases podría señalar que los sectores movilizados de las clases pobres en el país han entendido que la vacancia de Castillo es un claro mensaje sobre lo que el arreglo significa: los pobres no pueden gobernar. Desde los sectores intelectuales y políticos de las clases poseedoras en las ciudades todo esto se observa bajo el marco de la institucionalidad democrática y la ética política. Muy bien. Y por eso la salida de Castillo era algo necesario y lógico ante su intento de golpe, sus denuncias de corrupción y su ineficacia gubernamental. La burguesía (sí, dije burguesía) es decir, los sectores del gran capital empresarial nacional apoyan la salida de Castillo pero les preocupa el caos y la violencia desatada. Desde inicios de la revolución industrial saben que los incendios de propiedad privada son malos para los negocios. 

Pero intelectuales orgánicos y empresarios lo que no logran ver es el descontento racional de los pobres movilizados. Hay un sector mayoritario en las clases medias y populares que está en sus casa preocupados o indiferentes a lo que pasa. Pero, como decía Cotler, todos los ciudadanos no hacen política. Los que salen a las calles o los que operan desde instituciones estatales son los que hacen política. 

Ahora voy a decir algo que puede herir susceptibilidades y si son menores de 18 les pediría que lo lean acompañados de sus padres o tutores: el proceso de lucha de clases en el país enfrenta a estos sectores pobres descontentos del campo y la ciudad, con los grupos de las élites económica y socialmente dominantes. Esta disputa está escalando y parece aún lejos de amainar. El tema de fondo no es Castillo ni el cierre del Congreso. Esas son demandas basadas en la rabia de la derrota sufrida. Igual merecen una respuesta política pero el tema de fondo es si esta historia de exclusión va a seguir. 

¿El arreglo social construido entre 1992 y 2016 va a continuar tal cual? Esa es la pregunta que la élite política no quiere responder. 

Un gobierno débil como el de Dina Boluarte tiene pocas jugadas eficaces en el escenario. La más sencilla es la represión y es lo que algunos le aconsejan todos los días. Carece de base social y su gabinete no es mejor que los anteriores. Hay individualidades destacables en algunas carteras. Habría que preguntarse si dichas presencias tendrán posibilidad de defender o avanzar en algún sentido real. 

La actual crisis podrá seguir escalando o podría amainar en algunas semanas desgastada por su propia inercia o ante una represión más dura. Pero será sólo un intermedio. Debajo de los escenarios institucionales, debajo de las reuniones formales o los rituales democráticos el descontento permanece, tiene razones y músculos. Otra chispa encenderá otras praderas hasta que desde Lima sus élites depredadoras entiendan que es necesario discutir y cambiar el arreglo social incluyendo a los descontentos. 

Si, estoy hablando de un camino -qué puede ser largo pero sin pausa- hacia una asamblea constituyente. 



Fecha Publicación: 2022-02-07T13:15:00.014-05:00

La crisis política y los continuos desaciertos del actual gobierno parecen una historia sin fin. Las izquierdas nuevamente aparecen dispersas, peleando entre sí, lanzándose adjetivos y contribuyendo a su propia fragmentación y derrota política. Mucha inmadurez entre jóvenes y tíos.

Sin embargo, algunos compañeros y compañeras, con tino señalan que los esfuerzos unitarios resultan cada vez más urgentes y necesarios. A estas alturas, discutir si el gobierno es de izquierdas o de derechas resulta un ejercicio académico con poca evidencia. 

Lo real es que el gobierno de Castillo puede ser tanto de izquierdas como de derechas. Como buena parte de los últimos gobiernos, carece de un aparato institucional y de un programa político real. Entonces, efectivamente, Castillo decide según quien hable primero en su círculo de allegados. Tampoco es una novedad. Lo vimos con Ollanta y con PPK. 

Para algunos influencers de izquierdas, entonces se trata de influir en Cerrón o Castillo y desde Twitter o Zoom lanzar consejos para ver si pesca alguno. Mucha autoestima. 

La unidad de las izquierdas es fundamental. Insistir en desdeñar la misma, por tirrias personales disfrazadas de principios ideológicos es un mal servicio para los intereses de las clases populares. La unidad de las izquierdas es como el primer paso para salir de la presente crisis y ver si el gobierno de Castillo puede ser realmente útil para atender las demandas de los sectores populares. 

Pero la unidad no es un problema de voluntades y estados de ánimo. O en todo caso, no se reduce a eso. Parte de la confusión existente en nuestras filas radica en asumir que Castillo por ser pobre tiene ideas claras de izquierda. Como buena parte de la ciudadanía que se considera de izquierdas o progresista, pues tiene un sistema estructurado de reclamos, creencias, ideas y sentimientos sobre lo que debe de cambiar y lo que no debe de cambiar en el país. 

Entonces, la unidad no es ni sencilla, ni automática ni está implícita cuando dos personas o grupos dicen "somos de izquierda". La unidad se construye. la unidad se construye desde propuestas concretas, es decir desde un programa político. Esto, que en verdad es medio básico, parece que se ha olvidado. 

El programa político ha sido reemplazado por el discurso político y reducido a tuit. 

Por eso, me atrevo a poner un grupo de puntos concretos, mínimos y no excluyentes de otros, para discutir la unidad de las izquierdas. Sirve como papel tornasol además: si ninguno te parece viable, necesario o deseable, pues podrás llamarte de izquierdas pero te has equivocado de fiesta. 

La idea es sumar y priorizar. Se trata de "reformas", es decir de cambios institucionales. Lo que funciona y esta bien, pues seguirá así. Luego, en base a dicho listado podemos discutir la unidad, y en base nuevamente a dicho listado, podemos empujar al gobierno de Castillo hacia esas propuestas. 

La idea de un programa es además reconfigurar la correlación de fuerzas, es decir, sumar fuerzas.  

  1. La convocatoria a una Asamblea Constituyente en el plazo de 90 días calendarios. 
  2. Elaboración de una propuesta de ejes principales que debe debatir la Asamblea Constituyente: la relación del Estado y la sociedad, el rol del mercado, las libertades civiles y la diversidad cultural, sexual y social, así como los mecanismos de representación política. También el rol de las iglesias y del trabajo en la sociedad. La descentralización política y económica. 
  3. Una reforma laboral que elimine la temporalidad en los contratos laborales, la discriminación salarial por género, impida el despido de dirigentes sindicales sin sentencia judicial, facilite la negociación colectiva por rama tanto en el sector público como privado, refuerce la fiscalización laboral y prohíba los ceses colectivos durante el presente año. 
  4. Una reforma tributaria que grave a las grandes riquezas y a las grandes empresas.
  5. Una reforma en salud y educación que elimine el lucro como objetivo en dichas actividades. Mayor fiscalización de la educación privada en todos sus niveles. 
  6. Una reforma de vivienda que regule alquileres en el sector privado y fortalezca la construcción de programas de viviendas para sectores pobres y medios.
  7. Una reforma de transporte que tenga como centro el transporte público (estatizar el Metro y el Metropolitano) y el transporte alternativo (ciclovías).
  8. Una reforma del presupuesto público que incremente anualmente las partidas de educación, salud, Trabajo, MIMP y Midis.
Y nada, se trata de discutir.

Etiquetas: [huelga]  [libertad sindical]  [lucha de clases]  
Fecha Publicación: 2022-01-15T20:13:00.000-05:00


El 15 de enero se recuerda el establecimiento de la jornada de 8 horas en el Perú. En 1919 luego de un periodo de conflictos bastante serios iniciados a mediados de diciembre de 1918 que culminaron con un exitoso Paro de tres días en Lima, el gobierno aceptó regular la jornada laboral. 

La lucha desarrollada estuvo dirigida por los anarcosindicalistas que en ése momento eran el sector más radical en el campo obrero. El objetivo de los obreros era que mediante la legislación se establecieran límites a los abusos de los empleadores. La jornada de las 8 horas no podía ser un privilegio de unos pocos sino el derecho de toda la clase trabajadora. 

Han pasado más de 100 años de esa victoria sindical y resulta claro que algo no funciona. 

Antes de la pandemia, en febrero de 2020 más de 114 mil limeños laboraban más de 13 horas al día según cifras del INEI. En los sectores independientes, la jornada sobrepasa las 8 horas diarias. En ése mismo año alrededor de 1.46 millones de trabajadores en Lima laboraban más de 50 horas semanales, de acuerdo con el mismo informe del INEI. Con la pandemia, estas cifras no han mejorado. 

Los factores que explican porqué la “jornada de las 8 horas” es tinta que moja un papel para la mayoría de la clase trabajadora son muchos y diversos: un Estado que a través del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL no dispone de la capacidad ni la voluntad para fiscalizar realmente a las empresas; un sindicalismo pequeño, debilitado y sin brújula que se contenta con elaborar comunicados pomposos que recuerdan muy bien la jornada histórica de 1919 pero no dicen nada sobre los problemas actuales de los trabajadores y trabajadoras que laboran más de 10 horas diariamente y claro, también importantes sectores empresariales -de todo tamaño- sin el menor escrúpulo para abusar sistemáticamente de los trabajadores y trabajadoras obligándolos a laborar 10 o 12 horas diarias. 

Entonces, el punto de partida más sensato es reconocer que no existe jornada de ocho horas en el país. Hay algunos sectores que laboran ocho horas diarias pero son cada vez más marginales. La jornada extensa avanza en todas las actividades. En minería, el horario atípico ha destruido los vínculos sociales y debilitado las formas sindicales. En el sector de empleados y oficinistas, es ya común y corriente tener un horario de ingreso pero quedarse hasta las ocho o nueve de la noche. En el sector de publicidad, los que hacen audiovisuales trabajan jornadas de 14 o 16 horas diarias. Un trabajador venezolano en un restaurante labora sin contrato durante doce horas por un salario menor a la RMV. 

Con la pandemia y el trabajo remoto, todo esto se ha complicado aún más. 

¿Puede la clase trabajadora recuperar la jornada de ocho horas? Ciertamente, la extensión del trabajo parece estar empujada por las tendencias de la globalización neoliberal. Los voceros de la modernidad empresarial van a repetirnos la necesidad de ser flexibles, polivalentes y multifuncionales. Aspirar a tener vida familiar o estudiar o simplemente descansar parece un anacronismo. 

Pero no lo es. Ya muchos expertos en todo el mundo y Carlos Tovar en nuestro país, han explicado muy bien que es factible económicamente reducir la jornada de trabajo. Que esta sobreexplotación es simplemente angurria, avaricia de las empresas para explotar más a la gente que trabaja.

La clase trabajadora en 1919 conquistó la jornada de ocho horas desarrollando un conflicto abierto y frontal contra los empresarios y el estado. Más que “celebrar” lo que debemos hacer es “repetir”. El sindicalismo debería tener una orientación más radical. Pero no se trata del radicalismo de comunicado. No se trata de llenar un volante con la jerga política de la guerra fría. Se trata del radicalismo tal como en 1919. Los anarcosindicalista dedicaban la mayor parte de su tiempo a organizar a los trabajadores, a hacer asambleas de base, debates en los sindicatos, politizando a la clase trabajadora a partir de sus problemas reales. 

Y confrontando. La huelga ha sido y es la principal herramienta de construcción de ciudadanía en la historia del país. La tarea del sindicalismo ahora es organizar más y mejores huelgas en todos los centros de trabajo donde se cometen abusos y atropellos. ¿Inspecciones laborales? si, pero no basta. Llegan tarde, mal y nunca. ¿Cartas de los congresistas? Ok, pero no resuelven. ¿Campañas en redes? Si, ayudan pero por un tiempo. Todo lo anterior es necesario, pero insuficiente. Todo lo anterior debe ayudar a organizar la huelga. 

Y el sindicalismo institucional debe abandonar esa anteojera mental de la "legalidad de la huelga". Con una tasa de sindicalización por debajo del 10% ¿Qué clase de legalidad de la huelga tienes? Más del 90% de los trabajadores asalariados no pueden ejercer el derecho constitucional de la huelga bajo ninguna circunstancia. Ya dejémonos de engañarnos. 

Hay sectores laborales que deben hacer huelgas ilegales para defender sus derechos legales.

El día que la empresa productora de publicidad vea a todos los técnicos, gaffers, luces, sonidistas parados en huelga porque los quieren hacer trabajar 16 horas, cuando los mozos y cocineros de todos los restaurantes del barrio dejen de trabajar porque no tienen contrato, cuando los trabajadores de los deliverys paren sus motos y no lleven ni un encargo más hasta que los pongan en planilla, cuando esto y mucho más empiece; allí, tendremos un real motivo para celebrar.  


Etiquetas: [agenda sindical]  [EEUU]  [estrategia]  [huelga]  [política]  
Fecha Publicación: 2022-01-04T08:50:00.006-05:00
El presente artículo apareció en The Nation el pasado 27 de diciembre. Jane McAlevey es una reconocida académica, especialista en temas sindicales en EEUU. Profesora universitaria y corresponsal de huelgas en The Nation)

En el primer año de la pandemia de Covid, la riqueza de Elon Musk se disparó de $25 mil millones a $150 mil millones. Jeff Bezos se convirtió en la primera persona del planeta en poseer una fortuna de más de 200,000 millones de dólares. El Financial Times ha estado preocupado durante todo el año pasado por una crisis en la producción de superyates y últimamente ha estado informando sobre otra crisis que aflige a los ricos. Flexjet y NetJets, dos de las compañías chárter de jets privados más conocidas que operan en los Estados Unidos, dejaron de aceptar nuevos clientes recientemente porque simplemente no pueden adquirir suficientes jets para adaptarse al crecimiento explosivo de la clase multimillonaria. No solo no se oculta esta riqueza alucinante; se hace alarde de ella. 

Después de ser propulsado por su cohete Blue Origin durante algunos pocos minutos, Bezos agradeció con entusiasmo a los empleados y clientes de Amazon por permitirle actuar como si se hubiera unido a las filas de astronautas como John Glenn y Neil Armstrong. 

Nuestra nueva era dorada de riqueza obscena y arrogancia contrasta radicalmente con las luchas diarias que enfrentan decenas de millones de trabajadores exhaustos que luchan por mantenerse saludables y vivos, evitar el desalojo, poder pagar el alquiler del próximo mes o encontrar un tipo de trabajo que les permita suficiente tiempo libre para ayudar a sus hijos con la tarea. 

En abril pasado, 3,8 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos, lo que generó titulares que lo denominaron "La gran renuncia" o "la gran salida". Para julio, ese número subiría a más de 4 millones en un solo mes, superado nuevamente en agosto (4,27 millones) y luego nuevamente en septiembre (4,43 millones). 

En octubre, los expertos en los principales medios de comunicación comenzaron a invocar un nuevo término: "Striketober" (octuhuelga), cuando 10,000 trabajadores realizaron la primera huelga contra la empresa John Deere desde 1986, junto con otros 60,000 trabajadores de producción cinematográfica y 50,000 trabajadores de la salud en Kaiser Health amenazando de huelga, junto con docenas de pequeñas y medianas huelgas y paros laborales repartidos por todo el país (incluso en Kellogg, Nabisco y Catholic Health, en Buffalo). 

Aunque no hay duda de que el pésimo trato de los los jefes corporativos durante la pandemia ha llevado a los trabajadores a renunciar en masa, y ha provocado un pequeño repunte en las huelgas, la ira contra la élite y la acción colectiva de los trabajadores son anteriores a Covid.

En 2018 en EEUU, más de 485,000 trabajadores realizaron 20 grandes huelgas, y otros 65,000 participaron en 123 paros laborales más pequeños que involucraron a menos de 1,000 trabajadores. En 2021, hasta noviembre, solo 76,000 trabajadores participaron en grandes paros laborales durante 39 disputas. Si bien aún no se conoce la cantidad de paros más pequeños (que involucraron a menos de 1,000 trabajadores) que tuvieron lugar en 2021, está claro que la ira de los trabajadores por la escandalosa desigualdad no estalló repentinamente en octubre. Aunque es notable el aumento de las huelgas que involucran a más de 1,000 trabajadores, el número de trabajadores que actúan colectivamente aún no ha alcanzado el total de 2018. 

En cambio, el descontento laboral se ha canalizado hacia acciones individuales, como renunciar. También vale la pena señalar el cambio clave de las huelgas del sector público en 2018 al aumento de las huelgas en el llamado sector privado en la actualidad. Pero la naturaleza aparentemente aleatoria de las huelgas de 2021, con trabajadores molestos por las ofertas horribles e insultantes de sus empleadores, no se acerca a lo que se requiere para crear la escala de la crisis que obligue a la élite empresarial a negociar con la clase trabajadora de formas significativas que EEUU no ha visto en décadas.

Desafortunadamente, la mayoría de los sindicatos nacionales desperdiciaron 2021 al priorizar las maniobras detrás de escena para acceder a la administración de Biden y las migajas de la mesa de los patrones -el tipo de acciones que fácilmente se anulan en un siguiente gobierno-, mientras la clase trabajadora observaba al presidente abandonar una promesa de campaña tras otra: colegio comunitario gratuito, medicamentos recetados más baratos, alivio real para estudiantes y propietarios endeudados, licencia médica y familiar pagada, y una acción firme sobre el cambio climático que podría redirigir los actuales subsidios hacia empleos sindicalizados y bien pagados para un planeta habitable. La negativa de Biden a acabar con el obstruccionismo en 2021 fue la derrota de muchos cambios estructurales que se necesitaban desesperadamente, comenzando con la restauración de la Ley de Derechos Electorales y la aprobación de su compañera en el lugar de trabajo, la Ley de Protección del Derecho a Organizar, o PRO (ambas tienen como objetivo restaurar las libertades fundamentales que gozaron brevemente el siglo pasado y que son esenciales para el funcionamiento de una democracia).

¿Qué deberían haber estado haciendo los sindicatos nacionales? Movilizar a los miembros para que tomen la única acción -huelgas- que podría haberles dado poder real en las luchas legislativas que terminaron mal para los trabajadores y sin duda han dañado las perspectivas electorales de los demócratas de cara al 2022. Biden claramente no tiene el poder para mover el Congreso. Los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema no van a cambiar sus votos debido a las súplicas personales del presidente o de los líderes del Caucus Progresista. A lo que responden políticos de su calaña es cuando las élites corporativas los llaman por teléfono y les dicen que cambien sus votos porque las ganancias están siendo socavadas por el caos producido por demasiadas huelgas. 

La legislación nacional que es buena para la mayoría de los estadounidenses se aprueba solo cuando los trabajadores crean crisis insostenibles que hacen que esa legislación parezca una opción mucho mejor que las costosas huelgas, marchas o la caída de los resultados financieros.

En otro período de la historia de EEUU, los dos años posteriores a la elección de Franklin Delano Roosevelt, decenas de miles de trabajadores ejercieron ese poder transformador. En ese momento, la Corte Suprema estaba incluso más descaradamente a favor de las empresas que hoy con su gran mayoría de jueces a favor de los accionistas. El desempleo, los desalojos, el terror racista violento, la manipulación extrema, las violaciones graves de salud y seguridad y las amenazas a los derechos básicos de libertad de expresión y reunión pacífica estaban en un punto de ebullición cuando FDR ganó en noviembre de 1932, como lo están hoy.

En 1933, los trabajadores de ciudades e industrias claves lanzaron una serie de huelgas legales y no legales que obligaron a FDR a cumplir sus promesas. 

Si alguna vez vamos a recuperar nuestro país de la clase multimillonaria, el 2021 -un año en el que estallaron huelgas relativamente pequeñas- tendrá que presagiar un 2022 que se siente como 1934, cuando estallaron mini huelgas generales en mercados laborales claves como como San Francisco y Minneapolis. En la década de 1930, decenas de miles de trabajadores se enfrentaron a sus sindicatos nacionales y a sus empleadores para crear las condiciones para la aprobación de muchos elementos del New Deal. 

Demasiada atención y dinero ahora se centra en algo llamado "cambio narrativo", cuando lo que se requiere es el poder que proviene de las interrupciones estratégicas de la producción, que infligen un dolor real a los directores ejecutivos y accionistas. Aunque es difícil ver que el 2022 se convierta en 1934, no es imposible, y aprovechar lo posible es la mejor esperanza que tenemos.

Siempre hay tiempo para corregir el rumbo. Y aunque las perspectivas de alejar a los sindicatos nacionales de su zona de confort de cooperar con los líderes corporativos y los políticos pueden parecer sombrías, las únicas personas que están en condiciones de forzar ese cambio, es decir, los trabajadores en las fábricas, comercios y oficinas mostraron cómo lograrlo cuando rechazaron dos veces los contratos propuestos que recomendaba su sindicato nacional. La revuelta de las bases sindicales por el convenio en la empresa John Deere, y la cobertura masiva de los medios de comunicación que recibió, demostró a todos los trabajadores que pueden ejercer más control sobre el resultado de sus convenios colectivos y, por lo tanto, sobre sus vidas.

En el próximo año, más de 1,577 convenios colectivos, que cubren a más de un millón de trabajadores sindicalizados, expirarán en los Estados Unidos. Pero esa cifra incluye solo los convenios que cubren a más de 1,000 trabajadores. Hay muchos otros trabajadores en lugares de trabajo sindicalizados más pequeños que también tienen convenios que vencen en 2022, incluidos hogares de ancianos y pequeños hoteles. Dos de los tres estados con la mayor cantidad de convenios que vencen son los estados indecisos de Pensilvania y Ohio. Si más de 1 millón de trabajadores estadounidenses, o incluso menos en los mercados laborales claves emprenden acciones colectivas hacia demandas comunes para mejorar radicalmente su calidad de vida dentro y fuera del trabajo, los resultados serán mucho más poderosos que los de la Gran Renuncia. 

Si incluso una pequeña fracción de la cantidad de personas que renunciaron en agosto y septiembre opta por sindicalizarse -obligando a sus empleadores a mejorar sus condiciones de trabajo amenazando a una salida colectiva, en lugar de individual, o reteniendo su trabajo en huelgas mayoritarias-, la clase trabajadora podría cambiar radicalmente lo que se considera un comportamiento empresarial aceptable. Como hicieron los huelguistas de la empresa John Deere.

A medida que avanzamos hacia 2022, los puntos claves incluyen al sindicato Teamsters que eligieron a una audaz lista progresista para liderar el sindicato nacional por primera vez en este siglo así como el referéndum exitoso de noviembre que cambió la forma burocrática en que se eligen a los dirigentes sindicales en el United Auto Workers (UAW). 

Hay una gran cantidad de vencimientos de convenios próximos en estados indecisos, donde los políticos nacionales (el presidente, el vicepresidente, líderes del Congreso y gobernadores, para empezar) deberían acudir y apoyar a los grupos en huelga y realmente usar el poder del estado para resolver las huelgas en condiciones favorables a los trabajadores. Cuando se considera lo cómodos que se sentían estos políticos como candidatos haciendo campaña por votos laborales, prácticamente tropezando unos con otros en fotografías durante la huelga de General Motors de 2019, por ejemplo, es difícil aceptar su ausencia en los piquetes en la empresa John Deere y en otros lugares. Cuando el portavoz de Biden declaró en una conferencia de prensa durante la huelga de Deere que el presidente iba a permanecer neutral, fue el tipo de oportunidad perdida que no podemos permitirnos, dado lo que está en juego.

Todo el mundo entiende que hay dos senadores intransigentes que son los rostros públicos que bloquean el progreso real. Precisamente por esto, Biden necesitaba presentarse en los piquetes huelguistas de los estados indecisos y llevar a casa su mensaje de justicia para los trabajadores.

No fue suficiente enviar al ex gobernador de Iowa para una breve aparición en el estado de origen entre sus principales eventos en la ceremonia del Premio Mundial de la Alimentación. Con el 6 de enero y las elecciones de 2022 y '24 en mente, el presidente necesitaba abrazar a los trabajadores en los piquetes de John Deere en persona y llevar a cabo una educación política amplia sobre quién realmente está causando el dolor en la vida de los trabajadores. En cambio, la administración se aseguró de afirmar que dejaría que esos trabajadores se defendieran por sí mismos contra una corporación gigante repleta de miles de millones en ganancias. Necesitamos entender que las acciones públicas de Biden hacia los trabajadores en huelga son tan importantes, si no más importantes, que sus nombramientos en agencias gubernamentales, que sólo entienden los expertos y tecnocrátas.

En el oeste, más de 100,000 empleados de tiendas de comestibles en Colorado, California y el estado de Washington ya están trabajando de manera cooperativa a medida que se acercan a los vencimientos de los convenios a partir de marzo-abril de 2022 con los gigantes de la industria Kroger y Safeway. Los dirigentes de los locales más importantes del Sindicato de Trabajadores Comerciales y de la Alimentación han estado construyendo lazos de solidaridad entre los sindicatos locales durante los últimos años. 

Si comenzamos a imaginar huelgas en toda la costa oeste, junto con huelgas en estados críticos, ya sea para obtener mejores convenios o para exigir el reconocimiento sindical en los sectores de la logística y la cadena de suministro, podemos comenzar a ver un camino que nos aleja del triunfo del trumpismo en 2022 y luego un Donald Trump o un similar ganando en 2024. 

Las mejores organizaciones sindicales se ha centrado durante mucho tiempo en coordinar los convenios para que expiren al mismo tiempo en todas las industrias, empleadores y ubicaciones geográficas. Esto se conoce como "alineación de convenios" y se ubica durante las grandes temporadas de elecciones políticas nacionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores se sientan y prestan atención a la acción colectiva cuando sus convenios colectivos van a expirar. Y dado el cinismo que la mayoría de la gente tiene con razón hacia la política electoral, se necesitan movilizaciones por convenio y huelgas para participar en una educación política significativa sobre qué grupo de políticos está conectado con qué grupo de empresarios corporativos.

En lugar de rendirnos a la tristeza, debemos tener en cuenta que los trabajadores cuyos convenios vencen tienen la mejor oportunidad de crear las condiciones para arreglar nuestra democracia rota (y mejorar sus sindicatos mediocres). 

Los trabajadores sindicalizados cuyos convenios no vencen en 2022 deben explorar de inmediato todas las oportunidades de huelga a mitad de convenio, ya sea por violaciones de seguridad y salud o por demandas para negociar sobre el impacto de los cambios en el lugar de trabajo de la era de la pandemia. 

Los trabajadores que aún no están sindicalizados deberían intentar emular las acciones decisivas tomadas por dos grupos diferentes de trabajadores a principios de diciembre. Un pequeño pero poderoso grupo de trabajadores de Starbucks en Buffalo logró lo que nadie antes había logrado cuando derrotaron una despiadada campaña para acabar con los sindicatos encabezada por el director ejecutivo y ex candidato presidencial Howard Schultz y ganaron la elección de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. 

A tres mil millas de distancia y solo un día antes, la mayor victoria organizativa del año se logró utilizando una estrategia diferente para formar un sindicato bajo la ley laboral de EEUU: 17,000 investigadores académicos de todo el sistema de la Universidad de California pidieron el reconocimiento voluntario de su demanda de un sindicato. Cuando sus jefes se opusieron, se organizaron para una huelga mayoritaria y después de anunciar los resultados de su votación de autorización de huelga, el empleador cambió repentinamente de opinión y acordó reconocer al sindicato. 

Esta segunda estrategia fue mucho más común en el siglo XX que en la actualidad, y su reactivación es urgente en un período en el que la vulnerabilidad cada vez más obvia de la cadena de suministro "justo a tiempo" ha abierto una importante ventana de oportunidad para que los trabajadores obtengan beneficios sobre el capital.

Ahora más que nunca, como avanzan los sindicatos, así avanza la democracia.

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Fecha Publicación: 2021-07-21T20:13:00.000-05:00


¿Qué hacer?... la vieja pregunta regresa nuevamente, cuando en la coyuntura aparece la posibilidad de hacer cambios sustanciales.

Cada uno, como individuo podrá tomar la decisión que le corresponda según sus ideas e intereses. Pero, los grupos sociales, en este caso particular, los trabajadores, los sectores populares frente al nuevo gobierno deben, como cada cierto tiempo en la historia, preguntarse ¿qué hacer?

Antes de responder, tal vez lo primero es constatar que el nuevo gobierno será popular. Popular en el sentido más social, casi demográfico del término. Pedro Castillo es un profesor rural de un distrito pobre. Nadie de un origen social similar ha llegado a la presidencia en el presente siglo. Tendremos entonces un gobierno popular. Y eso, no es poco. 

Lo segundo es que el nuevo gobierno popular ha propuesto cambios sustanciales. Es decir, cambios que buscan redistribuir las relaciones de poder en la sociedad, Y propone hacerlo a favor de los sectores populares, de los trabajadores, de los pobres. Propone cambios que le darán más voz y agencia (casi poder) a los pobres del país. Y eso, no es poco. 

En tercer lugar, los enemigos del nuevo gobierno son los grupos más recalcitrantes de la derecha local. Es el fujimorismo, ahora claramente una organización criminal y la ultraderecha neonazi que ya no tiene nada de pintoresca. Enemigos que juegan dentro y fuera de la legalidad. Y eso, no es poco. 

Entonces, para los sectores populares y la clase trabajadora del país, la vieja pregunta ¿qué hacer? puede responderse así: Organizarnos. Lo primero es organizarnos. Necesitamos más organización popular, construir un tupido tejido social de asociaciones barriales, sindicatos, cooperativas, colectivos, redes. Sin organización no hay movilización. Sin movilización no hay apoyo social y político. Y eso, no es poco.

Porque lo segundo es apoyar al gobierno. Ya basta del miedo clasemediero limeño de ensuciarse las manos con un gobierno que podrá tener errores, pero es nuestro. Por cualquiera de las tres razones, el nuevo gobierno requiere apoyo. Ya sea en las calles cuando haya que salir, en las redes cuando haya que tipear y en cada espacio social donde la derecha va a sabotear sus propuestas, mentir sobre sus intenciones y sembrar temor u odio, tendremos que hablar, explicar, discutir para que el resto de ciudadanos y ciudadanas no caiga en la desinformación derechista. Y eso, no es poco.

Y finalmente, el apoyo será crítico, porque todo proceso social debe mirarse y contrastarse. Por que no hay iluminados, profetas ni tecnócratas que no puedan debatirse. Desde el mismo lado del conflicto social, la organización popular y sindical articulando el más amplio apoyo crítico para derrotar a la derecha golpista y la esterilidad ultraizquierdista. Para que los cambios sustanciales como la nueva constitución logren avanzar, para que los pobres tengan su gobierno. 

Y eso, definitivamente no es poco.


Fecha Publicación: 2021-06-02T18:52:00.000-05:00


Resulta curioso que una de las elecciones más ideologizadas en el presente siglo haya tenido al mundo del trabajo parcialmente ausente. Más aún cuando una de las candidaturas es claramente de izquierda. 

En parte, estos silencios se explican entre otras razones por la ausencia de un debate político durante las ultimas décadas alrededor de los temas laborales. El sentido común neoliberal en su versión tecnocrática convenció a la opinión pública que temas como estabilidad laboral, libertades sindicales y derechos laborales eran más bien obstáculos para el desarrollo o en el mejor de los casos, permanencias anacrónicas que lentamente irían desapareciendo. 

Por otro lado, el movimiento sindical peruano no ha tenido oportunidad para colocar su agenda en el proceso electoral. Se trata ciertamente de un sindicalismo pequeño y muy disperso; que no logra ordenar su propia agenda terminando en un amplio conjunto de demandas y muchas luchas desconectadas. El repertorio de luchas laborales queda corto con respecto a la conflictividad laboral. El mejor ejemplo de esto es lo que pasó con los trabajadores de la agroindustria que se movilizaron fuera de la estructura sindical existente.

Pero más allá de estas particularidades, tratemos de aportar a la agenda del sindicalismo nacional. Se trata entonces de discutir los cambios, prioridades y medidas legislativas o normativas que deberían ser prioridad en un gobierno de izquierdas. 

Anoto que son propuestas generales, no particulares. Muchas federaciones sectoriales tienen demandas muy concretas y válidas. Pero la idea es pensar las demandas generales, que permiten el fortalecimiento de TODO el movimiento sindical.

Sobre empleo

a.- El régimen general debe ser general

En la actualidad aproximadamente el 70% de los trabajadores se encuentra fuera del régimen general en materia laboral. Es decir, son trabajadores bajo un régimen especial o laboran en la informalidad o tienen contratos temporales desnaturalizados.  

Hasta la década de los años 80 era al revés. El 70% disponía de estabilidad laboral. Hay que regresar a la estabilidad laboral. Los empleos que desarrollan una labor permanente deben tener un contrato permanente. 

Un contrato con estabilidad laboral no significa que si cometes una falta grave el empresario no pueda despedirte. Si hay causa justa, el contrato laboral puede romperse y proceder al despido. Pero tiene que existir una causa justa, objetiva, real. 

Todos sabemos que un día el empresario está de mal humor y decide botar a un trabajador, va y lo hace.

Por eso, estabilidad laboral a los tres meses. 

CONFIEP no te desmayes. 

b.- Eliminar la suspensión perfecta de labores. 

La formula de "suspensión perfecta de labores" ha devenido en un abuso sistemático. Era una modalidad para utilizar en situaciones de desastres que impedían el funcionamiento temporal de una empresa. Pero ahora ha devenido en un adelanto de despido para los trabajadores temporales. 

La reforma podría ser simple. La suspensión perfecta debe incluir un bono económico que podría ser el 50% de la remuneración percibida asumida por la empresa con cargo a descontarla de los impuestos que debe pagar. 

Lo segundo es que un trabajador al estar en suspensión perfecta detiene el transcurso de su contrato temporal, es decir, si tenía un contrato de tres meses y se aplica la suspensión al primer mes, su contrato queda en dicho mes y no se cancela a los dos meses. El trabajador al terminar la suspensión dure lo que dure, trabajará los dos meses consiguientes. 

Es decir, debemos desincentivar el uso empresarial de la suspensión perfecta como un adelanto de despido. En el caso de los trabajadores estables, no podrían pasar de una suspensión perfecta a un despido incausado

c.- Condonar la deuda de los trabajadores con licencia con goce de haber por vulnerabilidad

Es una medida concreta que resulta útil en la actual coyuntura. Los trabajadores que están en licencia con goce de haber están siendo presionados para laborar jornadas de 12 horas o para eliminar vacaciones, con tal de retribuir los días no trabajados. 

Pero estos días no trabajados no han sido por motivos personales sino por razones de salud principalmente. El Estado puede legislar para que se condone esta deuda de horas a los trabajadores a cambio de beneficios tributarios para las empresas. 

d.- Eliminar el régimen textil.

No hay mucho que decir aquí. El régimen laboral textil de incentivo a las exportaciones debe ser eliminado. Ningún trabajador textil debe pasarse la vida entera trabajando con contratos de tres meses. 

e.- Ley de primer empleo con derechos. 

Más que una ley de empleo juvenil se debe promover una ley del primer empleo con derechos, para los jóvenes garantizando una remuneración digna y todos los derechos laborales. las empresas que contraten trabajadores menores de 25 años recibirán incentivos tributarios.

f.- Regular la tercerización

Hay un largo debate sobre la tercerización. Debemos regresar a un enfoque regulador, pues la tercerización es la puerta para la precariedad laboral. Los trabajadores por "contrata" en todas las actividades económicas son sinónimo de empleo precario, barato, inseguro. 

Y realmente, no es que se gane mucho en una empresa por tercerizar la limpieza o el transporte. Todos sabemos que el incentivo para tercerizar todo fue debilitar a los sindicatos. 

g. Apoyo a Mypes que incorporan trabajo con derechos

Claro que hay que apoyar a las Mypes, pero no a costa de los derechos laborales de los trabajadores. Si no más bien, hay que promover que las Mypes contraten de manera formal y con todos los derechos a sus empleados. Para esto, recibirían beneficios tributarios por incorporar a planilla a los trabajadores. 


Sobre derechos laborales y sindicales

a.- Protección a los dirigentes sindicales

La normativa que protege actualmente la actividad sindical es escasa e inefectiva. Es necesaria una Ley de protección a la actividad sindical que como en Chile o Uruguay, establezca mecanismos que garanticen que los dirigentes sindicales no serán trasladados o despedidos argumentando razones falsas. Un ejemplo concreto es para despedir a un dirigente sindical se requiere de una sentencia judicial firme que establezca la causa justa. Mientras dure el proceso judicial, el dirigente seguirá laborando y desempeñándose como dirigente. 

Asimismo, las acciones antisindicales ejercidas por los empleadores deben tener sanción penal. 

b.- Sindicatos por grupo y sindicatos por rama de actividad

La evidencia empírica y la investigación académica han demostrado que la fragmentación en sindicatos de empresa perjudica la defensa de los derechos laborales, y precisamente la legislación laboral fomenta dicha fragmentación y pone obstáculos para la formación de sindicatos de rama de actividad o de grupo empresarial. 

El caso de los compañeros de Telefónica es un buen ejemplo. Hay varias razones sociales de empresas que pertenecen a la Corporación telefónica pero los trabajadores no pueden formar un Sindicato de Grupo Empresarial, sino varios sindicatos de empresa. 

Se requiere modificar la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo incorporando la figura del "sindicato por grupo empresarial" y "sindicato de rama de actividad".

c.- Negociación colectiva por rama de actividad

Luego de lo anterior hay que modificar la misma norma, la Ley de relaciones Colectivas de Trabajo para señalar que el ámbito de negociación promovido por el Estado es el de rama de actividad. Para lo cual se debe establecer que a falta de acuerdo entre las partes en cuanto al ámbito de negociación se realizará a nivel de "rama de actividad". 

Inmediatamente hay que establecer el procedimiento de dicha negociación en la misma norma. 

d.- Ley de huelgas

La actual Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo limita el ejercicio de la huelga al periodo de negociación colectiva ya sea durante el proceso o cuando no se cumplen sus acuerdos. Y establece sólo un tipo de huelga: la general y fuera del centro de trabajo. Con esta medida dictada en 1992 y vigente hasta la fecha, los legisladores del  fujimorismo creyeron que podían desaparecer los conflictos laborales, pero no lo han logrado, solamente se han convertido en conflictos "ilegales". 

Se requiere de una Ley de Huelgas que garantice el derecho a hacer huelgas en sus diversas manifestaciones, como huelgas escalonadas, huelga por horas, huelga por secciones, huelga por turnos, huelga de solidaridad, huelga por vidas en riesgo, huelga con ocupación del centro de trabajo, huelga por afectación de libertad sindical. 

Aquí no estamos inventando nada, sino estableciendo una cancha pareja para que trabajadores organizados y empresarios puedan resolver en canales formales sus naturales diferencias. 

Sobre relaciones laborales

a.- Darle poder al Ministerio de Trabajo

El MTPE debe dejar de ser un ministerio "promotor del empleo". Debe avocarse al empleo asalariado tanto como al autónomo. La promoción del empleo que pase a un ministerio social. El ministerio de Trabajo debe ser solamente del trabajo asalariado y autónomo, para lo cual el gobierno debe tener la meta de triplicar en cinco años su actual presupuesto. Los recursos deben utilizarse principalmente para fortalecer la profesionalización de sus trabajadores y funcionarios; para dotar a las Direcciones Regionales de la infraestructura y personal adecuado; asimismo se debe informatizar la gestión ministerial y especialmente los trámites de registro sindical, negociación colectiva y resolución de conflictos.  

b.- Discutir la fiscalización laboral. 

La fiscalización laboral en el país no funciona cabalmente a pesar de los esfuerzos de los inspectores laborales. Pero no tienen personal, ni recursos, ni un buen marco normativo. Hay que revisar todo eso. 

Necesitamos una inspección laboral firme, fuerte y con autoridad para hacer respetar las normas laborales. 

c.- Potenciar al Comite de SST

Hay que darle una revisada a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para que recupere funciones el comité paritario establecido en dicha norma. Este instrumento -el comité- es vital en la presente coyuntura y se le podría encargar de la supervisión y monitoreo del respeto de las normas de seguridad y salud en el centro de trabajo. 

Hay que devolverle el poder a la Ley 29873.

d.- Establecer el "Comite Paritario de Disciplina Laboral"

En la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo se deja en la empresa prácticamente todo el poder disciplinador y regulador en el centro de trabajo. Esto que parece lógico, no lo es. Ya no es el siglo XIX.

Dejar la disciplina de manera absoluta en manos del empresario ha sido la puerta para todo tipo de abusos y prácticas arbitrarias, que no tienen mecanismo de protección cuando la inspección laboral demora tres meses en llegar a una empresa. 

La solución es simple, establecer un "Comité Paritario de Disciplina" en el centro de trabajo que revise todas las faltas que ameriten una suspensión laboral. La empresa puede seguir enviando amonestaciones escritas pero si quiere suspender el trabajo y por ende perjudicar la remuneración a un trabajador, es necesario discutirlo en un comite paritario que resuelva cada caso.  


Bueno, esto son aportes generales, para una agenda general que no se limite a parchar problemas o resolver demandas sectoriales. Porque de lo que se trata es de ir hacia cambios que le den más poder a la clase trabajadora. 



Fecha Publicación: 2021-02-01T12:39:00.002-05:00

Foto de: https://manoalzada.pe/editorial/rafael-lopez-aliaga-el-candidato-de-la-ultraderecha

La palabra "facho" viene de fascista. El fascismo es una ideología extremista de derechas. La forma más conocida de fascismo es el nazismo pero no es la única. 

Los extremismos son conjuntos de ideas, propuestas, opiniones y prácticas que no distinguen matices en sus percepciones de la realidad. El fascismo pretende explicar sus opiniones mediante verdades absolutas. "Así fuimos hechos por la naturaleza y por Dios" es un buen ejemplo de una postura extremista que sirve para justificar la homofobia de algunas personas. 

El extremismo político construye un "enemigo" esencial sobre el cual recaen todas las causas de todos los males. Así muchas veces asumen posiciones racistas. Para los nazis, los judíos (todos sin excepción) eran la causa de los males que aquejaban al pueblo alemán. 

En la actualidad, los fachos de ahora buscan culpar por ejemplo a: los inmigrantes (a los venezolanos en general), los "políticos" (desde una falsa posición anti-política), los homosexuales (es decir toda la comunidad LGTBI), los "comunistas" (el famoso terruqueo) y claro también a los judíos. 

Siempre se trata de culpar o condenar a toda una colectividad, en general. No por lo que las personas hacen; sino por lo que las personas son

¿Y eso que tiene de malo?

En la democracia, las diferencias se establecen en base a las acciones. Lo que un gobierno hace o no hace. De esta manera se crea un debate público que discute lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Un gobierno o partido que "hace mal las cosas" luego puede cambiar y "hacer bien las cosas". 

La democracia es contingente, es cambiante. No se discute lo que la gente debe pensar o debe ser. 

Los fachos, no. Los fachos condenan a grupos sociales por lo que son o por lo que no son. No importa lo que hagan las personas. 

  • "Los venezolanos son ladrones"
  • "Los izquierdistas son terrucos"
  • "Los gays son pervertidos"  

y al mismo tiempo en positivo:

  • "La religión católica es la única verdadera"

En esta intolerancia estructural se desarrolla el pensamiento fascista. Es por eso que es fundamentalmente antidemocrático, aunque participe en procesos electorales. 

¿Entonces, todos los fachos son nazis?

No necesariamente. Seamos más claros. Los nazis eran un partido político fascista que existió en Alemania entre 1920 y 1945. Era un fascismo con tintes militaristas. Como partido político participó en elecciones -ganó alguna- y luego destruyó la democracia e instauró uno de los regímenes más inhumanos de nuestra historia moderna. Fue necesaria una amplia alianza mundial y una guerra (la segunda guerra mundial) para destruirlo.  

¿Pero ahora, no son unos loquitos que no merecen atención?

En las democracias siempre se ha visto con incredulidad a los fachos. En Alemania, los primeros nazis parecían efectivamente unos loquillos con sus uniformes y saludos. En EEUU, los grupos de la Alt-Right eran vistos con escepticismo hasta que asaltaron el Capitolio. En Brasil, el discurso racista y homofóbico de Bolsonaro no era tomado en serio hasta que ganó las elecciones. 

La experiencia histórica señala que los fachos nunca deben ser subestimados. Su discurso político tiene éxito porque es simple, más exactamente es simplón, esquemático, básico. Y da respuestas para todos los problemas de la gente identificando un culpable ajeno y extraño. 

  • ¿Porque no tengo trabajo? Por culpa de los venezolanos.
  • ¿Porque no tengo novia? Por culpa de los gays y lesbianas.
  • ¿Porque me han despedido? Por culpa de los políticos.
  • ¿Porque me jala el profesor? Por culpa de los izquierdistas. 

Puede parecer absurdo pero es también un discurso eficaz. Que crece en la ausencia de debate. Los fachos no discuten pues sus opiniones son "verdades" y las verdades no se discuten.  

Una democracia no puede dejar crecer al fascismo porque mientras más grande resulta más difícil de erradicar. El fascismo es el covid de la democracia.   

¿Los fachos no son una opción política simplemente más radical?

No. Hay que utilizar bien el lenguaje. Extremista no es lo mismo que radical. En el lenguaje común parecen sinónimos pero en el ámbito político no lo son. Una posición extremista es aquella que no acepta matices y se entiende así misma como una verdad absoluta. Una posición radical es aquella que busca identificar las raíces de los problemas o situaciones.   

Los fachos no son una opción más. Son un movimiento antidemocrático. Utilizan las reglas de la democracia para destruir a la democracia. 

¿En una democracia no debemos tolerar a todos por igual?

Una democracia tolera a los tolerantes. La lógica democrática es de reciprocidad. Pues la democracia no puede ser ingenua ni indefensa. 

Los grupos que condenan a las personas por el color de piel o por su nacionalidad o por sus orientaciones sexuales no pueden pretender que se les tolere para que luego establezcan la intolerancia institucional y persigan a la gente que antes los toleró. 

¿Cómo identificar a un facho?

Lamentablemente, los fachos han aprendido de la historia y de sus fracasos, por lo que ahora no van -la mayoría- luciendo camisas pardas o banderas con esvásticas. Ahora se esconden en organizaciones religiosas conservadoras que funcionan como cultos cerrados. En el Perú, el pensamiento conservador tiene una amplia raigambre tanto en sectores populares como clases medias. Sobre esta base conservadora, los fachos buscan crecer polarizando las posiciones hacia discursos racistas, homofóbicos, anticomunistas y antiliberales. 

Entonces basta escuchar a un candidato. Si afirma "verdades absolutas" como que "la religión católica es la base de la nación peruana" o se opone completamente a libertades básicas como las preferencias sexuales, el aborto; o presente los roles de género como absolutos: "los niños de celeste y las niñas de rosa"; entonces podemos estar frente a un facho. Obviamente, no se trata de una frase, sino de discursos y prácticas orientadas en este sentido. 

En el país hay mucha gente conservadora; pero ser conservador no implica ser intolerante. El conservadurismo en política supone la preferencia por valores tradicionales frente a los nuevos valores más liberales. Es cierto que a veces, los conservadores se mueven hacia el extremo fascista. 

Con los fachos no se trata de preferencias sino de condenas. El facho condena -y luego persigue- todo aquello que es diferente a él. 

Al mismo tiempo: 

  • El facho invoca la democracia pero no es demócrata.
  • El facho invoca los valores conservadores pero no es conservador.
  • El facho invoca al pueblo, pero es elitista.   

¿Y qué hacer? 

Leer. Informarse. Discutir. 

Dar la pelea. No darle respiro. El fascismo es enemigo de la humanidad.

Se debe identificar, informar y desenmascarar a los fascistas del escenario público. 

Hay que informar y discutir para que en estas elecciones ningún voto vaya a candidatos con veleidades fascistas.  

Como ven, estoy diciendo informar muchas veces. Eso es porque el fascismo crece en el oscurantismo y la ignorancia. Donde no hay información veraz, sino mentiras, los fachos lo tienen fácil. Donde la gente no lee ni discute termina aceptando cualquier cosa por cierta. 

   

Etiquetas: [CGTP]  [clasismo]  [debate sindical]  
Fecha Publicación: 2020-11-19T21:05:00.004-05:00
En la tarde del jueves 12 de noviembre se realizó una de las manifestaciones más grandes e importantes del país. Cientos de miles de personas se movilizaron en la capital y en diversas ciudades del país. En esos mismos momentos, la dirección sindical de la CGTP había convocado a una “Asamblea de Bases” mediante Zoom para que los dirigentes sindicales de las bases de la principal central sindical discutan desde sus casas y por computadora, la situación política del país y las medidas que deberían tomarse. 
Tomado del Facebook de la CGTP



¿Por qué la principal central sindical permaneció inmovilizada mientras el país atravesaba una crisis política que ponía en las calles a importantes sectores sociales?

Una primera respuesta podría estar en la reunión del secretariado ejecutivo realizada el martes 10 donde se discutió la posición de la central mariateguista frente a la vacancia de Vizcarra y el nuevo gobierno de Merino. Según testimonio de varios participantes en dicha reunión, la mayoría se inclinó por esperar el nombramiento del nuevo ministro de trabajo.

Efectivamente, el cálculo político en un contexto de incertidumbre ha sido una respuesta habitual del sindicalismo local pero dadas las características de la coyuntura no parece ser una buena respuesta. Al mismo tiempo parece insuficiente para explicar no solamente silencio sino inmovilidad.

Las razones de fondo hay que buscarlas más allá. Por un lado deberíamos empezar a reconocer que el sindicalismo peruano es viejo. O más precisamente, el sindicalismo confederal es viejo. Las direcciones de las centrales sindicales empezando por la CGTP tienen liderazgos muy mayores, es decir, por encima de la cincuentena. Lo cual en sí no es un problema pero supone otras características derivadas de esto. La principal es la desconexión del trabajo real, del mercado laboral en tanto se trata de dirigentes que laboralmente son jubilados o desempleados antes que dirigentes en actividad con alguna licencia sindical efectiva.

De lo anterior se deriva la brecha digital. La actual dirección sindical se ha formado en el volante, en el mimeógrafo, en el periódico mural. Le es difícil entender las redes sociales y moverse en el WhatsApp y no hablemos del TikTok.

Si revisamos el portal de Facebook de la CGTP se constata que no hay una política mediática y mucho menos una línea sindical para las redes sociales. La persona que mantiene dicha página está posteando para su mismo grupo de referencia, no para los trabajadores y trabajadoras del país. Si no eres un sindicalista mayor, varón, de izquierdas difícilmente vas a encontrar algo de interés allí. Otro tanto en el Twitter de la CGTP. El cual tiene un tuit del pasado 13 de noviembre pero el anterior es del 30 de octubre!! Con una regularidad de un tuit quincenal y teniendo como ejes centrales el tema de los jubilados y la FSM queda claro que dicha red social no es prioritaria para la central sindical.

Todo lo cual es un problema para el sindicalismo peruano y explica porque ha estado literalmente desconectado de la realidad social de los últimos días. Mauricio Saravia y Hugo Ñopo en base a las encuestas del IEP e IPSOS buscan la relación entre participación en protestas (según data registrada por el IEP) y acceso digital, encontrando que efectivamente las protestas contra Merino tuvieron un carácter “viral” y que las redes sociales fueron claves para preparar y organizar las marchas.

Entonces, el hecho que la CGTP carezca de una política mediática en redes no sólo le impide acercarse a los trabajadores y trabajadoras del país sino que la aleja del escenario político.

Pero no basta estar “desconectados” para explicar la inmovilidad del sindicalismo confederal. Pues, con algo de sentido político podrían haberse incorporado a la protesta ciudadana. Como he señalado varias veces en otras oportunidades, uno de los méritos de la CGTP había sido precisamente su sentido de la oportunidad política para surfear estados de ánimo social y dar orientación a las protestas, más allá de su real capacidad organizativa.

Pero esta vez no la vieron. Sin embargo, algunos sindicatos de base salieron a marchar a pesar del silencio de la CGTP. Por ejemplo el Sindicato SITOBUR de las trabajadoras y trabajadores de limpieza pública de Lima, donde labora Isabel Cortez; el sindicato de Construcción Civil del Cusco o el SINCA que es un joven sindicato con 500 afiliados de la industria de audiovisuales y publicidad; todos ellos participaron activamente de la movilización del jueves y sábado.

El silencio de la CGTP no era una posición que podríamos entender como “de clase” pues un somero análisis de la coyuntura nos muestra que el gobierno de Merino y Flores Araoz representaba serias amenazas para los asalariados del país.

Uno de los elementos que hemos señalado antes podría considerarse para explicar nuestra pregunta principal. Se trata de la ideologización de la dirección sindical de la CGTP. Esta parte queremos que se entienda bien. El sindicalismo hace política y es político, aquí y en todas partes. es parte del ejercicio de la ciudadanía. Muchas veces dicha política está orientada a las posiciones de izquierda. Esa es una verdad histórica y práctica, nuevamente, aquí y en muchas partes. Algunos sindicalismos construyen a partir de sus prácticas políticas una adhesión a una ideología en particular.

Como sabemos, el concepto de ideología tiene dos dimensiones. Por un lado es una visión articuladora e integral que traduce la realidad para que sea entendida -y criticada- por el colectivo social. Pero una ideología puede ser también una manera de abstraerse de la realidad mediante unas anteojeras que lejos de ayudar a ver, sesgan u oscurecen la realidad.

La actual dirección sindical de la CGTP se ha formado en la pugna ideológica de la Guerra Fría, de la defensa de la Unión Soviética, del sindicalismo militante y comunista. Aquí nuevamente, hago una precisión: esta tradición ideológica tiene elementos muy importantes y válidos incluso ahora y más en una sociedad tan desigual y hegemonizada por el mantra neoliberal como nuestra sociedad. Sin embargo, no puede ser la única matriz ideológica de un sindicalismo que pretenda representar a los trabajadores y trabajadoras del país en el 2020.

Básicamente porque le impide ver los matices de la realidad social. Le impide pensar con su propia cabeza y depender de posicionamientos partidarios que están lamentablemente más desconectados de la realidad social. O la limita a cálculos tan pragmáticos que ya colindan con el oportunismo político.

Al mismo tiempo la sobreideologización de sus cuadros directivos los vacuna frente a cualquier forma de responsabilidad política. Cuando asumes que eres el “único sindicalismo clasista” pues ya no existen los errores ni la rendición de cuentas; tampoco el debate ni la contrastación de ideas. Y toda crítica será desechada porque seguramente “le da armas al enemigo” (que es lo que seguramente dirán de este artículo).

El problema es que dicha ideologización solamente funciona en las más altas alturas del sindicalismo mariateguista, pues en las federaciones sectoriales y en los sindicatos de base lo que tenemos son dirigentes y dirigentas que defienden en el terreno sus derechos laborales, que asumen una posición de clase de manera cotidiana y enfrentan la misma ofensiva patronal que existe desde 1992. Se trata de sindicalistas que comparten una conciencia de clase pero no el carnet de un partido.

Se trata de un sindicalismo real y de clase, pero sin asumir todo el resto del paquete ideológico (que incluye la defensa de la URSS, de Stalin, de Maduro, de Putin, de la FSM, junto con las propuestas del grupo político de turno). Nuevamente, no está mal si alguien asume dicho paquete. El tema es confundir lo que es una opción con un requisito.

La CGTP ha sido durante mucho tiempo un sindicato de equilibrio, dado su tamaño y sus limitaciones. Ha logrado durante mucho tiempo logros importantes incluso en este siglo. La gestión de Juan José Gorriti y con mejores resultados la de Mario Huamán supieron ubicarse y responder con sentido político a la coyuntura y los cambios del escenario. Un sindicalismo de equilibrio busca reordenar la correlación de fuerzas para obtener resultados tangibles dentro de un marco político y jurídico.

Pero ahora dicha forma parece agotada por las razones que hemos señalado. Por muchas reuniones que logren pactar los dirigentes con congresistas, ministros o incluso presidentes; no logran un mejor equilibrio. La crisis de la pandemia es un buen ejemplo de dicha ineficacia.

Necesitamos un sindicalismo de cambio. Se trata de un sindicalismo que plantea medidas extrainstitucionales que fuercen a un cambio radical en el marco normativo que regula las relaciones laborales y la política del país. Un sindicalismo de cambio que ya no se conforma con la modificatoria de un artículo en una ley, con la formación de una mesa de trabajo, una comisión en el congreso o una foto en algún diálogo nacional.

Los trabajadores y trabajadoras del país, que son jóvenes, hombres y mujeres, que laboran sin contrato, o son CAS o no saben que es vacaciones u horas extras pagadas, los que tienen miedo de formar un sindicato o los que negocian con empresas que ofrecen un centavo de aumento; todos y todas ellas necesitan un sindicalismo de cambio.


Fecha Publicación: 2020-02-17T12:01:00.002-05:00


El "reportaje" emitido por "Cuarto Poder" el domingo 16 de febrero sobre supuestos abusos en materia de negociación colectiva en el sector público tiene serias inconsistencias y afirmaciones erróneas. 

Resulta lamentable que un programa periodístico se preste a difundir una visión sesgada, incompleta y distorsionada de un tema que es realmente importante para nuestra sociedad y el Estado. La situación actual en materia de remuneraciones y negociación colectiva que el Decreto de Urgencia 014 ha vuelto a poner en debate no es sencilla ni reciente. Tiene una larga historia y muchos acápites que merecen un reportaje más objetivo e independiente. El periodismo no puede reducirse a hacer publirreportajes ni siquiera para el Ministerio de Economía.  

Aquí enlace al reportaje aludido

Aquí una explicación que busca ser esquemática y sencilla:

a.- En 1992 con el autogolpe de Fujimori se despidió a cientos de miles de trabajadores estatales. Con esto prácticamente se quebraron los principales sindicatos del sector público y el Estado dejó de negociar colectivamente con sus propios trabajadores. Es más, se prohibió en la práctica que los trabajadores estatales conformaran sindicatos pues no había donde registrarlos. Eran los tiempos que el Ministerio de Trabajo se rehusaba a registrar sindicatos del sector público.

b.- A partir del 2000 en democracia, la OIT observa el marco laboral y señala que los trabajadores estatales tienen derecho a la libertad sindical y el Estado debe regular la misma. Lo único que se avanza entonces, fue en ordenar el registro de sindicatos del sector público para lo cual se establece el ROSSP (Registro de Organizaciones Sindicales del Sector Público) que funciona en el Ministerio de Trabajo.

c.- Pero, se dejó en el aire el derecho a la negociación colectiva. Luego, los gobiernos para asegurarse que los sindicatos del sector público no pudieran acceder a la negociación colectiva, incluyeron el famoso "Artículo 6" en cada Ley de Presupuesto Público.

El artículo 6 decía: 

Artículo 6. Ingresos del personalProhíbese en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; Oficina Nacional de Procesos Electorales; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; Controlaría General de la República; Consejo Nacional de la Magistratura; Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.

d.- Este articulo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en setiembre de 2015, pues elimina el derecho a la negociación colectiva de todos los trabajadores del sector público. La sentencia señala directamente que dicho artículo prohibía la “negociación colectiva para los incrementos salariales de los trabajadores de la administración pública”. Aún más, la sentencia exhorta al Congreso de la República para que apruebe la regulación de la negociación colectiva. El TC le da un plazo de un año, a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 (plazo que no se cumplió). Nuevamente en otra sentencia del 26 de abril del 2016, el Tribunal Constitucional se ratifica al analizar la Ley Servir y señala que la restricción de la negociación colectiva a temas no económicos era inconstitucional.

e.- Entonces, el Decreto de Urgencia 014 no aparece para "ordenar los convenios colectivos y arbitrajes exorbitantes" como señala sesgadamente el reportaje televisivo. El DU 014 es una respuesta obligada del Estado a demandas concretas por parte del TC. El motivo real es que desde hace años el Estado peruano se opone sistemáticamente a negociar colectivamente con sus propios trabajadores. 

f.- El reportaje no dice que las tres centrales sindicales del sector público (CITE, CTE y UNASSE) venía coordinando una norma junto con el Congreso de la República. El Poder Ejecutivo y específicamente el Ministerio de Economía se ha opuesto a dicha propuesta y ha buscado imponer una propuesta elaborada únicamente por ellos. 

g.- Los "bonos" que señala el reportaje son en primer lugar, excepcionales, es decir, solamente en determinadas circunstancias los sindicatos públicos de algunas pocas instituciones han logrado establecer -por acuerdo de partes- estos bonos. Y en segundo lugar, se trata de una alternativa frente a la prohibición de aumentos ya señalada. Es decir, como un trabajador no puede incrementar su remuneración básica, entonces accede a un mayor ingreso a través de uno de estos bonos. 

h.- En realidad, dentro del Estado, todos los grupos laborales han buscado formas de resolver el problema de las remuneraciones. Todos conocen que en muchos ministerios, los puestos de algunos trabajadores bajo el régimen CAS tampoco pueden incrementar sus ingresos. Entonces, lo que ocurre es que se construyen nuevos puestos CAS con alguna pequeña diferencia y se establece una remuneración mayor. 

Luego tenemos el poco conocido régimen PAC (Personal Altamente Calificado) mediante el cual, un selecto grupo de funcionarios puede acceder a sueldos de 30 mil soles. Es decir, todos los grupos en el Estado (trabajadores sindicalizados, CAS y altos funcionarios) han encontrado una manera de "sacarle la vuelta" a la negativa de incrementar remuneraciones. 

i.- El DU 014 no "ordena la negociación colectiva" sino pone candados legales para que no hayan aumentos de remuneraciones reales. El MEF seguirá siendo el ente todopoderoso que va a definir los posibles aumentos por encima del acuerdo de las partes o de los árbitros. 

i.- Realmente, el problema de fondo es el desorden institucional en materia remunerativa que existe en el Estado y que la Ley Servir ni el DU 014 han logrado resolver. Y esto lo dicen expertos en la materia. Tampoco ayuda la cerrada posición del MEF que insiste en negar la negociación colectiva a los trabajadores estatales mientras otros grupos resuelven dicho problema de diferente manera. No hay una política remunerativa ni una política laboral realmente coherente e institucional dentro del Estado. Hay funcionarios que ganan 30 mil soles mientras en algunos ministerios más del 95% del personal esta con contratos CAS que como han reconocido diferentes expertos, se trata de precariedad laboral legal.  

Un programa periodístico debería de investigar -o por lo menos buscar en google- el tema y no limitarse a repetir lo que le dicta el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Enlaces:
Un buen texto sobre altas remuneraciones y desorden en el Estado

Más sobre el tema con información minuciosa


Etiquetas: [izquierda]  [perú]  [poder obrero]  
Fecha Publicación: 2019-11-22T14:27:00.002-05:00

La foto ilustra una feria de comida en un distrito limeño. Todos hemos visto una de estas ferias. Sabemos cómo funcionan. Un espacio común donde diferentes tiendas ofrecen sus productos al público. Cada puesto en teoría está en competencia con vecino. Entonces, cada puesto tiene un objetivo que es convencer al público de comprar sus productos. Pero, al mismo tiempo, es de común interés que más personas visiten la feria. Si no hay público, todos pierden. 

Entonces, una estrategia fallida sería que cada comerciante busque denigrar al vecino. Si un vendedor se dedica a denostar al del costado señalando sus defectos, la mala calidad de sus productos o sus inconsistencias; lo que va a ocurrir es que el público dejará de ir a dicha feria. Todos pierden. Esto es algo básico. Un grupo de comerciantes puede tener intereses comunes y diferenciados a la vez. No todo es competencia dura y salvaje. 

Ahora pensemos en cómo van desarrollándose las campañas de los dos grupos de izquierda principales: Juntos por el Perú (donde ahora se suma Nuevo Perú) y el Frente Amplio de Marco Arana. ¿Funciona como una animada feria popular o se parece más bien a una partida del viejo cachascan?

Lamentablemente, lo que tenemos son puyazos en las redes sociales, maleteo en televisión (por ejemplo éste penoso encuentro). Es cierto que en la cultura política de las izquierdas, hay una tradición de disputa y debate en tanto se busca la adhesión de un mismo sector social. Pero aquí lo que tenemos, más que una competencia por atraer a los sectores populares, es la descalificación del otro. No se trata de una discusión programática, ni ideológica. Muchas veces tiene un tono de individualismo moralistón (por demás ridículo en una cultura de izquierda) o simple soberbia intelectual disfrazada de sectarismo. 

Cada grupo de izquierda pretende construir su identidad a partir de la negación del resto de los grupos de izquierda. No tenemos una izquierda que afirme sino una que se ha acostumbrado a reemplazar la crítica argumentada por el epíteto fácil. Es como pasar del Manifiesto al Twitter.

Ciertamente, esta tendencia es notoria en los dos grupos que participan en las elecciones, pero no es ajena a la "otra izquierda" de los colectivos más radicales, que encuentra un placer infinito en "desenmascarar" al progresismo liberal como si estuviéramos en algún café de Petrogrado en febrero de 1917.

Pero eso, en todo caso solamente desgasta las juveniles energías de esa izquierda militante. La responsabilidad más grande yace en las dos agrupaciones que compiten en las próximas elecciones congresales. Por ejemplo, en el programa de televisión que he aludido, se discutieron durante varios minutos las credenciales "trostkistas" de uno de los candidatos. El argumento descalificador que utilizó el compañero del otro grupo fue repetir un viejo chiste que incluso en Facebook ya resulta infantil. La defensa fue igualmente absurda: tener más tiempo en la cárcel como certificado de compromiso. Penoso. 

Hasta aquí, mi catarsis frente a los sinsentidos de las izquierdas locales. Ahora quiero explicar mi punto de vista. Es bien simple: Las elecciones congresales que tenemos en enero, no son elecciones presidenciales. Y ´por lo tanto, responden a objetivos diferenciados. Es obvio.

Pero no parece obvio para los candidatos pues están actuando bajo dos premisas falsas. La primera consiste en creer que resulta más importante ganar las elecciones que derrotar a la derecha en su conjunto. 

Tanto JP como FA creen que pueden ser "la única oposición" a la derecha en el país. El único referente que puede representar a los sectores populares y dar un golpe terminal a la derecha empresarial, a la derecha fujimorista, a la derecha vizcarrista, a la derecha conservadora, a la derecha  aprista, a la derecha liberal. Asumiendo además, que varias de esas facciones de derecha operan como mafias en la práctica. 

Y no es así. En las actuales circunstancias ninguno de esos dos grupos puede representar todas las fuerzas sociales necesarias para un cambio de la correlación de fuerzas de dicha magnitud. No ellos y no ahora. La representación política de los sectores populares es ahora muy amplia, diversa e incluso a veces, inasible. Y doña Correlación de Fuerzas sigue siendo adversa a las izquierdas.

Por eso, el objetivo inmediato es derrotar a TODA la derecha políticamente representada. Y eso supone, que en enero tengamos un Congreso con una mayoría clara de izquierdas (así en plural y diverso). De nada sirve que la suma de los grupos de derecha sea mayoritario. De allí se desprende, que las fuerzas de izquierda, para estas elecciones, (para estas elecciones, léase bien) deberían actuar bajo la premisa de sumar fuerzas en contra de las fuerzas de la derecha.

Es decir, los intereses comunes antes que los particulares. Es decir, reconstruir el "espacio de izquierdas" en un electorado que no conoce, ni tiene los instrumentos para entender las pequeñas disputas personales y emocionales de nuestros líderes izquierdistas. 

Debemos funcionar como los comerciantes de la feria que describo al inicio. Hay que afirmar un  discurso "contra la derecha", no contra la izquierda, así sea rosada o roja intensa. Cada grupo tendrá su adversario principal, ya sea la derecha empresarial o la derecha conservadora, ya sea la mafia aprofujimorista o la derecha liberal. Debilitar a cualquier de ellas es útil ahora. Debilitar a JPP o a FA, no ayuda a los intereses generales del campo izquierda. 

Una segunda premisa errónea en las candidaturas que se van pronunciando, es creer que hay un gran espacio "de izquierda" que está en disputa. Es decir, que hay masas organizadas y militantes, que están en fila esperando simplemente una voz de mando, una bajada de línea, un llamado a la marcha, para que aparezcan cantando como en Novecento. Por lo tanto, hay que simplemente establecer que somos la dirección realmente de izquierda, desenmascarando a los falsos profetas y listo. 

Y no es así. No hay un "pueblo revolucionario" esperando a su verdadero Lenin. Esta distorsión pasa por pensar que la burbuja de facebook es real. Y no lo es. La pugna por demostrar que "el otro" no es "de izquierda" no suma votos en tu lado. Es canibalismo político y cuando una colectividad empieza a consumir a sus propios integrantes, termina mal, siempre. Como lo sabe cualquiera que ha visto una película de zombies. 

Por eso, me pregunto si no sería posible, un pacto sencillo que podríamos resumir en: "no jodernos entre nosotros, sino a la derecha". Si van juntos a una entrevista, no se ataquen entre sí, sino articulen los golpes contra la derecha. Que el electorado indeciso vea que puede votar por cualquiera de los dos, pero no por alguien de derecha. 

Es necesario construir un campo político de izquierda, con propuestas claras, concretas, serias, radicales, que desarmen toda la infraestructura política, económica e ideológica del neoliberalismo. Y tener un Congreso con mayoría de izquierda, sería un paso firme en la dirección correcta. Por eso, invito a cada candidato y candidata a asumir públicamente, esta propuesta sencilla. 

Es cierto que supone un "nosotros" que va más allá de tu grupo. Ojalá que puedas ver que efectivamente ése espacio existe. Si vas por la vida pensando que solamente tu grupo (ya sea de miles o decenas) es el "nosotros"; tal vez no estés haciendo política sino religión. 

Igual, no es mucho tiempo, sólo hasta las elecciones de enero y después si quieren, sigan comiéndose entre sí. 

Etiquetas: [antisindical]  [sindicalismo]  
Fecha Publicación: 2019-11-10T12:41:00.001-05:00

En el 2017, los trabajadores de la empresa MEDIFARMA se reúnen  para formar una organización sindical. 

El trámite en el Perú es engorroso, lento y completamente arbitrario. Es decir, no sólo hay que redactar actas y nominas, completarlas por triplicado, sino que luego estos documentos son "revisados" por un funcionario del Ministerio de Trabajo. 

Allí pueden suceder varias cosas. Si se trata de la formación de un sindicato en una gran empresa hay una alta probabilidad, que el funcionario ministerial decida informar a la empresa del proceso en curso. Lo cual es ilegal, pero como señalan muchos trabajadores, parece ser una práctica recurrente. El interés del funcionario es obtener algún tipo de reconocimiento por "el favor". Si se trata de una empresa pequeña, los documentos serán revisados minuciosamente. 

Según la ley, el Ministerio solamente registra al sindicato, es decir, no se trata de dar una autorización. Sin embargo, en la práctica, se trata de eso, pues la norma legal señala que el Ministerio puede "observar el registro" si detecta fallas "formales" en el trámite requerido. 

Bueno, esa es la entrada para que los funcionarios del Ministerio ejerzan la más amplia discrecionalidad sobre el proceso de registro sindical. Si un nombre fue mal escrito, si una palabra esta mal tipeada, si la numeración de un articulo del estatuto falta; el más mínimo detalle es observado. El registro es detenido. Y claro, se trata generalmente de errores de tipeo del acta o el estatuto. Pero allí, los funcionarios arguyen los principios jurídicos y no aceptan que la organización sindical corrija de buena fe, aquello señalado; sino que en la mayor parte de los casos indican que debe repetirse todo el proceso de asamblea. Un completo absurdo. 

Y este celo por la forma no conlleva a mantener un moderno registro sindical. No. En realidad el MTPE no tiene un "registro sindical" automatizado, moderno, con descriptores y campos de búsqueda. Lo más cercano al registro sindical es una hoja de Excel con nombres de sindicatos y fecha de inscripción. Luego, folderes de papeles puestos juntos en un almacén. Al Estado en realidad no le importa el Registro Sindical. 

Bueno, el sindicato de Medifarma logró superar esta primera valla. Una vez< registrado su organización sindical procedió a informar a la empresa y presentar su pliego de reclamos. 

¿Qué hizo la empresa? Desde entonces, la empresa se ha opuesto a la existencia del sindicato utilizando todas las formas legales y no legales para desaparecerlo. Ha despedido dirigentes sindicales, ha hostilizado a los afiliados y sigue despidiendo a afiliados y dirigentes. 

La empresa puede hacerlo. En el Perú, un empresario puede despedir a un dirigente sindical, puede despedir a toda la junta directiva de un sindicato y luego esperar que primero, se agote la vía administrativa, es decir, las inspecciones laborales (que asimismo puede dilatarlas u objetarlas). Luego puede esperar que un largo proceso laboral vaya agotando instancias, para que al final la Corte Suprema restablezca el derecho conculcado. Incluso allí, puede seguir poniendo obstáculos para el retorno de los trabajadores despedidos. 

En promedio, un dirigente sindical ilegalmente despedido debe esperar alrededor de dos años y medio para ser repuesto. Así, la empresa dispone de ese tiempo para terminar de disolver al sindicato. 

Efectivamente, con increíble audacia la empresa intento mediante un proceso judicial disolver a la organización gremial. Desde el 2017 hasta hace unos meses, los trabajadores debían de estar dedicados a un proceso judicial que desgasta el ánimo y perjudica sus economías. Afortunadamente, luego de un proceso, el Poder Judicial ha desestimado la demanda de la empresa. 

Probablemente, la empresa sabía que el resultado sería adverso. Pero, el daño emocional, organizativo y económico ocasionado al sindicato era suficiente. 

Todo esto ha impedido que desde el 2017, el sindicato logre negociar alguna mejora en sus remuneraciones o condiciones de trabajo. 

En la Constitución, se garantiza la libertad sindical; sin embargo, el caso de MEDIFARMA demuestra que una empresa puede violar sistemáticamente la Constitución y el orden normativo laboral, puede anular la actividad sindical, destruir un sindicato y salir impune. 

Lo que debemos tener claro, es que la actual Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo permite la violación sistemática de la libertad sindical. Es un marco normativo que impide un real ejercicio de  derechos constitucionales. Y debe ser cambiada. 

En segundo lugar, el caso MEDIFARMA no es una excepción sino lamentablemente es más recurrente de lo que pensamos. El MTPE por ejemplo no tiene registro de la cantidad de sindicatos que deja de existir en los dos primeros años del registro. ¿No es extraño que un grupo de trabajadores forme un sindicato y luego no se escuche más de ellos? Al Estado no le preocupa esa data. Y la verdad, es que no es difícil conseguirla. Bastaría tener un verdadero registro sindical automatizado que obligue a las partes a informar de su situación de manera anual. 

En tercer lugar, empresas antisindicales siempre van a existir. Pero para eso está el Estado, para fiscalizar y sancionar tales prácticas. Si MEDIFARMA recibiera todas las sanciones que corresponden por hacer lo que hace y si tuviéramos una ley que impida despedir dirigentes sindicales sin una sentencia judicial, todo esto no pasaría. 

Como vemos, al Estado peruano no le importan los sindicatos. No le interesa un debido registro ni le importa que puedan desarrollarse conforme señala el marco normativo. No le importan sus conflictos y con las justas apunta sus acuerdos. 

Por lo pronto, debemos solidarizarnos con los trabajadores de MEDIFARMA y apoyar la campaña de apoyo que FETRIMAP, INDUSTRIALL y la CGTP están coordinando. Apoyo y solidaridad para derrotar la ofensiva patronal. Los trabajadores y trabajadoras de MEDIFARMA no están solos. 


Etiquetas: [relaciones laborales]  [universidad]  
Fecha Publicación: 2019-11-03T12:50:00.001-05:00
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/asuntos-del-consejo-universitario-18/


El tema previsional es uno de los más importantes en las relaciones laborales. Lo vemos en las protestas en Chile, donde el modelo de pensiones privadas e individualizadas de las AFPs está a punto de ser dejado de lado.

Los cuestionamientos en Perú también van creciendo aunque la situación de los pensionistas tanto los que siguen en el sistema público de la ONP como en el privado de AFP es difícil por decir lo menos. 
En la PUCP el problema de un grupo de pensionistas (antes trabajadores administrativos y docentes) fue notorio y uno de los factores en la pasada crisis de dicha Universidad.

La nueva administración atendiendo las razones expuestas nombro una comisión que dialogue con los jubilados y encuentre una solución, es decir, un compromiso que como todo acuerdo supone un punto lo más cercano a lo que ambas partes consideran "lo justo".

Si uno revisa la página de Jubilados PUCP en facebook, verá la crónica de un conflicto bastante serio que animó a un colectivo con demandas concretas y claras. En un contexto difícil por la escasa confianza en las partes. 

Como señala un comunicado de los jubilados publicado en Jubilados PUCP:

Con el cambio del equipo rectoral se ha dado una apertura al diálogo que infructuosamente habíamos estado buscando desde hace tres años, es decir, desde el momento en que las anteriores autoridades intervinieron los acuerdos iniciales del CPJ que se suponían intangibles.

Es esa apertura la que ha posibilitado un entendimiento mutuo y también que constatamos por parte de ustedes una loable actitud de comprensión de nuestra situación, así como un reconocimiento de los muchos años que hemos dedicado a la Universidad Católica. Si ha habido por momentos desconfianza, eso se explica por la experiencia pasada, por las múltiples veces que nuestras expectativas se vieron frustradas por promesas que no se cumplían.

Este agradecimiento lo hacemos extensivo al doctor Eduardo Dargent, a la doctora Gladys Omura, a la licenciada Pamela Palma, al Padre José Bytton y al estudiante Luis Felipe de las Casas. Sin duda especial mención merece el rector doctor Carlos Garatea, así como los vicerrectores doctor Aldo Panfichi y doctora Cristina del Masto que desde un comienzo se mostraron dispuestos a escucharnos y a atender nuestros reclamos y facilitaron las conversaciones que han culminado en una solución que esperamos sea definitiva.

Las negociaciones laborales en contextos similares suelen ser largas, difíciles y con resultados inciertos. Los jubilados realizaron marchas, conferencias de prensa, y establecieron un piquete permanente al frente del Rectorado. Ciertamente, en una sociedad donde las relaciones laborales se caracterizan por la intolerancia, la administración Garatea demostró buen talante reconociendo el derecho de protesta de los trabajadores jubilados.

Ahora, se ha logrado un acuerdo que cierra este ciclo de protesta y entiendo que restablece la confianza entre las partes. Como todo acuerdo laboral, se trata de una negociación, de un punto entre lo deseable y lo posible.

Con todo, una mirada a las demandas iniciales de los trabajadores jubilados y los resultados anunciados, nos indican un resultado bastante positivo para ellos. Se esta logrando un monto de pensión por encima del promedio, así como otros beneficios y probablemente lo más importante es que se restablece un mecanismo institucional para la discusión del "complemento".

En las relaciones laborales vistas como un proceso, resultan muy importantes los mecanismos de diálogo que se establecen de manera institucional, es decir, que quedan incorporados en la empresa (en este caso, en la institución educativa) más allá de personas. De esta manera, unos y otros ya saben que las diferencias y expectativas tendrán un momento y un lugar para ser discutidas.

Por estas razones, me parece importante que los aprendizajes logrados por trabajadores y funcionarios de la PUCP sea conocida y en lo posible repetida. Como todo proceso, ha tenido sus momentos más tensos y conflictivos, pero al final, son los resultados lo más importante. 

Página de Jubilados PUCP

Fuente del acuerdo en PuntoEdu






Fecha Publicación: 2019-11-02T13:00:00.000-05:00

El presente artículo fue publicado por The Guardian el pasado 30 de Octubre de 2019. Es un buen reportaje de una de las huelgas más importantes en la economía capitalista contemporánea.
Esta traducido para nuestros lectores. Aquí la versión en inglés: https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/30/general-motors-gm-strike-future-work-collective-action

Nótese el detalle de la información y la perspectiva del artículo. Recurren a expertos neutrales y al propio sindicato.

Compare con la cobertura de El Comercio aquí: https://elcomercio.pe/videos/global/49-000-empleados-gm-inician-huelga-despues-12-anos-noticia-nndc-676704-noticia/

O con la de Gestión, que da voz solamente a la empresa y subraya la "pérdida" que representa llegar a un acuerdo con los trabajadores. https://gestion.pe/economia/empresas/huelga-historica-en-general-motors-le-cuesta-casi-us-3000-millones-al-grupo-noticia/

Y La República brinda información también sesgada por el lado del "desempleo" https://larepublica.pe/economia/2019/11/01/estados-unidos-tasa-de-desempleo-sube-a-36-en-octubre/

Con información así, no es de extrañar que los empresarios peruanos vayan por la vida pensando que la huelga es una de las peores calamidades existentes.

Pero mejor leamos el artículo:

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El reciente fin de la huelga de General Motors (GM) fue parte de una sorprendente ola de huelgas y según muchos indicadores, los 49,000 huelguistas salieron tan bien de su enfrentamiento de 40 días con el gigante automotriz de EE. UU. que los resultados podrían ayudar a inspirar más compromiso sindical de los trabajadores y huelgas, dicen analistas laborales y expertos.

"Lo hicieron bastante bien", dijo Kristin Dziczek, vicepresidenta de Industria, Trabajo y Economía del Centro de Investigación Automotriz, con sede en Ann Arbor, Michigan. “Obtuvieron más dinero. Obtuvieron un camino hacia el empleo regular para trabajadores temporales. Defendieron su atención médica” cuando GM buscaba aumentar drásticamente las primas que pagaban los miembros de United Automobile Workers (UAW es el sindicato de trabajadores de la industria automotriz)

Los trabajadores de GM también recibieron un bono de $ 11,000, y el fabricante de automóviles acordó esencialmente poner fin a su sistema salarial de dos niveles al plegar el nivel inferior en el nivel superior dentro de cuatro años. Todos esos trabajadores, de nivel inferior y superior, ganarán $32 por hora al final del convenio; algunos trabajadores de nivel inferior ahora ganan menos de $ 20 por hora.

Dziczek agregó que la UAW no logró obtener ninguna medida adicional de seguridad laboral y no logró uno de sus objetivos principales: reabrir una planta de ensamblaje en Lordstown, Ohio. Sin embargo, el sindicato persuadió a GM para revertir los planes de cerrar su planta Detroit-Hamtramck, que estaba programada para cerrar en enero. GM planea invertir $3 mil millones en la revisión de esa planta.

"Ellos [la UAW] obtuvieron un contrato bastante considerable", dijo Dziczek. "No creo que desaliente las huelgas".

Más estadounidenses participaron en paros laborales el año pasado que en cualquier otro año desde 1986: 485,000 trabajadores participaron en huelgas u otros paros laborales. Ese aumento de la acción colectiva continuará este año.

Además de la huelga de GM, que ha sido la huelga nacional más larga contra GM desde 1970, ha habido una huelga de una semana por 30,000 maestros de escuela de Los Ángeles en enero pasado, una huelga de 11 días por 31,000 trabajadores de supermercados Stop & Shop en New England en Abril y la huelga en curso de 25,000 educadores en Chicago , ahora en su segunda semana. Y el viernes pasado, 3.500 miembros de la UAW terminaron su huelga de 12 días contra seis instalaciones de Mack Truck en tres estados.

Art Wheaton, un experto en la industria automotriz de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell, dijo que el gran apoyo público que recibieron los huelguistas de GM alentará a otros líderes sindicales a considerar las huelgas.

"El apoyo público para la UAW por parte de la comunidad fue abrumador: GM subestimó enormemente el apoyo público", dijo Wheaton. “Ya sea que quiera atribuirlo a la UAW o las huelgas de docentes, creo que continuaremos teniendo muchas huelgas mientras el mercado laboral sea tan ajustado y la tasa de desempleo sea tan baja. Las personas sienten que si se declaran en huelga y pierden su trabajo, al menos pueden encontrar otro trabajo”.

Además, con la tasa de desempleo tan baja, es más difícil para las corporaciones encontrar y contratar trabajadores de reemplazo para mantener las operaciones en funcionamiento durante una huelga.

Wheaton dijo que la ansiedad económica y la ira también están alimentando la ola de huelgas. "Hay mucha frustración porque muchas personas sienten que no pueden seguir el ritmo" incluso 10 años después de una recuperación económica, dijo Wheaton. "Cuando los CEOs (gerentes generales) ganan entre 250 y 300 veces más de lo que gana un trabajador promedio, eso solo aumenta la frustración".

El convenio colectivo de cuatro años de GM exige aumentos del 3% en el primer y tercer año y un pago de 4% en el segundo y cuarto año. Los miembros de la UAW votaron del 57% al 43% para ratificar el contrato, lo que indica que muchos trabajadores no creían que el acuerdo fuera una victoria total. No obstante, los líderes sindicales nacionales elogiaron el acuerdo.

"Los miembros de la UAW se unieron para ganar el trato justo que se han ganado durante años de sacrificio desinteresado", dijo Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, refiriéndose a la congelación salarial y otras concesiones que los trabajadores de GM acordaron hace una década para ayudar sacar a su empresa de la reorganización de bancarrota. “Esta es la última victoria en una ola de acción colectiva que ocurre en todo Estados Unidos. La gente trabajadora no permitirá que la avaricia dicte nuestras vidas ".

Trumka agregó: "Los jefes de todo el mundo deberían tomar nota, ya no lo vamos a tolerar más".

John Beck, profesor de la Facultad de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universidad Estatal de Michigan, estuvo de acuerdo en que los resultados de la confrontación podrían provocar más huelgas, pero advirtió sobre la exuberancia y el exceso de confianza. "La gente está viendo ese bono de firma de $ 11,000, que es bastante estratosférico, y están diciendo: 'Miren lo que obtuvieron'", dijo Beck. “Pero, ¿quién más puede entregar ese tipo de cosas? Y podría decirse que la gente de Lordstown diría que esto no fue una victoria ”.

"Estoy preocupado", continuó Beck, "de que muchas personas puedan creer que se trata de algún tipo de modelo de resurgimiento y que los trabajadores pueden aprovechar este tipo de resultado para otros grupos en otros lugares. No estoy seguro de poder lograr esos resultados en muchos otros lugares ".

Arthur Schwartz, presidente de Labor and Economics Associates y ex negociador principal de GM, dijo: “No creo que la huelga de GM ponga freno a las cosas. Otros trabajadores podrían estar un poco inspirados". Pero agregó: "Nunca hay un ganador en una huelga porque todos sufren. La compañía perdió mucho dinero y los trabajadores perdieron mucho dinero".

Según algunas estimaciones, los trabajadores perdieron casi $1 mil millones en salarios, mientras que GM dijo que la huelga podría reducir sus ganancias en casi $ 3 mil millones.

Con la disputa de GM resuelta, la UAW ahora se centrará en las negociaciones con Ford y Fiat Chrysler. A diferencia de GM, esas dos compañías no están presionando para cerrar las plantas y, por lo tanto, no tendrán la misma presión que GM enfrentó para aumentar significativamente el salario de los trabajadores y para ayudar a persuadir a los huelguistas a aceptar un contrato que incluye el cierre de plantas.

"Una huelga es muy poco probable en Ford", dijo Wheaton de Cornell. “Ford tiene mejores relaciones laborales. Ford ha estado diciendo: "La UAW nos salvó de la bancarrota".

Wheaton dijo que las negociaciones del sindicato con Fiat Chrysler son más difíciles de predecir, sobre todo porque varios de los negociadores de UAW y Fiat Chrysler han sido condenados o acusados ​​por desviar millones de dólares de un centro de capacitación Fiat Chrysler-UAW y usaron ese dinero para viajar, cenas lujosas, incluso un auto deportivo. Además, Fiat Chrysler tiene un porcentaje mucho mayor de trabajadores de segundo nivel que GM, por lo que Fiat Chrysler podría negarse si la UAW insiste en que adopte el mismo lenguaje contractual que eleva a todos los trabajadores de segundo nivel a $32 por hora.

Schwartz de Labor and Economics Associates dijo que los candidatos presidenciales demócratas podrían usar la huelga de GM para obtener ventajas políticas. Muchos de ellos se unieron a los huelguistas en los piquetes y marchas; lo usarán para demostrar que les importan los trabajadores manuales en el Medio Oeste. Además, dijo Schwartz, podrían atacar a Donald Trump por el cierre de la planta de Lordstown porque Trump había aconsejado a los trabajadores del área de Lordstown que no vendieran sus casas, diciendo que su planta sobreviviría y que todos los trabajos de fábrica perdidos en Ohio "están empezando a volver".


Fecha Publicación: 2019-08-17T14:44:00.000-05:00


Hace unos días se han realizado dos eventos en la ciudad de Lima. Un foro sobre los trabajadores de la industria y por otro lado, la firma del convenio colectivo de rama en construcción civil.

Aquí pongo los enlaces para que puedan ver ambos eventos

Foro "Situación y tendencias de los trabajadores del sector industrial peruano".

https://www.facebook.com/fnt.cgtpaba/videos/899988023701153/

https://www.facebook.com/fnt.cgtpaba/videos/900106710355951/

La firma del convenio colectivo entre FTCCP y CAPECO 

https://www.facebook.com/FTCCPeru/videos/2111952659104683/

En ambos espacios participaron empresarios y trabajadores. Lo cual me parece muy bien, pues son pocos los espacios donde ambos actores del mundo del trabajo se encuentran. Sin embargo, ambos eventos muestran sustanciales diferencias. Antes de desarrollar en detalle el tema de fondo empezaré con una que resulta simplemente anecdótica. En el evento de la industria, un ex dirigente de la CGTP anima a los asistentes lanzando “vivas a la CGTP” y luego pide “vivas para los empresarios asistentes”. Plop! como diría Condorito.

En el otro evento, en cambio, el agitador lanza repetidos “vivas a la federación de construcción civil” y no menciona ni una vez a CAPECO. Pues no es necesario. No es su rol. Los empresarios no están allí para que los trabajadores le lancen vivas.

Esta diferencia, que repito, resulta anecdótica, es al mismo tiempo, significativa de varios procesos el principal, es el la desideologización del movimiento sindical de lo que he hablado varias veces. 

Pero el tema de fondo es la manera que se entiende el diálogo social en el movimiento sindical. Los dos eventos pueden verse como ejemplos de diálogo social. Sólo que uno es fallido y el otro exitoso. 

El diálogo social es un instrumento complicado, porque supone el encuentro de dos posiciones diferentes, que para poder dialogar, deben acordar que son iguales.

Como sabemos, en el mundo del trabajo tenemos tres actores: empresarios, trabajadores y estado. Son tres grupos definidos y diferenciados. Y son diferentes porque realizan actividades distintas y por eso tienen intereses diferentes. Es más, en la sociedad capitalista, los empresarios y los trabajadores tienen intereses contrapuestos, contrarios y hasta podríamos decir que antagónicos. Ahora bien, tener intereses contrarios no impide que en otros temas podamos encontrar acuerdos o puntos en común. Cualquier sindicalista más o menos sensato tiene clara esta idea así que no la voy a desarrollar más.

Por eso el dialogo social es un instrumento eficaz cuando parte del reconocimiento de los dos actores (empresarios y trabajadores) como diferentes, pero iguales a la vez. Más claramente: somos iguales para poder sentarnos a discutir, las diferencias que no son irreconciliables. 

Entonces, el primer paso si queremos desarrollar un verdadero diálogo social, es reconocerse como iguales. 

Ahora, “reconocerse como iguales” no es una frase hueca. Tiene un significado muy concreto. Tampoco es algo sencillo. Tiene consecuencias muy reales. Ser iguales significa por ejemplo: que las condiciones que un sector dispone, también son las mismas para el otro. Es decir, ambas partes deben tener el mismo tiempo de intervención; el mismo trato dado; el mismo acceso a información; el mismo apoyo en asesores o técnicos propios; el mismo uso de tecnología; el mismo tiempo de preparación; entre otros factores.

No tiene sentido organizar un encuentro entre empresarios y trabajadores para que los ponentes sean los empresarios y los comentaristas sean los trabajadores. Para que los empresarios vayan muy bien preparados y los trabajadores den un saludo y no dispongan de apoyo técnico. Así, no estás haciendo dialogo social sino simplemente un evento para cumplir un proyecto.

El segundo paso para desarrollar un verdadero diálogo social es reconocer las diferencias. 

Ya hemos dicho que trabajadores y empresarios tienen intereses diferentes. Esto no es simple rollo. Son también cosas muy concretas: los empresarios no quieren sindicatos y los trabajadores si quieren sindicatos; los empresarios no quieren estabilidad laboral y los trabajadores si quieren estabilidad laboral; los empresarios quieren despido arbitrario y los trabajadores no quieren despido arbitrario; los empresarios no quieren una fiscalización fuerte y los trabajadores si quieren una fiscalización fuerte; los empresarios no quieren huelga y los trabajadores necesitan de la huelga.

Hay temas como huelga, sindicalización, estabilidad, control de la producción, que son fundamentales y en donde las posiciones de empresarios y trabajadores son irreconciliables. Si, así de simple: irreconciliables. No existe manera que esos temas se resuelvan de manera absoluta. No en el capitalismo.

Entonces ¿para que discutir esos temas?

Hacer un evento para escuchar a tres empresarios sobre las ventajas del despido arbitrario o lo innecesario que es sindicalizarse o lo perjudicial que son las huelgas no es diálogo social. Es una pérdida de tiempo. Es como el cocinero que trata de convencer al pollo de meterse al horno “para no tener frio”. Ya pues.

Entonces ¿de qué hablamos? Pues podemos discutir los criterios alrededor de estos temas difíciles. Podemos construir una amplia agenda de temas que no tengan que ver con aquellos que son irreconciliables. Es posible discutir sobre formación técnica, facilidades para la educación, armonía hogar-trabajo, protección frente al acoso y muchos otros temas.

Se discute sobre los criterios para definir cuando otorgar y cómo un aumento; para discutir los criterios para la promoción de los trabajadores o planes de retiro que sean socialmente responsables.

Pero eso supone acordar previamente una agenda común. El diálogo social no es un juego. No es juntar a empresarios y trabajadores y que cada uno repita su propio discurso, “a ver si sale algo”.

En nuestro país, las relaciones laborales son básicamente precarias. Pocos son los espacios donde se desarrollan de manera moderna y adecuada. Por eso, el recientemente firmado convenio colectivo entre la FTCCP y CAPECO es tan importante. La negociación colectiva es el mejor ejemplo de diálogo social. Es el resultado de un largo proceso de reconocimiento y discusión. Ni la FTCCP ni CAPECO han pretendido que el otro cambie sus intereses fundamentales; sin embargo, han logrado acordar otros puntos que son importantes, como por ejemplo el incremento salarial.

En una negociación colectiva pones en mesa los temas que pueden ser discutidos. Y aquellos en dónde no hay posibilidad de consenso, pues se resuelve mediante presiones legítimas, como la huelga. Es decir, el diálogo social no elimina el conflicto, sino que es complementario al mismo. Las posiciones no se deponen, sino que van transformándose en nuevas posiciones.

Al parecer, en el sindicalismo peruano actual tenemos algunos compas que han olvidado o desconocen estos criterios básicos. Confunden diálogo social con armonía social. Creen que TODO puede ser consensuado o peor aún, creen que dialogar es simplemente escuchar lo mismo de siempre, no llegar a ningún acuerdo y tomarse una foto.

Por eso se termina pidiendo aplausos para los empresarios.
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Fecha Publicación: 2019-06-19T12:20:00.000-05:00


(...) la huelga de masas no se “fabrica” artificialmente, no se “decide” al azar, no se “propaga”; es un fenómeno histórico que, en un momento dado, surge de las condiciones sociales como una inevitable necesidad histórica. Por lo tanto, no se puede entender ni discutir el problema basándose en especulaciones abstractas sobre la posibilidad o la imposibilidad, sobre lo útil o lo perjudicial de la huelga de masas. Hay que examinar los factores y condiciones sociales que originan la huelga de masas en la etapa actual de la lucha de clases. En otras palabras, no se trata de la crítica subjetiva de la huelga de masas desde la perspectiva de lo que sería deseable, sino de la investigación objetiva de las causas de la huelga de masas desde la perspectiva de lo históricamente inevitable. 

Rosa Luxemburgo

El próximo 20 de junio, es decir mañana, la CGTP ha convocado a un “Paro Nacional” (es decir una “huelga general”) bajo un amplio número de demandas entre las que destaca el rechazo a los cambios que en materia legal viene impulsando el Ministerio de Economía y Finanzas junto con la CONFIEP (gremio empresarial) y que se expresan en la denominada “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, especialmente en lo relativo al trabajo y una supuesta “reforma laboral” que busca desregular aún más las relaciones laborales.

En términos generales, las demandas sindicales resultan justas y sensatas. En un debate público es muy probable que un amplio sector de la ciudadanía estaría de acuerdo con mantener niveles de protección al empleo y derechos laborales básicos. Hay algunas encuestas que se han realizado sobre estabilidad en el empleo y seguridad social que así lo señalan.

Pero ¿es suficiente este tímido sentido común para garantizar el éxito de una huelga general?

En el campo popular, se registra el entusiasmo habitual. Un grupo de sindicatos que tiene problemas laborales y capacidad para ejercer resistencia va a “participar” del Paro Nacional. El problema es que “participar” termina siendo un eufemismo para no responder la pregunta de fondo: ¿vas a hacer huelga el 20 de junio?

Por eso Rosa Luxemburgo señalaba lo absurdo de discutir el éxito o no del Paro a partir de consideraciones subjetivas: “Si las bases se movilizan”; “Si la CGTP se posiciona…”; “Si la población sale a las calles…” Todas esas consideraciones bienintencionadas son simplemente eso, buenas intenciones.

Rosa recomendaba ver la realidad objetiva. Y lo que tenemos es que las cifras de afiliación sindical y convenios colectivos se encuentran en una caída desde hace varios años. En realidad, hay una tendencia al descenso desde mediados de la década de los 80, con un ligero repunte hace algunos años, para luego registrar un descenso desde el 2014.

En el Perú de cada 100 trabajadores asalariados solamente 6 están afiliados a un sindicato. Esta es una de las tasas de afiliación más bajas que existe en la región. Obviamente, las remuneraciones se encuentran también en un nivel por debajo de la mayoría de los países vecinos. De aquí se desprende una parte de la “debilidad estructural” del sindicalismo peruano.

Esta situación explica además la persistencia de las políticas neoliberales que han desregulado las relaciones laborales, agravando aún más la situación de los trabajadores y trabajadoras.

Si miramos la evolución de las huelgas laborales en los últimos años veremos que hay un proceso muy interesante. Desde el 2014 cae el número de huelgas y cae el número de trabajadores comprendidos, pero se eleva el número de horas-trabajador perdidas. Es decir, cada vez hay menos huelgas, en menos lugares, pero con una mayor duración.

En este contexto, es claro entender las limitaciones de la lucha sindical. Al mismo tiempo, el actor sindical, debería compensar el reducido número con respuestas de mayor calidad.

Sin embargo, el repertorio de acciones sindicales es igualmente reducido. Los sindicatos locales están encerrados en plantones y eventualmente una huelga que debe prolongarse para ser eficaz. Pero sostener una huelga que dure más de quince días solamente pueden hacerlo algunos pocos sindicatos (en el sector privado, pues la dinámica del sector público es diferente). Y claro, el “Paro Nacional” como el punto final de un proceso de luchas locales.

En sentido estricto el Paro Nacional es una huelga general, donde los sindicatos detienen las labores productivas, paraliza la economía nacional ocasionando un perjuicio a los empresarios y obligando al gobierno a modificar las políticas en curso.

En base a lo señalado, un análisis objetivo de la situación supone preguntarse claramente: ¿Es posible paralizar la economía del país cuando tienes una tasa de afiliación sindical del 6%?

La respuesta es no, obviamente. No es posible paralizar la economía del país o siquiera la de Lima, con el 6% de la PEA sindicalizada. Muchos compañeros y compañeras prefieren no asumir las consecuencias de esta situación. Prefieren insistir en lo contrario para convertir un ejercicio onírico en una posición radical.

De esta manera, hemos convertido la idea de “Paro Nacional” en una centralización de protestas locales, en una sola movilización. El “Paro” en la actualidad ya no paraliza la economía sino moviliza el activismo sindical.

De este modo, un amplio sector del sindicalismo apoyado por la izquierda onírica insiste en realizar “Paros Nacionales”. Insiste en llamar Paro a una marcha. El poder establecido hace tiempo entendió está dinámica y responde con el más amplio silencio. Efectivamente, si uno revisa los medios de prensa, ningún gremio empresarial o autoridad del gobierno realiza alguna declaración sobre el Paro Nacional. Solamente ayer aparece recién una nota en La República. No hay nada sobre el Paro en ningún otro medio de circulación nacional.

La estrategia de la derecha empresarial es pues sencilla: ignorar el anuncio sindical. Las limitaciones materiales del sindicalismo peruano hacen que la convocatoria del Paro circule por las mismas redes del sindicalismo y los grupos de izquierda. La “burbuja” sindical y de izquierda está muy al tanto de todo, pero el trabajador promedio que labora en una empresa donde no existe sindicato (es decir, el 94% de los trabajadores) no está enterado del mencionado Paro.

En los espacios laborales donde existen sindicatos, más de la mitad son minoritarios, es decir, agrupan a menos de la mitad de los trabajadores. Incluso en empresas muy grandes, donde mediante la tercerización o intermediación la plantilla de trabajadores que no puede afiliarse a un sindicato es ampliamente mayor.

En estos lugares, los sindicatos de base se encuentran en una disyuntiva. Una huelga realizada por los afiliados no detiene el proceso productivo. La empresa sigue funcionando casi normalmente. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la paralización? Además de dejar en evidencia la falta de fuerza, precisamente de la medida de fuerza.

Por esta razón, muchos dirigentes de sindicatos locales prefieren no aprobar una huelga sino simplemente ausentarse individualmente del trabajo y participar de la movilización central. Así, sindicatos con una centena de afiliados están representados por sus seis u ocho dirigentes en la marcha del Paro Nacional. Se trata de un gesto que trata de mantener un compromiso en circunstancias muy difíciles. Siendo importante no es efectivo. A eso se llama “participar” del Paro Nacional.

Resulta así que son muy pocos los centros de trabajo que realmente paralizan sus labores. En el sector público la situación es igual de complicada. La dinámica de las regiones es al mismo tiempo similar y diferente. Es similar porque el sindicalismo es igual de reducido y concentrado en algunas actividades, especialmente en el aparato estatal. Es diferente, porque las dinámicas regionales permiten una mayor visibilidad de las luchas populares. El poder del Estado y de los empresarios parece tolerar las protestas laborales que se realizan fuera de Lima y que tienen un eco irregular en la agenda política nacional.

¿Qué hacer?


No se trata de promover la inamovilidad o la resignación, sino de pensar otras alternativas. Insistir en las mismas medidas de lucha sabiendo que no son eficaces, no es muy inteligente. El sindicalismo ha desarrollado algunas movilizaciones en contextos muy conflictivos. Y en esos casos ha logrado reunir en la ciudad de Lima, según diversos cálculos, alrededor de 20 mil trabajadores. Aceptemos esa cifra y señalemos que se trata del “núcleo duro” del sindicalismo en la ciudad de Lima.

Aquí tenemos entonces la situación a la que nos enfrentamos. Con 20 mil trabajadores y trabajadoras en capacidad de movilizarse el sindicalismo no puede paralizar la economía de la ciudad capital. Pero puede hacer muchas otras cosas.

Cada movimiento social dispone de un “repertorio” de acciones colectivas que le permiten interactuar con el poder político y económico. Este repertorio depende de condiciones estructurales, memoria histórica y recursos materiales. El movimiento sindical peruano tenía en los años 70, al Paro Nacional como una de sus más importantes acciones colectivas. Obviamente, en un escenario sin otros espacios políticos y con una implantación más importante en la clase asalariada y los sectores populares; el Paro Nacional podía resultar una acción con posibilidades de éxito, es decir, con capacidad para cambiar la correlación de fuerzas. Ahora, no es así.

¿Qué repertorio podemos construir? La historia de las luchas populares dentro y fuera de nuestro país reúne un amplio bagaje de experiencias que deberíamos revisar y repensar.

En primer lugar, tenemos claro que hay un cerco mediático. Toda acción colectiva debe tener como objetivo romper dicho cerco mediático. Queda claro, que acciones aisladas geográficamente, reducidas en número, cortas de duración, no serán registradas por los medios de información nacionales.

En segundo lugar, tenemos un número de dirigentes y activistas en la ciudad de Lima, que pueden sostener acciones colectivas en periodos cortos de tiempo. Una marcha, una reunión, un mitin son acciones de este tipo, pero en general, solamente convocan al núcleo duro que hemos señalado.

En tercer lugar, el resto de la ciudadanía ya sea organizada o no, suele expresar simpatía y solidaridad. Principalmente en las redes sociales poniendo like a una noticia de la protesta. Pero si la acción suma el número adecuado de personas, es posible que el compromiso asuma una forma más tradicional, que involucre su presencia física.

Entonces, se trata de proponer acciones colectivas que estén localizadas en el centro urbano, de fácil acceso a los medios de comunicación; que sean prolongadas en el tiempo; y que movilicen un número adecuado de personas.

En España, el conjunto de ciudadanos que se posesiona de Puerta del Sol durante semanas es un buen ejemplo. El 15M ha quedado como un hito político. Más cerca, la huelga de los docentes en el 2017, ocupó la Plaza San Martín durante semanas se convirtió en un punto de encuentro y referencia para la lucha magisterial.

¿Por qué no pensar en ocupar de manera pacífica una Plaza importante de Lima o algún distrito como Miraflores o San Isidro? Reapropiarse de un espacio público desde donde propalar el mensaje de protesta. Con grupos de trabajadores y trabajadoras que se van turnando y rotando, durante los días. Y desde donde van a coordinarse otras acciones colectivas: mítines, ollas comunes, pintas, ocupaciones temporales, movilizaciones, etc.

Si el movimiento sindical ocupa la Plaza san Martín durante algunas semanas ¿no sería una noticia? ¿No sería un cuestionamiento al poder establecido?, ¿y si lo mismo ocurre en las plazas de las principales ciudades del país? Decenas de plazas ocupadas bajo una misma plataforma, un mismo objetivo, las mismas consignas.

El reto es pensar nuevas formas de acción colectiva con los recursos escasos con que contamos.

Pero claro, más sencillo es no arriesgarse y seguir con los Paros Nacionales que en verdad son marchas sin huelga. La derecha ya sabe como minimizarlas aún más. El jueves 20, los trabajadores irán a laborar como todos los días, el transporte saldrá a las calles como todos los días, los escolares y universitarios tendrán clases, los mercados estarán abiertos y tendremos una marcha por el centro de Lima, algunos boches en el cono norte y algunas provincias que incomodará a algunos ciudadanos por unas horas. Luego, en privado sabremos lo limitado de la protesta y en público anunciaremos el éxito del Paro Nacional.

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Fecha Publicación: 2019-01-29T20:36:00.001-05:00

En Lima, según cifras oficiales, existen alrededor de 100 mil trabajadores afiliados a un sindicato. La cifra comprende a los trabajadores estatales, municipales, maestros, así como a los que laboran en la industria de manufacturas y alimentos. Hace unos semanas se realizó una marcha en contra de la reforma laboral que promueve la CONFIEP y que en sentido estricto, afectará a los trabajadores sindicalizados. Un cálculo generoso señala alrededor de 20 mil asistentes a dicha marcha.

¿Por qué no fueron los 80 mil trabajadores afiliados a un sindicato?

Probablemente, un porcentaje estaba laborando, tal vez la mitad. Entonces, alrededor de 40 mil trabajadores afiliados a un sindicato no participaron en una movilización que protestaba contra algo que los afecta directamente.

Un movimiento sindical donde de cada diez afiliados solamente dos se movilizan, es un sindicalismo en problemas. Podemos señalar múltiples razones para esta situación. De todas ella, deseo señalar una que me parece poco discutida: la despolitización de las bases sindicales.

Por "despolitización" quiero decir el proceso por el cual, tanto los dirigentes de base como los afiliados dejan de entender su problemática particular dentro de una interpretación que considere las diferencias de poder en la sociedad. De esta manera, muchos sindicalistas creen que sus problemas se explican por razones internas y que las políticas laborales o económicas que emite el gobierno, no les afectan y por lo tanto, no les interesa.

En los sindicatos se ha dejado de discutir de política. Los dirigentes de base están más interesados en buscar abogados que consigan un mejor convenio colectivo. Hay un creciente desinterés por los temas internacionales o por los cambios en la política nacional. Los temas que defiende la izquierda son casi chino para muchos sindicalistas. El resultado de este problema es que si los sindicalistas no son conscientes de sus problemas, difícilmente van a movilizarse para resolverlos.

¿Qué podemos hacer para revertir esta situación?

Hay que politizar a los dirigentes sindicales de base.

En los años 70 y 80, en los eventos orgánicos del sindicalismo, como las Asamblea Nacional de delegados participaban los "delegados fraternos". Es decir, delegados que particpan en la Asamblea solamente con voz pero sin voto. Esto era muy sencillo de establecer. Cada sindicato de base o federación de acuerdo a su número tenía la posibilidad de acreditar a uno o varios "delegados fraternos". 

No todas las bases lo hacían, sino principalmente aquellas donde había una presencia partidaria. Generalmente se trataba de los responsables políticos de las agrupaciones de izquierda. Los "fraternos" eran activistas de las agrupaciones políticas, estudiantes universitarios o jóvenes profesionales que participaban en las Asambleas de Delegados para incidir en los temas políticos, dando así espacio para un debate más ideológico entre los trabajadores. 

De esta manera, los delegados con menor formación política podían escuchar diferentes discursos y posiciones. Esto representaba una suerte de "escuela política" en base a la competencia democrática entre los diferentes grupos. Cada partido trataba de llevar a sus mejores agitadores y oradores, para defender sus posiciones y discutir con mayor solvencia. Los delegados escuchaban a cada orador que tenía además sus seguidores y detractores. Se lanzaban consignas y vítores para expresar el apoyo a cada agitador. 

Los "delegados fraternos" recibían una credencial de otro color, diferente a la de los "delegados plenos". Esto era así para garantizar el derecho de voto solamente a la representación sindical. Como ven, no es nada complicado ni engorroso el procedimiento de aceptar "delegados fraternos". 

A partir de los años 90, con la crisis de la izquierda y de los sindicatos, esta práctica dejo de ser popular. Lo cual ha sido un error. En la base de este error, yace la equivocada creencia que los dirigentes sindicales, por el sólo hecho de serlo, ya lo saben todo y no requieren de ninguna otra opinión externa. Surge así el caudillo sindical sabelotodo e incuestionable. 

En la actualidad, la Asamblea de Delegados se ha convertido en un espacio inerte, donde no hay mayor debate político y mucho menos ideológico. Por eso está bajando la participación en las mismas. La gente no es tonta y si se da cuenta que en dicho espacio no hay una real discusión, pues dejará de asistir. Lo cual es perjudicial para el movimiento sindical y para la formación ideológica de sus dirigentes de base. 

Para retomar esta práctica profundamente democrática, es necesario simplemente una voluntad política clara. Los sindicatos de base deben exigir el derecho de acreditar a "delegados fraternos". No hay nada en los Estatutos de la CGTP que lo impida. 

Probablemente, muchos viejos dirigentes se van a oponer. Esto es así, porque hay una cultura de la desconfianza en los trabajadores. Y no debería ser así. mientras más politizados estén los dirigentes de base, todo el movimiento sindical saldrá más fortalecido. Todos aquellos que en el movimiento sindical quieren una mayor participación, deben insistir en acreditar "delegados fraternos" e invitar allí a las personas que a su juicio puedan aportar al debate sindical y político. Hay diferentes partidos políticos dentro de la izquierda, así como grupos, colectivos y movimientos que pueden aportar al debate y brindar mayores luces sobre el proceso social. 

Al final, quienes toman las decisiones, son los "delegados plenos", es decir, los representantes directos de la clase obrera. 


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Fecha Publicación: 2019-01-22T18:09:00.001-05:00

El 31 de diciembre se dicta el DS 345-2018 EF que establece la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). En esta política, el equipo liderado por funcionarios del ministerio y Economía han plasmado los objetivos generales del programa neoliberal en nuestro país. Hace unos años, mencionar esta palabra "neoliberal" era suficiente para que los tecnócratas y algunos liberales dejaran de leer y fruncieran el ceño.

Hoy, cuando desde The Guardian hasta el New York Times señalan los límites y problemas de las políticas neoliberales, resulta imposible negar lo evidente. La economía y la política de nuestro país se ha conducido por este programa desde inicios de la década de los 90, con el fujimorismo. Se trata de un modelo que no es liberal, sino más bien conservador en lo político, neoliberal en lo económico y autoritaria en lo social. 

En el capítulo 5 del Decreto Supremo mencionado, se detalla un diagnóstico y objetivos acerca del mercado laboral. Tampoco hay nada nuevo. Se repiten los mantras de la tecnocracia neoliberal de la última década: el principal problema es la informalidad en general; el mercado tiene sobrecostos y rigideces; despedir es muy complicado y caro; contratar es muy difícil pues la estabilidad laboral impide la flexibilidad; la sentencia del TC sobre Telefónica restablece la estabilidad laboral absoluta. 

Diversos analistas y expertos han demostrado que estas afirmaciones son sesgadas y mayormente inexactas. Pero los funcionarios y técnicos del MEF, y detrás de ellos, la poderosa CONFIEP pretenden una reforma laboral que permita el despido arbitrario, elimine derechos y reduzca vacaciones.  

Obviamente, los sindicatos han salido a las calles a protestar. A pesar de su debilidad estructural y liderados por la CGTP se ha realizado una importante marcha el pasado 15 de enero. Alrededor de 20 mil trabajadores recorrieron las calles del centro de Lima. El silencio de los medios de prensa opaco el éxito de la movilización. Por su parte, el gobierno da señales confusas. Por un lado, no parece muy entusiasmado con la reforma laboral, pero al mismo tiempo el MEF y los voceros de la CONFIEP insisten en el tema.  

En este contexto, la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP) lanzó una audaz propuesta y convocó a un Paro sectorial para el día de hoy. La FNTTP es una organización de larga data, que atravesó una seria crisis entre fines de los 80 y los 90. Pero en los últimos años se ha venido renovando de manera lenta pero sostenida. Actualmente, debe ser la federación nacional con el secretario general más joven, el compañero Huber Amed Albújar. Amed proviene de la empresa Topytop, que hace una década fue muy conocida por la lucha de sus trabajadores, en dónde precisamente, realizó sus primeros pasos sindicales. 

Tenemos así, una federación que sale del letargo y se renueva en sus cuadros directivos. Tiene una importante participación femenina y ha logrado defender y organizar a diversas bases sindicales del sector textil. Lo cual tiene más mérito, pues como sabemos, en dicho sector impera un "régimen especial" precisamente de esos que agradan tanto a los neoliberales; por el cual, gozan de menos derechos y estabilidad laboral. 

En este contexto, la Federación Textil hace lo que debe hacer una federación: movilizar a sus bases. El Paro se realiza bajo una plataforma general, en donde el objetivo principal es derogar el Decreto Supremo 345-2018 EF, así como alertar sobre los peligros de la reforma laboral que afectan a todos los trabajadores y trabajadoras. Probablemente, se extraña alguna reivindicación más sectorial, como la prima textil o el pliego por rama; pero entendemos que la urgencia de la convocatoria definió una plataforma general. 

Durante el día de hoy, se ha desarrollado el Paro Textil y podemos señalar que es un importante paso adelante. Por la situación específica del sector, es muy difícil realmente paralizar la producción, pero sabemos que muchas empresas han sentido la ausencia de cientos de trabajadores que de manera disciplinada han acatado el Paro.  

La movilización se ha registrado en el norte del país así como en Arequipa, una región con fuerte presencia textil. En Lima, los trabajadores y trabajadoras se han movilizado todo el día. Y terminan la jornada con un fuerte plantón en la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas; es decir, en la casa de los autores de la reforma laboral desreguladora.  

Muy bien en varios niveles. A nivel sindical, porque mantiene la capacidad de respuesta rápida que requiere la actual coyuntura y que la Confederación no puede lograr por la necesidad de consulta orgánica. Efectivamente, en unas semanas, la CGTP va a realizar su Asamblea Nacional de Delegados, en dónde debe discutir la pertinencia de un Paro Nacional, esta vez si general.  

A nivel político también, porque en claro, el Paro Textil es la expresión del sector más a la izquierda en el movimiento sindical. Los objetivos son bien políticos: derogar la norma. Así como la identificación del contrario: el MEF y la CONFIEP. Ha aglutinado a las bases y grupos de izquierda más radicales. Y esta bien esto, pues sirve como ejemplo y presión para que los sectores más remolones del sindicalismo presten atención. 

De esta manera, la próxima Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP debe discutir la pertinencia de un Paro Nacional. Los textiles han demostrado que están dispuestos a salir a las calles por la defensa de intereses "de clase". No sólo con discursos incendiarios sino con organización y movilización.   

Lo ideal sería que otras federaciones siguieran el ejemplo de la FNTTP y movilizaran a sus bases en contra de la reforma laboral, lo más pronto posible. No es sencillo, pues si algo es débil en el sindicalismo, es precisamente el conjunto de federaciones sectoriales. Pero, sabemos que la derrota de la reforma laboral en curso, no será ni sencilla ni rápida.  


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Fecha Publicación: 2018-11-22T11:25:00.000-05:00

Desde hace unos días la CGTP así como diversos expertos y analistas se han pronunciado acerca de un documento elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas que resume el enfoque ideológico del actual gobierno y en buena cuenta de los últimos gobiernos en el país.

La sección correspondiente al mercado laboral debe ser atentamente leída, pues presenta la más exacta sistematización de todo el credo neo liberal en materia laboral. parte del diagnóstico clásico de la derecha local que señala a nuestro mercado laboral como "excesivamente rígido" entre otras razones, por la sentencia del tribunal Constitucional que establece el derecho de reposición frente al despido incausado. Esta "narrativa" ha sido muy bien definida como "cuento chino" por el Dr. Alfredo Villavicencio, Decano de la Facultad de Derecho la la PUCP. 

El documento debe ser música para la CONFIEP pues reclama una reforma que establezca un sistema "más sencillo de contratación y despido". En verdad, y no hay que ser muy zahorí para entenderlo, la agenda de la derecha empresarial busca garantizar la actual precariedad laboral en derechos, remuneraciones y condiciones de trabajo. Para lograrlo deben desarticular lo poco que queda de sindicalismo en el país. Y con un despido arbitrario sin reposición podrían lograrlo. 

Bueno, para la lectura atenta aquí esta el documento en cuestión. Pueden bajarlo y leerlo. 

"Política Nacional de Competitividad y Productividad"


Etiquetas: [cultura política]  [política]  
Fecha Publicación: 2018-10-21T18:36:00.000-05:00
Photo by AJ Colores on Unsplash
El largo desencuentro entre el Estado y la sociedad peruana que en el último periodo se expresa como una profunda crisis de legitimidad institucional no logra ser resuelto desde la política del poder. 
La paradoja peruana consiste en una de las más graves crisis institucionales, con denuncias claras, pruebas contundentes, cómplices y culpables claramente identificados que coexisten con la más anodina indiferencia de la ciudadanía.  
El rechazo a la política peruana por parte de los limeños ha devenido en una desafección por la discusión de los problemas públicos y la resignación pragmática frente a un orden arbitrario. 
Por esta razón, las elecciones municipales en una ciudad objetivamente colapsada en varios de sus servicios fundamentales (seguridad, transporte, espacios públicos) lejos de ser un tiempo de movilización y discusión política; queda reducida a una semana de comentarios sobre candidatos, anécdotas, denuncias, indumentarias y memes
La izquierda, como pocas veces en su historia, no sólo ha hecho esfuerzos por presentarse fraccionada, sino además en las alianzas más estrambóticas que se recuerde. 
Hay muchos factores que explican esta situación. De todos ellos queremos destacar uno que nos parece fundamental. El discurso “populista” dentro de la izquierda local. El discurso “populista” en otros lugares, como Europa o algunos países de américa latina como Argentina es una evolución del viejo “populismo” de los años 70. 
Los cambios sociales y políticos de dicha década (crisis del fordismo y del Estado de Bienestar) abrieron un periodo de cuestionamiento y debate acerca de la matriz de acción política que se venía desarrollando desde el siglo XIX. En la izquierda se desarrolló un debate acerca de la centralidad del trabajo y por ende, el rol del proletariado como sujeto de cambio. De allí, la política basada en “intereses de clase” fue seriamente cuestionada, por sus limitaciones para representar una sociedad más diversa.
Es en este contexto que en EEUU y Europa aparecen grupos de minorías subordinadas en la sociedad capitalista. Los afro-americanos, la comunidad LGTB, los indígenas, entre otros. Desde allí se desarrollan diferentes movimientos de resistencia, políticas contestatarias y prácticas emancipadoras desde las identidades sociales. En América latina, la reflexión de Anibal Quijano resultó fundamental para identificar un campo de acción “postcolonial”, es decir, que permite cuestionar la colonialidad del poder del capitalismo. 
La acción política basada en identidades sociales resulta una veta muy fértil que inunda el escenario con nuevas demandas, voces y rostros en la izquierda. Luego de algunos años, pasamos de una izquierda obrera a un sinfín de identidades contestatarias. Pasamos de un sujeto revolucionario a la ausencia de un único sujeto. 
En la última década, y a partir de la experiencia de Syriza en Grecia y Podemos en España, se incorporan nuevos aportes en el debate acerca del sujeto revolucionario. El concepto de “pueblo” regresa entendido como algo más que masas indiferenciadas. El nuevo “populismo” de izquierda asume la existencia de un campo social postclasista que reúne diversas identidades subordinadas reunidas por una sensibilidad política. El común o “pueblo” aparece como el nuevo sujeto que resuelve los problemas de la diversidad. Desde allí se desarrolla una crítica tanto al capitalismo como a la izquierda clasista. 
En nuestro país, las consecuencias de estos debates políticos han supuesto la crisis de la izquierda basada en intereses de clase y el desarrollo de diversas agrupaciones que hacen política de izquierda desde las identidades sociales y el populismo. Obviamente, todas las experiencias contestatarias enriquecen el campo de la izquierda, y nos entregan nuevas herramientas para la construcción de alternativas. 
Al mismo tiempo, como en otras experiencias, una desventaja de estas prácticas es la mayor dificultad para construir una plataforma de lucha unitaria. Es decir, la capacidad de establecer criterios consensuales sobre qué es lo que debe tener prioridad, en un momento determinado. 
El fraccionamiento de la izquierda peruana, más allá de rencores y proyectos personalistas, puede explicarse por este proceso. La coexistencia de diferentes matrices de acción política, especialmente la “clasista” frente a la “populista”. Por eso, nos resulta estructuralmente complejo cualquier esfuerzo unitario. 
Más aún, la propia idea de “unidad” ha perdido prestigio. Lo que antes era un principio de la acción política revolucionaria, ahora se entiende como un accesorio cuya pertinencia depende del momento particular. 
La sociedad peruana al mismo tiempo, conjuga elementos clasistas bajo sentidos comunes postclasistas. Por eso, en los últimos años, los principales conflictos sociales pueden leerse fácilmente como “conflictos de clase” aunque los sujetos involucrados los perciban de otro modo. La lucha de las comunidades contra las mineras; de los jóvenes asalariados o desempleados contra las leyes de empleo juvenil; la huelga de los Sutep regionales o la reposición de los estatales, por ejemplo. Mientras que las movilizaciones por demandas institucional-democráticas como el indulto de Fujimori, las denuncias de corrupción y similares tienen menos convocatoria y se agotan rápidamente. 
E. P. Thompson señalaba que bajo determinadas circunstancias las sociedades desarrollaban “luchas de clases, sin clases”. Es decir, conflictos clasistas con sujetos preclasistas, en base a una conciencia de clase que iba conformado al sujeto social. 
Para superar este periodo, no basta entonces buenos deseos o voluntades heroicas. Es necesario una política basada en intereses de clase; lo que para la izquierda significa los sectores asalariados. 
No basta levantar las banderas de la democracia liberal. No basta, significa que son necesarias pero insuficientes. Es imprescindible volver a mirar la sociedad como un conjunto de relaciones sociales con intereses materiales; con demandas concretas y discursos que son funcionales a dichas demandas. 
En la práctica no basta levantar valores y principios abstractos por muy hermosos que sean; nuestra tarea es ser la voz de los desposeídos, de los pobres concretos, de explotados y explotadas; en su más concreta y material necesidad. 

Fecha Publicación: 2018-08-22T18:56:00.000-05:00

Debe haber sido hace unos tres años o tal vez más cuando participé en una reunión política con Vladimir Cerrón. Un dirigente de mi partido había propiciado el encuentro con demasiado entusiasmo para mi gusto. La reunión se desarrolló con la formalidad propia de los viejos partidos comunistas. No recuerdo nada concreto como resultado, más allá de las habituales promesas de unidad.

Lo que si me llamó la atención fue la aparente sintonía que se esforzaba en demostrar Cerrón con nuestra organización. Rememoraba su estadía en Cuba y sus fuertes lazos con los camaradas cubanos. Se esforzaba por utilizar todos los clichés y modismos habituales en la izquierda comunista. Tanta condescendencia me pareció fingida. Más aún porque no la entendía. Un grupo que ya cuenta con registro electoral suele ser más bien soberbio y distante, especialmente en la izquierda local.

En todo caso, la anécdota quedó allí. Un candidato presidencial que poco menos nos prometía inscribirse en el partido y regalarnos su registro electoral.

Ahora leo un texto que el mismo personaje ha escrito para explicar su alianza con Ricardo Belmont y lo que era suspicacia se convierte en certeza. A mis lectores no tengo necesidad de explicar quién es Ricardo Belmont y qué representa en la política peruana. Tampoco hay que ser muy viejo para recordarlo. En todo caso, basta señalar que fue en nuestro país, el primer político con un discurso anti-político. El segundo fue Fujimori.  Ambos comparten una especial predilección por las ideas de derecha, las alusiones populistas y el dinero de los demás. 

Cerrón es líder de "Perú Libre", una agrupación política ubicada en lo que se conoce como el radicalismo de izquierda y que al parecer supone una fuerte distorsión de la realidad. Ha establecido como digo, una alianza política para las elecciones municipales con la agrupación de Ricardo Belmont, que se postula para alcalde en la ciudad de Lima. 

Para explicar esta curiosa alianza se presenta un texto en el portal de su agrupación política que no tiene desperdicio y merece estar en el libro de "Las explicaciones más inverosímiles para justificar los despropósitos más grandes". Veamos algunas partes. 

Cerrón narra sus primeros encuentros con Belmont:
Conversamos un año antes para llevar el proyecto de la candidatura y el fortalecimiento del partido en la capital. Me manifestó que si un partido no logra la presencia en Lima, su repercusión política sería débil por más revolucionarias propuestas que tuviera, me dijo que ideas brillantes todos la teníamos, el asunto era cómo “vender” esas ideas. Tenía mucha razón y convalidé sus apreciaciones con las frases de Vladimir Putin: “Si quieres conquistar Rusia, tienes que ir a Moscú”, recogidas del libro de Peter Truscott. 
En este caso, la idea que trata de "vender" Cerrón es que Belmont es un reflexivo estratega político. La comparación con Putin es el inicio de un aggiornamento para que su radical militancia atraque la alianza sin mayores arcadas. 
Sus condiciones nos caían como llave en una cerradura, pues no nos interesaban sus bienes que pudiera tener, sino su pedagogía política, su forma crítica, directa y sustentada de la realidad peruana bajo la lupa de un hombre experimentado en la materia.
¿Imaginan a Belmont en una escuelita política de la izquierda peruana explicando su visión sustentada de la realidad peruana? Algo tan bizarro como proponer a Cipriani para dictar charlas en #NiUnaMenos. 
Intercambiamos libros, autoría intelectual de cada uno de nosotros y nos fuimos conociendo cada vez más, antes de hacer pública nuestra fusión.
Por que claro, las reuniones no eran entre operadores de marcas políticas dispuestos a mantenerse cerca a alguna cuota de poder. Se trataba de dos preocupados intelectuales que comparten lecturas antes de fusionarse cual valientes sayayines. 
Estoy convencido de que la postura adoptada por Belmont, ya es una postura de izquierda, es más, él mismo me lo ha dicho que dentro de su propia familia y entorno muy cercano está considerado como una especie de comunista incomprendido. Estoy seguro que esta postura es lo que lo mantiene como un hombre en el alma popular.
Probablemente no hay mucho material para convertir a un viejo improvisado de la antipolítica en un aliado revolucionario. Lo adecuado es inventar alguna categoría ambigua, líquida, es decir adaptable a cualquier circunstancia: "comunista incomprendido"

Como es conocido otros "comunistas incomprendidos" han sido Roque Benavides, Dionisio Romero, Alberto Fujimori, Alan García, Martha Chavez y afuera tenemos a Donald Trump y cualquier dictador centroamericano. 
También estoy seguro que convalidó que estábamos distanciados de la caviarada o el tráfico de la vieja izquierda. Algunas veces tuvo la tolerancia pertinente para soportar mi léxico marxista, que sé que no es del agrado de él.
Al líder revolucionario no le gusta el tráfico de la vieja izquierda ni lo que llama "caviarada" término que sin duda también utiliza su nuevo fusionado.  Lo suyo es transitar por las vías libres de principios de la derecha anti-política. 
Luego de conversaciones con su equipo técnico y el nuestro, decidimos dar pase a la alianza, término que personalmente no me gustaba y le sugerí cambiarlo por el vocablo unidad, que suena más cristalino.
Y claro, si se trata de la alianza de un comunista incomprendido con un oportunista incomprendido lo adecuado es un proceso de unidad. Con lo cual, la palabra "unidad" ha quedado completamente arrollada y termina pareciéndose al término "componenda". 
Belmont me ha dicho que esta es su última participación política en su vida, pero yo no le creo, sé que tiene para más, porque hombres como él, pese a su status de marqués, pero con humildad de obrero, tienen el derecho de seguir trascendiendo en la historia.
Para Cerrón, Belmont trasciende en la historia. Después de leer lo anterior ya no quedan fuerzas para reir, sin embargo probablemente tenga razón, pues cuando se estudian los factores y actores del colosal descalabro nacional, el hermanón tiene algunas responsabilidades bastantes claras. 

Además, ¿de dónde saca la idea que la humildad es una virtud de la clase obrera? Un sesgo clasista adquirido probablemente entre tantas fusiones con el patriarca de los outsiders, advenedizos y antipolíticos locales. 

Finalmente, y dejando de lado lo humorístico de la anécdota, es lógico y normal que en la izquierda peruana existan diferentes tendencias y miradas. Que se desarrollen posiciones más contestatarias y radicales es casi esperable en un país de crecimiento tan desigual. Esas posiciones coexisten con visiones más atemperadas de la izquierda. Lo ideal sería que conversen y discutan para eventualmente encontrar temas que proponer o defender de manera conjunta. 

Pero, definitivamente no se construye izquierda y menos una izquierda radical formando una alianza electoral con un clarísimo representante de la derecha conservadora y anti política. Belmont no tiene un sólo registro jugando en nuestro lado. Ni en el pasado, ni ahora. Su "populismo" significa masas desorganizadas, verticalidad del caudillo, política sin rendición de cuentas. Su discurso actual busca sintonizar con lo más retrógrado, oscurantista, patriarcal y xenófobo que hay en el escenario político confiando que esas mismas pulsiones habitan en los sectores populares. 

¿Puede ganar la elección municipal de Lima? Tal vez. Pero como ya más de dos décadas nos han enseñado, ganar elecciones no supone acumular políticamente de manera automática. Ni siquiera la izquierda más bersteiniana del mundo podría aceptar cualquier alianza con tal de sentar algunos concejales.  

El resultado de esta "alianza" no sirve para acumular fuerzas, para mejorar el debate político o la conciencia de clase de la ciudadanía. Ni siquiera sirve para debilitar al fujimorismo. Belmont es tan inmune al fujimorismo como la CONFIEP. Es decir, nada. 

Pretender enrojecer a un viejo caudillo conservador para convertir simple oportunismo en una jugada de ajedrez es perder la brújula política, si es que alguna vez se tuvo. 






Fecha Publicación: 2018-08-17T21:42:00.000-05:00

Era un convencido del sindicalismo. Era un entusiasta de la educación sindical. Era un optimista incansable. Luis Fuertes era un compañero cabal. Desde muy joven, en medio de la dictadura franquista, animó a sus compañeros de la Olivetti a organizarse sindicalmente.

Como muchos en su generación, el compromiso sindical y político iban de la mano. En su caso, militó en el PSOE y fue dirigente de UGT en Catalunya. Fue parte de una generación de inmensos sindicalistas literalmente forjados a través de penurias, persecuciones y amenazas.

Luis era un educador permanente. Convertía toda historia en una lección para quién la quería escuchar. Un día en Lima me contó cómo organizó una huelga en plena dictadura franquista. Era una historia muy intensa de la huelga en Olivetti y de los problemas que tuvieron que sortear para eludir a la dictadura. Y más que pintarse como líder imprescindible buscaba simplemente trasmitir aquello que podía ser útil a un sindicalista latinoamericano.

Al final, recuerdo que dijo más o menos: “Hacemos lo que hacemos, porque tenemos que hacerlo. No es por fama, ni por dinero, ni por reconocimiento. Es porque es justo. Luego vendrán otros y harán su parte. No importa que se olviden de uno, lo que importa es que seguirán desde donde nosotros hemos llegado”

Luis Fuertes fue uno de los cuadros políticos más claros en la necesidad de renovar el sindicalismo en todas partes. Fue uno de los más convencidos promotores de la autoreforma sindical en América latina. Desde la OIT, supo desarrollar una labor de análisis, reflexión, organización y propuesta para fortalecer a los sindicatos de América latina. De esa experiencia se desprenden probablemente los avances más importantes del sindicalismo andino y centroamericano en la pasada década.

Siendo parte de un importante sindicato como UGT y asimismo de la OIT tenía una posición de poder frente al sindicalismo latinoamericano, sin embargo, siempre mantuvo relaciones horizontales con los sindicatos de esta parte del mundo. En un contexto donde otros miraban con desdén o condescendencia al debilitado sindicalismo latinoamericano, Luis Fuertes era una persona cordial, respetuosa y sincera.

Tenía claro que el sindicalismo, aquí y también allá en España y Europa, tenía que cambiar sustancialmente. Él creía no sólo en la necesidad del cambio sino en la capacidad del sindicato para cambiarse a sí mismo, sin traicionarse, sin dejar de ser sindicato. Lo vi defender firmemente las prácticas democráticas y solidarias del sindicalismo en contra de los sesgos corporativistas o de los prejuicios de algunos sectores.

Era un buen amigo. Su confianza en lo que hacemos, diluía las dudas y los sinsabores que tiene una recurrente acción colectiva. Que terrible el tiempo que nos quita a las personas que pensamos permanentes, insustituibles, imprescindibles.

En medio de esta tristeza solo tengo claro que efectivamente, el movimiento continúa. El trabajo seguirá bregando por organizarse cada vez mejor, aquí y en todas partes. Y lo harán con la misma alegría y confianza de Luis Fuertes. Y lo harán desde donde él dejó su parte.

Que la tierra le sea leve, compañero.
Etiquetas: [sindicalismo]  [sociología del trabajo]  [tecnologìa]  [trabajo]  
Fecha Publicación: 2018-08-13T09:56:00.000-05:00


A partir del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que configuran una de las dimensiones de la globalización se ha discutido acerca de su impacto en el mundo del trabajo. Se trata de un marco de discusión bastante amplio que comprende la crisis del modelo fordista y su reemplazo por diferentes variedades de postfordismos e incluso de neotaylorismos. Desde textos pioneros como “Adiós al proletariado” de A. Gorz (1980) o el de J. Rifkin (1997) “El Fin del Trabajo” hasta las más recientes discusiones acerca del “trabajo inmaterial” se ha elaborado una amplia bibliografía sobre las diferentes maneras que la tecnología transforma el mercado de trabajo laboral, las relaciones laborales y las identidades sociales que de allí se derivan.

En la última década, a partir del desarrollo de conceptos como big data e inteligencia artificial, el debate nuevamente cobra vigencia. Tenemos la “robotización” entendida como el empleo de máquinas inteligentes lo suficientemente hábiles para reemplazar trabajadores que realizan tareas cada vez más complejas. Al mismo tiempo, los programas informáticos que a manera de plataformas virtuales permiten que la oferta y demanda de servicios varios se encuentre, aparentemente sin mayores intermediarios. Uber es el ejemplo paradigmático, pero no el único. Y finalmente, programas (apps) mediante los cuales el cliente de una empresa realiza por sí mismo diversas tareas que antes las realizaba un empleado de la empresa: hacer pagos en el banco o comprar entradas al cine. De esta manera, se traslada la labor al mismo cliente.

Una primera constatación que debemos reconocer es que se trata de cambios irreversibles, no solamente para las economías más desarrolladas sino también en los países pobres. Se trata de un proceso en marcha que no va a detenerse, nos afectará a todos más temprano que tarde y abre muchas posibilidades y cambios en la sociedad. En segundo lugar, el efecto inmediato es la pérdida de puestos de empleo. No se trata de una amenaza futura sino de problemas actuales: entre 1990 y 2007 cada robot incorporado a la manufactura de Estados Unidos ha significado la perdida de 6.2 puestos de trabajo (Acemoglu y Restrepo. 2017). 

Mientras, las plataformas tipo Uber representan mecanismos para evadir la regulación de relaciones laborales de dependencia, creando “zonas grises” en el mercado laboral. Los retos que esta situación nos plantea cómo sociedad son considerables. Los más optimistas señalan que los puestos de trabajo que se pierden por el reemplazo de máquinas inteligentes resulta compensado con la creación de nuevos empleos en la industria de informática, comunicaciones, y robótica. Asimismo, señalan la caída de los precios de los servicios a partir del empleo de plataformas virtuales.

Sin embargo, incluso si cuantitativamente las cifras de trabajadores despedidos y empleados contratados sea cercana, eso no evita que se trate de procesos y sujetos diferentes. Claramente estamos en un escenario diferente. Y por otro lado, la desregulación del servicio de taxis, del alquiler de alojamiento, del servicio de delivery entre otros, efectivamente presenta “mejores precios” para el consumidor final pero a costa de no pagar impuestos y ausencia de aportes previsionales y de salud. Lo cual, como es sabido, resulta una mala política social a futuro.

Este escenario supone un reto para el movimiento sindical en todo el mundo. En algunos casos la respuesta ha sido de rechazo y oposición a los cambios descritos. Lo cual resulta entendible, pero a la vez insostenible en el tiempo.

En el Perú, lamentablemente, nuestro sindicalismo permanece al margen de estas discusiones en parte atareado por la urgencia de la defensa cotidiana de derechos laborales tradicionalmente violentados; pero también por la ilusa certeza que son problemas de las economías desarrolladas. Pero muchas de estas situaciones ya están empezando a formar parte de nuestra cotidianeidad.. En los locales de comida rápida de Europa, por ejemplo, ya son comunes las máquinas para tomar la orden. Una pantalla donde los “combos” aparecen y los clientes eligen su compra y pagan con una tarjeta de plástico para luego recoger su pedido. De esta manera, los puestos del trabajador que toma la orden y del que cobra el pedido han desaparecido. ¿Qué impide que esta tecnología llegue a nuestro país?

Por un lado, se trata de empleos poco calificados que tienen remuneraciones bajas, y en el Perú sin sindicatos en el sector alimentos, pues son más bajas aún. Por lo que la inversión en un cambio tecnológico sustancial no tiene mayores incentivos. Esto plantea una suerte de paradoja para la acción sindical. Si los sindicatos animan la organización de dicho sector y por lo tanto mejoran sus remuneraciones; las empresas tendrían un incentivo para automatizar dichas labores y despedir a los trabajadores de dicho sector. Por otro lado, no sindicalizarlos supone mantenerlos con remuneraciones bajas. En estos casos, el sindicato suele oponerse a los procesos de automatización como una manera de defender puestos de trabajo. Para el sector empresarial, el argumento de reducir costos laborales no puede ser la razón última en todos los casos.

Se trata de dilemas que cuestionan tanto la acción sindical entendida solamente como la puja redistributiva, es decir, el sindicato que se limita a la disputa por un mayor ingreso; como las respuestas empresariales centradas en elevar rentabilidad y eliminar el conflicto laboral. Salir de esta matriz de acción colectiva no es un proceso sencillo. Pero resulta imprescindible incluso en nuestro país. 

Supone identificar caso por caso, los costos y efectos de la automatización tanto laboral como socialmente. Y supone, tener la capacidad para influir en los tiempos, sentidos y etapas de los procesos de cambio. Implica, además, repensar conceptos tradicionales en el sindicalismo local como la educación sindical y la formación técnica. Probablemente, el trabajo humano es irremplazable para la creación de la riqueza social, pero la acción sindical si no logra encarar los nuevos escenarios corre el peligro de quedarse sin futuro.

Referencias

Acemoglu, Daron and Restrepo, Pascual, (2017), Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets, No 23285, NBER Working Papers, National Bureau of Economic Research, Inc, https://EconPapers.repec.org/RePEc:nbr:nberwo:23285 



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Etiquetas: [economía]  [empleo]  [juventud]  [perú]  
Fecha Publicación: 2018-08-10T19:10:00.000-05:00

El empleo juvenil es uno de los temas más importantes en el mercado laboral. Los estudios recientes señalan que efectivamente viene creciendo el desempleo juvenil a un ritmo mucho mayor que en el grupo de adultos (Franco y Ñopo, 2018) y por otro lado, tenemos el problema del subempleo por ingresos.

Como señala Omar Cavero en el último PerúHoy de DESCO, el lado empresarial viene insistiendo en diferentes propuestas para promover el empleo juvenil. El común denominador de las mismas consiste en la reducción de derechos y beneficios como un incentivo para mejorar las cifras de empleo juvenil. En la misma línea, en las últimas semanas, diversos medios vienen promoviendo un cambio en el régimen laboral de tiempo parcial. Tomemos como ejemplo, el artículo “El régimen part time y los problemas que genera a empresas y estudiantes” aparecido en Semana Económica el pasado 31 de julio.

El régimen de tiempo parcial establece una jornada diaria no mayor a cuatro horas y 24 horas semanales. Asimismo, los trabajadores a tiempo parcial no tienen derecho a vacaciones, Compensación por tiempo de servicios, indemnización por no goce de vacaciones, ni indemnización por despido arbitrario. Todos estamos de acuerdo que es necesario proponer y discutir políticas de reactivación del empleo en general y especialmente del empleo juvenil. Pero estas propuestas deben hacerse en base a evidencia empírica y a resultados de investigaciones académicas, así como tener claro que el Estado debe aspirar a promover empleo adecuado antes que una actividad mal remunerada y sin derechos.

El artículo, en cuestión señala que la mayoría de los jóvenes labora para cubrir los costos de su educación. Según el trabajo citado de Franco y Ñopo (2018) en el grupo de jóvenes pobres, el 47% tiene un empleo a tiempo parcial. En el mismo grupo, sólo el 14% en el 2016 señala que estudia y trabaja. El autor de la nota indica que el régimen de tiempo parcial establecido en la legislación nacional es un obstáculo para que más jóvenes puedan acceder a empleos que les permita pagar sus estudios. La propuesta del artículo es establecer jornadas de ocho horas durante tres días a la semana. De esta manera, se está desvirtuando el carácter del part time, pues se dedicaría a actividades que requieren una jornada completa y probablemente son permanentes.

El empleo a “tiempo parcial” surge como una necesidad del mercado laboral para cumplir determinadas labores que no requieren de una jornada completa. Se trata de un claro ejemplo de “empleo atípico”: repartir documentos de una oficina, atender en un comercio menor, vender en un puesto de periódicos, entre otras actividades. Obviamente, suponen una remuneración proporcional a la media jornada que representa, por lo que, estos empleos fueron asumidos por jóvenes sin carga familiar, como un primer empleo temporal. Por su carácter de empleo atípico no se trata de un mecanismo para incorporar jóvenes pobres que estudian, precisamente porque los ingresos son sustancialmente menores.

Ahora bien, con el desarrollo de la globalización, en las últimas décadas, las tendencias a flexibilizar el mercado laboral han presionado para ampliar esta modalidad. En otras sociedades se han establecido modalidades extremas como los “contratos de cero horas”, pero eso tiene poco que ver con el tradicional part time. Por otro lado, existe un Convenio internacional de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial, el número 175 que señala claramente: “Es importante garantizar la igualdad de trato para los trabajadores empleados a tiempo parcial, facilitar la transición entre el empleo a tiempo parcial y el empleo a tiempo completo, ofrecer a los trabajadores un número mínimo de horas garantizadas y consultarlos sobre sus horarios de trabajo, incluso para limitar la variabilidad de sus horas de trabajo.” 

Si se establece la jornada de ocho horas en los contratos de tiempo parcial, lo que se está incentivando es el traslado de trabajadores del régimen común al régimen de tiempo parcial. Lo cual demanda efectivamente más empleo, pero con menos derechos.

Más aun considerando la debilidad en la capacidad de fiscalización del Estado peruano; las posibilidades de desnaturalizar este tipo de contrato son muy elevadas. Con la propuesta que comentamos, podría ocurrir que algunas empresas contraten a dos trabajadores a tiempo parcial, donde cada uno labora tres días y reemplaza a un trabajador a jornada completa. No faltará quien señale que así se crea más empleo. En verdad lo que se crea es subempleo por ingresos. Básicamente el resultado sería formalizar el empleo precario.

No es por allí que se apoya a los jóvenes que deseen estudiar y no cuenten con los recursos necesarios. Tampoco es la manera de elevar el empleo juvenil a costa de derechos. Si queremos facilitar la articulación de estudio y trabajo debemos de pensar en propuestas que acerquen a la empresa con los centros de formación, sin reducir derechos ni fomentar la precariedad laboral.

Referencias
Franco, A.; Ñopo, H. (2018). Ser joven en el Perú: educación y trabajo. Lima: GRADE.



Fecha Publicación: 2018-07-04T14:11:00.001-05:00


Felipe Melcher SM fue una de las primeras personas con la que hable de marxismo, socialismo y de la teología de la liberación. Lo recuerdo inmenso con una barba roja y unos jeans desgastados. Era el "hermano obrero" de los marianistas. 

Cuando estaba en secundaria era una novedad ver a un "gringo" trabajar en el área de mantenimiento con equipo de soldador y junto a los demás obreros del colegio. Allí lo recuerdo con un overall y un soplete. Luego, lo vi en la casa que los marianistas tenían en un pueblo joven en el Callao. La casa, en medio de lo que era entonces un descampado a orillas del rio Rimac era el centro de reuniones de los primeros vecinos, de las primeras organizaciones barriales. Felipe era el más animoso y entusiasta. 

Los marianistas tenían una línea de trabajo orientada a los trabajadores asalariados como un buen sector de la iglesia católica desde los 60. Aquí, Felipe apenas llega al Perú en 1977 desea vivir su fe en el mundo del trabajo. Y así, gracias a los contactos de la congregación logra ingresar como obrero a la Fundición Callao, una empresa que como muchas, tenía una estricta política antisindical. Los empresarios no iban a desconfiar de un norteamericano que además era "hermano religioso". Sin embargo, junto con Ernesto, otro religioso peruano que también laboraba en la fundición organizan a los trabajadores, reparten volantes y forman un sindicato. Como muchos trabajadores en la misma situación son despedidos. 

Lo recuerdo también asistiendo a los mitines de IU en lo que sería la futura avenida del pueblo joven, en esa época cuando la izquierda hacía mitines en los pueblos jóvenes. Por aquel tiempo yo tendría casi 20 años y pase un periodo con problemas económicos. Felipe me ofreció un trabajo como aprendiz tarrajeando uno de los techos de la casa de los religiosos, junto con Daniel, un buen amigo. Era un cachuelo de dos o tres meses que me sacaba de apuro y me permitía ordenar mi vida. Al momento de contratarme, Felipe me explicó todos, realmente todos los derechos que tienes cuando eres asalariado y se aseguró que los entendía claramente.  

Luego la vida me alejo de los marianistas y no lo volví a ver. Con el tiempo, me enteré que formó e impulso un centro de formación técnica en el pueblo joven del Callao donde vivió tanto tiempo. Lograr vencer a toda la burocracia estatal y luego conseguir financiamiento para hacer viable dicho centro fue más que admirable. También vivió en la sierra de La Libertad donde forma una radio comunal, un centro para apoyar a los campesinos pobres y como es habitual, terminó enfrentando a las empresas mineras que quieren cambiar la agricultura por minería. Todos los proyectos en los que estuvo, ya sea animando, promoviendo o participando han cambiado realmente la vida de miles de personas en diferentes lugares. La vida de trabajadores, campesinos y también de bastantes jóvenes clasemedieros que vieron en Felipe el rostro concreto de la "opción preferencial por los pobres". 

El primer chaplín que tuve en la militancia política fue precisamente "Felipe" en recuerdo a él. Lo llevé siempre con admiración, queriendo ser digno del ejemplo que había conocido. Pues, si hubiera seguido en la fe católica, me hubiera gustado ser como él. Era el más concreto, real y sincero compromiso con el ideal cristiano que lo deja todo, por los más pobres. En una institución como la iglesia católica, tan dada a las incoherencias, cuando no a la simple traición de sus ideales, Felipe era el más vivo ejemplo del Jesús obrero.  

Hace unos días me enteré del fatal accidente que le causo la muerte. Como siempre y con los años, más a menudo, me duele haber dejado que el tiempo distancie a los amigos. Me duele saber que ya no está, cuando más necesitamos de personas como él. 

Pero como decimos con los revolucionarios, y Felipe definitivamente lo fue, nunca se muere. Su ejemplo seguirá vivo a través de todas las personas que gracias a su empeño, valor y constancia, tienen ahora un presente mejor. 

Que la tierra te sea leve, compañero Felipe. 

Fecha Publicación: 2018-04-23T12:24:00.000-05:00

Cierta derecha empresarial se limita a repetir dos o tres ideas "ideas" para defender opciones políticas muy discutibles. En el Perú, la agenda de los empresarios es bastante concreta: impedir aumentos de la RMV; impulsar una "reforma laboral" que consiste básicamente en desligar toda posibilidad de reposición de un trabajador o trabajadora frente a un despido y dejar sólo una reducida indemnización frente al despido arbitrario (si, frente al despido incausado, es decir, cuando te despiden sin ninguna razón objetiva); impedir que el Congreso legisla precisando el ejercicio o aplicación de algún derecho laboral o peor aún, ampliando los derechos laborales; finalmente, limitar la intervención de los sindicatos en el ámbito de la empresa, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Para llevar adelante esta agenda, la derecha empresarial mantiene estas tres ideas que señale al principio. 
  • La primera, (que es el mantra de la derecha empresarial desde la cual construyen todas las demás) es que en el Perú existe una "rigidez laboral" es decir, un marco normativo que protege exageradamente a los trabajadores y que impide incrementar las inversiones privadas. 
  • Una segunda idea es que la informalidad se elimina reduciendo derechos laborales. Se postula además que mediante el mismo método se incrementa el empleo
  • La tercera idea es que no se deben legislar más derechos. Pues al hacerlo se reducen los incentivos para contratar mano de obra. 
Lo curioso es que los defensores de estos puntos de vista no pueden mostrar evidencia consistente y específica para sustentar dichas ideas. 

En el primer caso, alegar que existe "rigidez laboral" es la base sobre la cual se apoyan para mantener la desregulación laboral existente. En el mercado laboral peruano predominan diferentes tipos de precariedad. Desde un amplio conjunto de actividades que se desarrollan sin ningún tipo de contrato. Donde el despido es automático e inmediato y no existe un marco institucional que regule nada; hasta grandes empresas donde no se respetan condiciones básicas de trabajo como el pago de horas extras o la aplicación de contratos acordes con el tipo de labor.  

Hay un sector reducido -que oscila entre un 25% a un 10% de la PEA ocupada que mantiene condiciones adecuadas de empleo. Principalmente por la dimensión de las empresas donde labora y además -aunque no se quiere reconocer abiertamente- por la existencia de sindicatos en dichas empresas. 

El marco legal obviamente no expresa estas desigualdades. Las leyes dicen que todos los trabajadores deben disponer de empleos adecuados con 30 días de vacaciones, pagos regulares, protección contra el despido arbitrario, discutir sus remuneraciones con el empleador a través de un sindicato y demás. 

El discurso de la derecha empresarial alega entonces, que los empresarios, no pueden invertir en nuevas empresas, no pueden contratar nuevos trabajadores, no pueden capacitar a jóvenes ni pueden promover a más mujeres porque el marco normativo les impone una carga muy pesada. 

El mismo marco normativo que violan sistemáticamente todos los días. Y que violan sabiendo que dicho marco normativo es incapaz de sancionarlos por eso

Tenemos un marco normativo que no se cumple, más precisamente, los empresarios no lo cumplen. ¿Cuál es la solución? Reducir el marco normativo. Que aquello que ahora es ilegal pase a ser legal. 
Se trata de convertir la precariedad laboral en "informalidad" y luego mediante una reforma laboral convertir a esa "informalidad" en formalidad. 

Es una simple estrategia política para mantener las desigualdades en el mercado laboral. No hay evidencia empírica real para sostener que en nuestro país existe una verdadera "rigidez laboral". Ellos aluden a rankings internacionales pero no se específica que dichos rankings generalmente se construyen en un contexto institucional muy diferente al nuestro. Uno donde la distancia entre las normas legales y la realidad es muchísimo menor. 

Aluden ahora a la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el caso de telefónica y obliga a reincorporar a trabajadores despedidos de manera ilegal. Y señalan que esa sentencia promueve la informalidad. Lo que plantean es que si un trabajador es despedido de manera ilegal basta darle una indemnización y nada más. 

Obviamente, se trata de despidos arbitrarios. No se trata como señalan los voceros, que un trabajador que se ausenta sistemáticamente y sin causa, o que hurta o que agrede, deba mantenerse en su puesto de trabajo. Para eso, hay un procedimiento que permite cesar legalmente al operario. Tampoco se trata de los problemas financieros de una empresa. para esos casos, también hay otro procedimiento legal para desvincular a un porcentaje determinado de trabajadores demostrando objetivamente que la situación de la empresa esta en riesgo. 

Los empresarios quieren libertad para despedir sin causa objetiva alguna. Despedir por despedir. Y como legalmente no es posible. Pues señalan que se trata de una "rigidez laboral". Falso.

Lo real es que en el mercado laboral peruano, un empresario puede emplear mano de obra y pagar incluso por debajo del salario mínimo sin que el Estado lo sancione salvo por alguna casualidad. Es más, un empleador puede encerrar a los trabajadores en un container y no pasa nada, hasta que un incendio provoca la muerte de esos trabajadores. ¿Cuántos containers seguirán encerrando trabajadores hoy día? 

En diferentes países y aquí mismo se han establecido mecanismos con menos derechos, en las micro y pequeñas empresas, en donde sólo hay 15 días de vacaciones entre otros recortes. ¿Ha descendido la "informalidad"?  No. Obviamente no va a descender porque la clase empresarial tiene la posibilidad de moverse en un mundo donde hay menos derechos para los trabajadores. 

Toda la evidencia empírica demuestra que reducir derechos no es un incentivo real para la formalización laboral. El impacto que tiene es más bien pernicioso. Hace que trabajadores del régimen general, con todos sus derechos sean despedidos y luego contratados como trabajadores de un régimen con menos derechos. 

El artículo de Germán Lora es un buen ejemplo del uso de estas lógicas empresariales. Sostiene que no deben promulgarse más derechos pues solamente perjudica a los trabajadores. Tal cual. Y pone como muestra el caso de las empleadas del hogar. Señala que por más que exista una ley que les garantiza algunos derechos, la situación es la misma de siempre. ¿En que se basa? ¿Cuál es su evidencia? Su palabra: "Estamos seguros de que, de ocurrir lo señalado, la informalidad en el sector bajo análisis se incrementaría." Lo cual obviamente, según las últimas investigaciones es falso. Todos los especialistas concluyen que el tema de la informalidad laboral es complicado, que no existen soluciones unidimensionales, es decir, de una sola medida, que la estrategia exitosa va por crear empleo adecuado antes que el transito de empleo precario o informal a empleo formal. Revisen este texto.

No es ignorancia ni estulticia. Es una estrategia para llevar adelante una agenda política. Y no necesitan datos, ni cifras. Basta obviar el "pequeño detalle" que cada norma laboral en favor de los trabajadores y trabajadoras no es el resultado de la imaginación de algún congresista o funcionario público, sino de la persistente y tenaz movilización de los propios trabajadores. Desde la legislación por las 8 horas hasta el Convenio 189 de las trabajadoras del hogar. Detrás de cada norma hay muchos y más trabajadores y trabajadoras presionando para conseguir dichas normas y luego para que sean respetadas.

Y eso es la base de la democracia en un mundo civilizado. Instituciones democráticas y ciudadanía que mediante presiones redistributivas construye regularmente nuevos consensos. Pero eso es lo que no tenemos en el Perú. El discurso de la derecha empresarial no requiere de sustento empírico pues en un país con una tasa de afiliación sindical por debajo del 10% le basta con mantener sus posiciones a base de fuerza sin ningún consenso. 

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