La narrativa que se expande en la opinión pública, en redes sociales, en ámbitos académicos y sociales es que enfrentamos una disputa entre la ilegalidad, la antidemocracia, el golpismo y los violentistas y por el otro lado, la institucionalidad democrática, el orden constitucional y la ética política. Y valdría la pena poner en cuestión estas percepciones. Ir más allá de miradas duales o ético morales. La realidad es mucho más compleja y matizada. En estas líneas quiero ordenar algunas de mis ideas y problematizar la manera que miramos nuestro actual conflicto. 

La idea básica de la que podemos partir es que la sociedad peruana y su institucionalidad política vienen atravesando una larga crisis que comprende diferentes momentos y tiempos. Está situación aparece para la opinión pública en la actualidad como un enfrentamiento entre “derecha” e “izquierda”. Antes lo era entre fujimoristas y antifujimoristas.

Sin embargo izquierda y derecha son membretes políticos que traen una carga de significado propia. Se trata de identidades políticas construidas en el siglo XIX y comprenden un conjunto de valores, ideas, símbolos así como un conjunto de prácticas sociales. Valores y prácticas que se articulan en un discurso para definir un escenario y proponer una línea de acción política al respecto. 

Históricamente hay múltiples identidades: liberales, comunistas, socialistas, anarquistas, fascistas, conservadores, socialdemócratas, demócratas cristianos, trotskistas, libertarios, etc. Obviamente, la existencia de estas identidades depende de cada sociedad y de su respectiva cultura política. Durante el siglo XX, estás identidades tienen formas definidas y prácticas sedimentadas en la sociedad, la política y el estado. 

En el caso peruano hemos tenido parcialmente estas identidades, pero desde fines de siglo se fueron erosionando. En la década de los años 90 con el gobierno de Fujimori y desde el Estado se promovió un nuevo “arreglo social institucional” (lo vamos a llamar arreglo más que “pacto”, para denotar que no fue un proceso consensuado o discutido) que en la dimensión económica tenía una matriz neoliberal. Pero el neoliberalismo como en muchos otros lugares representaba no sólo una política económica, sino una manera de entender el estado, lo público, la democracia, lo colectivo y nuevas maneras de ser individuo o ciudadano. Las viejas identidades políticas fueron disueltas o absorbidas por otras identidades y prácticas sociales. Es con el desgaste del gobierno fujimorista, enredado en dinámicas de alta corrupción que aparecen nuevas identidades “cívicas”, republicanas o de centro democrático. La oposición entre fujimorismo y antifujimorismo ha marcado el debate político desde fines de los años 90 hasta la primera década del presente siglo.

Este clivaje ponía en oposición maneras de entender la democracia, la autoridad y la ética en el manejo público. Pero algunos temas como las relaciones laborales, el rol del mercado local, la acción de las grandes empresas extractivas y los enfoques de género en materia de salud y educación no eran claramente abordados por esta matriz de opuestos políticos. En este sentido, la crisis del antifujimorismo fue la crisis de una propuesta que no logró pensar el país más allá del institucionalismo económico con un sesgo liberal. 

En la segunda década del presente siglo aparecen posturas que para superar el clivaje anterior van a retomar el membrete de izquierda. En un principio, ser de izquierda suponía ir más allá del antifujimorismo y discutir propuestas no sólo redistributivas sino de un cambio integral que más que socialismo lo que proponía era una nueva Constitución. 

Desde la elección de Ollanta en adelante, hasta la elección de PPK y la derrota de Keiko Fujimori, la sociedad peruana fue lentamente incrementando su gramática política, incorporando términos, conceptos, prácticas y subjetividades críticas. Hablar de una izquierda ya no era posible, (y perdemos tiempo discutiendo quién es la “izquierda verdadera”) como tampoco asumir que dicha izquierda residía en Lima. Del mismo modo, como en todo proceso político, las identidades se definen por oposición y así aparecen actores que sin ambigüedades van a asumirse como una derecha política, a veces con acento liberal, otras veces con énfasis en el conservadurismo. 

Pero lo interesante del caso peruano es que las definiciones de izquierda y derecha terminan siendo limitadas para ubicarse frente al arreglo social institucional construido a partir de 1992 pero que siguió configurándose hasta el presente siglo. Más claramente: dicho arreglo ha ido dejando afuera a cientos de miles de ciudadanos peruanos, en diferentes ámbitos y momentos: en lo económico, en lo laboral, en lo cultural, en lo educativo, en materia de salud, en el reconocimiento de la diversidad entre otras desigualdades y discriminaciones. Pero al mismo tiempo dicho arreglo sigue siendo viable (rentable) social y económicamente para las clases poseedoras formales e informales. 

Entonces, la idea central que propongo es que la disputa que no logramos resolver gira sobre dicho arreglo así como sobre las percepciones que tenemos del mismo y de sus consecuencias. A partir de lo cual podemos establecer dos grandes campos: uno donde se ubican aquellos que buscan defender -bajo cualquier medio- el modelo de estado/sociedad construido en la década de los años 90 y otro campo conformado por todos aquellos que están descontentos -de distinta manera y motivo- con dicho arreglo y sus consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas. 

Por eso, no basta una gramática política de derecha/izquierda, pues lo que está en disputa es mucho más que una política económica o libertades civiles. En el Perú actual, las disputas políticas se pueden explicar en última instancia entre la defensa o el ataque al arreglo señalado, pero aparecen en la opinión pública como oposiciones dispuestas por diferentes motivos episódicos. Los actores se trasladan entre en campos y construyen sus razones de manera modular antes que integral. Es decir, pueden ser Keynes en la economía, Churchill en la política y Santa Rosa de Lima en materia de libertades sexuales. 

Y así, pueden construir oposiciones en cada módulo y desarrollar conflictos coyunturales con etiquetas de derecha e izquierda que ya no tienen sentidos integrales. Por eso tenemos disputas intra-izquierda en casi todos los temas. Y algo similar pasa en los grupos denominados de derecha. Esto hace que los análisis políticos que deberían ser básicamente análisis de correlaciones de fuerzas sean difíciles de realizar y terminemos con crónicas periodísticas, teorías conspirativas u homilías éticas. 

En el actual conflicto lo que tenemos realmente es un conflicto económico y cultural. El gobierno de Castillo, (nos guste o no y más allá de sus ineptitudes y de los cuestionamientos sobre corrupción) representaba la esperanza (ahora defraudada) de inclusión para sectores de las clases pobres en el campo y la ciudad. Podemos escribir mil páginas (y algunos lo están haciendo) criticando a Castillo desde todos los ángulos posibles con argumentos y evidencia, pero eso no mueve un ápice lo que acabo de señalar. Era un pobre profesor rural que devino en presidente de uno de los países más segregados y bastante desigual de América latina. 

La manera (ilegal, torpe, pongan los adjetivos que consideren) que trata de resolver la amenaza de vacancia y su posterior encarcelamiento ha sido la chispa que enciende una pradera de descontento diverso en esos sectores pobres de las clases desposeídas. Y no estamos romantizando nada: en esas clases desposeídas hay organización pero también hay lumpen, hay informalidad pero sobre todo hay cólera. Ha sido el sector de clase más golpeado por la pandemia y es el sector donde el “crecimiento” se ha visto de manera fugaz y arbitraria. ¿Por qué nos sorprenden las protestas y su violencia?

Un análisis basado en el análisis de clases podría señalar que los sectores movilizados de las clases pobres en el país han entendido que la vacancia de Castillo es un claro mensaje sobre lo que el arreglo significa: los pobres no pueden gobernar. Desde los sectores intelectuales y políticos de las clases poseedoras en las ciudades todo esto se observa bajo el marco de la institucionalidad democrática y la ética política. Muy bien. Y por eso la salida de Castillo era algo necesario y lógico ante su intento de golpe, sus denuncias de corrupción y su ineficacia gubernamental. La burguesía (sí, dije burguesía) es decir, los sectores del gran capital empresarial nacional apoyan la salida de Castillo pero les preocupa el caos y la violencia desatada. Desde inicios de la revolución industrial saben que los incendios de propiedad privada son malos para los negocios. 

Pero intelectuales orgánicos y empresarios lo que no logran ver es el descontento racional de los pobres movilizados. Hay un sector mayoritario en las clases medias y populares que está en sus casa preocupados o indiferentes a lo que pasa. Pero, como decía Cotler, todos los ciudadanos no hacen política. Los que salen a las calles o los que operan desde instituciones estatales son los que hacen política. 

Ahora voy a decir algo que puede herir susceptibilidades y si son menores de 18 les pediría que lo lean acompañados de sus padres o tutores: el proceso de lucha de clases en el país enfrenta a estos sectores pobres descontentos del campo y la ciudad, con los grupos de las élites económica y socialmente dominantes. Esta disputa está escalando y parece aún lejos de amainar. El tema de fondo no es Castillo ni el cierre del Congreso. Esas son demandas basadas en la rabia de la derrota sufrida. Igual merecen una respuesta política pero el tema de fondo es si esta historia de exclusión va a seguir. 

¿El arreglo social construido entre 1992 y 2016 va a continuar tal cual? Esa es la pregunta que la élite política no quiere responder. 

Un gobierno débil como el de Dina Boluarte tiene pocas jugadas eficaces en el escenario. La más sencilla es la represión y es lo que algunos le aconsejan todos los días. Carece de base social y su gabinete no es mejor que los anteriores. Hay individualidades destacables en algunas carteras. Habría que preguntarse si dichas presencias tendrán posibilidad de defender o avanzar en algún sentido real. 

La actual crisis podrá seguir escalando o podría amainar en algunas semanas desgastada por su propia inercia o ante una represión más dura. Pero será sólo un intermedio. Debajo de los escenarios institucionales, debajo de las reuniones formales o los rituales democráticos el descontento permanece, tiene razones y músculos. Otra chispa encenderá otras praderas hasta que desde Lima sus élites depredadoras entiendan que es necesario discutir y cambiar el arreglo social incluyendo a los descontentos. 

Si, estoy hablando de un camino -qué puede ser largo pero sin pausa- hacia una asamblea constituyente. 

La crisis política y los continuos desaciertos del actual gobierno parecen una historia sin fin. Las izquierdas nuevamente aparecen dispersas, peleando entre sí, lanzándose adjetivos y contribuyendo a su propia fragmentación y derrota política. Mucha inmadurez entre jóvenes y tíos.

Sin embargo, algunos compañeros y compañeras, con tino señalan que los esfuerzos unitarios resultan cada vez más urgentes y necesarios. A estas alturas, discutir si el gobierno es de izquierdas o de derechas resulta un ejercicio académico con poca evidencia. 

Lo real es que el gobierno de Castillo puede ser tanto de izquierdas como de derechas. Como buena parte de los últimos gobiernos, carece de un aparato institucional y de un programa político real. Entonces, efectivamente, Castillo decide según quien hable primero en su círculo de allegados. Tampoco es una novedad. Lo vimos con Ollanta y con PPK. 

Para algunos influencers de izquierdas, entonces se trata de influir en Cerrón o Castillo y desde Twitter o Zoom lanzar consejos para ver si pesca alguno. Mucha autoestima. 

La unidad de las izquierdas es fundamental. Insistir en desdeñar la misma, por tirrias personales disfrazadas de principios ideológicos es un mal servicio para los intereses de las clases populares. La unidad de las izquierdas es como el primer paso para salir de la presente crisis y ver si el gobierno de Castillo puede ser realmente útil para atender las demandas de los sectores populares. 

Pero la unidad no es un problema de voluntades y estados de ánimo. O en todo caso, no se reduce a eso. Parte de la confusión existente en nuestras filas radica en asumir que Castillo por ser pobre tiene ideas claras de izquierda. Como buena parte de la ciudadanía que se considera de izquierdas o progresista, pues tiene un sistema estructurado de reclamos, creencias, ideas y sentimientos sobre lo que debe de cambiar y lo que no debe de cambiar en el país. 

Entonces, la unidad no es ni sencilla, ni automática ni está implícita cuando dos personas o grupos dicen "somos de izquierda". La unidad se construye. la unidad se construye desde propuestas concretas, es decir desde un programa político. Esto, que en verdad es medio básico, parece que se ha olvidado. 

El programa político ha sido reemplazado por el discurso político y reducido a tuit. 

Por eso, me atrevo a poner un grupo de puntos concretos, mínimos y no excluyentes de otros, para discutir la unidad de las izquierdas. Sirve como papel tornasol además: si ninguno te parece viable, necesario o deseable, pues podrás llamarte de izquierdas pero te has equivocado de fiesta. 

La idea es sumar y priorizar. Se trata de "reformas", es decir de cambios institucionales. Lo que funciona y esta bien, pues seguirá así. Luego, en base a dicho listado podemos discutir la unidad, y en base nuevamente a dicho listado, podemos empujar al gobierno de Castillo hacia esas propuestas. 

La idea de un programa es además reconfigurar la correlación de fuerzas, es decir, sumar fuerzas.  

1. La convocatoria a una Asamblea Constituyente en el plazo de 90 días calendarios. 
2. Elaboración de una propuesta de ejes principales que debe debatir la Asamblea Constituyente: la relación del Estado y la sociedad, el rol del mercado, las libertades civiles y la diversidad cultural, sexual y social, así como los mecanismos de representación política. También el rol de las iglesias y del trabajo en la sociedad. La descentralización política y económica. 
3. Una reforma laboral que elimine la temporalidad en los contratos laborales, la discriminación salarial por género, impida el despido de dirigentes sindicales sin sentencia judicial, facilite la negociación colectiva por rama tanto en el sector público como privado, refuerce la fiscalización laboral y prohíba los ceses colectivos durante el presente año. 
4. Una reforma tributaria que grave a las grandes riquezas y a las grandes empresas.
5. Una reforma en salud y educación que elimine el lucro como objetivo en dichas actividades. Mayor fiscalización de la educación privada en todos sus niveles. 
6. Una reforma de vivienda que regule alquileres en el sector privado y fortalezca la construcción de programas de viviendas para sectores pobres y medios.
7. Una reforma de transporte que tenga como centro el transporte público (estatizar el Metro y el Metropolitano) y el transporte alternativo (ciclovías).
8. Una reforma del presupuesto público que incremente anualmente las partidas de educación, salud, Trabajo, MIMP y Midis.

La lucha desarrollada estuvo dirigida por los anarcosindicalistas que en ése momento eran el sector más radical en el campo obrero. El objetivo de los obreros era que mediante la legislación se establecieran límites a los abusos de los empleadores. La jornada de las 8 horas no podía ser un privilegio de unos pocos sino el derecho de toda la clase trabajadora. 

Han pasado más de 100 años de esa victoria sindical y resulta claro que algo no funciona. 

Antes de la pandemia, en febrero de 2020 más de 114 mil limeños laboraban más de 13 horas al día según cifras del INEI. En los sectores independientes, la jornada sobrepasa las 8 horas diarias. En ése mismo año alrededor de 1.46 millones de trabajadores en Lima laboraban más de 50 horas semanales, de acuerdo con el mismo informe del INEI. Con la pandemia, estas cifras no han mejorado. 

Los factores que explican porqué la “jornada de las 8 horas” es tinta que moja un papel para la mayoría de la clase trabajadora son muchos y diversos: un Estado que a través del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL no dispone de la capacidad ni la voluntad para fiscalizar realmente a las empresas; un sindicalismo pequeño, debilitado y sin brújula que se contenta con elaborar comunicados pomposos que recuerdan muy bien la jornada histórica de 1919 pero no dicen nada sobre los problemas actuales de los trabajadores y trabajadoras que laboran más de 10 horas diariamente y claro, también importantes sectores empresariales -de todo tamaño- sin el menor escrúpulo para abusar sistemáticamente de los trabajadores y trabajadoras obligándolos a laborar 10 o 12 horas diarias. 

Entonces, el punto de partida más sensato es reconocer que no existe jornada de ocho horas en el país. Hay algunos sectores que laboran ocho horas diarias pero son cada vez más marginales. La jornada extensa avanza en todas las actividades. En minería, el horario atípico ha destruido los vínculos sociales y debilitado las formas sindicales. En el sector de empleados y oficinistas, es ya común y corriente tener un horario de ingreso pero quedarse hasta las ocho o nueve de la noche. En el sector de publicidad, los que hacen audiovisuales trabajan jornadas de 14 o 16 horas diarias. Un trabajador venezolano en un restaurante labora sin contrato durante doce horas por un salario menor a la RMV. 

Con la pandemia y el trabajo remoto, todo esto se ha complicado aún más. 

¿Puede la clase trabajadora recuperar la jornada de ocho horas? Ciertamente, la extensión del trabajo parece estar empujada por las tendencias de la globalización neoliberal. Los voceros de la modernidad empresarial van a repetirnos la necesidad de ser flexibles, polivalentes y multifuncionales. Aspirar a tener vida familiar o estudiar o simplemente descansar parece un anacronismo. 

Pero no lo es. Ya muchos expertos en todo el mundo y Carlos Tovar en nuestro país, han explicado muy bien que es factible económicamente reducir la jornada de trabajo. Que esta sobreexplotación es simplemente angurria, avaricia de las empresas para explotar más a la gente que trabaja.

La clase trabajadora en 1919 conquistó la jornada de ocho horas desarrollando un conflicto abierto y frontal contra los empresarios y el estado. Más que “celebrar” lo que debemos hacer es “repetir”. El sindicalismo debería tener una orientación más radical. Pero no se trata del radicalismo de comunicado. No se trata de llenar un volante con la jerga política de la guerra fría. Se trata del radicalismo tal como en 1919. Los anarcosindicalista dedicaban la mayor parte de su tiempo a organizar a los trabajadores, a hacer asambleas de base, debates en los sindicatos, politizando a la clase trabajadora a partir de sus problemas reales. 

Y confrontando. La huelga ha sido y es la principal herramienta de construcción de ciudadanía en la historia del país. La tarea del sindicalismo ahora es organizar más y mejores huelgas en todos los centros de trabajo donde se cometen abusos y atropellos. ¿Inspecciones laborales? si, pero no basta. Llegan tarde, mal y nunca. ¿Cartas de los congresistas? Ok, pero no resuelven. ¿Campañas en redes? Si, ayudan pero por un tiempo. Todo lo anterior es necesario, pero insuficiente. Todo lo anterior debe ayudar a organizar la huelga. 

Y el sindicalismo institucional debe abandonar esa anteojera mental de la "legalidad de la huelga". Con una tasa de sindicalización por debajo del 10% ¿Qué clase de legalidad de la huelga tienes? Más del 90% de los trabajadores asalariados no pueden ejercer el derecho constitucional de la huelga bajo ninguna circunstancia. Ya dejémonos de engañarnos. 

Hay sectores laborales que deben hacer huelgas ilegales para defender sus derechos legales.

El día que la empresa productora de publicidad vea a todos los técnicos, gaffers, luces, sonidistas parados en huelga porque los quieren hacer trabajar 16 horas, cuando los mozos y cocineros de todos los restaurantes del barrio dejen de trabajar porque no tienen contrato, cuando los trabajadores de los deliverys paren sus motos y no lleven ni un encargo más hasta que los pongan en planilla, cuando esto y mucho más empiece; allí, tendremos un real motivo para celebrar.  

En el primer año de la pandemia de Covid, la riqueza de Elon Musk se disparó de $25 mil millones a $150 mil millones. Jeff Bezos se convirtió en la primera persona del planeta en poseer una fortuna de más de 200,000 millones de dólares. El Financial Times ha estado preocupado durante todo el año pasado por una crisis en la producción de superyates y últimamente ha estado informando sobre otra crisis que aflige a los ricos. Flexjet y NetJets, dos de las compañías chárter de jets privados más conocidas que operan en los Estados Unidos, dejaron de aceptar nuevos clientes recientemente porque simplemente no pueden adquirir suficientes jets para adaptarse al crecimiento explosivo de la clase multimillonaria. No solo no se oculta esta riqueza alucinante; se hace alarde de ella. 

Después de ser propulsado por su cohete Blue Origin durante algunos pocos minutos, Bezos agradeció con entusiasmo a los empleados y clientes de Amazon por permitirle actuar como si se hubiera unido a las filas de astronautas como John Glenn y Neil Armstrong. 

Nuestra nueva era dorada de riqueza obscena y arrogancia contrasta radicalmente con las luchas diarias que enfrentan decenas de millones de trabajadores exhaustos que luchan por mantenerse saludables y vivos, evitar el desalojo, poder pagar el alquiler del próximo mes o encontrar un tipo de trabajo que les permita suficiente tiempo libre para ayudar a sus hijos con la tarea. 

En abril pasado, 3,8 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos, lo que generó titulares que lo denominaron "La gran renuncia" o "la gran salida". Para julio, ese número subiría a más de 4 millones en un solo mes, superado nuevamente en agosto (4,27 millones) y luego nuevamente en septiembre (4,43 millones). 

En octubre, los expertos en los principales medios de comunicación comenzaron a invocar un nuevo término: "Striketober" (octuhuelga), cuando 10,000 trabajadores realizaron la primera huelga contra la empresa John Deere desde 1986, junto con otros 60,000 trabajadores de producción cinematográfica y 50,000 trabajadores de la salud en Kaiser Health amenazando de huelga, junto con docenas de pequeñas y medianas huelgas y paros laborales repartidos por todo el país (incluso en Kellogg, Nabisco y Catholic Health, en Buffalo). 

Aunque no hay duda de que el pésimo trato de los los jefes corporativos durante la pandemia ha llevado a los trabajadores a renunciar en masa, y ha provocado un pequeño repunte en las huelgas, la ira contra la élite y la acción colectiva de los trabajadores son anteriores a Covid.

En 2018 en EEUU, más de 485,000 trabajadores realizaron 20 grandes huelgas, y otros 65,000 participaron en 123 paros laborales más pequeños que involucraron a menos de 1,000 trabajadores. En 2021, hasta noviembre, solo 76,000 trabajadores participaron en grandes paros laborales durante 39 disputas. Si bien aún no se conoce la cantidad de paros más pequeños (que involucraron a menos de 1,000 trabajadores) que tuvieron lugar en 2021, está claro que la ira de los trabajadores por la escandalosa desigualdad no estalló repentinamente en octubre. Aunque es notable el aumento de las huelgas que involucran a más de 1,000 trabajadores, el número de trabajadores que actúan colectivamente aún no ha alcanzado el total de 2018. 

En cambio, el descontento laboral se ha canalizado hacia acciones individuales, como renunciar. También vale la pena señalar el cambio clave de las huelgas del sector público en 2018 al aumento de las huelgas en el llamado sector privado en la actualidad. Pero la naturaleza aparentemente aleatoria de las huelgas de 2021, con trabajadores molestos por las ofertas horribles e insultantes de sus empleadores, no se acerca a lo que se requiere para crear la escala de la crisis que obligue a la élite empresarial a negociar con la clase trabajadora de formas significativas que EEUU no ha visto en décadas.

Desafortunadamente, la mayoría de los sindicatos nacionales desperdiciaron 2021 al priorizar las maniobras detrás de escena para acceder a la administración de Biden y las migajas de la mesa de los patrones -el tipo de acciones que fácilmente se anulan en un siguiente gobierno-, mientras la clase trabajadora observaba al presidente abandonar una promesa de campaña tras otra: colegio comunitario gratuito, medicamentos recetados más baratos, alivio real para estudiantes y propietarios endeudados, licencia médica y familiar pagada, y una acción firme sobre el cambio climático que podría redirigir los actuales subsidios hacia empleos sindicalizados y bien pagados para un planeta habitable. La negativa de Biden a acabar con el obstruccionismo en 2021 fue la derrota de muchos cambios estructurales que se necesitaban desesperadamente, comenzando con la restauración de la Ley de Derechos Electorales y la aprobación de su compañera en el lugar de trabajo, la Ley de Protección del Derecho a Organizar, o PRO (ambas tienen como objetivo restaurar las libertades fundamentales que gozaron brevemente el siglo pasado y que son esenciales para el funcionamiento de una democracia).

¿Qué deberían haber estado haciendo los sindicatos nacionales? Movilizar a los miembros para que tomen la única acción -huelgas- que podría haberles dado poder real en las luchas legislativas que terminaron mal para los trabajadores y sin duda han dañado las perspectivas electorales de los demócratas de cara al 2022. Biden claramente no tiene el poder para mover el Congreso. Los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema no van a cambiar sus votos debido a las súplicas personales del presidente o de los líderes del Caucus Progresista. A lo que responden políticos de su calaña es cuando las élites corporativas los llaman por teléfono y les dicen que cambien sus votos porque las ganancias están siendo socavadas por el caos producido por demasiadas huelgas. 

La legislación nacional que es buena para la mayoría de los estadounidenses se aprueba solo cuando los trabajadores crean crisis insostenibles que hacen que esa legislación parezca una opción mucho mejor que las costosas huelgas, marchas o la caída de los resultados financieros.

En otro período de la historia de EEUU, los dos años posteriores a la elección de Franklin Delano Roosevelt, decenas de miles de trabajadores ejercieron ese poder transformador. En ese momento, la Corte Suprema estaba incluso más descaradamente a favor de las empresas que hoy con su gran mayoría de jueces a favor de los accionistas. El desempleo, los desalojos, el terror racista violento, la manipulación extrema, las violaciones graves de salud y seguridad y las amenazas a los derechos básicos de libertad de expresión y reunión pacífica estaban en un punto de ebullición cuando FDR ganó en noviembre de 1932, como lo están hoy.

En 1933, los trabajadores de ciudades e industrias claves lanzaron una serie de huelgas legales y no legales que obligaron a FDR a cumplir sus promesas. 

Si alguna vez vamos a recuperar nuestro país de la clase multimillonaria, el 2021 -un año en el que estallaron huelgas relativamente pequeñas- tendrá que presagiar un 2022 que se siente como 1934, cuando estallaron mini huelgas generales en mercados laborales claves como como San Francisco y Minneapolis. En la década de 1930, decenas de miles de trabajadores se enfrentaron a sus sindicatos nacionales y a sus empleadores para crear las condiciones para la aprobación de muchos elementos del New Deal. 

Demasiada atención y dinero ahora se centra en algo llamado "cambio narrativo", cuando lo que se requiere es el poder que proviene de las interrupciones estratégicas de la producción, que infligen un dolor real a los directores ejecutivos y accionistas. Aunque es difícil ver que el 2022 se convierta en 1934, no es imposible, y aprovechar lo posible es la mejor esperanza que tenemos.

Siempre hay tiempo para corregir el rumbo. Y aunque las perspectivas de alejar a los sindicatos nacionales de su zona de confort de cooperar con los líderes corporativos y los políticos pueden parecer sombrías, las únicas personas que están en condiciones de forzar ese cambio, es decir, los trabajadores en las fábricas, comercios y oficinas mostraron cómo lograrlo cuando rechazaron dos veces los contratos propuestos que recomendaba su sindicato nacional. La revuelta de las bases sindicales por el convenio en la empresa John Deere, y la cobertura masiva de los medios de comunicación que recibió, demostró a todos los trabajadores que pueden ejercer más control sobre el resultado de sus convenios colectivos y, por lo tanto, sobre sus vidas.

En el próximo año, más de 1,577 convenios colectivos, que cubren a más de un millón de trabajadores sindicalizados, expirarán en los Estados Unidos. Pero esa cifra incluye solo los convenios que cubren a más de 1,000 trabajadores. Hay muchos otros trabajadores en lugares de trabajo sindicalizados más pequeños que también tienen convenios que vencen en 2022, incluidos hogares de ancianos y pequeños hoteles. Dos de los tres estados con la mayor cantidad de convenios que vencen son los estados indecisos de Pensilvania y Ohio. Si más de 1 millón de trabajadores estadounidenses, o incluso menos en los mercados laborales claves emprenden acciones colectivas hacia demandas comunes para mejorar radicalmente su calidad de vida dentro y fuera del trabajo, los resultados serán mucho más poderosos que los de la Gran Renuncia. 

Si incluso una pequeña fracción de la cantidad de personas que renunciaron en agosto y septiembre opta por sindicalizarse -obligando a sus empleadores a mejorar sus condiciones de trabajo amenazando a una salida colectiva, en lugar de individual, o reteniendo su trabajo en huelgas mayoritarias-, la clase trabajadora podría cambiar radicalmente lo que se considera un comportamiento empresarial aceptable. Como hicieron los huelguistas de la empresa John Deere.

A medida que avanzamos hacia 2022, los puntos claves incluyen al sindicato Teamsters que eligieron a una audaz lista progresista para liderar el sindicato nacional por primera vez en este siglo así como el referéndum exitoso de noviembre que cambió la forma burocrática en que se eligen a los dirigentes sindicales en el United Auto Workers (UAW). 

Hay una gran cantidad de vencimientos de convenios próximos en estados indecisos, donde los políticos nacionales (el presidente, el vicepresidente, líderes del Congreso y gobernadores, para empezar) deberían acudir y apoyar a los grupos en huelga y realmente usar el poder del estado para resolver las huelgas en condiciones favorables a los trabajadores. Cuando se considera lo cómodos que se sentían estos políticos como candidatos haciendo campaña por votos laborales, prácticamente tropezando unos con otros en fotografías durante la huelga de General Motors de 2019, por ejemplo, es difícil aceptar su ausencia en los piquetes en la empresa John Deere y en otros lugares. Cuando el portavoz de Biden declaró en una conferencia de prensa durante la huelga de Deere que el presidente iba a permanecer neutral, fue el tipo de oportunidad perdida que no podemos permitirnos, dado lo que está en juego.

Todo el mundo entiende que hay dos senadores intransigentes que son los rostros públicos que bloquean el progreso real. Precisamente por esto, Biden necesitaba presentarse en los piquetes huelguistas de los estados indecisos y llevar a casa su mensaje de justicia para los trabajadores.

No fue suficiente enviar al ex gobernador de Iowa para una breve aparición en el estado de origen entre sus principales eventos en la ceremonia del Premio Mundial de la Alimentación. Con el 6 de enero y las elecciones de 2022 y '24 en mente, el presidente necesitaba abrazar a los trabajadores en los piquetes de John Deere en persona y llevar a cabo una educación política amplia sobre quién realmente está causando el dolor en la vida de los trabajadores. En cambio, la administración se aseguró de afirmar que dejaría que esos trabajadores se defendieran por sí mismos contra una corporación gigante repleta de miles de millones en ganancias. Necesitamos entender que las acciones públicas de Biden hacia los trabajadores en huelga son tan importantes, si no más importantes, que sus nombramientos en agencias gubernamentales, que sólo entienden los expertos y tecnocrátas.

En el oeste, más de 100,000 empleados de tiendas de comestibles en Colorado, California y el estado de Washington ya están trabajando de manera cooperativa a medida que se acercan a los vencimientos de los convenios a partir de marzo-abril de 2022 con los gigantes de la industria Kroger y Safeway. Los dirigentes de los locales más importantes del Sindicato de Trabajadores Comerciales y de la Alimentación han estado construyendo lazos de solidaridad entre los sindicatos locales durante los últimos años. 

Si comenzamos a imaginar huelgas en toda la costa oeste, junto con huelgas en estados críticos, ya sea para obtener mejores convenios o para exigir el reconocimiento sindical en los sectores de la logística y la cadena de suministro, podemos comenzar a ver un camino que nos aleja del triunfo del trumpismo en 2022 y luego un Donald Trump o un similar ganando en 2024. 

Las mejores organizaciones sindicales se ha centrado durante mucho tiempo en coordinar los convenios para que expiren al mismo tiempo en todas las industrias, empleadores y ubicaciones geográficas. Esto se conoce como "alineación de convenios" y se ubica durante las grandes temporadas de elecciones políticas nacionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores se sientan y prestan atención a la acción colectiva cuando sus convenios colectivos van a expirar. Y dado el cinismo que la mayoría de la gente tiene con razón hacia la política electoral, se necesitan movilizaciones por convenio y huelgas para participar en una educación política significativa sobre qué grupo de políticos está conectado con qué grupo de empresarios corporativos.

En lugar de rendirnos a la tristeza, debemos tener en cuenta que los trabajadores cuyos convenios vencen tienen la mejor oportunidad de crear las condiciones para arreglar nuestra democracia rota (y mejorar sus sindicatos mediocres). 

Los trabajadores sindicalizados cuyos convenios no vencen en 2022 deben explorar de inmediato todas las oportunidades de huelga a mitad de convenio, ya sea por violaciones de seguridad y salud o por demandas para negociar sobre el impacto de los cambios en el lugar de trabajo de la era de la pandemia. 

Los trabajadores que aún no están sindicalizados deberían intentar emular las acciones decisivas tomadas por dos grupos diferentes de trabajadores a principios de diciembre. Un pequeño pero poderoso grupo de trabajadores de Starbucks en Buffalo logró lo que nadie antes había logrado cuando derrotaron una despiadada campaña para acabar con los sindicatos encabezada por el director ejecutivo y ex candidato presidencial Howard Schultz y ganaron la elección de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. 

A tres mil millas de distancia y solo un día antes, la mayor victoria organizativa del año se logró utilizando una estrategia diferente para formar un sindicato bajo la ley laboral de EEUU: 17,000 investigadores académicos de todo el sistema de la Universidad de California pidieron el reconocimiento voluntario de su demanda de un sindicato. Cuando sus jefes se opusieron, se organizaron para una huelga mayoritaria y después de anunciar los resultados de su votación de autorización de huelga, el empleador cambió repentinamente de opinión y acordó reconocer al sindicato. 

Esta segunda estrategia fue mucho más común en el siglo XX que en la actualidad, y su reactivación es urgente en un período en el que la vulnerabilidad cada vez más obvia de la cadena de suministro "justo a tiempo" ha abierto una importante ventana de oportunidad para que los trabajadores obtengan beneficios sobre el capital.

Ahora más que nunca, como avanzan los sindicatos, así avanza la democracia.

Cada uno, como individuo podrá tomar la decisión que le corresponda según sus ideas e intereses. Pero, los grupos sociales, en este caso particular, los trabajadores, los sectores populares frente al nuevo gobierno deben, como cada cierto tiempo en la historia, preguntarse ¿qué hacer?

Antes de responder, tal vez lo primero es constatar que el nuevo gobierno será popular. Popular en el sentido más social, casi demográfico del término. Pedro Castillo es un profesor rural de un distrito pobre. Nadie de un origen social similar ha llegado a la presidencia en el presente siglo. Tendremos entonces un gobierno popular. Y eso, no es poco. 

Lo segundo es que el nuevo gobierno popular ha propuesto cambios sustanciales. Es decir, cambios que buscan redistribuir las relaciones de poder en la sociedad, Y propone hacerlo a favor de los sectores populares, de los trabajadores, de los pobres. Propone cambios que le darán más voz y agencia (casi poder) a los pobres del país. Y eso, no es poco. 

En tercer lugar, los enemigos del nuevo gobierno son los grupos más recalcitrantes de la derecha local. Es el fujimorismo, ahora claramente una organización criminal y la ultraderecha neonazi que ya no tiene nada de pintoresca. Enemigos que juegan dentro y fuera de la legalidad. Y eso, no es poco. 

Entonces, para los sectores populares y la clase trabajadora del país, la vieja pregunta ¿qué hacer? puede responderse así: Organizarnos. Lo primero es organizarnos. Necesitamos más organización popular, construir un tupido tejido social de asociaciones barriales, sindicatos, cooperativas, colectivos, redes. Sin organización no hay movilización. Sin movilización no hay apoyo social y político. Y eso, no es poco.

Porque lo segundo es apoyar al gobierno. Ya basta del miedo clasemediero limeño de ensuciarse las manos con un gobierno que podrá tener errores, pero es nuestro. Por cualquiera de las tres razones, el nuevo gobierno requiere apoyo. Ya sea en las calles cuando haya que salir, en las redes cuando haya que tipear y en cada espacio social donde la derecha va a sabotear sus propuestas, mentir sobre sus intenciones y sembrar temor u odio, tendremos que hablar, explicar, discutir para que el resto de ciudadanos y ciudadanas no caiga en la desinformación derechista. Y eso, no es poco.

Y finalmente, el apoyo será crítico, porque todo proceso social debe mirarse y contrastarse. Por que no hay iluminados, profetas ni tecnócratas que no puedan debatirse. Desde el mismo lado del conflicto social, la organización popular y sindical articulando el más amplio apoyo crítico para derrotar a la derecha golpista y la esterilidad ultraizquierdista. Para que los cambios sustanciales como la nueva constitución logren avanzar, para que los pobres tengan su gobierno. 

Y eso, definitivamente no es poco.

En parte, estos silencios se explican entre otras razones por la ausencia de un debate político durante las ultimas décadas alrededor de los temas laborales. El sentido común neoliberal en su versión tecnocrática convenció a la opinión pública que temas como estabilidad laboral, libertades sindicales y derechos laborales eran más bien obstáculos para el desarrollo o en el mejor de los casos, permanencias anacrónicas que lentamente irían desapareciendo. 

Por otro lado, el movimiento sindical peruano no ha tenido oportunidad para colocar su agenda en el proceso electoral. Se trata ciertamente de un sindicalismo pequeño y muy disperso; que no logra ordenar su propia agenda terminando en un amplio conjunto de demandas y muchas luchas desconectadas. El repertorio de luchas laborales queda corto con respecto a la conflictividad laboral. El mejor ejemplo de esto es lo que pasó con los trabajadores de la agroindustria que se movilizaron fuera de la estructura sindical existente.

Pero más allá de estas particularidades, tratemos de aportar a la agenda del sindicalismo nacional. Se trata entonces de discutir los cambios, prioridades y medidas legislativas o normativas que deberían ser prioridad en un gobierno de izquierdas. 

Anoto que son propuestas generales, no particulares. Muchas federaciones sectoriales tienen demandas muy concretas y válidas. Pero la idea es pensar las demandas generales, que permiten el fortalecimiento de TODO el movimiento sindical.

Sobre empleo

a.- El régimen general debe ser general

En la actualidad aproximadamente el 70% de los trabajadores se encuentra fuera del régimen general en materia laboral. Es decir, son trabajadores bajo un régimen especial o laboran en la informalidad o tienen contratos temporales desnaturalizados.  

Hasta la década de los años 80 era al revés. El 70% disponía de estabilidad laboral. Hay que regresar a la estabilidad laboral. Los empleos que desarrollan una labor permanente deben tener un contrato permanente. 

Un contrato con estabilidad laboral no significa que si cometes una falta grave el empresario no pueda despedirte. Si hay causa justa, el contrato laboral puede romperse y proceder al despido. Pero tiene que existir una causa justa, objetiva, real. 

Todos sabemos que un día el empresario está de mal humor y decide botar a un trabajador, va y lo hace.

Por eso, estabilidad laboral a los tres meses. 

CONFIEP no te desmayes. 

b.- Eliminar la suspensión perfecta de labores. 

La formula de "suspensión perfecta de labores" ha devenido en un abuso sistemático. Era una modalidad para utilizar en situaciones de desastres que impedían el funcionamiento temporal de una empresa. Pero ahora ha devenido en un adelanto de despido para los trabajadores temporales. 

La reforma podría ser simple. La suspensión perfecta debe incluir un bono económico que podría ser el 50% de la remuneración percibida asumida por la empresa con cargo a descontarla de los impuestos que debe pagar. 

Lo segundo es que un trabajador al estar en suspensión perfecta detiene el transcurso de su contrato temporal, es decir, si tenía un contrato de tres meses y se aplica la suspensión al primer mes, su contrato queda en dicho mes y no se cancela a los dos meses. El trabajador al terminar la suspensión dure lo que dure, trabajará los dos meses consiguientes. 

Es decir, debemos desincentivar el uso empresarial de la suspensión perfecta como un adelanto de despido. En el caso de los trabajadores estables, no podrían pasar de una suspensión perfecta a un despido incausado

c.- Condonar la deuda de los trabajadores con licencia con goce de haber por vulnerabilidad

Es una medida concreta que resulta útil en la actual coyuntura. Los trabajadores que están en licencia con goce de haber están siendo presionados para laborar jornadas de 12 horas o para eliminar vacaciones, con tal de retribuir los días no trabajados. 

Pero estos días no trabajados no han sido por motivos personales sino por razones de salud principalmente. El Estado puede legislar para que se condone esta deuda de horas a los trabajadores a cambio de beneficios tributarios para las empresas. 

d.- Eliminar el régimen textil.

No hay mucho que decir aquí. El régimen laboral textil de incentivo a las exportaciones debe ser eliminado. Ningún trabajador textil debe pasarse la vida entera trabajando con contratos de tres meses. 

e.- Ley de primer empleo con derechos. 

Más que una ley de empleo juvenil se debe promover una ley del primer empleo con derechos, para los jóvenes garantizando una remuneración digna y todos los derechos laborales. las empresas que contraten trabajadores menores de 25 años recibirán incentivos tributarios.

f.- Regular la tercerización

Hay un largo debate sobre la tercerización. Debemos regresar a un enfoque regulador, pues la tercerización es la puerta para la precariedad laboral. Los trabajadores por "contrata" en todas las actividades económicas son sinónimo de empleo precario, barato, inseguro. 

Y realmente, no es que se gane mucho en una empresa por tercerizar la limpieza o el transporte. Todos sabemos que el incentivo para tercerizar todo fue debilitar a los sindicatos. 

g. Apoyo a Mypes que incorporan trabajo con derechos

Claro que hay que apoyar a las Mypes, pero no a costa de los derechos laborales de los trabajadores. Si no más bien, hay que promover que las Mypes contraten de manera formal y con todos los derechos a sus empleados. Para esto, recibirían beneficios tributarios por incorporar a planilla a los trabajadores. 

Sobre derechos laborales y sindicales

a.- Protección a los dirigentes sindicales

Asimismo, las acciones antisindicales ejercidas por los empleadores deben tener sanción penal. 

b.- Sindicatos por grupo y sindicatos por rama de actividad

La evidencia empírica y la investigación académica han demostrado que la fragmentación en sindicatos de empresa perjudica la defensa de los derechos laborales, y precisamente la legislación laboral fomenta dicha fragmentación y pone obstáculos para la formación de sindicatos de rama de actividad o de grupo empresarial. 

El caso de los compañeros de Telefónica es un buen ejemplo. Hay varias razones sociales de empresas que pertenecen a la Corporación telefónica pero los trabajadores no pueden formar un Sindicato de Grupo Empresarial, sino varios sindicatos de empresa. 

Se requiere modificar la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo incorporando la figura del "sindicato por grupo empresarial" y "sindicato de rama de actividad".

c.- Negociación colectiva por rama de actividad

Luego de lo anterior hay que modificar la misma norma, la Ley de relaciones Colectivas de Trabajo para señalar que el ámbito de negociación promovido por el Estado es el de rama de actividad. Para lo cual se debe establecer que a falta de acuerdo entre las partes en cuanto al ámbito de negociación se realizará a nivel de "rama de actividad". 

Inmediatamente hay que establecer el procedimiento de dicha negociación en la misma norma. 

d.- Ley de huelgas

La actual Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo limita el ejercicio de la huelga al periodo de negociación colectiva ya sea durante el proceso o cuando no se cumplen sus acuerdos. Y establece sólo un tipo de huelga: la general y fuera del centro de trabajo. Con esta medida dictada en 1992 y vigente hasta la fecha, los legisladores del  fujimorismo creyeron que podían desaparecer los conflictos laborales, pero no lo han logrado, solamente se han convertido en conflictos "ilegales". 

Se requiere de una Ley de Huelgas que garantice el derecho a hacer huelgas en sus diversas manifestaciones, como huelgas escalonadas, huelga por horas, huelga por secciones, huelga por turnos, huelga de solidaridad, huelga por vidas en riesgo, huelga con ocupación del centro de trabajo, huelga por afectación de libertad sindical. 

Aquí no estamos inventando nada, sino estableciendo una cancha pareja para que trabajadores organizados y empresarios puedan resolver en canales formales sus naturales diferencias. 

Sobre relaciones laborales

a.- Darle poder al Ministerio de Trabajo

El MTPE debe dejar de ser un ministerio "promotor del empleo". Debe avocarse al empleo asalariado tanto como al autónomo. La promoción del empleo que pase a un ministerio social. El ministerio de Trabajo debe ser solamente del trabajo asalariado y autónomo, para lo cual el gobierno debe tener la meta de triplicar en cinco años su actual presupuesto. Los recursos deben utilizarse principalmente para fortalecer la profesionalización de sus trabajadores y funcionarios; para dotar a las Direcciones Regionales de la infraestructura y personal adecuado; asimismo se debe informatizar la gestión ministerial y especialmente los trámites de registro sindical, negociación colectiva y resolución de conflictos.  

b.- Discutir la fiscalización laboral. 

La fiscalización laboral en el país no funciona cabalmente a pesar de los esfuerzos de los inspectores laborales. Pero no tienen personal, ni recursos, ni un buen marco normativo. Hay que revisar todo eso. 

Necesitamos una inspección laboral firme, fuerte y con autoridad para hacer respetar las normas laborales. 

c.- Potenciar al Comite de SST

Hay que darle una revisada a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para que recupere funciones el comité paritario establecido en dicha norma. Este instrumento -el comité- es vital en la presente coyuntura y se le podría encargar de la supervisión y monitoreo del respeto de las normas de seguridad y salud en el centro de trabajo. 

Hay que devolverle el poder a la Ley 29873.

d.- Establecer el "Comite Paritario de Disciplina Laboral"

En la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo se deja en la empresa prácticamente todo el poder disciplinador y regulador en el centro de trabajo. Esto que parece lógico, no lo es. Ya no es el siglo XIX.

Dejar la disciplina de manera absoluta en manos del empresario ha sido la puerta para todo tipo de abusos y prácticas arbitrarias, que no tienen mecanismo de protección cuando la inspección laboral demora tres meses en llegar a una empresa. 

La solución es simple, establecer un "Comité Paritario de Disciplina" en el centro de trabajo que revise todas las faltas que ameriten una suspensión laboral. La empresa puede seguir enviando amonestaciones escritas pero si quiere suspender el trabajo y por ende perjudicar la remuneración a un trabajador, es necesario discutirlo en un comite paritario que resuelva cada caso.  

Bueno, esto son aportes generales, para una agenda general que no se limite a parchar problemas o resolver demandas sectoriales. Porque de lo que se trata es de ir hacia cambios que le den más poder a la clase trabajadora. 

Foto de: https://manoalzada.pe/editorial/rafael-lopez-aliaga-el-candidato-de-la-ultraderecha

La palabra "facho" viene de fascista. El fascismo es una ideología extremista de derechas. La forma más conocida de fascismo es el nazismo pero no es la única. 

Los extremismos son conjuntos de ideas, propuestas, opiniones y prácticas que no distinguen matices en sus percepciones de la realidad. El fascismo pretende explicar sus opiniones mediante verdades absolutas. "Así fuimos hechos por la naturaleza y por Dios" es un buen ejemplo de una postura extremista que sirve para justificar la homofobia de algunas personas. 

El extremismo político construye un "enemigo" esencial sobre el cual recaen todas las causas de todos los males. Así muchas veces asumen posiciones racistas. Para los nazis, los judíos (todos sin excepción) eran la causa de los males que aquejaban al pueblo alemán. 

En la actualidad, los fachos de ahora buscan culpar por ejemplo a: los inmigrantes (a los venezolanos en general), los "políticos" (desde una falsa posición anti-política), los homosexuales (es decir toda la comunidad LGTBI), los "comunistas" (el famoso terruqueo) y claro también a los judíos. 

Siempre se trata de culpar o condenar a toda una colectividad, en general. No por lo que las personas hacen; sino por lo que las personas son. 

¿Y eso que tiene de malo?

En la democracia, las diferencias se establecen en base a las acciones. Lo que un gobierno hace o no hace. De esta manera se crea un debate público que discute lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Un gobierno o partido que "hace mal las cosas" luego puede cambiar y "hacer bien las cosas". 

La democracia es contingente, es cambiante. No se discute lo que la gente debe pensar o debe ser. 

Los fachos, no. Los fachos condenan a grupos sociales por lo que son o por lo que no son. No importa lo que hagan las personas. 

• "Los venezolanos son ladrones"
• "Los izquierdistas son terrucos"
• "Los gays son pervertidos"  

y al mismo tiempo en positivo:

• "La religión católica es la única verdadera"

En esta intolerancia estructural se desarrolla el pensamiento fascista. Es por eso que es fundamentalmente antidemocrático, aunque participe en procesos electorales. 

¿Entonces, todos los fachos son nazis?

No necesariamente. Seamos más claros. Los nazis eran un partido político fascista que existió en Alemania entre 1920 y 1945. Era un fascismo con tintes militaristas. Como partido político participó en elecciones -ganó alguna- y luego destruyó la democracia e instauró uno de los regímenes más inhumanos de nuestra historia moderna. Fue necesaria una amplia alianza mundial y una guerra (la segunda guerra mundial) para destruirlo.  

¿Pero ahora, no son unos loquitos que no merecen atención?

En las democracias siempre se ha visto con incredulidad a los fachos. En Alemania, los primeros nazis parecían efectivamente unos loquillos con sus uniformes y saludos. En EEUU, los grupos de la Alt-Right eran vistos con escepticismo hasta que asaltaron el Capitolio. En Brasil, el discurso racista y homofóbico de Bolsonaro no era tomado en serio hasta que ganó las elecciones. 

La experiencia histórica señala que los fachos nunca deben ser subestimados. Su discurso político tiene éxito porque es simple, más exactamente es simplón, esquemático, básico. Y da respuestas para todos los problemas de la gente identificando un culpable ajeno y extraño. 

• ¿Porque no tengo trabajo? Por culpa de los venezolanos.
• ¿Porque no tengo novia? Por culpa de los gays y lesbianas.
• ¿Porque me han despedido? Por culpa de los políticos.
• ¿Porque me jala el profesor? Por culpa de los izquierdistas. 

Puede parecer absurdo pero es también un discurso eficaz. Que crece en la ausencia de debate. Los fachos no discuten pues sus opiniones son "verdades" y las verdades no se discuten.  

Una democracia no puede dejar crecer al fascismo porque mientras más grande resulta más difícil de erradicar. El fascismo es el covid de la democracia.   

¿Los fachos no son una opción política simplemente más radical?

No. Hay que utilizar bien el lenguaje. Extremista no es lo mismo que radical. En el lenguaje común parecen sinónimos pero en el ámbito político no lo son. Una posición extremista es aquella que no acepta matices y se entiende así misma como una verdad absoluta. Una posición radical es aquella que busca identificar las raíces de los problemas o situaciones.   

Los fachos no son una opción más. Son un movimiento antidemocrático. Utilizan las reglas de la democracia para destruir a la democracia. 

¿En una democracia no debemos tolerar a todos por igual?

Una democracia tolera a los tolerantes. La lógica democrática es de reciprocidad. Pues la democracia no puede ser ingenua ni indefensa. 

Los grupos que condenan a las personas por el color de piel o por su nacionalidad o por sus orientaciones sexuales no pueden pretender que se les tolere para que luego establezcan la intolerancia institucional y persigan a la gente que antes los toleró. 

¿Cómo identificar a un facho?

Lamentablemente, los fachos han aprendido de la historia y de sus fracasos, por lo que ahora no van -la mayoría- luciendo camisas pardas o banderas con esvásticas. Ahora se esconden en organizaciones religiosas conservadoras que funcionan como cultos cerrados. En el Perú, el pensamiento conservador tiene una amplia raigambre tanto en sectores populares como clases medias. Sobre esta base conservadora, los fachos buscan crecer polarizando las posiciones hacia discursos racistas, homofóbicos, anticomunistas y antiliberales. 

Entonces basta escuchar a un candidato. Si afirma "verdades absolutas" como que "la religión católica es la base de la nación peruana" o se opone completamente a libertades básicas como las preferencias sexuales, el aborto; o presente los roles de género como absolutos: "los niños de celeste y las niñas de rosa"; entonces podemos estar frente a un facho. Obviamente, no se trata de una frase, sino de discursos y prácticas orientadas en este sentido. 

En el país hay mucha gente conservadora; pero ser conservador no implica ser intolerante. El conservadurismo en política supone la preferencia por valores tradicionales frente a los nuevos valores más liberales. Es cierto que a veces, los conservadores se mueven hacia el extremo fascista. 

Con los fachos no se trata de preferencias sino de condenas. El facho condena -y luego persigue- todo aquello que es diferente a él. 

Al mismo tiempo: 

• El facho invoca la democracia pero no es demócrata.
• El facho invoca los valores conservadores pero no es conservador.
• El facho invoca al pueblo, pero es elitista.   

¿Y qué hacer? 

Leer. Informarse. Discutir. 

Dar la pelea. No darle respiro. El fascismo es enemigo de la humanidad.

Se debe identificar, informar y desenmascarar a los fascistas del escenario público. 

Hay que informar y discutir para que en estas elecciones ningún voto vaya a candidatos con veleidades fascistas.  

Como ven, estoy diciendo informar muchas veces. Eso es porque el fascismo crece en el oscurantismo y la ignorancia. Donde no hay información veraz, sino mentiras, los fachos lo tienen fácil. Donde la gente no lee ni discute termina aceptando cualquier cosa por cierta. 

¿Qué hacer?

Conversamos un año antes para llevar el proyecto de la candidatura y el fortalecimiento del partido en la capital. Me manifestó que si un partido no logra la presencia en Lima, su repercusión política sería débil por más revolucionarias propuestas que tuviera, me dijo que ideas brillantes todos la teníamos, el asunto era cómo “vender” esas ideas. Tenía mucha razón y convalidé sus apreciaciones con las frases de Vladimir Putin: “Si quieres conquistar Rusia, tienes que ir a Moscú”, recogidas del libro de Peter Truscott. 

Sus condiciones nos caían como llave en una cerradura, pues no nos interesaban sus bienes que pudiera tener, sino su pedagogía política, su forma crítica, directa y sustentada de la realidad peruana bajo la lupa de un hombre experimentado en la materia.

Intercambiamos libros, autoría intelectual de cada uno de nosotros y nos fuimos conociendo cada vez más, antes de hacer pública nuestra fusión.

Estoy convencido de que la postura adoptada por Belmont, ya es una postura de izquierda, es más, él mismo me lo ha dicho que dentro de su propia familia y entorno muy cercano está considerado como una especie de comunista incomprendido. Estoy seguro que esta postura es lo que lo mantiene como un hombre en el alma popular.

También estoy seguro que convalidó que estábamos distanciados de la caviarada o el tráfico de la vieja izquierda. Algunas veces tuvo la tolerancia pertinente para soportar mi léxico marxista, que sé que no es del agrado de él.

Luego de conversaciones con su equipo técnico y el nuestro, decidimos dar pase a la alianza, término que personalmente no me gustaba y le sugerí cambiarlo por el vocablo unidad, que suena más cristalino.

Belmont me ha dicho que esta es su última participación política en su vida, pero yo no le creo, sé que tiene para más, porque hombres como él, pese a su status de marqués, pero con humildad de obrero, tienen el derecho de seguir trascendiendo en la historia.

Cierta derecha empresarial se limita a repetir dos o tres ideas "ideas" para defender opciones políticas muy discutibles. En el Perú, la agenda de los empresarios es bastante concreta: impedir aumentos de la RMV; impulsar una "reforma laboral" que consiste básicamente en desligar toda posibilidad de reposición de un trabajador o trabajadora frente a un despido y dejar sólo una reducida indemnización frente al despido arbitrario (si, frente al despido incausado, es decir, cuando te despiden sin ninguna razón objetiva); impedir que el Congreso legisla precisando el ejercicio o aplicación de algún derecho laboral o peor aún, ampliando los derechos laborales; finalmente, limitar la intervención de los sindicatos en el ámbito de la empresa, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• La primera, (que es el mantra de la derecha empresarial desde la cual construyen todas las demás) es que en el Perú existe una "rigidez laboral" es decir, un marco normativo que protege exageradamente a los trabajadores y que impide incrementar las inversiones privadas. 
• Una segunda idea es que la informalidad se elimina reduciendo derechos laborales. Se postula además que mediante el mismo método se incrementa el empleo. 
• La tercera idea es que no se deben legislar más derechos. Pues al hacerlo se reducen los incentivos para contratar mano de obra.