Si estás en alguno de esos círculos intolerantes y absolutistas y osas tener juicio crítico y opinión propia acerca de estos temas automáticamente eres expulsado, satanizado y acusado de aprista, fujimorista, montesinista o todos juntos (aprofujimontesinista). En el caso que continúes tercamente en el peligroso habito de pensar por cuenta propia, existen dos opciones:

a) Recurren al tema de sensibilidad social: Te dicen insensible, intolerante, discriminador, exclusivo, egoísta, malvado, nazi, etc.

b) Los insultos suben de calibre en cuestión política, te dicen: Fascista, Reaccionario, Opus deiista, Ultraderechista y hasta quizás llegues al último nivel, que quiere decir que te volviste realmente importante para ellos: "Agente de la CIA, asalariado de EEUU".

A continuación un breve repaso de algunas de estas frases famosas, políticamente correctas, moralmente intachables, aprobadas por la élite progresista y social del país, a las cuales es un crimen tener la osadía de oponerse o siquiera criticar:

"Fue una dictadura"

"Fue un régimen genocida que, cometió crímenes de lesa humanidad"

"Se robó la plata del Perú ($ 800 millones) "

"Fue un vendepatria, regaló empresas a trasnacionales con las privatizaciones"

“Se robo el oro del Paititi”

"Hubo 300,000 esterilizaciones forzadas"

"Regaló la selva a Ecuador en guerra del CENEPA"

"Realizo una política sistematizada de violación de DDHH"

"Hubo más violaciones de DDHH que en otros gobiernos"

"Fue el peor gobierno del Perú"

"Destruyó la educación del país al privatizarla"

"No venció al terrorismo, ya estaba vencido"

"No capturó a Abimael Guzman, fue la policía"

"Es responsable de las muertes de Cantuta y Barrios Altos"

"Los ricos se volvieron más ricos y los pobres más pobres"

"Torturó a su esposa"

"Controlaba la prensa, no existía oposición"

"Los Comandos Chavín de Huantar violaron DDHH de los guerrilleros rendidos"

"La población no lo apoyaba"

"Cambió la constitución solo para reelegirse"

"Manipuló las elecciones para ganar en 1992, 1995 y 2000"

"Montesinos lo controlaba"

"Los estudios de Keiko los pagó con el dinero del país"

"Fujimori es peor criminal que Abimael"

"Fujimori no es peruano, es japones"

"La constitución de 1979 era buena, pura y santa. Protegía los derechos de pobres, la C93 solo defiende derechos de ricos y trasnacionales" o también

"La constitución de 1979 es mejor que la de 1993" o "La constitución de 1979 se aprobó en Democracia y la de 1993 en Dictadura"

"Haya de la Torre firmó la constitución de 1979"

"La revolución de Velasco fue un legítimo reclamo del pueblo"

"Luchó por los pobres"

"Se redujo la desigualdad"

"La reforma agraria era necesaria, mejoró la economía"

"Su golpe de Estado fue legítimo, Belaunde era un vendepatria"

"No hubo corrupción en su gobierno"

"No hubo violación de DDHH en su gobierno"

"El pueblo lo amaba"

"La prensa era libre, había Democracia"

"Las nacionalizaciones que hizo beneficiaron al país"

"Iba a recuperar Arica"

"Su revolución hubiera triunfado si no fuera por la conspiración de la CIA y el traidor de Morales Bermudez"

"El empresario es egoísta y solo explota trabajadores"

"El neoliberalismo solo vuelve más ricos a los ricos y más pobres a los pobres"

"Las trasnacionales solo sirven para quitar la riqueza del país y llevarla a sus paises"

"Perú tiene una economía primario exportadora"

"Los TLCs solo sirven para vender el país a países extranjeros"

"Perú es un país neoliberal"

"Las mineras formales destruyen el ambiente y se llevan nuestros recursos"

"Las grandes empresas agroindustriales explotan a trabajadores"

"La inversión extranjera es una forma de neocolonización de EEUU"

"Los precios suben porque el gobierno no los controla"

"Las empresas públicas benefician al pueblo"

"Es malo e injusto privatizar la luz y el agua"

"Los programas sociales reducen la pobreza"

"Los transgénicos son malos para la salud y la agricultura"

"El gobierno debe proteger las industrias nacionales"

"El Perú sigue políticas ordenadas por el FMI y el Consenso de Washington"

"El Capitalismo es perverso, solo el socialismo es verdaderamente humano"

"Los impuestos altos solo perjudican a los pobres"

"Si se aumenta el sueldo mínimo, todos los peruanos se benefician"

"Solo vendemos nuestros recursos naturales a los extranjeros"

"La estabilidad laboral absoluta es lo mejor para todos"

"Hubo mas de 69,000 personas muertas en la lucha antiterrorista"

"El Ejército reprimió indiscriminadamente a la población en la lucha antiterrorista"

"Hubo una política sistematizada de violación de DDHH contra la población"

"El terrorismo surgió por culpa del olvido del Estado"

"El conflicto interno, fue una guerra civil entre compatriotas"

"El Ejército y los terroristas eran igual de genocidas"

"La CIDH es justa e imparcial en defender víctimas"

"Las ONGs de DDHH no tienen interés político"

"Las ONGs de DDHH defienden a todos cuando les violan sus DDHH"

"Todas las indemnizaciones millonarias a víctimas son justas"

"El Estado debe reparar a las víctimas del Estado en lucha antiterrorista"

"La legislación antiterrorista de Fujimori era ilegal, es justo y necesario que la eliminaran"

"Es justo que enjuicien y estén en la cárcel los militares y policías violadores de DDHH"

"Todos los militares y policías violaron DDHH de población indefensa"

"El pueblo respaldaba a los insurrectos en su acciones"

"Los senderistas y emerretistas eran jóvenes idealistas q fueron por camino equivocado"

“El fujimorismo tuvo la culpa del surgimiento de Sendero y el MRTA en el Perú”

"Es justo que la población afroperuana, selvática e indígena tenga derechos especiales sobre todos los demás, porque han sido olvidados históricamente por el Estado."

"Es urgente que se apruebe el Matrimonio Homosexual para garantizar la igualdad de todos"

"Los Gays deben tener derechos a adoptar y no se les debe excluir de la crianza de los niños pequeños"

"Se debe aprobar el aborto, la mujer debe decidir por si misma"

"El Estado debe garantizar derechos sociales, económicos y culturales a la población sin importar cuánto cuesta, ni quien lo page"

"Existe racismo en el Perú solo contra indios y negros"

“La iglesia católica es una mafia”

“La iglesia católica es un instrumento de dominación de los poderosos sobre pobres”

“El catolicismo es una superstición pasada de moda”

“La iglesia católica con su oscurantismo es la culpable de todos los males de América Latina”

"La Iglesia Católica nunca ha hecho nada, más que vivir a costa de los pobres"

"Cipriani es fujimorista y corrupto"

"Cipriano no debe meterse en política"

"Cipriani dijo que los DDHH eran una cojudez"

"Cipriani no brindó atención a los pobres cuando era Obispo en Ayacucho"

"La mayoría de los curas son homosexuales y pedófilos”

Hasta aquí esta breve antología del pensamiento masa-único-políticamente correcto-caviar-peruano. No pretendemos ser dogmaticos, ni nada parecido, pero sí que puedas tener una aproximación a lo que cabe en las cabecitas de nuestros simpatiquísimos adoradores del pensamiento único. Que sería de nosotros si no los tuviéramos al lado para rabiar y reírnos un poco.

Hasta más vernos…

Frank Keskleich

Iván Budinich

El pasado 7 de junio se dictó la sentencia al nefasto terrorista Artemio. Nombro a estos 3 personajes debido a que sus respectivos juicios orales han sido los más politizados en la historia peruana. Y, en la mayoría de las veces, diversos opinólogos y miembros de la prensa peruana tratan a Artemio y Gonzalo como si fueran “presos políticos”. Entre estos personajes tenemos a Rocío Silva Santisteban, visiblemente ofuscada porque unos militares trataban a estos engendros de “terrucos”. Y, las personas que se están curando – o nos hemos curado- del doble rasero seguimos esperando sentados que su tan mentadísima CNDDHH defienda a policías, militares y políticos que alguna vez pusieron el pecho cuando en las calles del centro de Lima se colgaban perros muertos en los postes, mataban a machetazos a campesinos, violaban a mujeres y derribaban torres de electricidad.

En la otra esquina, tenemos a “Alberto”, el defenestrado, el insultado, el escupido verbalmente. Al que lo tratan como si fuera del hampa y cuando lo dejan de insultar lo llaman por alias. Por eso, querido lector, no crea que me confundí al escribir los alias de los terroristas sin las comillas y sí poniendolas en el nombre del ex presidente Fujimori. A él se lo puede culpar de corrupto, autoritario, ladrón, encubridor, embustero, y un largo etcétera. Pero, ¿genocida?. Es “too much”, como diría nuestra queridísima Claudia Dammert.

Todo este tema viene a colación también por la doble moral usada en el Congreso y la opinión pública en general con respecto al trato al ex presidente Toledo por el vergonzoso escándalo de lavado de dinero. Mientras al “sano y lavado” se lo “blinda” por parte de las bancadas peruposibilistas y nacionalistas con total desparpajo, se le niega el indulto al chino (alias “Alberto”) porque “no se arrepintió de sus mentados errores”. En lo personal, nunca estuve a favor del indulto pero no porque tuviera algo en contra de Fujimori, sino porque considero esa herramienta legal como un poder muy discrecional y que atenta contra el Estado de Derecho.

Para terminar, no sólo hay que apuntar con el dedo a toda nuestra clase política, sino también contra esa “masa” que los eligió. Porque los congresistas no llegan ahí de la nada. El “pueblo” los elige. Alguna vez Gandhi dijo “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”. Si queremos un cambio como país, empecemos por nosotros mismos. Es hora del mea culpa. No nos ofusquemos cuando cierto periodista nos trata de “electarados”. Hagámonos cargo de nuestro pasado, presente y futuro. Dejemos de echarle la culpa a los españoles; a Piérola por el Contrato Dreyfus; a los chilenos por perder Arica; a Velarde por ceder territorio a Brasil en el Tratado Velarde – Río Branco; a Belaunde por la “pagina once” o por ser tan blando con el terrorismo; a Velasco por el nacionalismo proto-chavista; a Alan por la hiperinflación, la leche ENCI y el dólar MUC; a Fujimori por cercenar la libertad de expresión y a Paniagua por liberar terroristas. Pensemos en nosotros. El problema del Perú somos los peruanos, pero también somos la solución.

Hace unas semanas, fui partícipe de un intenso debate sobre la posible postulación de la primera dama, Nadine Heredia, en el 2016. Mi contrincante, un amigo, mostró una posición a favor de dicha postulación, a diferencia de mí. Uno de los puntos más relevantes fue si es legal o no. Otro fue cuán ético es. Además de, las consecuencias que conllevaría esta situación y si la democracia se vería afectada. Durante el debate, las preguntas se basaron en los puntos mencionados anteriormente, tales como ¿Está prohíbida la postulación de Nadine Heredia? ¿Es ético que postule la cónyuge del actual presidente, Ollanta Humala? ¿Qué consecuencias conllevaría aquella postulación? ¿Cómo afectaría a la democracia peruana la llamada “reelección conyugal”? Un caso muy conocido es de Los Kirchnner en Argentina, también Daniel Ortega en Nicaragua, y otros más. Reitero que Nadine Heredia no debería postular en el 2016. El presente ensayo tiene como objetivo mostrar mi preocupación por una posible postulación de la primera dama.

Mi opositor argumentó que la Constitución no prohíbe explícitamente la postulación de la primera dama y que sería saludable para la democracia, no solo porque el “continuismo” es una práctica muy común en Latinoamérica, sino también: permite la consolidación de programas educativos y sociales.

Sin embargo, en mi opinión esta postulación no sería posible porque, según el representante de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega (2013): “Hay una Ley Orgánica que impediría una candidatura de la primera dama”. Asimismo, decir que esta candidatura es “saludable” para la democracia peruana, en cierta medida, resultaría paradójico: generalmente, en los gobiernos reelectos, tanto la corrupción como el abuso del poder se apoderan de la esfera pública. Sin ir muy lejos, la experiencia nos muestra que las reelecciones conyugales no constituyen un ejercicio pleno de la democracia.

Por ejemplo, Cristina Kirchnner fue reelecta después del fallecimiento de su exesposo Néstor Kirchnner en el 2011, gracias al voto popular de un 54.11% de la población argentina. Esta reelección no garantizó necesariamente un régimen democrático. Actualmente, el enfrentamiento judicial entre el gobierno argentino y el diario Clarín ha causado mucha preocupación en varios medios de comunicación de oposición, dado que estos denunciaron que están “atentando contra la libertad de prensa”, no solo porque la “Ley de medios” determina un número limitado de licencias, sino también, pues, aquel diario es uno de sus principales críticos del actual gobierno. Recientemente, uno de los periodistas más reconocidos en Argentina, Jorge Lanatta, en su programa político Periodismo para Todos, del canal 13, difundió casos de corrupción durante el mandato de Néstor Kirchnner: El primer caso señala que Lázaro Báez, un amigo del expresidente, organizó un esquema de corrupción con anuencia y participación de este para transferir al exterior y lavar más de 50 millones de euros obtenidos. Los otros dos casos son estos: se reveló que recibía contribuciones de empresarios y que en una bóveda de su residencia de Calafate tenía hasta 3000 millones de euros.

Mi oponente alegó que el impedimento legal para la reelección conyugal se podría eludir, a través de diversos caminos. Mencionó que el jurista Javier Valle Riestra (2013) opina lo siguiente: “Primero, plantear una acción inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Otra (sic), que se prefiera la Constitución a la ley, ya que si la Constitución no dice nada al respecto, no se puede crear un impedimento en virtud de una ley inferior”.

No obstante, estas medidas generarían una serie de consecuencias dañinas para nuestra democracia: sensación de tiranía; es decir , abuso de poder , también debilitamiento de las instituciones públicas y, principalmente, la perpetuación en el poder; esto último atentaría contra uno de los requerimientos de un Estado democrático: derecho a competir por los cargos públicos (R.Dahl y G.O´Donnell, 2004, p.55). Un politólogo y exministro peruano, Fernando Rospigliosi (2013) sostiene que “esa es la ambición de ellos (Ollanta Humala y Nadine Heredia): perpetuarse en el poder, que no es solamente en el 2016, sino que puede ser en el 2021 y así [...].

Mi contendiente agregó que la reelección conyugal cuenta con un gran apoyo popular: el último sondeo de GFK muestra que tanto Nadine Heredia como Keiko Fujimori quedarían empatadas en la primera vuelta con un 24%. Pero, en la segunda vuelta, la primera dama obtuvo un 39% a favor, mientras que la lideresa de Fuerza Popular, un 34%.

Si bien es cierto que esta encuesta evidencia una posible victoria de Nadine Heredia en el 2016, es discutible. Porque es poco probable que se mantenga en el tiempo y, por supuesto, se cumpla: falta más de 3 años, y eso es mucho para un electorado muy vulnerable. Además, la reciente encuesta de Datum Internacional concluyó que el 52% de los peruanos consideran que la primera dama no debe ser candidata presidencial.

Mi adversario sostuvo que dicha reelección no demuestra una actitud contraria a la “ética política”, porque, según él, no se utilizaría el poder de una manera excesiva, ni los derechos y deberes de los ciudadanos se verían afectados. Aparte, manifestó que se respetarían los valores democráticos: libertad, progreso y justicia. Añadió que estos valores constituyen la esencia de aquella ética.

Ahora bien, estos argumentos son rebatibles. En primer lugar, vivimos en un país donde tanto la inestabilidad política como “antipolítica (rechazo y desilusión hacia los políticos) cada vez es mayor. En segundo lugar, la democracia va más allá del respeto de los valores democráticos, porque también implica permitir que otros candidatos postulen en igualdad de condiciones y así evitamos el ejercicio de la tiranía. En tercer y último lugar, para que Nadine Heredia pueda ser candidata, de alguna u otra forma, van a tener que modificar la ley que prohíbe su posible postulación. En estas circunstancias, cabe preguntarse ¿realmente se estaría actuando de acuerdo a la “ética política”?

En última instancia, mi compañero enfatizó en que la democracia peruana no se vería afectada por la posible postulación de la primera dama porque nuestra economía seguiría en crecimiento – como está sucediendo ahora- y este crecimiento permitiría disminuir la brecha de la desigualdad. También argumentó que los programas de inversión privada y pública impulsados por el actual gobierno generarían más puestos de trabajos, reduciéndose la tasa de desempleo en un periodo de 10 años.

Desde mi punto de vista, el “crecimiento económico” no siempre se encuentra en su máxima expansión porque, en periodos de crisis e incertidumbre, la producción tiende a la baja y esta situación genera, principalmente, desempleo masivo. Por otro lado, reducir la brecha de desigualdad no es una cuestión elemental, para decirlo de una forma muy ligera, puesto que requiere de programas socioeducativos bien elaborados y definidos por especialistas de distintas áreas para que puedan lograr su objetivo. Asimismo, el factor confianza juega un papel crucial para captar más capitales extranjeros, especialmente, del sector privado. Mientras más alta sea la confianza más van a invertir: tendrán la seguridad de que van a generar grandes utilidades y no habrá sobrecostos. ¿Por qué no sucede lo mismo en el caso contrario? Por una razón muy simple: cuando la confianza es mínima, genera costos elevados –porque el riesgo es mayor- y esto reduce notablemente sus ganancias. La reelección conyugal generaría, obviamente, una crisis de confianza que repercutiría en las inversiones.

En conclusión, me reafirmo en que Nadine Heredia debería abstenerse de una posible postulación en el 2016, no solo porque sería un grave retroceso para nuestra democracia por la perpetuación en el poder, sino también, sobre todo, ya que los peruanos no queremos un gobierno kirchnnerista, ni mucho menos chavista, que vulnere los principios legales en forma o en espirítu.

Cabe preguntarse, ¿es conveniente esa postulación?

¿Y cuál es el fundamento de la Oficina del fiscal del Estado para sustentar esa cifra? Pues un informe que el gobierno de Toledo encargó a Kroll, prestigiosa agencia de investigación de EEUU, para identificar e inventariar el patrimonio de Alberto Fujimori.

¿Y qué dice dicho informe de Kroll?



No lo sabemos porque el Poder Judicial se niega a hacerlo público. Vean la notica sobre la negativa a publicar el informe Kroll:



“La Corte Superior confirmó así el fallo del 63° Juzgado Civil de Lima, que declaró improcedente la entrega del ‘informe Kroll’, así como de los contratos firmados por el Estado peruano con la empresa estadounidense que lo elaboró en el 2002, a petición del gobierno del entonces presidente peruano, Alejandro Toledo (2001-2006).

El dictamen señaló que el documento es de carácter confidencial y parte de la reserva del Estado, que puede ser utilizado como estrategia en los procesos judiciales contra Fujimori, según la agencia oficial Andina”.

Es decir, un perfecto círculo vicioso:



- Burneo y Jiménez citan la cifra de Transparencia Internacional



- Esta agencia se basa en la cifra que les da la Oficina del Fiscal Especial



- La cifra del fiscal especial, a su vez, se fundamenta en la investigación del informe Kroll



- Pero el Poder Judicial rechaza las peticiones de que se haga público el informe Kroll

Pregunta : ¿No debería el Poder Judicial publicar el informe Kroll para que la población sepa cuál es el verdadero patrimonio de Alberto Fujimori?

¿Se creen ustedes la cifra del fiscal?



Pues yo no.



¿Y saben por qué?



Porque creo que si el informe Kroll sustentara esa cifra, el fiscal y/o los jueces no rehusarían hacerlo público.

Autor: Daphne de Bichonville



Kroll ha sido consultado por Estados para examinar si determinadas personas en el poder han sustraído dinero o no. Kroll informó sobre Ferdinand Marcos en Filipinas, Saddam Hussein y la de Duvalier, Jean-Claude encontrar en cada caso los activos ocultos.



Alberto Fujimori fue acusado de corrupción ya que el gobierno del Perú, encabezado por Alejandro Toledo, solicitó en 2002 la ayuda de Kroll. El gobierno no teniía en ese momento ninguna prueba de que Alberto Fujimori se habría enriquecido en cualquier forma ilegal y sin pruebas sólidas ningún gobierno permitiría que Alberto Fujimori fuera extraditado con tales cargos.



El informe Kroll

El diario la República informó entonces en 2002 que en un mes estaría disponible una lista de la acumulación de fondos ilícitos por Fujimori de las arcas del Estado durante sus diez años en el cargo.



El informe Kroll contiene una lista detallada de todas las transacciones de Alberto Fujimori en sus cuentas y en relación con sus propiedades, sin encontrar nada ilegal.



Kroll , además, no localizo cuentas bancarias ilícitas en el nombre del ex presidente Alberto Fujimori, pero Kroll añade que el hecho de encontrar los fondos no excluye la existencia de dichas cuentas en alguna parte. Lo mismo puede, por supuesto decirse de Alejandro Toledo y Ollanta Humala y todos los demás.



Incluso la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupció que fue creada y controlada por Alejandro Toledo no encontro ninguna evidencia de corrupción de Alberto Fujimori.



El destino del informe



El informe de Kroll comprendía 7 volúmenes y no se limitaba a Alberto Fujimori. El presidente Alejandro Toledo tuvo la oportunidad de leer el informe y luego pasaron dos cosas – dos volúmenes desaparecieron y los cinco volúmenes restantes se declararon secreto de estado y no fueron utilizados en el juicio contra Alberto Fujimori.



Las pruebas en los procesos penales



En los casos penales el acusado tiene derecho a todas las pruebas a las que la fiscalía tiene acceso , ya sean a favor del acusado o en su contra. No hacerlo puede invalidar el procedimiento y el veredicto.



El contenido del informe Kroll



Entonces, ¿cómo pudieron desaparecer dos volúmenes? La sospecha es que estos volúmenes pueden contener nombres y cuentas de políticos de la oposición sobornados por Montesinos, así como la información posible acerca de las recompensas a los agentes en el entorno de Montesinos .Dado el momento en que se realizó el informe, también podría implicar Panyagua Valentín, ya que : a) curiosamente retiró los cargos contra Humala por el levantamiento de Locumba ;b) se abstuvo de investigar el papel del ejército en los sucesos de septiembre y novimbre de 2000, y c) acusó a de Alberto Fujimori con la corrupción no-especificado.



Posible motivos políticos de la acusación



Fujimori desde el principio declaró que la investigación era un ”persecución política”. Dados los hallazgos del informe Kroll puede ser que este en lo cierto.



Los cargos de corrupción contra Alberto Fujimori



Por lo tanto, de acuerdo a sus oponentes, Alberto Fujimori, sin enriquecerse personalmente, podría haber planeado y dirigido un gobierno corrupto . Si es así, Fujimori sería el primero en la historia humana dentro de esta categoría.



Él se hizo cargo de un gobierno cuando nadie pagaba impuestos ,con hiperinflación, el tener que reconstruir el sistema de impuestos, mientras se asegura de que los pobres estuvieran exentos. El resultado indica que el gobierno de Fujimori trajo grandes sumas de tributos al gobierno en lugar de retirar grandes sumas de dinero.



A raíz del informe Kroll, Alberto Fujimori fue acusado de haber desviado 15 millones de dólares a Montesinos en el año 2000 .



Los cargos, que finalmente fueron presentadas por un fiscal del Estado, incluido “enriquecimiento ilícito” y el uso inapropiado de fondos públicos relacionados con las investigaciones sobre Montesinos.



Aunque Alberto Fujimori temía que el juez César San Martín estaba predispuesto contra él, el tribunal no pudo encontrar ningún enriquecimiento personal e ilícito para si mismo. El tribunal no pudo, además, encontrar prueba alguna que sugiera que Alberto Fujimori haya sido cómplice de Montesinos en las transacciones ilícitas de Montesinos.



Los cargos en efecto se limitan a una transferencia de 15 Millones USD el 22 de septiembre de 2000 al SIN, formalmente para medidas contra las FARC.



Cabe destacar que Alberto Fujimori nunca fue acusado de haber malversado 600 millones de USD. Estas son meras acusaciones extrajudiciales. Esta suma se encuentra en un informe de la organización no gubernamental, Transparencia Internacional, de 2004, donde se afirma que Fujimori dirigió uno de los gobiernos más corruptos del mundo. El informe no tiene notas al pie de pagina y no hay fuente y se establece que la cantidad es una estimación, es decir, una conjetura.



El informe de Transparencia Internacional no puede ser utilizado como evidencia contra Alberto Fujimori, simplemente porque no hay pruebas y las conclusiones son puramente especulativas. Esta falta de evidencia no ha puesto freno a que a Humala y sus seguidores hayan utilizado varias veces esa cantidad. La cifra puede ser que provenga de la Primera.



Evitar un golpe de Estado



Fujimori declaró en el caso que descubrió que Montesinos y los altos mandos militares estaban planeando un golpe de estado, pero que después de algunas negociaciones, el jefe de ineligencia acepto exilarse en Panamá y si se le pagó 15 millones de dólares en “compensación por sus servicios.” El dinero fue transferido formalmente al SIN, no a Montesinos.



En el SIN de Montesinos hizo que el dinero fuera transferido a sus cuentas privadas. El tribunal no encontró ningún dato que contradiga esta descripción.



Sin embargo, Montesinos quería más y regresó a Perú el 23 de octubre 2000 con la esperanza de , después de todo, dar el golpe de Estado contra Alberto Fujimori .



Alberto Fujimori sin demora ceso a algunos generales de las fuerzas armadas, proximos a Montesinos, quien con la ayuda de Ollanta Humala, salió del Perú por segunda vez el 29 de octubre de 2000.



El levantamiento de Locumba sin embargo comenzó un día antes de Fujimori cesara a los generales lo que sugiere que el propósito del levantamiento de Locumba fue a preparar el terreno para el golpe de Montesinos contra Fujimori, tema que hemos discutido en detalle más en un artículo anterior. Si Humala fue recompensado por Montesinos de alguna manera o no es algo que los historiadores tendran que determinar.



El 2 de noviembre de 2000, explicóel tribunal, Fujimori fue informado que Montesinos tenía cuentas en Suiza con más de 50 millones de USD. Habiendo oído esto , Fujimori ordenó que los USD 15 millones fueran devueltos a las arcas del gobierno. Por lo tanto, el Estado no perdio ese dinero.



El fallo de la Corte



Alberto Fujimori fue condenado a 7.5 años de prisión por corrupción con este solo cargo. En términos jurídicos, Alberto Fujimori sobornó a Montesinos para que dejara el Perú en un momento en que Montesinos había amenazado a Fujimori con un golpe de Estado. Como se señaló anteriormente, hay una serie de fuentes independientes que muestran que Montesinos en realidad estaba planeando un golpe de Estado.



También es correcto que el gobierno de Fujimori en septiembre de 2000 no estaba en condiciones de soportar la resistencia de un intento de golpe ya que su gobierno había sido debilitado por los escándalos en torno a Montesinos. Alberto Fujimori explicó ante el tribunal que era “La única manera de evitar un mal mayor para el país” y que había “..que aceptar la condición establecida por Montesinos, quien fue, literalmente, la compra para su salida del país”, dijo el ex presidente. “



El tribunal también señaló que Fujimori ordeno devolver el dinero, cuando se enteró, de las cuentas secretas de Montesinos en Suiza. Alberto Fujimori, por lo tanto no ha costado al gobierno del Perú un solo centavo.



El juez, César San Martín, a quien no agradaba la justificacion de Alberto Fujimori para la expulsión de Montesinos , en su veredicto no considero posibles circunstancias atenuantes.



La corrupción en el Gobierno



Una persona es tan solo un sospechoso hasta que su caso ha sido juzgado. Durante el curso del juicio la acusación debe probar culpabilidad. En el caso de Alberto Fujimori, la fiscalía no lo hizo, con exclusión del solo pago mencionado a Montesinos . No se ha demostrado que ningun pago ordenado por Alberto Fujimori haya sido para enriquecerse o recibido como soborno.



El jefe de Estado de un pais no tiene porque ser necesarioamente corrupto por el echo de que haa corrupción en un país. De hecho, todos los estados tienen empleados corruptos. La pregunta es si la corrupción en el Perú aumentó o disminuyó durante los años a Alberto Fujimori. Ninguna investigación se ha hecho para responder a esta pregunta.



La desgracia del Perú es que Montesinos protegido por el secreto de los fondos reservados para la inteligencia militar fuera capaz de malversar y hacer uso de grandes sumas de dinero sin la interferencia del gobierno y sin que el gobierno supiera de ello.

La abrumadora mayoría parlamentaria del Gobierno de Rafael Correa aprobó ayer la Ley de Comunicación, un polémico proyecto que llevaba cuatro años madurando y que ha desatado las críticas tanto de la oposición como de organismos internacionales, hasta el punto de recibir el apodo de ley mordaza por el control que impone a los medios de comunicación privados.

Mauro Andino, el diputado oficialista que se encargó de impulsar el proyecto de ley, dijo ayer que ninguna norma ha sido tan discutida como esta. “De hoy en adelante, la palabra ya es de todos”, dijo Andino.

Los artículos más controvertidos de la Ley de Comunicación son el 26 y el 55. El primero, según consta en el archivo final de la ley, crea el delito de “linchamiento mediático”. Esta figura queda definida como la “difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.

Según Mary Verduga, diputada de Alianza País, con este delito se pretende evitar que los periodistas afecten la dignidad de las personas. El paradigma que esgrime el Gobierno es el caso de María Augusta Calle, diputada de su partido, que sufrió un “linchamiento mediático” —palabras del propio Correa— por parte de la “prensa mercantilista”, que la acusó de vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La pena por este delito es pedir disculpas “en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas”, dice la ley. Esto, “sin perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral”.

La ley también prevé la creación de una Superintendencia de la Información y Comunicación. Esta funcionará como un “organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionadora, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación”.

El encargado de esta cartera es nombrado por un consejo asesor entre candidatos presentados por el presidente. No solo podrá aplicar las sanciones a los medios de comunicación, sino también “requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación información sobre sí mismos que fuere necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones”.

La opinión de la oposición la resumió ayer el asambleísta Andrés Páez, que escribió en Twitter: “Hoy en la Asamblea Nacional se firma el acta de defunción de la libertad de expresión. Vamos camino a la consolidación de un régimen fascista”.

La División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de Naciones Unidas entregó el más reciente estudio sobre las proyecciones de crecimiento de la población mundial.

"Actualmente vivimos en el planeta unos 7.200 millones de personas, para el año 2025 serán unos 8.100 millones y ahora prevemos que para el año 2050 será de 9.600 millones", aseguró John Wilmoth, Director de DESA.

Según el estudio, en los países desarrollados se mantendrá un ritmo de crecimiento estable. Unos 1.300 millones en 2050, pero en los 49 países menos desarrollados del mundo la población se duplicará desde los actuales 900 millones de personas a 1.800 millones.

"Aunque el crecimiento de la población se ha frenado en el mundo en su conjunto, en algunos países en vías de desarrollo, sobre todo en África, siguen creciendo rápido", anunció el subsecretario general para Asuntos Económicos y Sociales, Wu Hongb.

Según la proyección, a partir de 2028, India será el país más poblado del planeta, por encima China. Cada una de esas regiones estará por los 1.450 millones de personas. Nigeria superará a Estados Unidos antes de 2050.

En Europa se reportará un descenso del 14% para 2050. El problema allí es enfrentar la atención para una población que envejece rápidamente.

La idea central del escrito es tratar el añejo problema de objetividad en el narrador de sucesos de la historia.

Es difícil separar en algunos estudios y publicaciones lo que es historia y lo que es propaganda. ¿Por qué?

Porque a veces el historiador busca reflejar aquellos aspectos que le interesan y deja de lado otros que considera irrelevantes, desde una posición subjetiva e ideológica que en no pocas ocasiones es reductiva y errónea.

Pensemos, por ejemplo, en alguien que narre una “guerra de independencia”. Si el historiador considera que la lucha fue justa, que se defendían los derechos de un pueblo contra la opresión “extranjera”, escogerá aquellos hechos que demuestren la bondad de un bando y la crueldad del otro.

Lo anterior vale no sólo para estudiar guerras, sino para analizar épocas históricas, modelos sociales, cambios culturales, tradiciones religiosas, y un largo etcétera.

Si un historiador está atento al peligro manipulador de los prejuicios, es posible que corrija la mira y que se abra a la realidad en sus riquezas y en sus zonas oscuras.

Si hay objetividad y seriedad, el investigador recogerá todos los datos posibles sobre el tema en cuestión.

Al estudiar una guerra, descubrirá muchas veces que hubo injusticias en unos y en otros, así como gestos admirables en personas de ambos lados. Analizará los motivos que tenían unos y otros según los documentos auténticos, e intentará dejar de lado textos que tienen un olor bastante fuerte a manipulación y a propaganda.

No es una tarea fácil. Una de las primeras víctimas de toda guerra es precisamente la verdad: los dirigentes de cada bando hacen “desaparecer” aquellos documentos que reflejen sus errores e injusticias, y promueven (incluso a veces inventan) todo lo que sirva para denigrar a los enemigos.

A pesar de las dificultades, el historiador honesto puede hacer mucho para superar prejuicios propagandísticos y para conseguir un cuadro de los hechos lo más fidedigno posible.

En algunos casos el historiador tendrá que reconocer que faltan elementos seguros para llegar a tener una visión más o menos clara de lo que ocurrió, y explicar eso también es una importante ayuda para los lectores.

En otros casos, alcanzará a ver un cuadro general de los hechos que permita comprender un poco mejor un periodo de la historia humana. Así se hará evidente cómo esa historia se construye desde hombres y mujeres libres que en ocasiones actuaron bien, otras mal, y otras sin tener una idea clara de la situación.

¿Es posible, entonces, superar el espíritu de propaganda y trabajar por una historia más objetiva y más científica?

La respuesta es afirmativa: basta con que el investigador tenga conciencia de sus límites subjetivos para superarlos, en la medida de lo posible, y penetre con trasparencia y seriedad en aquellos documentos que reflejan un poco cuáles fueron los acontecimientos del pasado que explican buena parte del presente en el que ahora vivimos.

Aunque de sobra conocido, el problema que resalta F. Pascual merece ser expuesto una y otra vez. Así es servida la idea de que existe una verdad en la historia y que a ella puede llegar o acercarse quien de ella escribe.

Más aún, hablar del tema es motivo para exponer una tendencia humana quizá inevitable, la de dejarse influir por sus opiniones y creencias de forma tal que se seleccionan las pruebas que las favorecen y se rechazan las que las contradicen.

No es la historia el único terreno en el que esto sucede. El periodismo está lleno de casos en los que se sucumbe a esa tentación. Igual que incluso los reportes científicos.

Sólo añado a la solución apuntada por el autor, otra posible y adicional: un sentido de sano escepticismo en el receptor de la información; algo como un cierto sentido común que también le lleve a tratar de incorporar el factor verdad en lo que lee, ve y escucha.

Me refiero al sentido común de la razón, que en el lector de historia debe llevarle a dudar de lo que parece no tener lógica, o contradecir la razón. No, no todo lo que está escrito en un medio de comunicación es verdad y eso, para sorpresa de muchos, incluye a Internet.

Autor:    Ricardo Angoso

Fuente: Periodismo sin Fronteras

Junio 13 de 2013

Habiendo tenido una impecable hoja de servicios y siendo uno de los militares con un récord repleto de méritos y brillantes acciones, entre las que destaca la liberación con vida de casi tres centenares de rehenes en la toma del Palacio de Justicia, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega es hoy un reo de la justicia colombiana a raíz de su condena en el año 2010 por unas supuestas desapariciones acaecidas, precisamente, en aquellos sucesos. En esta entrevista, realizada en el lugar donde cumple condena, niega tajantemente que tengan algo de verdad estas acusaciones y defiende, de una forma apasionada y vehemente, su inocencia y la de los hombres que comandó ese día.

Alfonso Plazas: En noviembre se cumplen 28 años del más espantoso crimen cometido por grupo terrorista alguno en el territorio colombiano: el holocausto del Palacio de Justicia. Y los autores del crimen no solo están libres, no fueron a la cárcel, sino que han ocupado los más importantes cargos en el Estado colombiano, mientras que los funcionarios que en cumplimiento de las órdenes del gobierno democrático arriesgamos la vida (algunos la perdieron ese día) por mantener el Estado de Derecho estamos privados de la libertad. Y todo esto frente a una comunidad internacional absolutamente displicente y unos organismos supranacionales ineptos y burocráticos. Estamos viviendo en Colombia un “sálvese quien pueda”.

El caso del Palacio de Justicia es una columna vertebral con muchas costillas, es un proceso con muchas ramificaciones. El tema principal es que he sido condenado en segunda instancia por un delito que no cometí, y nunca hubiera cometido. Sin pruebas y con unos jueces amparados en una serie de mentiras procesales, dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que no conocían el proceso se opusieron a la absolución que proyectó el magistrado ponente que fue quien durante un año y cuatro meses estudió el expediente de 65.000 folios. En el proyecto se decidía mi absolución porque sencillamente no había ninguna prueba en mi contra. Lo que la fiscal y la juez de primera instancia manifestaron es una colección de mentiras. El magistrado ponente además denunció que se trataba de todo un montaje contra una persona inocente. O como lo dicen algunos columnistas es una venganza contra un militar que un momento determinado contribuyó desde dentro del Ejército a impedir que se estableciera, por la vía de las armas, un Estado de corte marxista totalitario en Colombia el 6 de noviembre de 1985. Una nueva Cuba en Colombia, ese era el proyecto, ni más ni menos.

Esta sentencia, en segunda instancia, es firmada por dos magistrados que hicieron sala mayoritaria de dos a uno. Pero eso no fue óbice para que fuera apelada no solo por mi abogado sino también por la Procuraduría General de la Nación, y para que el propio Procurador manifestara ante los medios de comunicación que el Ministerio Público no podía permitir que se siguieran profiriendo condenas contrarias a derecho. Fueron admitidas ambas demandas de casación sin objeciones y los trece cargos que formula mi abogado contra esa espuria sentencia ya fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia en su totalidad y sin objeciones, lo mismo que los diferentes cargos que presentó la Procuraduría. Se acepta, entonces, una revisión de las sentencias que se han fallado en mi contra, lo que deja en pie mi presunción de inocencia y me deja como un acusado víctima de un voluminoso error judicial. Todo arranca desde el momento en que la Fiscal Ángela María Buitrago -hoy bajo investigación del Consejo Superior de la Judicatura por las irregularidades den la investigación- comienza a investigar estos hechos.

A.P.: La expectativa mía es que la casación va a salir favorable, dado que las circunstancias están dadas. Recordemos que a mí me están condenando por un testigo falso en la primera instancia y después ese mismo testigo se presentó ante el Procurador General de la Nación en persona. En su declaración aseguró que nunca había estado bajo mis órdenes, es decir, que nunca podía haberme denunciado. Se trataba del cabo Edgar Villamizar. Aseguró que no me conocía y que no había estado en los hechos del Palacio de Justicia, es decir, lo mismo que mi defensa y varios columnistas habían sostenido y comprobado. Villamizar nunca había estado en Bogotá y su supuesta declaración no se había llevado a cabo, era un libreto montado por la propia Fiscal Buitrago. Todo era falso y sus declaraciones contra mí no existían. Lo que se había dicho contra el coronel Plazas era un montaje como lo expresó el magistrado que estudió el caso.

El Procurador General de la Nación, impresionado por estos hechos relatados por el supuesto testigo Villamizar y dándole fehaciente credibilidad, pidió que reabriera el proceso contra la Fiscal que me indagó, la señora Ángela María Buitrago. Ella había establecido unas bases argumentales en el sumario que eran falsas, que no se sostenían. La Fiscal me atropelló en todos mis derechos fundamentales. Nunca se me respetó el debido proceso. Desde el mismo momento en que me investigó falseó las pruebas. En febrero de 2007 me vinculó al proceso en un documento de tres renglones, lo cual es evidentemente irregular. En julio de 2007 me privó de la libertad sin ninguna prueba ni indicio, con el solo argumento absolutamente subjetivo de que yo era un peligro para la sociedad. En realidad yo si soy un peligro para la sociedad de narcotraficantes a los que he combatido siempre en este país.

Me consideró como una persona peligrosa para la sociedad, y así llevó cinco años detenido sin una sola prueba. Se me consideró un peligro para la sociedad, mientras lo que está ocurriendo es lo contrario: que la sociedad unánimemente está pidiendo mi libertad.

El Procurador General de la Nación, que es el representante del Ministerio Público, es decir del pueblo colombiano, ha pedido en seis oportunidades mi absolución, mi libertad y la revocatoria de las condenas que hay en mi contra en primera instancia y también en segunda. En persona lo ha dicho ante los medios de comunicación. Es un hecho histórico sin precedentes en Colombia que nada menos que la petición del Ministerio Público en cinco oportunidades, haya sido desatendida por los jueces colombianos. Y ese llamado es desatendido por las instancias judiciales a las que les correspondía atenderlo, es decir, el pueblo y la opinión pública no cuentan. Ha habido cambios en la sociedad a mi favor, ya que la gente de la calle se ha dado cuenta de los atropellos y barbaridades que se han cometido en mi contra. Mi caso es digno de estudio. De hecho ya en muchas universidades y foros es tema de actualidad, pues se han pasado todas las líneas y se han violado todas las normas. Pero así han pasado seis años y aquí sigo, detenido todavía sin pruebas en mi contra, por unos hechos de los que soy inocente. Y algo más grave, sin haber sido escuchado en el juicio que se me siguió en el cual no me dieron la palabra para defenderme. Tengo la seguridad de que en esta sexta ocasión que es ante la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación va a ser atendido y seré absuelto.

Recordemos que el 11 de septiembre de 2011 apareció en el diario El Tiempo una reclamación popular a página entera, pidiendo mi libertad y rubricada por un centenar de personas de alto nivel, en donde se solicita a la justicia colombiana que el coronel Plazas quede en libertad. Firmaron el documento ciudadanos de primera línea de Colombia, una docena de ex ministros de diferentes gobiernos, varios periodistas de opinión e incluso cuatro magistrados que fueron liberados por mis tropas y que estaban en manos del M-19 durante el asalto terrorista al Palacio de Justicia. En esa página se le preguntó a la justicia colombiana “por qué el coronel Plazas aun no está libre” y sigue sujeto a semejante atropello. Va pasando el tiempo y la justicia me sigue reteniendo contra toda lógica jurídica.

Ante estos hechos, yo he llegado a la conclusión que detrás de mi injusta condena y esta situación que no tiene parangón en la historia del país claramente está el narcotráfico. No de otro modo se puede explicar porque entre el año 1985, en que sucedieron los acontecimientos del Palacio de Justicia, y el año 2005, contra mí no hubo ninguna acción judicial ni acusación por estos hechos; en veinte años nada de nada.

Pero, apenas salgo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cargo en el cual le quité más de mil millones de dólares en bienes mal habidos a los capos de la droga, se inicia un proceso con nombre propio contra mí. Hay una clara conexión entre esa responsabilidad que desempeñé y mi privación de la libertad, eso cada vez está meridianamente claro.

A.P.: De por medio me retienen con dos sentencias. Si sigue el cauce normal, la casación, este proceso puede prolongarse durante años y yo seguir padeciendo esta situación. Se está pidiendo mi absolución porque existe un complot contra el Ejército en general y contra el coronel Plazas Vega en particular. Es una terquedad por parte de algunos miembros del poder judicial para mantenerme en prisión a toda costa, y creo que este asunto tiene relación con infiltración, de alguna forma, del narcotráfico en sectores de la Rama Judicial.

Entonces, lo único cierto es que llevo seis años en detención preventiva superando a todas luces el plazo razonable que establecen las normas internacionales para retención de personas. Son seis años esperando y aunque soy optimista ante la acción de la justicia, el paso del tiempo es desesperante y la lentitud de la justicia es violatoria de mi derecho a la libertad.

La justicia ya no tiene nada que esgrimir, diferente a que tengo dos sentencias en mi contra, así sean sobre la base de todo tipo de irregularidades y prevaricatos.

AP.- Han sido cinco falsos testigos, de los cuales cuatro ya fueron descalificados por los jueces. Se ha utilizado el falso testigo Villamizar para continuar con este proceso en mí contra. Aparte de todo lo que le cuento, muchas de las quejas que presenté contra el proceso y el proceder de una fiscal, no se me escuchó. También se me han negado mis derechos fundamentales, mis derechos humanos, que no se le niegan a nadie, como mi derecho a ver a mi padre moribundo quien quería despedirse de mí. Murió preguntando por mí, y la juez me negó la autorización de ir al Hospital.

De la misma forma, fui sacado arbitrariamente de un hospital donde estaba interno por orden de una juez, contrariando las decisiones de una junta médica que no lo permitía. El hospital fue allanado por un organismo que no tenía facultades constitucionales para hacerlo. Fui llevado a una prisión ordinaria siendo militar.

Denuncié oportunamente a la juez que llevó a cabo esa acción y no pasó nada de nada. Se incumplieron todas las normas legales nacionales e internacionales y mis quejas de carácter penal no fueron atendidas. Me han mantenido en esta situación con todo tipo de tretas y artimañas ajenas a la legalidad.

A.P.: Es cierto, se montó un escándalo con otro personaje conocido, Sigifredo López, quien también fue acusado y encarcelado con falsos testigos. Estuvo tres meses en la cárcel, por orden de un funcionario judicial sin ninguna prueba, en definitiva secuestrado por la justicia. Esto fue un escándalo en Colombia. Le acaban de abrir investigación a la Fiscal Martha Lucía Zamora por ese caso, y luego de los tres meses a Sigifredo lo dejaron en libertad.

Pero ¿Y el caso mío qué? Yo he pasado seis años privado de la libertad sin pruebas y en este asunto tan grave nadie dice nada o se alarma. Como soy militar, ¡claro!, se me discrimina. No tiene importancia que me pase seis años en la cárcel a merced de los falsos testigos. Solamente la Procuraduría ha hecho algo en mi favor, pero no le hacen caso. ¿Qué intereses tan grandes hay detrás para que no se atiendan las resoluciones o criterios de la Procuraduría? Además, se protege a individuos o personas que trabajan en la justicia y que han cometido acciones ilegales o contrarias al derecho para mantenerme en prisión. ¿Qué no han hecho conmigo? ¿Por qué las organizaciones de derechos humanos no han dicho ni hecho nada? ¿Cómo funcionan estas organizaciones en Colombia? ¿Por qué no han hecho nada por el coronel Plazas? ¿Es que la izquierda domina a las organizaciones de derechos humanos?

Coronel Alfonso Plazas Vega (Foto Periodismo Sin Fronteras)

A.P.: Para mí la razón fundamental es una venganza del narcotráfico por mi labor al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes; haberles quitado a los narcotraficantes mil millones de dólares en bienes no es cualquier cosa, me tienen condenado a muerte. Mi familia tuvo que irse del país gracias a la ayuda del presidente Uribe. Mis hijos, junto con sus nietos, no pueden casi venir a Colombia por que existe un crimen organizado por encima de los poderes del Estado que todavía tienen un gran poder y es capaz de matar. Los barones de la droga son los que realmente tienen el poder en Colombia. Esta lucha de Colombia es contra el terrorismo, contra las FARC, es cierto, pero hoy en día esta organización terrorista es el principal cartel de la droga del país. Ese será el principal problema en el proceso de paz. No creo que la mayoría de los colombianos desconozcan esta realidad; esta es una verdad de perogrullo: las FARC son los principales exportadores de droga de Colombia.

Y también están detrás de mi caso. Los narcos sufrieron las acciones que lleve a cabo contra ellos. Yo les golpee en los dos extremos de la cadena del negocio: les di duro en la producción y les quité los bienes. Se sintieron muy afectados en el tema de la producción y eso según sus criterios criminales, lo tengo que pagar.

AP.- Se levantaron calumnias en contra mía por parte de ex guerrilleros como Gustavo Petro (hoy Alcalde de Bogotá), quien llegó a afirmar que recordaba con claridad como el coronel Plazas le había torturado en la Escuela de Caballería entre el 4 y el 8 de octubre de 1985. Se recordaba de mi bigote, mi uniforme y mis condecoraciones; según él, yo daba las órdenes e instrucciones para que le torturaran. Así lo dijo y se quedo tan ancho. Para fortuna mía, encontré mi pasaporte de la época y pude demostrar, por las fechas y visas que tenía el documento, que Petro mentía. Porque en la fecha en que yo supuestamente dirigía las torturas, quedó comprobado que yo estaba de vacaciones en España. Los sellos de emigración tienen fecha 27 de septiembre de 1985 en El Dorado e inmigración el 28 del mismo mes en Barajas. Y el regreso tiene la emigración en Barajas el 27 de Octubre e inmigración en El Dorado el 28. Los sellos de los aeropuertos dejaban todo claro. El señor Petro se vio obligado a presentarme disculpas públicamente a través del programa de Julio Sánchez Cristo en la W radio. El problema de Petro es que miente con una aterradora facilidad y lo hace siempre que acusa a alguien

Petro, fue detenido por porte ilegal de armas, juzgado y condenado. Y pagó la pena. Y un condenado no puede ejercer el cargo de Alcalde en ninguna ciudad de Colombia, así lo dice la Constitución Política y sin embargo ahí lo vemos ejerciendo el cargo. La Constitución colombiana es un rey de burlas.

Aparte del narcotráfico, yo creo que hay organizaciones de izquierda, como el antiguo M-19 y las FARC, que están detrás de este montaje, en mi contra. El M-19 fue creado en los años 70 y es la responsable de una serie de crímenes y matanzas pavorosas. Esos terroristas en connivencia con Pablo Escobar asaltaron el Palacio de Justicia quince años después pero fueron derrotados militarmente por la Brigada bajo el mando del general Arias Cabrales, ocasión en la que se rescataron más de 260 rehenes que estaban a manos de los delincuentes. A pesar de todo, los asaltantes asesinaron a varios de los magistrados porque querían cobrar su decisión de aprobar la extradición de los narcotraficantes a los Estados Unidos.

El día del asalto al Palacio, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia se iba a reunir para definir unas demandas de inexequibilidad presentadas por los abogados de las mafias, contra la Ley de Extradición por la vía administrativa. Y los narcotraficantes, aliados con el M-19, trataban de impedir como fuera la exequibilidad de dicha Ley. Detrás de esta acción, no lo olvidemos, estaba un grupo de narcotraficantes que se llamaban Los Extraditables, cuyo lema era “Más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”. Ese grupo era liderado por Pablo Escobar Gaviria, ni más ni menos. Y a esa gente tuve que enfrentarme como miembro de la brigada que comandaba el general Arias Cabrales y como Comandante de la Escuela de Caballería.

Alirio Uribe Muñoz, antiguo terrorista del M-19, es hoy presidente del Colectivo Alvear Restrepo, desde donde se dedica a perseguir militares como el Coronel Plazas Vega

El M-19 pretendía en esa acción militar hacerse con el poder y hacer rendir cuentas al Estado; era una operación de gran calado en la que fueron derrotados militarmente. Y lógico, no pueden olvidar ni al general Arias Cabrales ni al coronel Plazas Vega. Los terroristas del M-19 clamaban venganza. Por ello, me acusan desde cierta izquierda de ser el responsable de unos hechos que son falsos y hay un colectivo de abogados -el José Alvear Restrepo- de esta tendencia que está detrás de muchas de las calumnias que se han levantado en mi contra. Muchos de los miembros de este colectivo, como su presidente Alirio Uribe Muñoz eran miembros del M-19, en la época del asalto al Palacio de Justicia, como también lo era Gustavo Petro. Olvida el señor Petro que él fue condenado por la justicia colombiana por el incendio del Palacio de Justicia, sino que luego lo indultaron. A Petro, que fue un guerrillero del M-19, se le perdonaron todos los crímenes y hoy tiene el cinismo de acusar a los militares que cumplieron con su deber y salvaron al Estado, por los crímenes que él y el movimiento criminal al que pertenece, cometieron.

Luego está René Guarín, que “identifica” como desaparecidos, sobre unas imágenes de televisión a muchos de los liberados del Palacio de Justicia cuando salían rescatados por las tropas. Guarín quien acusó a los militares de haber desaparecido a su hermana, que trabajaba en la cafetería del recinto judicial, también resultó que era miembro del M-19. Un periodista bien conocido en Colombia, Ricardo Puentes, descubrió que este acusador había sido capturado en mayo de 1988 cuando con una célula del M-19 secuestraban al industrial Jorge Valencia Ángel. En el rescate del secuestrado la policía dio de baja a un miembro del M-19 y capturó a los demás, entre ellos a René Guarín, a quien le encontraron la carabina perteneciente a un agente de policía que había sido asesinado año y medio atrás en una asalto del M-19 a la población de Nemocón a cien kilómetros de Bogotá.

Así ocurre con muchos de los capítulos de este caso y casi todos confluyen en el M-19 o en el narcotráfico. Pero es que también la hermana de Guarín, supuestamente desaparecida, ¡era del M-19! Y hay pruebas concluyentes sobre este asunto, tanto de la pertenencia de René Guarín al M-19 y como de su hermana. ¡Pero René Guarín está libre y yo estoy preso!

Sobre los desaparecidos de la cafetería, no los hay. Solamente tenemos una: la guerrillera Irma Franco, pero el resto de los supuestos desaparecidos fueron víctimas del M-19 durante los sucesos del Palacio de Justicia. Sus cadáveres quedaron calcinados y fueron enterrados sin identificar en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá, tal como está comprobado en el expediente.

De modo que todas estas personas que la televisión señalaba con círculos rojos no eran desaparecidas, sino personas que estaban saliendo rescatadas por las tropas. Quien las “identificó” ante los jueces fue René Guarín, quien como ya lo explicamos fue guerrillero del M-19.

Hay casos específicos con nombres y apellidos que incluso corroboran lo que estoy diciéndole, como la ascensorista María Nelfi Díaz, quien estaba en el Palacio y fue rescatada por las tropas. Su imagen a hombros de un soldado trataron de presentarla como correspondiente a la desaparecida Cristina Guarín, la hermana de René, pero ella misma se identificó en más de siete ocasiones ante los jueces de Colombia, hasta que se le aceptó por parte del Tribunal Superior de Bogotá que Cristina Guarín no está desaparecida, y que la imagen de marras corresponde a la ascensorista Díaz.

René Guarín Cortés, terrorista del M-19, secuestrador. Hoy en día finge ser defensor de Derechos Humanos

También le recuerdo que el Tribunal Superior de Bogotá en su decisión de segunda instancia me retiró los cargos cobre nueve de las once desapariciones que me venían endilgando sin pruebas desde el año 2007. El Tribunal en sentencia del 29 de Enero de 2012 establece que esas nueve personas murieron al interior del Palacio de Justicia a manos del grupo asaltante. En la Sentencia se me responsabiliza de dos de los desaparecidos, no porque existan pruebas, sino porque me aplican la teoría de Roxin, en la cual se establece que el “hombre de atrás” en una organización criminal debe responder por los delitos cometidos por la organización, y califican al Ejército Colombiano como una organización criminal.

A.P.: No lo estoy diciendo yo, sino que lo dice el propio magistrado ponente, quien pidió mi absolución: Hermens Darío Lara Acuña. El único que estudió los 65.000 folios del proceso durante un año y cuatro meses, el mismo del salvamento de voto, que fue derrotado por los otros dos magistrados que por una parte no conocían el proceso y por la otra uno de ellos había sido candidato a una cuerpo colegiado por una coalición política que incluía al M-19, es decir a los asaltantes del Palacio de Justicia. Como es posible que ese magistrado no se haya declarado impedido? Cómo es posible que me esté acusando y también juzgando el M-19, por los crímenes que ese movimiento cometió en el Palacio de Justicia hace 27 años? Numerosas fuentes lo atestiguan, yo, simplemente, lo denuncio.

A.P.: Muchos miembros de las FARC y de los grupos narcotraficantes se han infiltrado en el poder judicial, y esa acusación que hago está comprobada. O son antiguos defensores de guerrilleros y ex terroristas. Luego hay otro asunto grave: ¿No soy yo militar y no actué como tal durante los hechos del Palacio de Justicia? Entonces, pregunto: ¿por qué soy juzgado por la justicia ordinaria? ¿por un poder ajeno a mi fuero militar? Es una situación absurda e injusta, pues me deja desprotegido y en manos de magistrados que muchas veces tienen una trayectoria política muy poco independiente. No son neutrales políticamente hablando, sino que tienen intereses claros y conexiones con la guerrilla.

Incluso el Presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, en un discurso emitido en televisión después de los hechos, asumió la responsabilidad de la acción militar. Se han violado numerosos preceptos, incluso que se me juzgue por un delito, el de la desaparición forzada, que no existía en el año 1985. Algo que contraviene todas las normas jurídicas nacionales e internacionales, una auténtico atropello. Aquí se han violado todas las Leyes y la Constitución colombianas.

A.P.: Mis expectativas son positivas y buenas. Espero que la Corte Suprema de Justicia sea más ecuánime y justa. Yo no tengo miedo a ningún juicio, pues tengo mi conciencia muy tranquila, y lo único que temo es el sesgo de los magistrados y jueces, que no actúen limpiamente. Pero creo que, llegado a este punto, los magistrados de la Corte sí van a llegar a una resolución justa de mi causa, así lo espero.

Quiero destacar que se me tiene condenado por una supuesta declaración que es un documento de cuatro páginas y en el cual el nombre del declarante no coincide con el número de su identificación. El nombre del declarante está errado en seis lugares. La firma estampada no es la del testigo. Contiene no solo numerosas inexactitudes, sino un sartal de mentiras, ya comprobadas como tales. Dicen que fue un error de mecanografía, ¿cómo se puede uno creer eso en seis ocasiones dentro del mismo documento? Y luego los datos biográficos de este testigo son falsos, es un todo un conjunto de vulgares farsas.

Se me condena con documentos que no contienen una lógica y no pueden constituir por sí mismos una prueba rigurosa y documentada. Y lo más grave: en los proceso contra el general Arias Cabrales la Juez descarta este testimonio por falso, en el proceso contra el General Iván Ramírez la juez también lo descarta como prueba de cargo, establece que no es una prueba válida, y en mi proceso la Procuraduría lo objeta calificándolo como deleznable, sin embargo a mi me condenan con ese mismo testimonio. Donde está la igualdad ante la ley?

A.P.: Yo me he visto protegido y apoyado por el país nacional, al decir de Ortega y Gasset. Es la gente del común que sabe que soy inocente, que sabe que soy víctima de una injusticia. La gente que me conoce, que es mucha, sabe que soy un hombre decente y honrado.

El cabo Edgar Villamizar. Su firma fue falsificada

El país político es otra cosa. Muchos de los políticos de este país, y algunos jueces, se pasan por encima las buenas costumbres, la moral y, lo que es más grave, también la verdad. Entonces, si lo que hace el coronel Plazas no es bien recibido en la extrema izquierda, me sacan de la vida pública porque no soy favorable a sus intereses y no me pliego ante su discurso.

El coronel Plazas se acabó convirtiendo en un problema para los narcotraficantes, ya que les quité mucho dinero durante mis años en la lucha desde la Dirección de Estupefacientes. Les gané muchos pleitos de Extinción de Dominio y les golpeé en lo que más le duele: sus propiedades. No se olvide que también hay muchos políticos colombianos que son financiados y apoyados por el narcotráfico, esa es una realidad que no se puede ocultar. Lo mismo ocurre con algunos miembros del poder judicial. Es triste pero sucede. Hay varios en la cárcel.

Yo soy una víctima de esa conspiración y alianza entre los narcotraficantes y algunos responsables del poder político, pero de la misma forma me siento bien recibido y apoyado por la ciudadanía y numerosos columnistas de los medios de comunicación que han escrito a favor de mi caso. Al principio, los medios fueron engañados por algunos sujetos de dudoso proceder por falsos testigos, o por testigos inventados, como el ya citado Edgar Villamizar, cuya declaración ya ha sido desautorizada por él mismo. Sencillamente fue suplantado por un libreto que la propia fiscal se inventó.

La Fiscal que me acusó está en investigación por los delitos de Falsedad ideológica en documento público, Prevaricato y Fraude Procesal. Villamizar se ha presentado ante el Procurador General de la Nación y luego ante el Juez 55 penal de Bogotá y ha manifestado que la declaración con la que me condenan no la suscribió él. Que no me conoce, que no estuvo en los hechos de Palacio de Justicia, porque estaba en el Departamento del Meta a 300 kilómetros de Bogotá y que vio los acontecimientos por televisión.

Fuente: Diario Gestión

En las últimas semanas, varios analistas, entre los cuales se encuentra el actual Ministro de Economía, han anunciado a través de diversos medios que la economía se está "enfriando". ¿Qué significa, por qué ocurre y qué implicancias tiene? 

Comencemos por una definición del término. Una economía se enfría cuando reduce su tasa de crecimiento económico, medida por la variación del Producto Bruto interno (PBI). Por ejemplo, hasta 2012, nos habíamos acostumbrado a crecer a tasas por encima de 6% (a excepción de 2009) y los datos del primer trimestre de este año, mostraron un crecimiento de 4.8%; es decir, "enfriarse" es crecer menos.

La primera pregunta es, ¿por qué ha ocurrido?; en general, el enfriamiento de una economía puede deberse a factores internos o externos. La crisis financiera de las economías avanzadas que estalló en 2008 y luego se extendió a Europa es una crisis de sobreendeudamiento; la receta para solucionarla ha sido ajustar los gastos, para generar el ahorro que permita pagar las deudas. Ahorrar significa no gastar, por lo que el consumo en las economías avanzadas viene disminuyendo hace varios años. ¿Y a quién le compraban aquellos que ahora gastan menos? A la "fábrica" del mundo, que es China. Entonces China se "enfría", es decir, en lugar de crecer a tasas mayores que 10%, en 2012 lo hizo a 7.8%. Como consecuencia demanda menos materias primas al resto del mundo; y es ahí donde Perú entra en escena. La menor demanda de China por productos mineros ha originado una disminución de las exportaciones mineras. En el primer trimestre de 2012 las exportaciones han caído en -11.1%, mientras que la inversión privada ha crecido solo en 7.4%, luego de crecer a tasas mayores que 12% desde 2009. Por lo tanto, la coyuntura externa desfavorable ya comenzó a impactar sobre la economía peruana. ¿Era esperable? En cierto sentido sí, pues una característica de la evolución de la economía es la presencia de ciclos económicos, es decir, períodos de auge y contracción. Lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a tasas altas que han coincidido con un ciclo extenso de aumento en los precios de las materias primas. Es complejo pensar que si al mundo avanzado le va mal, Perú puede aislarse de ello. 

Al impacto de la desfavorable situación externa se agregan ciertas señales internas que han generado incertidumbre; por ejemplo, el anuncio del gobierno de la compra de Repsol para luego retractarse, la ley de comida "chatarra", etc. Todas tienen en común la intervención del estado en la economía; y eso genera incertidumbre. Como la inversión es un asunto de confianza, el resultado fue el esperable: una reducción en la tasa de crecimiento de la inversión en el primer trimestre.

Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno para enfrentar el enfriamiento? Convengamos en algo; lo externo no lo puede cambiar el Perú, por lo que por ese lado, solo queda esperar y mientras tanto buscar nuevos mercados, como lo hizo la comitiva peruana encabezada por el Ministro de Economía en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. Lo interno se puede mejorar. El Presidente del país lanzó siete iniciativas con el objetivo de generar un "shock de confianza". El objetivo general de las mismas es reafirmar que la inversión privada es el motor del crecimiento y se refieren a la reducción de las trabas para la inversión; y eso es positivo. La gran pregunta es la siguiente: en la medida que la inversión es un asunto de confianza, ¿será posible retomarla en un contexto económico adverso? El tiempo lo dirá.