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Etiquetas: [Campaña electoral]  [Elecciones Perú]  [Fuerza Popular]  [Gobierno del Perú]  [Keiko Fujimori]  [Perú]  [PPK]  
Fecha Publicación: 2016-06-10T06:45:00.000-07:00

Que Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular hayan decidido esperar la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, para reconocer la derrota electoral, y aceptar la victoria de PPK, podría ser más que una mera disquisición legalista.

Es una postura válida y estrictamente legal. Pero, en este caso, el mensaje implícito, puede exceder la forma.

Para los mal pensados, podría revelar una pequeña cucharada del jarabe amargo que tiene preparada la bancada naranja para los próximos años.

Si así fuera, sería un error.

Keiko tiene la oportunidad de mostrarle al país que realmente ha cambiado y que más allá de discursos tipo Harvard, es capaz de conducir una bancada mayoritaria con responsabilidad y pensando en el interés general del país.

No es necesario un modelo de cohabitación, cogobierno o alianza con el gobierno de Peruanos por el Kambio. Basta apoyar la gobernabilidad, es decir, permitir que el Ejecutivo pueda desarrollar su propuesta de gobierno.

O hacer un esfuerzo real por acercar posiciones en temas claves que la población espera: recuperación del crecimiento económico, inseguridad ciudadana, descentralización, lucha contra la corrupción, infraestructura básica. Y apoyar los temas claves de PPK: educación, salud, agua, rerservorios altoandinos e irrigaciones, carreteras, acceso al crédito para PYMES.

Si el alargue que vemos en reconocer la derrota es solo producto del momento –se debe respetar el luto– o si revela un comportamiento obstruccionista que se acentuará en el tiempo, es algo que se dilucidará con los días.

Superado el escenario electoral, la verdadera vena de Fuerza Popular se verá en la cancha; en su comportamiento frente al ejecutivo.

¿Utilizará el poder que tiene en el Congreso para censurar gabinetes? Eso tiene un límite constitucional que ya PPK ha señalado claramente no quiere llegar. ¿Optará por desgastar al ejecutivo de a pocos, descabezando ministros? Sería demasiado obvio e igualmente pondría al país en jaque permanente. ¿Negará facultades delegadas al gobierno si este las pidiera? A la larga podría ser un boomerang y acelerar el desgaste naranja.

De manera que lo sensato es empujar el barco en una misma dirección, buscando llegar en los mejores términos el 2021.










Etiquetas: [Campaña electoral]  [Comunicación Política]  [Elecciones Perú]  [Gobierno]  [Gobierno del Perú]  [PPK]  
Fecha Publicación: 2016-06-09T13:49:00.003-07:00









Etiquetas: [Elecciones Perú]  [Fuerza Popular]  [Keiko Fujimori]  [Proceso electoral]  [Ética]  
Fecha Publicación: 2016-06-01T15:36:00.003-07:00

Desde el origen, la ética  estuvo enraízada con la política; era consustancial a ella. O mejor dicho, la política no podía concebirse sin un comportamiento ético. En el mundo antiguo, se consideraba que la política debía ser ejercida por hombres justos, buenos, que asumieran con honor la función pública, pensando en el bien común y no en el beneficio personal.

El tiempo –pero sobre todo la realidad– borró esta visión o concepción idílica de la política. Entonces, se la analizó y sistematizó desde su objeto real de estudio; los diferentes modelos de poder y ciudad-estado existentes. El objeto de la política es el poder y la manera de conservarlo, señaló Maquiavelo. Y para ello se echaba mano a todo tipo de acciones y decisiones, desprovistas de bondad o principios éticos; la fuerza, la traición, el pillaje, el engaño y demás consideraciones que podrían ubicarse en lo que llamaremos "el lado oscuro del poder".

Lo primero que cayó en esta definición moderna de política fue, precisamente, la ética.

Lo vemos ahora que se disputa la segunda vuelta en el Perú. Fuerza Popular, el partido heredero del fujimorismo, no ha dado muestras de cambio o renovación, como pensaron algunos, hace unos meses, tras la presentación de su lidereza en Harvard, que entusiasmó a muchos. El tiempo se encargó de poner las cosas en su sitio: no hubo un cambio sustantivo, sino solo una posición pragmática para ganar votos.

Elfujimorismo esencialmente sigue siendo lo mismo. Si no veamos los hechos más recientes: 1) La acusación de vínculos con el narcotráfico de un grupo de congresistas electos, 2) El secretario general de FP, Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos por la DEA, y 3) La participación directa del empresario Joaquín Chlimper en la manipulación de un audio que buscaba proteger a Ramírez.
En ningún momento, la lidereza de la organización, Keiko Fujimori, ha cuestionado estos comportamientos. Por el contrario, los ha avalado y defendido, haciendo  recordar lo peor del fujimorismo; el fujimorismo oscuro.

Todo se acepta. El origen por lo menos incierto de la fortuna del secretario general, el comportamiento torcido de alterar un audio para deslegitimar un testigo y proteger al investigado, el uso de inmuebles y vehículos del cuestionado secretario general como bienes de campaña.

La conducta antiética revela que nada importa con tal de alcanzar el poder. El fin justifica los medios. Se pierde todo principio y juicio de lo bueno y lo malo. Se abandona el criterio ético para caer en el vacío del reino de las sombras.

La pregunta de ¿qué es mejor, un gobierno leyes buenas u hombres buenos?, sigue siendo válida. Como ayer, las leyes pueden ser buenas o justas, pero, en tanto existan hombres no buenos que las apliquen, siempre será conveniente el cambio del hombre para afianzar las instituciones.

Aristóteles llamaba a esto "un despertar", un cambio que nace desde dentro del pensamiento y sentimiento humano, que lo capacita para ejercer la función pública sea como funcionario o como político. Lo que hemos visto de los dirigentes de Fuerza Popular en estas semanas, es todo lo contrario. Más de lo mismo. Más del fujimorismo reñido con la ética pública. Expresión clara de la política antiética.









Etiquetas: [Campaña 2016]  [Campaña electoral]  [Elecciones Perú]  [Segunda vuelta electoral Perú]  [Voto ético]  
Fecha Publicación: 2016-05-29T12:57:00.000-07:00









Etiquetas: [Campaña electoral]  [Elecciones]  [Elecciones Perú]  [Fuerza Popular]  [JNE]  [Keiko Fujimori]  [ONPE]  [Partidos Políticos]  [Voto electrónico]  
Fecha Publicación: 2016-03-25T10:27:00.002-07:00
El presente proceso electoral ha sido irremediablemente alterado, manoseado y, por tanto, afectado. La razón es la sombra de dudas que han proyectado los propios organismos electorales al hacer un uso extensivo, diverso, interpretativo y subjetivo de los cambios introducidos en la Ley Electoral sobre dádivas y proselitismo.

La más reciente resolución del JEE de Lima Centro 1 ­–aprobada entre gallos y medianoche–, contorsiona el derecho para librar a la candidata de Fuerza Popular de la exclusión del proceso.

Incorpora elementos interpretativos, donde la ley no interpreta.

La ley no indica, por ejemplo, que se deba probar que el dinero entregado sea patrimonio del infractor.  La resolución del JEE, introduce este elemento.

Dice también la resolución del JEE que el acto al que asistió la candidata de FP no fue de carácter proselitista, sino cultural.

¿Ignora el JEE que Factor K es una agrupación cultural solo de fachada? Que en realidad es una organización encargada de captar jóvenes para Fuerza Popular a través de actividades artísticas.

El acto de premicación fue un acto proselitista, preparado ex profesamente para recibir a los candidatos de FP y para dejar en claro que era dicha organzación política la patrocinadora de las actividades. ¿O cree el JEEE que Factor K podría aludir a la K de Kuczynski?

Pero el problema no es solo de los organismos electorales.

El origen de este cambalache electoral está en la decisión del Congreso que aprobó –por insistencia, debido a la observación del Ejecutivo–, una serie cambios a la ley electoral ¡en medio del proceso en curso!

Estos cambios, hay que decirlo, obedecieron a presiones de ONGs internacionales, nacionales, opinólogos, politólogos y medios de comunicación, que desde hace un tiempo buscan reglamentar la política hasta volverla un espejo suizo.

Es decir, los cambios políticos, culturales, como son los cambios en la profundización de la democracia, se quieren atajar por vía de la ley.

El resultado es este remedo de elecciones que estamos obligados –por ley– a tener.

Un proceso donde, por lo menos, la pluralidad de elección, ha sido recortada, retaceada, disminuida.

A estas alturas, a 15 días de acudir a las urnas ­–3 millones lo harán vía voto electrónico–, con incertidumbre sobre qué candidatos quedarán finalmente, con jóvenes preparándose para salir a las calles, lo único que tenemos claro es que estamos ante un proceso y estados alterados.












Etiquetas: [15M]  [Elecciones Perú]  [Fuerza Popular]  [Jóvenes]  [Keiko Fujimori]  [Partidos Políticos]  [Sistema político]  
Fecha Publicación: 2016-03-14T19:45:00.002-07:00









Política ficción en tres actos y un epílogo
Etiquetas: [Campaña 2016]  [Campaña electoral]  [César Acuña]  [Partidos Políticos]  
Fecha Publicación: 2016-02-06T17:08:00.000-08:00

(I)

La Universidad Complutense, usando su procedimiento administrativo más largo, no entrega su informe antes del 10 de abril y la campaña sigue su curso. Conforme pasan las semanas, ni las pruebas adicionales que siguen apareciendo, ni los informes periodísticos en contra, comentarios burlones y apanado en redes sociales, logran hacer desistir al candidato de Alianza para el Progreso de sus pretensiones de ser presidente de la República.

Acuña no solo no renuncia, sino que –contra todo pronóstico– su candidatura sigue subiendo, pasa a la segunda vuelta con Keiko Fujimori; logra victimizarse y dándole vuelta a la estigmatización de Dr. Xerox, que para entonces ya tiene, y sin que La Complutense aún se pronuncie, gana a la representante de Fuerza Popular. Aunque parezca increíble, para esta segunda vuelta, su estrategia victoriosa de campaña, la toma de la máxima industrial de los propios ancestros de su competidora: copiar, igualar, superar.

(II)

Acuña convoca entonces a la unidad nacional. Afirma que hará un gobierno para todos los peruanos, sin odios ni rencores, de ancha base, el Perú primero y bla, bla, bla. Usa toda la monserga retórica democrática de los últimos cincuenta años. Hurga y roba pasajes enteros de discursos clásicos de Haya de la Torre, Juan Domingo Perón, Benito Juárez, Salvador Allende, pero ya nada importa. El estilo es el hombre. Además se defiende: las ideas no son de quién las dice, sino de quién las necesita.

En plena conformación de su gabinete, el flamante presidente electo es sorprendido con el informe de la Universidad Complutense. No hay dudas. Obvio. Hay plagio. La universidad lamenta lo sucedido y a partir del Caso Acuña incorpora el uso de software como etapa previa a la designación del comité asesor de tesis universitarias en sus tres grados: bachiller, magister y doctorado. El presidente electo, recurre al JNE. No hay causal para impedir su juramentación.

(III)

El 28 de julio del 2016 el presidente de la República, César Acuña Peralta, toma juramento de su cargo. Lo hace en medio de una batahola iniciada, liderada, por la bancada mayoritaria del Congreso en manos de Fuerza Popular, pero acompañada por el resto de bancadas que de inmediato conforman el bloque opositor. No han pasado dos horas y se presenta una moción multipartidaria argumentando violación del Artículo 113 Inc. f de la Constitución: vacancia presidencial por incapacidad moral.

No hay forma de detener el procedimiento. El presidente es expectorado del cargo. La primera vicepresidenta Anel Townsend duda al comienzo, pero al ver la renuncia de su segundo vicepresidente, Humberto Lay, decide dar una pelea en serio para mantenerse en el puesto. Su argumento cobra sentido. Resulta que en el Congreso, la primera mayoría ha logrado colocar como presidente de ese poder del Estado al congresista más votado de sus filas: Kenji Fujimori. La sucesión democrática indica que si cae todo el Ejecutivo, el gobierno queda en manos del presidente del Congreso. El argumento de Anel es sólido. El remedio puede ser peor que la enfermedad.

(Epílogo)

El desenlace no es para nada original. Es una burda copia de la solución que encontró la democracia peruana el 2000 cuando el presidente en ejercicio, Alberto Fujimori, renunció por fax desde el Japón. El presidente del Congreso, Kenji Fujimori, renuncia a su cargo para dejar en línea de sucesión al primer vicepresidente, un congresista novato, anodino, medio sonso, puesto allí ex profeso, y que –cómo no– se compromete a convocar de inmediato a nuevas elecciones generales en el plazo máximo de ocho meses. El Perú no será Macondo, pero puede ser peor; un país donde la realidad supera siempre a la ficción. O cuando menos, la imita.













El copista ilustrado
Etiquetas: [APP]  [copia]  [César Acuña]  [Partidos Políticos]  [plagio]  
Fecha Publicación: 2016-02-01T21:48:00.000-08:00
 
El plagio es un acto que nace de tres de los peores males del hombre: la mentira, la incapacidad y la ociosidad.

Pero una cosa es plagiar y otra copiar. La primera atañe a un robo. La segunda puede imitar una obra de arte. No se plagia un jarrón chino; se copia.

Sea plagio o copia, el sentido es que ambos hurtan aspectos, ideas o características originales de otro.

Por eso, el acto de plagiar o de copiar conlleva siempre un hecho de apropiación.

El árbol empieza a torcerse desde los primeros años, en los trabajos escolares. Se copia el cuaderno, la tarea, el examen.

El plagiador requiere casi siempre una contraparte débil, cómplice de la falta.

El que estudia, cede a los requerimientos del copista al prestarle el cuaderno o el balotario resuelto.

El copista que empieza copiando la tarea, por lo general, termina plagiando en pleno el examen. Busca el atajo, el menor esfuerzo, la trampa.

El plagiar es un tema de la ética. Tiene que ver con la capacidad de mentirse a sí mismo y de mentir o engañar a los demás.

Cuando el copión reproduce ideas de otros con pasión, pierde la noción de vergüenza. Copia sin prisa, pero sin pausa. Sin que nada lo detenga.

En ese trance, su labor se vuelve mecánica, autómata. Llena los espacios sin entender lo que hace. No le importa, sino untar el papel con tinta.

A cualquier mortal una página en blanco, lo perturba. Al copista, no le preocupa. Hasta podría deleitarle.

Para el copiador impenitente, una página en blanco es el espacio en el que se encuentra a sí mismo. Vacío de contenido.

Con el tiempo, el copista se acostumbra a su oficio. Y su arte se vuelve sofisticado. Copia monografías, tesis universitarias, magistrales, doctorales.

Si al inicio pedía favores, cuando crece, se paga sus extravíos. Copia y encarga copiar sin pudor. Ni rubor. Copy and paste.


Por eso, si Dios escribe recto sobre renglones torcidos, el copista escribe torcido siempre sobre los renglones rectos de otros. 

Y vive feliz, como una perdiz, hasta que se mete en política y decide ser presidente.









En defensa de la Descentralización
Etiquetas: [CND]  [Descentralización]  [gobiernos regionales]  [Presidencia del Consejo de Ministros]  
Fecha Publicación: 2015-12-31T09:02:00.000-08:00
La descentralización es un proceso irreversible. No debe detenerse, ni retroceder. Por el contrario, debiera mejorarse, ajustarse, reimpulsarse. Necesita redireccionarse.

No hay reforma más importante que se haya realizado en democracia, que la descentralización. Hasta antes del 2002, se larvó en Perú un Estado centralista, arcaico, burocrático. En buena parte sigue siéndolo, pero cada vez menos.

Los casos de corrupción en los gobiernos regionales son una amenaza seria para el proceso de descentralización. Podría  incluso revivir el manejo centralista del Estado.

La mitad de los gobernadores regionales en problemas con la justicia. Obras paralizadas por pago de coimas en licitaciones y concursos. 700 en todo el país –según la Contraloría–, por un valor de 4.500 millones de soles.

A primera vista parece que la descentralización lo único que ha descentralizado es la corrupción.

Pero no es así. Aquí lo que ha pasado es que el gobierno nacional deshizo el mecanismo institucional necesario para monitorear el proceso.

El gobierno del Presidente Toledo dejó una arquitectura legal que consideraba la transferencia gradual de competencias. Instituyó una instancia de coordinación ­–El Consejo Nacional de Descentralización­–, que el siguiente gobierno simplemente eliminó. Y el actual no restituyó.

En lugar del CND se creó una Secretaría de Descentralización, de tercer nivel, sin autonomía técnico-funcional ni político-administrativa.

Se confundió autonomía con autarquía. Y se transfirió recursos sin mejorar las competencias y capacidades. Los gobiernos regionales avanzaron en mejorar sus presupuestos, pero no su capacidad de gasto.

Hoy los gobernadores regionales no se reúnen con regularidad con el Presidente de la República. El jefe del Estado no despacha con los representantes de los gobiernos subnacionales para monitorear planes de desarrollo u obras de envergadura que exceden el ámbito regional.

El Presidente trabaja con sus ministros, sectorialmente; pero no lo hace regionalmente con los gobernadores. No existe ese nivel de coordinación nacional-subnacional. Con excepción, claro de los Consejos de Ministros Descentralizados, modalidad que inició el Presidente Toledo en su gobierno.

Se requiere continuidad en las coordinaciones. Regularidad. Obligatoriedad. 

Quizás sea necesario que así como se tiene a la CIAEF para articular las políticas económicas y financieras y a la CIAS para coordinar la política social, se cree un mecanismo de coordinación entre el presidente y los gobiernos subnacionales, que podría ser una Comisión Nacional de Asuntos Regionales (CIAR), o restituir el Consejo Nacional de Descentralización con los mismos fines.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene una instancia que podría cumplir ese objetivo: el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), en el que participan los presidentes regionales y una representación de alcaldes,  (LOPE Art. 19. Inc. 13). Está a cargo del Presidente del Consejo de Ministros, pero, en la práctica, es letra muerta. Nunca se le ha convocado.

Aquí lo que requiere es el liderazgo del Presidente de la República. Es el jefe de Estado quien debe redireccionar el proceso de descentralización. Y dejar que la PCM o un nuevo CND ejecute un programa nacional de fortalecimiento de capacidades.

La descentralización no es un fin en sí mismo; es un mecanismo para llegar al ciudadano. Construir el Estado con rostro humano es un proceso impostergable. No hay vuelta atrás en el deseo de llegar con calidad, eficacia y eficiencia al ciudadano. Y ese mecanismo es la descentralización, anhelo de los pueblos desde la fundación de la República.













Justicia y penas con sentido común
Etiquetas: [Buscaglia]  [Código Penal]  [Delitos en flagrancia]  [Derecho]  [Policía Nacional]  
Fecha Publicación: 2015-12-25T10:41:00.000-08:00


La sentencia de 6 años y 8 meses de prisión efectiva contra Silvana Buscaglia Zapler por abofetear e insultar a un policía que le aplicó una infracción de tránsito, es a todas luces exagerada. Más aún si la condena por homicidio simple es de 6 años.

El principio de autoridad de la policía ha sido reparado y eso está bien; pero a costa de la proporcionalidad de la pena. La sanción es justa, pero desproporcionada.

La señora Buscaglia es una de los más de 1,098 casos que según LaRepública, se han resuelto en apenas 72 horas debido a la aplicación del Decreto Legislativo 1194 que permite aplicar jucios rápidos cuando el infractor es detenido en flagrancia.

Estos juicios sumarios estaban previstos desde el 2004, pero no eran obligatorios, sino potestativos.

Hoy si una persona comete cualquier delito y es apresado en plena flagrancia el fiscal tiene la obligación de procesarlo y el juez de sentenciarlo, en horas.

El problema es que las penas han aumentado. Lo que puede llevar a sentencias extremas como el de la señora Buscaglia, cometiéndose abusos e injusticias.

Lo que esta señora cometió fue una falta de respeto absoluto a la autoridad, con violencia y prepotencia (Ver video aquí). El transfondo ­–lo han asegurado psicólogos y expertos en el tema–, probablemente encierre un desprecio racista de un grupo social que considera inferior al resto.

Pero 6 años y 8 meses por esta agresión, es desproporcionado.

Para que las sanciones por delitos en flagrancia no se conviertan en un abuso de la autoridad tiene que haber sentido común en quien ejerce la ley. O un contrapeso de opiniones que vayan en busca de la proporcionalidad de la pena.

El decrecho anglosajón tiene un modelo que podríamos empezar a pensar en introducirlo en nuestro sistema: el common law.

No existe en el derecho romano occidental. El common law es –en la práctica– una corte de personas no especializadas en derecho que administran justicia siguiendo el sentido común y la proporcionalidad del delito y la pena.

El common law se basa en las costumbres, en la jurisprudencia de casos anteriores, pero, principalmente, en el sentido común, antes que en la norma escrita o el código.

Los casos son juzgados con diversos puntos de vista; no solo el jurídico o estrictamente normativo y legal.

Un tribunal múltiple en lo profesional y hasta pluricultural podría encontrar un mejor equilibrio en encontrar la proporcionalidad de la pena. Y no estar atado como el juez que sentenció a la señora Buscaglia a una pena escrita establecida en el Código Penal.

La selección de estos jueces podría ser incluso por sufragio universal.

Y podría introducirse en nuestro sistema de administración de justicia de manera parcial, solo para casos como el que comentamos o delitos de tránsito sin lesiones graves y/o muerte, jucio de alimentos, agresiones de pareja, entre otros.

Después de todo, el Art. 138 de la Constitución Política del Perú señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo.












Recuperar el imperio de la ley
Etiquetas: [Ancash]  [Crimen organizado]  [Regiones]  [Samanco]  [Seguridad Ciudadana]  [Sociedad]  [Violencia]  
Fecha Publicación: 2015-12-11T14:18:00.000-08:00


La captura y confesión de los autores materiales e intelectuales del asesinato del alcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza y su abogado, Henri Aldea Correa, es un cóctel que mezcla dos características de lo peor del ser humano: codicia y venganza.

El alcalde fue asesinado por sus propios regidores para usurpar el poder y manejar el presupuesto público destinado a obras, en beneficio propio. Su asesor legal fue ultimado, en venganza, por otro abogado, que meses antes fue despedido por su sucesor de la pequeña Municipalidad Distrital de Samanco, Provincia del Santa, en la Región Ancash.

El móvil que une ambos asesinatos es la corrupción.

El alcalde era un estorbo para quienes consideraban el presupuesto municipal un botín. El abogado, una víctima de la venganza, al no considerar que el hombre que despidió había "invertido" 200 mil soles en la campaña de Ariza Espinoza.

Para ejecutar su plan, los asesinos contrataron sicarios ­–uno de ellos menor de edad–, quienes emboscaron al alcalde y su abogado en plena carretera, donde los acribillaron y les prendieron fuego. Sin piedad.

Fue un magnicidio. Pero no por razones políticas o ideológicas, sino por las más oscuras pasiones que, también en la política, exhibe el ser humano.

No es raro que esto ocurra. Por el contrario, se está volviendo más bien una actuación común, particularmente en una región convulsionada por el manejo turbio de la cosa pública, como Ancash. Las diferencias, las luchas intestinas por el poder, el afán de enriquecimiento rápido, la dilapidación del erario público, se arreglan, de manera fulminante, a balazos. 

El sicariato, la extorsión y la disputa armada entre bandas delincuenciales por el botín presupuestal de las obras públicas en ejecución, se colude muchas veces con malas autoridades electas, policías, jueces y fiscales.

Es la lucha del Estado contra el crimen organizado.

Y en esta guerra de supervivencia del orden legal, me temo, la solución no puede venir del propio sistema de administración de justicia. 

Necesitamos es organizar un nuevo cuerpo de élite policial de investigaciones ­­–al estilo FBI–, con recursos e inteligencia que enfrente este problema de raíz.

Una policía de investigaciones nueva, especializada, con recursos y capacidad operativa, asesorada por organizaciones policiales del más alto nivel en el mundo, que retome el control del Estado y la paz social.

El trabajo de recuperar los valores cívicos para adecentar la política toma mucho tiempo. Se debe hacer. Pero, mientras eso se consolida y da frutos, se deben acometer acciones eficaces e inmediatas de lucha frontal contra el crimen organizado.

La política no tiene que ser sangre y muerte; venganza y crímen. 

Si no nos civilizamos, el Estado tiene la obligación de imponer el orden y la fuerza. Y eso es, simplemente, volver al imperio de la ley.  

Tenemos que parar en seco el caos político y delincuencial que se vive en algunas regiones del país.









La Gran Transformación... de Keiko
Etiquetas: [Caviar]  [Keiko Fujimori]  [KeikoCaviar]  [La Gran Transformación]  [Partidos Políticos]  [Sistema político]  
Fecha Publicación: 2015-10-11T15:35:00.000-07:00


Hay una primera diferencia entre Keiko y su padre. Alberto Fujimori no anunciaba. Alberto hacía. Keiko, en cambio, primero anuncia. No sabemos si realmente hará. Alberto procedía de esa manera autoritaria, desde el poder. Keiko aspira a llegar al poder. 

El problema para la hija del ex presidente preso es demostrar que se diferencia del padre. Que puede encarnar un fujimorismo, no solo sin Fujimori, sino, sin lo peor de su propio padre.

La posición de Keiko no es, por tanto, ni una corrida al centro desde la derecha, ni mucho menos una caviarización, como algunas voces se han apresurado en calificarla. No hay, pues, una #KeikoCaviar.

Hay una disciplinada política que sigue los consejos que cualquier cabeza fría puede sugerir en ese aspecto: no avales la corrupción, ni la violación de derechos humanos, de los que se acusa ­al gobierno de tu padre. Deslígate de Montesinos, del Grupo Colina, de las estirilizaciones forzadas y reconoce el trabajo de la Comisión de la Verdad. Quédate con la defensa del modelo económico, la crítica abierta a la partidocracia, el Congreso unicameral, la Constitución del 93, la captura de Abimael Guzmán y la lucha contra el terrorismo.

El problema de esta recomendación es que Keiko –si en verdad quiere que la tomemos en serio–, deberá hacer mucho más que una declaración ante un politólogo de Harvard. Aún cuando este politólogo sea considerado uno de sus críticos y también uno de los que escribió algunas de estas ideas de sentido común, que como bien sabemos, en política, es el menos común de los sentidos.

Como bien ha dicho Salomón Lerner Febres, si Keiko reconoce el trabajo de la Comisión de la Verdad tendría que concluir, en primer lugar, que su padre fue procesado y sentenciado en sentido estricto de justicia, con un Poder Judicial independiente; sin tribunales sin rostro, y con respeto a su derecho de defensa.

Otra de las cosas que podría hacer Keiko para en verdad creerle es tirar algunas de las mochilas pesadas que tiene en el Congreso. Deshacerse de congresistas que solo representan el pasado duro y obtuso del fujimorismo, por no mencionar su sentido antidemocrático y anti institucional en todo orden de cosas, empezando por los derechos humanos.

Pedir perdón en nombre de su padre, arrepentirse en público, no con el ánimo de verla disminuida, sino, todo lo contrario, de verla madurar como mujer y política, es otro gesto que esperaríamos de una nueva Keiko, genuinamente cambiada.


Si ese es el sentido de sus palabras en Harvard, no lo sabemos. Es más, tenemos serias dudas de que así haya sido. El tiempo ­–el sereno, pero implacable juez Cronos­– dirá si estamos ante un cambio sustantivo y no solo ante una posición convenida, una receta, una simple prescripción política, pensada en ganar dividendos electorales. La Hoja de Ruta que necesita para llegar al poder que, en su caso, sí podría llamarse La Gran Transformación.









El Perú Cholo
Etiquetas: [Antropología]  [Desborde Popular]  [Estado]  [Jose Matos Mar]  [Política]  [Sociales]  
Fecha Publicación: 2015-08-08T17:37:00.003-07:00


José Matos Mar (1921-2015), pudo ver, estudiar y fotografiar el Perú en movimiento, en permanente transformación. Ese Perú que por años fue olvidado –y en muchos aspectos sigue siéndolo– y que emergió de los Andes con una fuerza brutal, pero pacífica, transformando para siempre el rostro colonial de Lima, pero, también, el alma y la identidad nacional.

Ese Otro Perú, como él le llamaba, empezó a llegar a la capital por oleadas a partir de mediados de los cuarenta; huía de la pobreza, el atraso y la falta de oportunidades. Ocupó las tierras más pobres de la ciudad: el arenal, los cerros, el pedregal. Clavó la bandera peruana y reclamó al Estado servicios básicos, infraestructura, salud, educación, trabajo.

Nacieron las barriadas, los asentamientos humanos, las urbanizaciones populares, transformadas hoy en distritos medianamente urbanizados, precariamente atendidos, pero con una fuerza laboral y empuje empresarial enorme desarrolladas al margen del Estado, con menos ideología y, por lo mismo, más emprendimiento que ciudadanía.

A esa marea humana, amorfa, chicha, multiétnica, que se diseminó en la ciudad, Matos Mar la llamó Revolución Cultural, un choque social, económico, político y cultural, entre el Otro Perú y el Perú Oficial, que desbordó al Estado y que al mismo tiempo tomó la forma de una sociedad nacional emergente.

Ese proceso no se ha detenido. Este primer periodo de casi ochenta años ­–si consideramos que estamos a seis años del Bicentenario– ha sido una etapa de conquistas de primer piso: agua, luz, pistas y veredas, títulos de propiedad. Los pobres del Perú se organizaron para reclamar estos servicios, pero una vez obtenidos, su nivel de organización social parece haberse resentido.

Una seguna ola transformadora se puede ubicar en el plano económico. Los pobres generaron su propio empleo. Autoconstruyeron sus casas. Organizaron sus mercados de abastos, de ferretería, carpintería, metal mecánica y hasta de artículos robados y reciclados. Hoy, muchos de esos enclaves de negocio informal y negro son consolidados centros comerciales. Los pobres de ayer son los emprendedores de hoy que se organizan, ya no invadir, sino, para comprar terrenos y levantar emporios comerciales e industriales.

La tercera ola transformadora está en pleno desarrollo y no se vislumbra por ahora qué forma terminará adquiriendo. Es la reforma política o ciudadana. Es menos clara, en la medida que la informalidad sigue siendo el sello de esta nueva sociedad. En este aspecto, los ex pobres, hoy emprendedores, son menos republicanos y cívicos que el Perú Oficial. Son más bien, contrarios a este tipo de orden. Buscan sacarle la vuelta a los dictados del Perú Oficial. Evaden impuestos. No respetan las reglas de tránsito. Y, por supuesto, no tienen una ideología definida o mayoritaria. No se sienten representados por algún partido político en especial y son esquivos a  cualquier fidelidad partidaria. Son inestables, políticamente hablando. Su comportamiento político se mueve por cardúmenes y son altamente sensibles, generando cambios inesperados.

Matos Mar vivió para responder una pregunta: ¿existe una sociedad nacional? Y murió viendo germinar, crecer y transformar ese nuevo Perú. Un Perú en movimiento que hoy tiene, pese a todo, una mejor autoestima, un alma colectiva más optimista, emprendedora y ganadora. Un Perú que al pie del orbe, como diría Vallejo, se para mejor en un mundo global y competitivo. Es el Perú Cholo. El Perú Cholo del Cholo Matos Mar. Descanza en paz, Amauta.



















Insatisfacción democrática
Etiquetas: [Democracia]  [Encuestas]  [Estado]  [Gobierno]  
Fecha Publicación: 2015-07-27T19:00:00.000-07:00

No es novedad decir que una parte mayoritaria de ciudadanos peruanos se sienta insatisfecho con la democracia. El fenómeno no es solo del Perú, sino de Latinoamérica, aunque con sus variantes, como lo demuestran de manera persistente los resultados del Latinobarómetro.

Desde mediados del 90 hasta la fecha, el descontento con este sistema de gobierno, ha sido una constante que se ha movido entre 55% y 65%. El 2009, en plena crisis mundial de la economía, este porcentaje se elevó a 71% de insatisfacción.

Lo que resulta, más que sorprendente, preocupante, es una encuesta de CFK que a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales del 2016, revela que "más del 80% de entrevistados se encuentra insatisfecho con el sistema democrático de nuestro gobierno".

El informe refiere que la falta de representación de los ciudadanos en los principales poderes del Estado explicaría esta señal de descontento.  Pero, me temo que lo más probable es que no sea el deseo de ser escuchados lo que genere el descontento, sino el nivel de ineficacia mostrada por la democracia para evidenciar resultados.

Cuando los ciudadanos ven, sienten y perciben que la delincuencia va en aumento y que las extorsiones, asaltos y robos al paso, son pan de cada día, no están pensando en que el Estado o sus representantes escuchen sus propuestas de solución. Ellos sienten y están convencidos que el Estado –representado por la Policía– es incapaz de ofrecer seguridad.

Y si, peor aún, fiscales y jueces, en lugar de perseguir el delito y denunciar a los delincuentes, los suelta; los ciudadanos de inmediato culpan al Estado ­como incapaz de ofrecer justicia.

Lo mismo puede decirse de las muertes absurdas de más de 130 niños en las alturas de Puno, Andahuaylas y Huancavelica a causa de una ola de frío que se repite periódicamente, sin que hayamos podido resolver el problema de abrigo más allá de entregar –mal, tarde y nunca– frazadas y casacas. El Estado se muestra incapaz de resolver el problema de fondo: salud.

¿Qué creen  que piensa la gente cuando un puente de menos de 4 años de inaugurado se desploma? ¿Que el concesionario privado no cumplió? ¿O que el Estado fue incapaz de supervisar la calidad de la obra? La negligencia estatal le pasa factura a la frustración o descontento ciudadano que inmediatamente piensa en la cantidad de dinero que se ha gastado en vano o que "alguien", se levantó plata colocando menos fierro y cemento del que correspondía.

Así, corrupción, negligencia o desidia burocrática, son algunos de los factores que corroen la eficacia del Estado para atender y resolver los problemas de los ciudadanos. Esto se traduce en insatisfacción o frustración ciudadana cuando se pregunta al hombre de a pie si siente satisfacción o insatisfacción con la democracia.

En resumen, la ineficacia del Estado puesta en evidencia en diversos órdenes de cosas, termina por minar el sistema de gobierno, llevándose de encuentro a toda la clase política. ¿O será al revés? El descrédito de la clase política, la ineptitud de los gobiernos de turno para resolver los problemas de la gente, son factores condicionantes para pulverizar el crédito ciudadano en la democracia.


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 Artículo publicado en Diario 16 el 27 de julio de 2015.
  









Encuestas y Poder
Etiquetas: [Encuestas]  [Gobierno]  [Gobierno de Ollanta Humala]  [Marketing Político]  [Partidos Políticos]  
Fecha Publicación: 2015-07-12T14:18:00.000-07:00

¿Las encuestas ayudan a gobernar o, por el contrario, son una amenaza al poder? Sí. No. No sabe/No opina. Veamos:

Antes que un instrumento del mal, las encuestas son una herramienta para conocer la opinión de la gente. No es un veredicto, ni una sentencia. Es simplemente el pulso de un estado de ánimo. Revelan, si se quiere, el humor de las personas.

No hay dos encuestas técnicamente iguales. Difieren en el diseño metodológico, en la muestra y hasta en la técnica de recojo de la información. Por lo tanto, no hay dos resultados iguales.

No es lo mismo preguntar si mañana fueran las elecciones por quién votaría usted por teléfono, que hacerlo personalmente; enseñando fotografías de los candidatos o esperando una respuesta espontánea del primer nombre que se le venga en mente.

Las encuestas muestran un dato de la realidad en un momento dado. En el transcurso del tiempo, si el dato se mantiene y crece, traza una tendencia. Pero por más negativo que sea ese dato, no reemplaza la voluntad popular. Ni al gobierno. Ni remece el poder.

La encuestocracia genera ruido, pero ruido de papel.

Lo que verdaderamente zarandea el poder –o lo consolida, dependiendo quién y cómo lo use–, es la acción política.

Desde el poder, la inacción política es la base del desacalabro.

Lo que está en discusión es si las encuestas retroalimentan la opinión pública o solo reflejan el sentir de la misma. Hay un poco de cada cosa. Algunas personas se dejan llevar por la opinión de los demás; otras prefieren elaborar sus propias refelxiones;  y hay quienes se resisten a seguir a los demás.

Lo segundo que se discute es si los medios de comunicación, al levantar información negativa de las encuestas y –a partir de ellas sostener campañas contra el gobierno–, contribuyen también a crear, sostener o amplificar el ruido político.

Contribuyen, efectivamente. Pero ­–nuevamente–, es ruido de papel.

Mientras la grita no pase de las portadas y las columnas de opinión, la preocupación del gobierno no debiera distraerse en pelear con los medios, sino en cumplir su agenda de trabajo.

Peor que el ruido mediático es el silencio informativo. Simplemente desapareces de la agenda mediática. En ese caso, lo que se hace es buscar medios alternativos de comunicación que rompan ese aislamiento.

La opinión pública no se genera en los medios de comunicación. Antes que lo que piensa el editorial de un medio, el gobierno debe preocuparse en lo que dice el ama de casa, el taxista, el trabajador independiente, el campesino del ande. Y a ellos se debe dirigir.

Por ahora, la mejor manera de conocer lo que piensa la gente sigue siendo la encuesta. El sondeo de opinión es la primera herramienta de gestión de la política. Puesto al servicio del gobierno es un elemento valioso para el diseño y testeo de políticas públicas. En conclusión, el gobierno no debe pelear con las encuestas; por el contrario, las debe valorar. Excepto que se compruebe una grosera manipulación, al estilo de lo que vimos en la etapa Montesinos-Fujimori.

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Artículo publicado en Diario 16, el domingo 12 de julio de 2015.











Minería y responsabilidad compartida

Fecha Publicación: 2015-07-12T12:08:00.001-07:00

Las cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE) son contundentes y debieran tener una respuesta del gobierno, pero también de la sociedad: US$ 21.500 millones se han dejado de invertir en proyectos mineros entre el 2008 y 2010. Sumando impacto directo e indirecto, salarios y demanda de más productos en diversos sectores, esta cifra llega a US$ 67.000 millones que no han ingresado a la economía y que hubieran mejorado nuestro PBI.
 Frente a esta realidad, Roberto Abusada, Presidente del IPE, plantea la necesidad de que el Estado, los gobiernos regionales y las empresas rediseñen "la manera en que se lleve a cabo la explotación de los inmensos recursos naturales que posee el Perú" (Fracasomanía, El Comercio, 30/06/2015).
 "Lo que pasa por reconocer que muchos compatriotas en lugares remotos dudan de los beneficios que les reportará el extraer de manera responsable esa riqueza que yace bajo sus pies", añade. En parte, tiene razón el Presidente del IPE. Se debe rediseñar el modelo de explotación de proyectos mineros. Pero no solo entre el gobierno nacional, el gobierno regional y la empresa privada, sino, también con las comunidades donde se asienta el recurso.
 El problema entre minería y comunidades se origina precisamente porque el Estado y la clase empresarial dejaron de lado durante siglos a las poblaciones nativas, indigenas o campesinas, ubicadas en las áreas de existencia del recurso natural y zonas de influencia.
 El Estado peruano creó sus primeras instituciones en base a la explotación y la miseria de los hombres y mujeres originarios de estas tierras. La encomienda, la mita, y el trabajo comunal en la hacienda, despojó a las comunidades indígenas de sus tierras, agua y recursos naturales.
 Este modelo institucional solo extrajo del hombre andino su fuerza de trabajo. Las consecuencias de estas instituciones extractivas, las padecemos hasta hoy. Siglos de atraso, pobreza y abandono. Esta no es una visión del fracaso. Es más bien una revisión del modelo de sociedad que tenemos para revertir la fracasomanía que preocupa al autor.
 Abusada dice muy bien que (en el nuevo rediseño que propone) "La mina deberá ser un componente más de un conjunto de varios otros proyectos promovidos por el Estado que se lleven a cabo simultáneamente con su construcción y la posterior explotación del recurso; proyectos de caminos, hospitales, escuelas y otras actividades productivas en que participe la comunidad".
 Pero, nuevamente, en su esquema de explotación minera, el Estado es el único responsable de la infraestructura; no la empresa. ¿Pero acaso no hemos tenido siempre este modelo extractivo? El Estado haciendo carreteras, puertos y líneas de ferrocarril hasta las haciendas de los privados, sin que éstos pongan un centavo, ni distribuyan parte de su riqueza con las comunidades?
Las sociedades extractivas –decíamos en un artículo anterior (Robinson y Acemoglu; 2014) – diseñan leyes y procesos para que un pequeño grupo se enriquezca a costa de la pobreza de la gran mayoría.
 Estos sistemas extractivos, no generan incentivos para todos los individuos, sino para sectores privilegiados, socavando los principios democráticos y las aspiraciones de una prosperidad compartida.
Romper este viejo modelo es construir una nueva relación entre el Estado y sus ciudadanos, basado en un principio: riqueza para todos. Las poblaciones ubicadas en los lugares donde existen recursos naturales deben participar de la riqueza que genera la explotación de dichos recursos.
 Estas poblaciones se oponen hoy a su extracción, "porque no tienen incentivos; no disfrutan de sus beneficios concretos y sienten que el Estado y la Empresa privada se ponen de acuerdo dejando a las comunidades de lado". Estado, empresa privada y comunidad son las tres patas de una mesa llamada: responsabilidad compartida. No entender esto sí puede sumirnos en una fracasomanía.
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Artículo publicado en Diario 16, el 5 de julio de 2016.









Partidos: calatos con antifaz
Etiquetas: [Andrea Stiglich]  [Carlos Ganoza]  [Corrupción]  [Economía]  [El Perú esta calato]  [Libros]  [Partidos Políticos]  [Política]  [Sistema político]  
Fecha Publicación: 2015-06-28T18:32:00.000-07:00

El libro de Carlos Ganoza y Andrea Stiglich "El Perú está calato", desnuda el sistema político peruano. Sin maquillaje, ni medias tintas, considera a los partidos políticos instituciones precarias, subsumidas por dos personajes que parasitan en su interior, pervirtiendo su composición y fines: los bandidos sedentarios y los bandidos pasajeros.

Los primeros son políticos que buscan beneficiarse por medio de la corrupción, pero que actúan dentro de "ciertos límites" debido a que el grupo al que pertenecen no permite que sus actos terminen derribando al partido o desestabilizando al sistema. Son pillos moderados, digamos.

Los bandidos pasajeros, en cambio, no se andan con estos remilgos. Son avezados, personalistas, se manejan dentro de una lógica comercial agresiva por lo que no les importa dilapidar los recursos del Estado hasta dejarlo en la inanición.

Ambos forman lo que los autores llaman la "Bandidocracia", una forma de sistema político corrupto cuyo fin es asaltar las arcas fiscales en sus diferentes niveles.

La expresión política de la Bandidocracia la tenemos en todos los frentes: movimientos regionales que se forman de la noche a la mañana, partidos políticos que anteponen el dinero y los recursos económicos a la hora de buscar candidatos; y poderes oscuros, ilegales, dispuestos a financiarlos para cobrarse más tarde con granjerías o abiertos latrocinios ejecutados desde el poder.

Estas pirañas de la política están en todas partes. Los partidos no son la excepción. Hace unos meses señalé en esta misma columna como estos grupos se mueven no en torno a ideales ni vocación de servicio, sino "por el poder del dinero". El dinero, puesto como requisito indispensable para hacer política, pervierte los objetivos de la política.  Y  cuando este espíritu prima en un partido, pierde la sociedad. Porque lo que "se invierte" en llegar al gobierno, se busca luego recuperarlo en el poder.

Lo público y lo privado se confunden. No existe; originando prácticas corruptas que –como sostiene el libro– hace que predomine "la política de los intereses particulares y oscuros en lugar de las ideas y propuestas".

Todo ello menoscaba el sistema democrático. Porque a la larga los bandidos sedentarios y los bandidos pasajeros buscan hacer obras para ganar comisiones, no para atender un reclamo ciudadano. Por eso, no les impora, si al final, ésta queda inconclusa. En el Congreso, estos pillos con inmunidad, no responden a nadie, sino a sus propios intereses; no son capaces de acordar políticas de Estado, sino migajas para sus regiones. Usan al partido como vientre de alquiler y succionan el aparato del Estado.

El problema –coinciden los autores–, es que la proliferación de estos bandidos "pueden hacer que el país se torne cada vez menos gobernable, y podrían llegar al punto de causar un quiebre de la democracia". Esa es una de las trampas que amenazan nuestra viabilidad como país civilizado: "La política nos ha generado tanto rechazo que hemos permitido con nuestro desdén que el sistema de partidos se pulverice".

En otras palabras, odiamos tanto la política que no participamos en ella, dejándole el espacio a los chicos malos.  Todos estamos calatos, está bien, pero algunos calatos, para llegar a la política, llevan solo un antifaz.

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Artículo publicado en Diario 16 el 28 de junio de 2015.










Acuerdo por la Gobernabilidad
Etiquetas: [Alianza]  [Congreso]  [Gana Peru]  [Gobernabilidad]  [Pacto político]  [Perú Posible]  [Poder Legislativo]  
Fecha Publicación: 2015-06-22T14:59:00.000-07:00

Nunca se entendió este término en relación a nuestra postura política frente al gobierno.  Internamente, algunos militantes entendieron esta frase como un acuerdo de gobierno, con derecho a ocupar puestos públicos. Nuestros adversarios, la interpretaron como “cogobierno”, “alianza” o “pacto”.

Pero, la verdad, nunca fue ni lo uno ni lo otro.

El término apareció en un primer documento público de Perú Posible el 16 de abril de 2011, tras confirmarse que Ollanta Humala pasaba a la segunda vuelta con Keiko Fujimori.

Y fue ratificado tres días después, en otro documento del partido, que respondió al significado equivocado que la prensa le dio desde un primer momento a la palabra “gobernabilidad”: apoyo a Ollanta Humala.

En realidad lo que apoyábamos no fue una persona, ni un gobierno, sino la continuidad del sistema democrático y un modelo de crecimiento con inclusión social, como una expresión de la voluntad popular.

Este apoyo a la gobernabilidad tuvo su mejor expresión en el Congreso de la República, donde hemos formado parte de la Mesa Directiva en los últimos cuatro años. No se puede decir lo mismo del Ejecutivo, donde los dos ministros que tuvimos fueron invitaciones a título personal antes que  resultado de acuerdo alguno.

De manera que nunca hubo una alianza con este gobierno, sino apoyo responsable a la administración  del Estado que el pueblo eligió libremente en las ánforas.

Apoyamos las cosas que consideramos positivas para el país. Y decimos no a lo que consideramos negativo. Esa ha sido y es nuestra responsabilidad.

Nos corresponde ahora evaluar  esta situación.

Un partido responsable es aquel que permanentemente evalúa sus relaciones políticas en el contexto nacional e internacional.

Es claro que el acuerdo por la gobernabilidad nos ha costado más de lo que hemos ganado. Los medios, los adversarios y el pueblo –probablemente-,  no han entendido del todo nuestra posición presentándonos  como “aliados del gobierno”. Lo que evidentemente, nos pasará factura.

Pero, en el mediano plazo, en la medida que se aquieten las pasiones, se podrá entender mejor nuestra posición.

La elección de la Mesa Directiva del Congreso nos vuelve a confrontar sobre este tema de fondo. ¿Pasa la gobernabilidad por apoyar una fórmula encabezada por el oficialismo? No necesariamente. Y eso es algo que el propio gobierno debe repensar y entender.

Nadie le niega su derecho a presentar candidato. Pero existe también la posibilidad de que quien dirija esta última etapa del Congreso no necesariamente sea uno de sus filas; tampoco de la oposición, sino un tercero.

Una tercera opción que garantice que este gobierno termine sin problemas su mandato, que no convierta al Congreso en un circo de acusaciones y vendettas, y que mantenga equilibrio y  mesura frente al escenario electoral farragoso que se avecina.

La gobernabilidad es responsabilidad de todos. Pero principalmente de quien gobierna. Es momento de que en el gobierno se planteen seriamente esta posibilidad. En ese marco, Perú Posible seguirá comprometiendo su esfuerzo en pro de la gobernabilidad.

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Artículo publicado por Diario 16 el domingo 21 de junio de 2015.











Política ficción
Etiquetas: [Ana María Solórzano]  [Congreso]  [Mesa Directiva]  [Ollanta Humala]  [Poder Legislativo]  
Fecha Publicación: 2015-06-22T14:46:00.002-07:00

Mañana lunes, a primera hora, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, se reúne con el Consejo Directivo y, sin mayores preámbulos, da cuenta de la sentencia recibida del Poder Judicial que dispone la condena de dos años de prisión suspendida contra el parlamentario Alejandro Yovera, exintegrante de Fuerza Popular, expulsado de esas filas y hoy miembro de la bancada AP-FA.

Sin abrir debate, procede a oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para efectivizar el desafuero del parlamentario. Queda en discusión si corresponde o no al JNE convocar al accesitario, en tanto se trata de una suspensión temporal y no definitiva. Hay posiciones a favor y en contra de esta medida. La curul vacía es una posibilidad que empezará a crecer como opción.

Antes de levantar la sesión del Consejo Directivo, los representantes de las bancadas acuerdan retirar sus firmas de la moción de censura que pesa sobre la presidenta del Congreso. Y hacen efectiva su promesa, mediante un documento presentado y redactado de puño y letra que tarda unos minutos en ser rubricado por los legisladores de oposición.

Horas después, casi al borde del mediodía, todo queda listo para desarrollar la sesión plenaria y clausurar la Segunda Legislatura Ordinaria 2014-2015. El único punto de agenda es retomar el pedido de facultades legislativas del presidente del Consejo de Ministros.

Solucionado el affaire Yovera, el premier, Pedro Cateriano, acompañado por siete ministros, llega al Congreso, apenas diez minutos antes de la hora de convocatoria, para evitar el trámite de esperar dos horas y los cafés innecesarios que alteran los nervios. En la última versión del discurso que tiene, la frase “hago cuestión de confianza” ha sido definitivamente borrada.

El debate es intenso pero moderado. El oficialismo pretende apurar el debate y presiona a la oposición para que apruebe en paquete las facultades delegadas solicitadas. La oposición, con el triunfo de Yovera en el bolsillo, vuelve a su punto inicial: ampliar la legislatura y debatir punto por punto el pedido del Ejecutivo. Se produce un nuevo entrampamiento. Se arma nuevamente la trocatinta y se escuchan palabras desde “desaire” hasta “traición”.

Pese a los esfuerzos del oficialismo, la oposición no transa. Se opone a entregar facultades delegadas en todas las materias y la frase “cheque en blanco” sube en el contador de palabras. Insiste en extender la legislatura para debatir tema por tema cada una de las facultades solicitadas.

El oficialismo acusa a la oposición de obstruccionista. Las frases acusatorias suben de tono en uno y otro lado, pero, al final, los votos indican que no hay consenso, sino solo para aprobar la demanda en seguridad ciudadana. Es la única. El teléfono con Palacio de Gobierno se satura. El oficialismo se arrepiente de haber convocado a Junta Directiva más temprano y de haber entregado la cabeza de Yovera.

No queda más ánimo para nada. Se clausura la legislatura y se convoca a la Comisión Permanente para que legisle, según el Art. 43 del Reglamento del Congreso.

El premier se retira y señala que, pese a todos sus esfuerzos, una vez más, el país ha sido notificado de la voluntad obstruccionista de la oposición. Se ratifica en que en este último año se gobernará vía decretos de urgencia. Mientras, en Palacio, se empieza a redactar la convocatoria para una Legislatura Extraordinaria. 

El clamor ciudadano –primero en redes, luego en las calles– es que de una vez por todas nos dejemos de vainas y que, sea ampliación de legislatura o legislatura extraordinaria, se aprueben las facultades que solicita el Ejecutivo y que los congresistas NO COBREN por ese espectáculo extra que tendremos que soportar. Las bancadas se fraccionan. Y todos piensan ya en la nueva Mesa Directiva. El fajín de presidente del Congreso vuelve locos a varios.

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Artículo publicado el 14 de junio de 2015 en Diario 16.


P.d. La realidad fue mucho más rica que la ficción. El Consejo Directivo se adelantó del viernes 19 que estaba programado al martes 16, fecha en que se resolvió el tema Yovera. Al día siguiente el Congreso se reunió en Legislatura Extraordinaria convocada por el Presidente de la República con el único propósito de aprobar las facultades delegadas solicitadas por el Ejecutivo; las cuales se aprobaron aunque por un menor tiempo que el solicitado. Superado el incidente, sigue la tensión en torno a la composición de la Mesa Directiva. Todo indica que el oficialismo perderá la conducción del Congreso. Pero, en el Perú, la realidad, como se puede entender, supera casi siempre a la ficción. 










Los garantes reales
Etiquetas: [Alejandro Toledo]  [Gabinete ministerial]  [Mario Vargas Llosa]  [Martín Belaúnde Lossio]  [Ollanta Humala]  [Pedro Cateriano]  
Fecha Publicación: 2015-06-22T14:35:00.001-07:00

A casi un año de terminar su mandato, los garantes reales del gobierno no son Alejandro Toledo ni Mario Vargas Llosa. Hoy en día esa categoría recae en dos personajes de su propio tablero: el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y el excolaborador del gobierno Martín Belaunde Lossio.

Ambos enfrentan esta semana momentos clave para el futuro del régimen. De lo que hagan, digan, callen y logren, dependerá en mucho –sin exageraciones– la marcha en el tramo final del gobierno del presidente Humala.

El premier Cateriano acudirá al Congreso para sustentar el pedido de facultades legislativas que requiere el gobierno en materia económica, seguridad ciudadana y otros. No le compete ir. Pero ha preferido hacerlo para cumplir su tarea –hacer política– y persuadir a un Parlamento fraccionado, sin mayoría clara, y plantear, luchar y ganar su aprobación en la cancha.

Para abrir el camino, ha despejado toda duda respecto a que no hará cuestión de confianza sobre el pedido de facultades, cerrando así toda posibilidad de que el presidente de la República pueda (o quiera) cerrar el Congreso de manera constitucional.

El segundo garante, Martín Belaunde Lossio, recibirá mañana en el penal Piedras Gordas a la Comisión del Congreso, que preside Marisol Pérez Tello, para responder las acusaciones que pesan sobre él de pagos y sobornos en obras públicas y su relación con la cúpula de gobierno.

El poder de MBL radica, en este caso, en su palabra. Su valor como garante estribará más en cómo logre equilibrar sus gritos desesperados por demostrar su inocencia con sus silencios. Lo que declare a la comisión marcará la pauta de su comportamiento futuro ante la Fiscalía. Puede también no decir nada. Nunca como en ese caso un silencio será más que elocuente.

Cateriano se ha ganado el título de garante a pulso. En apenas tres meses ha enfrentado crisis como las del espionaje chileno, el conflicto social de Tía María, la fuga y captura de Martín Belaunde, y los gastos y cuentas de la primera dama. Y de todas, hasta ahora, ha salido airoso.

El presidente del Consejo de Ministros es un garante no solo para el gobierno, sino para la propia oposición. Es el garante de la Hoja de Ruta.

En ese sentido, es el único que puede asegurar equilibrio político dentro del Ejecutivo sin caer en juegos antidemocráticos ni perfiles autoritarios. Pero, además, es quien puede echarse sobre el hombro la chamba de recuperar el crecimiento económico conversando y persuadiendo a los grupos económicos a seguir invirtiendo.

Si en derecho una garantía real implica la afectación de un bien para el debido cumplimiento de una obligación, en política un garante real es el que realmente tiene el poder de obligar un comportamiento en un sentido o en otro.

Esta semana ambos garantes ponen en juego sus poderes. Belaunde Lossio le sirve al gobierno mientras no hable. Cateriano, en cambio, es útil por todo lo contrario.

De hacia dónde se incline la balanza en ambos casos –el voto de confianza o las declaraciones oficiales de MBL– dependerá mucho la manera en que ingresaremos al último año de gobierno. En definitiva, un garante real es aquel que puede garantizar la continuidad del gobierno. Veremos si eso ocurre.

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Artículo publicado en Diario 16 el 7 de junio de 2015.










Seguridad ciudadana y respuesta cívica
Etiquetas: [Crimen organizado]  [Marcha por la Paz]  [San Juan de Lurigancho]  [Seguridad]  [Seguridad Ciudadana]  [Sociedad]  
Fecha Publicación: 2015-06-08T09:15:00.002-07:00


El miedo puede paralizar en un primer momento. Pero, en situaciones extremas, puede impulsar a la acción. Esto ha pasado con los vecinos de San Juan de Lurigancho. Hartos de atracos, fechorías, extorsiones, bandas y sicariato, esta semana salieron a las calles para expresar su rechazo a la criminalidad.

Los ha movido el miedo de ver a sus hijos en peligro de caer por una bala asesina. Pero también la inacción o impotencia del Estado que no tiene respuesta para frenar esta ola de violencia que amenaza la vida en comunidad.

Un director y dos vigilantes de colegios privados fueron muertos a tiros recientemente en ese distrito. Un programa periodístico reveló la forma en que las bandas de sicarios utilizan a los adolescentes para cometer crímenes que perpetrados por adultos tendrían penas severísimas.

Los delincuentes mayores les consiguen dinero y armas, y los entrenan con prácticas de tiro en los cerros de Jicamarca. No hay Estado en esos cerros. No son territorios liberados, sino olvidados. 

Si tenemos en Lima un policía por cada mil habitantes y si un tercio de las comisarías distritales se encuentran en mal estado, un 46% no cuenta con servicios básicos, 40% no tiene computadoras, y de las que tienen, 70% no tiene internet, es poco lo que desde el punto de vista policial se puede hacer para combatir la criminalidad.

El tema de la criminalidad, como la pobreza, es multidimensional. Tiene varias causas y, sin duda, el crecimiento de jóvenes con falta de oportunidades laborales, educativas y de recreación se encuentra entre ellas. La falta de valores es consecuencia de su precariedad social, no la causa.

Así parece entenderlo también la población de San Juan de Lurigancho, la cual, en un rapto de desesperación y fragilidad institucional, ha pedido no solo más efectivos policiales y comisarías en su distrito, sino que sean las propias Fuerzas Armadas las que patrullen las calles y lugares estratégicos del vecindario.

Es un error, por supuesto, pensar que las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de seguridad ciudadana. Esas tareas son competencia municipal y de la Policía Nacional. Pero la delincuencia parece ganar terreno a estas instituciones y el miedo de la gente la lleva a optar por estas posiciones extremas que al final son siempre peligrosas para el fortalecimiento del sistema democrático. 

El grito desesperado de una madre de familia en la marcha no pudo ser más elocuente: “¡Con nuestros hijos no se metan!”. La marcha de San Juan de Lurigancho, fuera del histrionismo y payasada de su alcalde de pretender imponer un estado de emergencia por decreto de alcaldía, y de la posición equivocada de su gente de convocar a las Fuerzas Armadas, es un llamado de atención a un problema que hoy toca las puertas de la capital, pero cuya modalidad de organización, ataque y blancos elegidos –pequeños y medianos comerciantes, negocios y/o tiendas– surgieron hace buen tiempo en ciudades importantes del norte del país como Trujillo.

No es casualidad que hoy en día los trujillanos tengan como alcalde a un excoronel de la policía, exguardia civil y hombre de inteligencia, perseguido y que sigue enredado en el Poder Judicial con acusaciones de haber formado un comando de la muerte que eliminaba delincuentes de alta peligrosidad. 

Elidio Espinoza niega, por supuesto, estos cargos y hoy, como autoridad municipal, camina sin seguridad por todos los vericuetos de Trujillo, empeñado en demostrarle a quien quiera escucharlo que no es verdad que estas bandas de extorsionadores, secuestradores, asesinos y sicarios organizados les estén ganando la guerra a las autoridades y al país. Ojalá los enemigos de la convivencia civilizada, de la ley y el orden, no le demuestren lo contrario. La marcha de SJL es una de esas respuestas cívicas que necesitamos para ganarle la guerra a la inseguridad ciudadana.

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Publicado en Diario 16 el 31 de mayo de 2015.










El tren chino
Etiquetas: [Comercio Exterior]  [Li Kequiang]  [Peru Brasil]  [Primer Ministro chino]  [Tecnología]  [Tren Bioceánico]  
Fecha Publicación: 2015-06-08T09:05:00.000-07:00


La visita del primer ministro chino Li Keqiang será positiva para el país, en la medida que asumamos que debemos cambiar la inercia comercial que hasta hoy marca nuestra relación bilateral.

El Perú –al igual que el resto de América Latina– es exportador de materias primas a China e importador de su producción manufacturada, cada vez con un mayor componente tecnológico.

China compra el 53% de la producción latinoamericana de grano de soja (principalmente a Brasil y Bolivia), el 28% de aceite de soja y el 23% de algodón. Pero, al mismo, tiempo produce el 30% del algodón y del arroz del mundo, el 20% del maíz y el 20% del aceite y harina de soja.

¿Podemos seguir el mismo patrón de comercio? No hay nada, por el momento, que indique otro camino. Lamentablemente.

La construcción de un tren bioceánico que una el Atlántico con el Pacífico a través de Brasil y Perú (no se sabe si el trazo final pasará también por Bolivia), con miras a incentivar el comercio con el gigante asiático, sería parte de este modelo de comercio mundial.

América Latina, tras 15 años de relativo y desigual crecimiento, ha entrado en un proceso de estancamiento en el que pese a esfuerzos de algunos países no ha podido dar el salto hacia el desarrollo industrial.

El tren bioceánico no cambia esta correlación. Por el contrario, la profundiza. China sigue viendo a América Latina como un proveedor de materias primas vitales para su crecimiento. En ese aspecto, no hemos cambiado nada.

¿Corremos el riesgo de reprimarizar nuestras economías? Solo a condición de que no aprovechemos los recursos del comercio bilateral y no invirtamos en nutrición, salud, educación, infraestructura, ciencia y tecnología.

Nuestra balanza comercial seguirá mejorando. Pero el patrón de intercambio comercial, me temo que no.

Seguiremos siendo buenos socios comerciales con China en la medida que no cambiemos este patrón de intercambio. Conforme nos vayamos industrializando, seremos competidores. Esto lo saben bien México y Brasil que han sentido el impacto de la potencia manufacturera china en su propio mercado interno y en el de los Estados Unidos.

Nuestro problema es estructural. No tenemos industria competitiva.

Por ahora, América Latina seguirá aportando el insumo del crecimiento chino. ¿Por qué nuestros países no incentivan también la transferencia tecnológica que sin duda posee el gigante asiático?

Nuestra estructura comercial básica y la falta de una visión estratégica exterior latinoamericana con China tienen una misma raíz: nos falta comprender que estamos ante el embate comercial de un país unido política, económica y geográficamente, como China. Mientras, América Latina sigue siendo un archipélago muy aplicado pero desunido.

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Publicado en Diario16 el 24 de mayo de 2015. 









Tía María: Pausa... Play
Etiquetas: [Conflictos mineros]  [Minería]  [Tía María]  
Fecha Publicación: 2015-05-19T12:01:00.000-07:00



El proyecto Tía María fue suspendido temporalmente. No por decisión del gobierno, sino de la propia empresa. En palabras de Southern: "Pausa de 60 días". Un compás de espera necesario para detener la ola de violencia y recuperar el clima de confianza que requiere toda conversación para llegar a acuerdos.

Es ahora cuando el gobierno deberá desplegar sus mejores esfuerzos para evitar que esta pausa se prolongue demasiado, al punto de hacer peligrar la viabilidad del proyecto. Más que pausa, necesitamos poner play. Hacer algo pronto, ya.

Lo primero que se debe hacer es desideologizar el problema.

No estamos frente a "promineros" versus "antimineros". Tampoco es un conflicto entre "proimperialistas" y "nacionalistas". Tampoco es un problema técnico de estructura de suelos, desalinización del agua o de extracción de solutos de un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido.

No es, por cierto, un problema comunicacional de un pueblo que no entiende lo que dicen los técnicos; ni de ingenieros que hablan "difícil", en un lenguaje que no llega al pueblo.
Tía María es un problema político.

Es un problema que confronta el modelo de desarrollo que queremos para el país. En el fondo, es un problema entre minería y agricultura. Entre contaminación y medio ambiente. Entre acumulación de riqueza para unos y pobreza para otros. Por esta razón, no se puede imponer un proyecto a la fuerza. Se requiere que el Estado ejerza su rol mediador entre la empresa y las comunidades; no que se ponga de costado o, peor aún, del lado de la empresa.

¿Por qué no empezar, por ejemplo, en construir una metodología de trabajo que identifique las necesidades, expectativas y propuestas de las comunidades antes de iniciar un diálogo apurado? ¿Por qué no al tiempo que se explica de manera directa y franca las ventajas y desventajas del proyecto y el plan de mitigación de impacto ambiental, se crea un Fondo Social para invertir en obras de desarrollo para las comunidades directamente impactadas?

¿Y por qué en lugar de solo invertir en obras de desarrollo se estudia seriamente la posibilidad de convertir a las comunidades en socias de la empresa, incluirlas en el directorio y compartir con ellas las utilidades? Y ya que hablamos de diálogo post conflicto, ¿por qué en lugar de establecer mesas de trabajo coyunturales, no se restituye mejor los espacios de diálogo institucionalizado –que con tanto esfuerzo creó el Estado y prácticamente los desapareció el gobierno anterior– como el Consejo Nacional de Descentralización (CND) o el Indepa?

La actividad minera moderna es perfectamente compatible con la agricultura. A condición que se desarrolle dentro de una convivencia armoniosa con las comunidades locales en base al mutuo acuerdo. Recuperar el clima de estabilidad social requiere algo más que diálogo, explicaciones o campañas de publicidad. Requiere acciones concretas, osadas. Una nueva forma de entender el desarrollo.

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Artículo publicado en Diario 16 el domingo 17 de mayo de 2015.










Emergencia y vida en Islay
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Fecha Publicación: 2015-05-12T19:13:00.003-07:00


El gobierno está ante una emergencia. Desde hace casi dos meses, no puede resolver el conflicto generado en la provincia de Islay, Arequipa, donde los pobladores se oponen al proyecto minero Tía María. El saldo es terrible: 3 muertos, 166 policías y 80 civiles heridos.

Arrinconado, con misiones de diálogo –del más alto nivel– fracasadas, ante el temor de una escalada mayor de violencia y con un paro ad portas, al gobierno no le ha quedado otra salida que autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto.

A la fuerza ilegal de la agitación y la violencia, el Estado responde con la fuerza legal que le da la ley. Es una emergencia, sin duda.

No es posible pronosticar cuál será el resultado de enviar tropas del Ejército. Siempre es deseable que el efecto disuasivo funcione; pero también podría ser un catalizador en sentido contrario.

El límite es el artículo primero de la Constitución: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Vale imponer la ley por la fuerza; hacer prevalecer el ius imperio por encima de la vida humana?

La minera es la base de la economía peruana. De aquí proviene nuestra mayor fuente de recursos y exportaciones. Necesitamos extraer el mineral. Nadie duda de eso. Pero el problema es a qué costo.

Hasta ahora hemos fracasado como país en integrar a la cadena de desarrollo a las comunidades pobres que tienen recursos naturales en sus territorios. El Estado  no ha ejercido su rol mediador entre la empresa y las comunidades.

Se requiere generar una situación justa y gananciosa para todos. Las mineras requieren seguridad para operar en un marco de estabilidad, las comunidades necesitan ser partícipes directas de las ganancias que generen esos recursos y el Estado espera mayores ingresos para generar obras de desarrollo.

Este modelo tripartito de corresponsabilidad y gestión fue posible en la primera etapa del Proyecto Cuprífero Las Bambas, en Apurímac, en el gobierno de Alejandro Toledo.

El proyecto se conocía desde la primera década del siglo XX pero fue en el 2004 que el gobierno lo concesionó al sector privado. Y antes de la etapa de explotación, se creó un Fideicomiso social de 45.5 millones de dólares para obras y proyectos sociales en favor de las provincias de Grau y Cotabambas. La mitad lo puso al contado la empresa concesionaria.

Es curioso cómo este modelo de gestión que funcionó en Las Bambas no funcionó luego en Cusco. En ese caso el problema fue la debilidad institucional del Estado.

En su libro "Crecer para Incluir", el presidente Toledo reflexiona sobre estos temas y señala que el éxito de la actividad minera depende de la estabilidad social, la convivencia armoniosa y el mutuo acuerdo. "No hay proyecto de desarrollo, por más importante que éste sea, que no deba primero convencer a quienes viven sobre él, haciéndolos partícipes de su beneficio desde el primer momento".

La violencia nos conduce a un callejón sin salida: mayor violencia y más muerte. El gobernante debe tener esto siempre presente. El respeto a la vida, antes que a la propiedad privada, debiera ser el punto de inflexión de sus decisiones. 

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Artículo publicado por Diario 16 el Domingo 10 de mayo de 2015.










Protodemocracia

Fecha Publicación: 2015-05-03T08:59:00.000-07:00
Hace bien el presidente Ollanta Humala en cortar en seco las posiciones altisonantes y temerarias, dentro de su partido, de cerrar el Congreso. La democracia no está para chantajes de uno u otro lado. Las facultades para legislar en materia económica y seguridad ciudadana pueden aprobarse o no. Y a 14 meses de terminar este gobierno, nadie puede pretender patear el tablero.

Hemos hecho avances notables en la región por alejarnos de las interrupciones democráticas por golpes o autogolpes. Sin ir muy lejos, hasta 1977 solo Costa Rica y Venezuela encajaban en América Latina en el rubro “países democráticos”. El resto países de nuestra región eran gobernados por dictaduras militares o civiles.

Los 80 y 90 constituyeron nuestra propia “primavera democrática”. Hasta 1994, 15 de 16 países considerados no democráticos en América Latina abrazaron la democracia. La excepción fue Cuba.
Si lo vemos con perspectiva histórica, los vaivenes democráticos que hemos tenido nos convierten en una región con memoria democrática reciente. No hay que hacer arqueología política para encontrar el origen de la democracia en nuestros países. Está a flor de piel, en nuestra "memoria corta".

Es más, la conquista de derechos civiles –emparentada con la democracia– nos persigue hasta nuestros días. Esta lucha está aún en pleno proceso de fortalecimiento. Cómo será de reciente la conquista y reconocimiento de ciudadanía que aún hoy se discuten los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

En muchos aspectos, para muchos grupos humanos, en especial para los de abajo, la democracia no es sino un invento reciente, de la segunda mitad del siglo XX. Los derechos civiles en América Latina –entre ellos el derecho a votar, pero también el derecho a la libre asociación y a la libertad de expresión– han aparecido para diversos actores sociales en sucesivas etapas de la vida republicana.

Más que democracia, lo que hemos tenido en América Latina han sido protodemocracias o pseudodemocracias, sistemas irregulares e imperfectos, en pleno proceso de maduración y fortalecimiento, que tuvieron como primera fase de desarrollo el derecho censitario, es decir, el derecho de unos pocos –los que contribuían al fisco– a elegir sus gobiernos.

Tal como la conocemos ahora, la democracia es un hecho reciente. Estamos dentro de la tercera ola huntingtoniana. Tenemos un marco institucional precario, pero vigente, en el que se toman decisiones políticas debido al poder emanado del voto. Ese poder es limitado por el juego de mayorías y minorías.

En lo político, se desarrollan elecciones de manera regular, existe relativa y normal independencia de poderes, una libertad de expresión vigorosa y vigente –con algunas sombras en algunos países–, y una política de apertura comercial, aunque diferenciada, en el fondo, cada vez más integrada al mundo.

En este aspecto, tenemos una democracia formal incipiente –a la que llamo “protodemocracia”– que lo que debe ganar es legitimidad y no al revés. Hacer lo contrario o proponer chantajes como cerrar el Congreso si no se aprueban las facultades que se solicitan, es caer en la pseudodemocracia.

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Artículo publicado en Diario 16, el 3 de mayo de 2015.