Te encuentras en la páginas de Blogsperu, los resultados son los ultimos contenidos del blog. Este es un archivo temporal y puede no representar el contenido actual del mismo.

Visite Planteamientos

Entre el 13 y 25 de este mes se llevará a cabo en Doha, Qatar (Golfo Pérsico), la 15ª Conferencia de los 175 países miembros de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) –ratificada por el Perú el 27 de junio de 1975– para mejorar su control y monitoreo en América Latina.

El comercio internacional legal de flora y fauna negocia anualmente entre US$ 10,000 y 20,000 millones, pero el tráfico ilícito es muy lucrativo; según la Interpol, considerando los elevados decomisos, éste alcanzaría entre el 10% y 15% del comercio legal.

El Perú debe tener una activa e importante participación en dicha convención, ya que si bien posee una extraordinaria variedad de recursos vivos, cuenta con 84 ecosistemas (zonas de vida) de los 104 reconocidos mundialmente, y es uno de los cinco países megadiversos del planeta, lamentablemente tiene amenazadas más de 770 especies de flora y más de 300 de fauna debido al tráfico ilícito o la caza furtiva de muchos animales principalmente por sus pieles (sajino, nutria, venado, jaguar, puma, tigrillo, lobo de río, caimán negro, huangana y ronsoco). Esta situación se ve facilitada por la escaséz de guardabosques y de funcionarios para el control comercial legal.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) acaba de advertir que el mono choro cola amarilla, especie endémica del Perú de los bosques de Amazonas y San Martín, podría desaparecer si no se hace algo para protegerlo. En similar situación se encuentran los monos tacón y nocturno andino, ademas de otras especies como el oso de anteojos, tapir, jaguar, águila de la arpía, gallito de las rocas, perico botones de oro y algunas clases de guacamayos. Además en febrero pasado se denunció la matanza por cazadores furtivos de 300 vicuñas en las pampas de Ayacucho, lugar donde falta vigilancia y capacitación a los comuneros.

En este contexto, en que la ONU ha declarado el 2010 como el “Año Internacional de la Biodiversidad”, debemos implementar medidas urgentes para evitar el tráfico ilegal de nuestra flora y fauna así como la pérdida o degradación de su hábitat, controlando la deforestación en nuestros bosques (66 millones de hectáreas, 12 de los cuales son áreas protegidas), la tala ilegal y el tráfico de tierras; previniendo futuras migraciones de pobladores a bosques primarios; e intensificando el plan de educación sobre el respeto y protección de nuestra biodiversidad, primordial fuente de vida, agua, alimento, salud, abrigo, y un reservorio potencial de riqueza para el país.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de marzo de 2010

El tema de las Fuerzas Armadas se encuentra en la agenda de un intenso debate, principalmente por las injustas remuneraciones del personal, las que además de su inequidad con respecto al resto de instituciones del Estado se encuentran congeladas desde hace más de 20 años, y asimismo por la grave situación de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) que se encuentra al borde de la quiebra.

Los últimos gobiernos han puesto estos sensibles temas como última prioridad en la lista de problemas nacionales que requieren solución. Solo la amenaza de una huelga y las constantes y desesperadas marchas y protestas del personal en retiro y de sus familiares han logrado sacar este tema del limbo obligando al Ejecutivo a entregar un bono de S/. 1,000 (US$ 350) por única vez para grados intermedios y menores del personal en actividad y para viudas y discapacitados, además del anuncio de una comisión de alto nivel para la reestructuración integral de las FF AA y PNP, entre ellas, la remunerativa.

En este contexto el gobierno debe considerar la importancia de la defensa nacional como bien público, ya que garantiza la seguridad externa e interna del Estado y genera beneficios a toda su población por permitir un escenario de tranquilidad para cumplir las metas y objetivos nacionales en un clima de paz favorable para el crecimiento y desarrollo, principalmente debido al grado de impredictibilidad de amenazas externas e internas que inexorable y recurrentemente todos los países, tarde o temprano, deben enfrentar.

Los gastos en defensa no deben ser vistos como improductivos, sino por el contrario, desde la óptica de una inversión social necesaria para materializar el “bien público de defensa”, el cual actúa como póliza de seguro para todo el país. Más alla de cuestiones políticas por la responsabilidad estatal de salvaguardar la soberanía; de aspectos jurídicos en que el mandato constitucional involucra a la nación en su conjunto; o de asuntos de carácter cívico relacionados al sentimiento patriótico; en términos de bien económico nadie puede ser excluido de tales beneficios, ya que estos son indispensables para el desarrollo de la sociedad.

Bajo este panorama, los recursos humanos de las FF AA representan el principal componente del “bien público de defensa”. Del grado de preparación, profesionalismo y entrega de sus integrantes depende su calidad, lo cual se logra con un capital humano altamente motivado. Esto se contrapone con el grave, caótico e inaceptable problema social por el que atraviesa el personal de nuestras instituciones militares y policiales.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de febrero de 2010

El pasado día 15 el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) difundió datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ETI-2007) sobre el trabajo en el Perú de niños y adolescentes entre 6 y 17 años, precisando que 2’115,400 (28% de la población infantil) se encuentran incursos en el proceso productivo del país.

Sin embargo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –entidad que brindó apoyó técnico y financiero para la realización de esta encuesta– las cantidades son mucho mayores ya que se trata de 3’300,000 niños y adolescentes trabajadores entre 5 y 17 años (42% de una población infantil de 7.9 millones en estas edades). Para el especialista regional de la OIT, Guillermo Dema, “en América Latina el Perú estaría en la cima de los países con mayor tasa de trabajo infantil”, añadiendo que el 66.7% de los niños entre 5 y 13 años se dedican a la agricultura, ganadería, pesca y minería, y que el 70% del total de esta actividad infantil en nuestro país se hace en condiciones consideradas peligrosas.

El trabajo infantil pone en riesgo la educación escolar de los niños y adolescentes, les afecta la salud e interfiere con los derechos a su bienestar y desarrollo físico, mental, moral o social. En el año 1990 nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el año 2002 los Convenios 182 y 138 de la OIT sobre acciones inmediatas para eliminar las peores formas de trabajo infantil, y la edad mínima de 14 años para trabajar pero sin riesgo para su bienestar y desarrollo.

Por tal motivo resulta realmente grave que los índices se sigan incrementando desde el año 1966. La Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO-1996) registró 1’359,000 trabajadores infantiles (16% de la población infantil), aumentando el 2001 a 1’987,000 (29%), y el 2007 hasta 3’300,000 (42%) según la OIT.

Bajo este panorama, a pesar de contarse con un Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo infantil-2005 se ha avanzado muy poco para reducir esta cruel actividad que genera abuso laboral y sexual, maltrato y drogas, que ocasiona traumas emocionales y marca la personalidad de los niños, incidiendo además en el recrudecimiento de la pobreza e inequidad social. A pesar del elogiado crecimiento económico en nuestro país, no se ha podido revertir esta angustiante realidad. Es necesaria la intervención más dinámica del gobierno, una mayor articulación entre las instituciones involucradas en la problemática social, así como la implementación de eficaces políticas de protección y prevención de la infancia.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de febrero de 2010

Gran responsabilidad tiene el gobierno aprista en los injustos sueldos del personal militar-policial. En su primer gobierno los homologó para el máximo grado al 75% de un congresista con decalación porcentual, el cual fue dejado en suspenso en el gobierno de Fujimori, pero en este segundo período el gobierno lo ha declarado inaplicable después de proponer en su plan de gobierno 2006-2011 (objetivo 6, artículos 367 a 369) la homologación de sueldos, la implementación y restructuración del sistema previsional, y la restructuración y modernización de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), lo cual ha incumplido en su totalidad.

La gran mayoría del personal militar-policial conformada por los grados de Teniente Coronel (capitán de Navío y Comandante) hasta Suboficial de Tercera reciben un sueldo promedio de S/. 1,700 (US$ 600), y un mínimo porcentaje del total conformado por los grados de General o Almirante y Coronel, con más de 35 años de servicios, reciben en promedio S/. 7,400 (US$ 2,600). Estos sueldos son los más bajos de la región, están congelados por más de 20 años y tienen un trato discriminario e inequitativo respecto al resto de organismos del Estado (Economía y Finanzas, Energía y Minas y Producción) y organísmos autónomos (ONPE, RENIEC, SBS, Contraloría, Poder Judicial) quienes reciben sueldos del más del doble y hasta el triple respecto a cargos equivalentes en las FF AA y PNP.

Desde el pasado 14 de enero en que la Comisión de Defensa del Congreso autorizó al Ejecutivo la otorgación de un bono extraordinario al personal militar-policial y la restructuración de sus remuneraciones, el tema se encuentra en la agenda de un intenso debate. El pasado día 4 el Ejecutivo observó la propuesta incluyendo conceptos inconsistentes, como “la necesidad de tener unas Fuerzas Armadas y Policiales mejor equipadas y pagadas de acuerdo a su eficiencia”, es decir méritos y esfuerzos condicionales para mejorar el sueldo, criterio ajeno a las leyes y reglamentos de estas instituciones en el Perú y el mundo, ya que su evaluación es permanente y prevalece el mérito para la jerarquización. Además culpa a las pensiones y cédula viva por el desfinanciamiento de la CPMP, cuando realmente se trata de un problema de carácter estructural que este gobierno prometió solucionar y no ha cumplido.

Finalmente el día 9 la Comisión de Defensa insistió en el proyecto obligando a un debate en el Congreso durante la próxima legislatura en marzo, donde se espera que éste se centre en la urgente necesidad de iniciar un proceso de restructuración de las injustas remuneraciones del personal militar-policial.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de febrero de 2010

El pasado día 2 fue instalada una nueva Comisión de Alto Nivel Anticorrupción creada con DS 016-2010-PCM del 28 de enero y adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, con el fin de articular, coordinar y planificar las acciones con entidades que previenen y combaten la corrupción.
Al respecto:
1) La comisión no la integrará el Contralor General de la República, principal eslabón anticorrupción, por decisión propia de mantener independencia de otros órganos que la integran y manejan recursos del Estado;
2) Sus funciones serán recién establecidas por sus trece integrantes;
3) Sus objetivos son de mediano y largo plazo; y
4) Supervisará un Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción en implementación, el cual, a pesar de haber sido presentado en diciembre de 2008, no ha concluido las metas de muchas de sus estrategias.

Después de la intensificación de la corrupción e impunidad durante el decenio del ex presidente Fujimori, proliferaron muchas iniciativas anticorrupción con pésimos resultados. El gobierno transitorio creó la Iniciativa Nacional de Lucha Contra la Corrupción pero fue dejada de lado por el ex presidente Toledo quien implementó el Consejo Nacional Anticorrupción –similar al recientemente creado– sin resultados positivos, a pesar que recibió de las Naciones Unidas US$ 192,689 como programa PER/02/02. Este Consejo fue desactivado en octubre de 2007 por el actual gobierno reemplazándolo por la Oficina Nacional Anticorrupción que increíblemente no operó ni 10 meses.

La corrupción es uno de los problemas más graves que socava los valores morales y de justicia en nuestra patria. Existen casos como el de las interceptaciones telefónicas cuyas investigaciones languidecen con ocultas intenciones políticas; un reciente y oscuro indulto; delitos de corrupción de algunos congresistas; polémicos fallos que favorecen a narcotraficantes; y más de 10,000 funcionarios públicos procesados, además de los 300 que acaba de denunciar el Contralor con perjuicios de S/. 50’000,000 para el país.

En este contexto, se podrán implementar muchas iniciativas anticorrupción, sin embargo, para erradicar este grave problema, se requiere entre otros:
1) Una profunda restructuración de la Contraloría General y del sistema de administración de justicia;
2) La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción;
3) La eliminación de incentivos e impunidad;
4) Estrictos y rigurosos controles y fiscalizaciones;
5) Efectivizar las normas sobre transparencia pública;
6) Mejorar la educación sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos; y
7) Fomentar la ética pública.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de febrero de 2010

Pasó desapercibida la visita oficial al Perú del Subsecretario de Estado de los EE UU James Steinberg el pasado día 14, quien tras reunirse con el presidente Alan García aseguró que su país seguirá colaborando en el fortalecimiento de cultivos alternativos a la hoja de coca para combatir el narcotráfico, indicando además que existe un proyecto de adquisición de helicópteros para el VRAE, sobre el cual el ministro de Defensa Rafael Rey manifestó desconocer. También Steinberg recibió de la Comisión de defensa Nacional y Orden Interno del Congreso el documento “Cooperación Internacional para la Lucha Contra las Drogas en el Perú”, en el cual se señala que a la vez que los fondos de cooperación norteamericana empezaron a declinar, en el 2007 se agotaron casi la totalidad de los ofrecimientos de cooperación efectuados en la reunión de 1998 del Grupo Consultivo de Bruselas.

Lo cierto es que alrededor del 90% de la cooperación recibida en el Perú para la lucha antidrogas proviene de EE UU, pero ha disminuido drásticamente en más del 50%, desde US$ 120 millones el 2004, hasta US$ 57 millones el 2010. Esta reducción se debería a: 1) Los magros resultados de nuestra estrategia antidrogas; según los 4 últimos monitoreos de cultivos –entre 2004 y 2008– de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se ha incrementado sostenidamente el cultivo de hojas de coca, de 48,200 a 56,100 hectáreas (variación promedio anual +5.3%) y la producción de cocaína, de 260 a 302 toneladas (+5.2%); 2) La disminución en el envío de cocaína a EE UU desde el Perú, siendo actualmente Europa el principal destino; 3) La crisis financiera internacional; y 4) Los elevados recursos que EE UU destina al Plan Colombia, sumando más de US$ 6,000 millones desde el año 2000.

Bajo este panorama y considerando que la cooperación europea es mínima, el gobierno debe reiterar a EE UU y la Unión Europea, con argumentos y convicción, sobre la corresponsabilidad como compromiso obligado entre países productores y consumidores, ya que la amenaza del narcotráfico y las drogas afecta la seguridad y gobernabilidad de todas las naciones.

Asimismo, el gobierno debería incrementar los irrisorios recursos que asigna para enfrentar el narcotráfico, el que coludido con el terrorismo avanza peligrosamente en nuestro país, distorsionando la economía y el desarrollo, alterando la convivencia social, y como factor de corrupción atentando contra los valores e instituciones, pudiendo además convertirnos en el corto plazo en el primer país productor de cocaína a nivel mundial.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de enero de 2010

El ahora presidente electo chileno, Sebastián Piñera, cuando el 24 de marzo de 2008 se reunió en Lima con el presidente Alan García para tratar “temas de interés público”, afirmó que la demanda marítima peruana deberá ser resuelta por la Corte internacional de Justicia (CIJ), sin embargo, al siguiente año, el 30 de agosto de 2009, remarcó su convencimiento de que Chile no tenía ningún problema pendiente con Perú, ni territorial, ni marítimo, porque todos quedaron resueltos en los tratados de 1921, 1952 y 1954, y aseguró que el derecho, los tratados y la jurisprudencia dan razón a su país, enfatizando además que “se requiere mucha firmeza para defender lo que es nuestro".

En noviembre pasado, Piñera criticó el manejo político que el actual gobierno de Bachelet ha dado al conflicto limítrofe con Perú, precisando que se deben sacar lecciones del caso “laguna del Desierto”, que demostró que además de defensa jurídica, se requiere defensa política y diplomática –el caso trata de un territorio de 530 Km2, cercano al monte Fitz Roy, que Chile perdió ante Argentina por sentencia arbitral de octubre de 1995–. Cabe señalar que en el diferendo marítimo con Perú, la presentación de la contramemoria chilena a la CIJ la hará el actual gobierno por vencer el plazo el 9 de marzo, dos días antes de la asunción de Piñera, a quien corresponderá el 2011 hacer la réplica a la dúplica peruana.

Sobre la política de Defensa, Piñera ha adelantado que “dada la situación en América Latina”, sus FF AA deben mantener una capacidad operativa disuasiva para proteger y garantizar su territorio, mar, límites y soberanía, afirmando que “sería un tremendo error debilitarlas”, aduciendo además “si quieres la paz, prepárate para la guerra”. También pretende derogar la Ley Reservada del Cobre, la cual aporta 10% para el equipamiento de las FFAA, sin embargo, tiene previsto establecer un mecanismo que garantice el financiamiento estable y de mediano plazo para que éstas tengan capacidad de planificar su equipamiento.

En este contexto, considerando que la coalición de derecha del nuevo gobierno chileno es más cercana a las FF AA e históricamente más conservadora y nacionalista, no se avizoran cambios en su desmesurada carrera armamentista. Asimismo, la profunda discrepancia de Piñera y su coalición por nuestra justa demanda marítima, va a seguir repercutiendo negativamente en las relaciones de confianza, acercamiento político e integración. Solo se mantendrá una relación comercial claramente ventajosa para Chile, definida por el cada vez mayor aumento de sus inversiones en nuestro país.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de enero de 2010

El pasado día 8 el ministro del Ambiente, Antonio Brack, alertó sobre el pésimo estado de nuestras cuencas hidrográficas, las que requieren un manejo racional, especialmente las que van a la costa. El Perú cuenta con 106 cuencas en tres vertientes: la del Pacífico con 53 cuencas (abarca un área de 280,000 km2) y tiene la mayor demanda del país para uso predominantemente agrícola; la del Atlántico, con 44 cuencas (956,000 km2), contiene la mayor cantidad del recurso pero menor demanda; y la del Titicaca con 9 cuencas (48,000 km2).

Entre las principales causas que afectan nuestras cuencas tenemos la contaminación generada por la agricultura, minería, industria y pesca; tala indiscriminada de árboles; eliminación de la cubierta vegetal; prácticas agrícolas inadecuadas; sobrepastoreo; explotación irracional y degradación de la calidad de agua en su captación, transporte y utilización; descarga de aguas servidas sin tratamiento; problemas socioeconómicos e institucionales y fenómenos naturales.

Enfrentamos serias restricciones de abastecimiento de agua a lo largo de la costa donde las cuencas desembocan al Océano Pacífico. Esta vertiente caracterizada por su aridez, pésimos hábitos de consumo y mal tratamiento de aguas servidas, dispone solo del 1.8% del total de recursos hídricos, pero produce el 80.4% del PBI y alberga el 70% de la población. Solo Lima vierte al Pacífico más de 400 millones de m3 de aguas servidas al año contaminando gravemente el Río Rímac y nuestro mar. En febrero de 2009, mediante DS 003-2009-AG, se declararon agotados los recursos hídricos superficiales de las cuencas de los ríos Caplina, Sama y Locumba, en Tacna, y además existen graves problemas en las cuencas de Moquegua, Arequipa y Puno.

En este contexto, hemos mantenido una Ley General de Aguas desde 1969, por más de 40 años, pero el 30 de marzo de 2009 después de tres años de debate fue promulgada la ley 29338 de Recursos Hídricos, que tiene como principio la gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica con activa participación de la población organizada, y asimismo, reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de las cuencas donde se originan las aguas y se ubican muchas empresas mineras contaminantes.

Considerando que por el calentamiento global la zona costera enfrentará una crisis hídrica en los próximos 5 años, esta nueva ley debe ser urgentemente implementada y financiada para su pronta adecuación, sin embargo, a pesar que va a cumplir un año desde su promulgación ni siquiera entra en vigencia por falta de la aprobación de su reglamento.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de enero de 2010

Horas antes de iniciarse el año 2010 se produjo un grave motín en el penal Huancas, en Chachapoyas, Amazonas, en el que unos 250 reclusos –de 560 en total– tomaron el local que contaba con solo nueve agentes –de 45 asignados– del instituto Penitenciario (INPE), manteniendo como rehenes al director del penal y los agentes, con un saldo de dos reclusos muertos y varios heridos. Recién después de 20 horas en que sus demandas fueran aceptadas, el motín fue develado. En febrero de 2009 en este mismo penal se amotinaron 150 internos, quedando once heridos. También el pasado día 2 se fugaron cuatro narcotraficantes del penal de Abancay, Apurímac, en circunstancias que los agentes que vigilaban la entrada le abrieron la puerta a una mujer que en complicidad de dos hombres armados, les dispararon logrando ingresar al interior del penal para cubrir dicho escape.

La inseguridad y corrupción en los penales se incrementó durante el año 2009. En febrero se detectó una escandalosa fuga de cuatro narcotraficantes del penal de Lurigancho en Lima utilizando recursos falsificados de hábeas corpus. La ministra de Justicia de ese entonces, Rosario Fernández, advirtió que declararía el INPE en emergencia para “sacar a toda la gente corrupta”, lo cual nunca se concretó. La ex jefa del INPE, Rosa Mavila, al tratar sobre estas fugas y la necesidad de reestructurar dicho instituto, manifestó que “en las prisiones, la corrupción no es un fenómeno aislado sino sistemático, producto de las alianzas entre los operadores encargados del control y núcleos de presos”.

Asimismo en febrero, en el penal de Quencoro, Cusco, durante una fiesta de carnavales de las internas con participación de los agentes del INPE –autorizado por la directora del penal–, cinco de los agentes violaron a cinco internas. Además en mayo, se escaparon 44 internos del penal de San Humberto, en Bagua Grande, Amazonas, llevándose un fusil AKM de la policía. Lo increíble es que solo 3 meses antes requisaron de este penal 40 armas punzocortantes, droga, marihuana, 300 litros de chicha fermentada, machetes, verduguillos, navajas, once celulares y cámaras fotográficas.

Bajo este panorama, existen graves deficiencias penitenciarias que debería obligar al gobierno a declarar en emergencia al INPE y ejecutar una reforma integral del sistema penitenciario nacional, que busque solucionar los problemas de seguridad, corrupción, coimas, hacinamiento, tugurización, y de una infraestructura en críticas condiciones, con el fin que los penales puedan operar como verdaderos centros de resocialización.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de enero de 2010

El pasado día 17 se publicó en las normas legales del Diario oficial la Ley N° 29475, la cual a pesar de su importancia ha pasado inadvertida. Se trata de una ley que modifica la Ley N° 28583 del 22 de julio de 2005 “Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional” que desde fines del gobierno anterior estuvo increíblemente paralizada por más de 4 años, a pesar que uno de los diez objetivos más importantes del Plan de Gobierno aprista 2006-2011 en “Infraestructura para el Desarrollo e Integración Nacional” consideraba promover la formación de una flota mercante.

Recordemos que en la década de los 80 nuestra Marina Mercante era catalogada de las mejores de Sudamérica, teníamos 64 buques de alto bordo con una capacidad de 1’160,000 TM surcando el mundo. Pero a inicios de los 90 al eliminarse la reserva de carga y exoneraciones para importar buques ocasionó que entre 1991 y 1995 la flota mercante desapareciera, y desde hace más de 14 años nuestro comercio exterior depende de buques extranjeros, especialmente chilenos.

Esta nueva ley 29475 modifica la ley original 28583 en diez artículos y le adiciona otros ocho que consideran fundamentalmente lo siguiente: 1) La promoción del desarrollo de empresas navieras nacionales con buques nacionales; 2) Plazos indefinidos en permisos de operación para ejercer actividades de transporte marítimo, fluvial y lacustre; 3) Exclusividad del transporte nacional (cabotaje) a naves peruanas; 4) Por razones de seguridad y defensa nacional, alto interés público y conveniencia nacional, 25% del transporte de hidrocarburos en cabotaje estará reservado para buques de la Marina; 5) Buques de navieras nacionales tendrán dotaciones 100% peruanas; 6) Mayores incentivos para la construcción de naves mercantes nacionales; y 7) Modificaciones al régimen de importación de naves y tributarios para incentivar a navieros y empresas nacionales a adquirir naves.

Bajo este panorama, se espera que la reglamentación de esta ley no se vuelva a retrasar por años –su plazo de 60 días calendarios se cumple el 17 de febrero de 2010– con el fin de iniciarse el proceso de desarrollo de nuestra Marina Mercante para que el Estado deje de pagar alrededor de US$ 3,000 millones anuales por fletes y asimismo, permitirnos contar con una reserva naval estratégica, generación de más puestos de trabajo, la reactivación de los astilleros del Servicio Industrial de la Marina (SIMA) y construcción de nuevos astilleros, el impulso del desarrollo tecnológico marítimo y aumento de la conciencia marítima nacional.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de diciembre de 2009

En el año 2005 debido a la desacreditación del Congreso que presentaba muy baja credibilidad y mínimo nivel de confianza entre la población –caso similar al actual Parlamento–, la opinión pública y medios de comunicación exigieron que los futuros candidatos presenten sus antecedentes antes de las elecciones 2006. A raíz de esta presión, en setiembre de 2005 la Comisión de Constitución aprobó un proyecto de ley para que los candidatos presenten una “Hoja de Vida” –previamente verificada por sus partidos– al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con datos de estudios realizados, experiencia laboral y trayectoria política. Este proyecto fue aprobado en el Congreso adicionándole datos sobre incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales y labores, promulgándose el 18 de noviembre de 2005 la ley 28624 que incorpora la “Declaración Jurada de Vida” (Hoja de Vida) como mecanismo de transparencia e información para los electores.

En noviembre de 2006 el JNE reveló la existencia de 216 casos de candidatos a gobiernos regionales y locales que mintieron en sus datos. Más de 150 ocultaron sus antecedentes penales y más de 50 falsearon en información académica y experiencia laboral, casos que fueron remitidos al Ministerio Público, desconociéndose la apertura de algún proceso penal. En el actual Congreso no son pocos los congresistas que han omitido o falseado información, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de mejorar el mecanismo de transparencia.

Durante el proceso de las nuevas elecciones municipales, el JNE ha advertido candidatos que han omitido antecedentes sobre peculado, usurpación agravada, abigeato y violación, información que el artículo 70° del Código Penal no permite difundirlos al electorado por tratarse de sentencias cumplidas o rehabilitadas. Por tal motivo el JNE el pasado día 11 presentó al Congreso el proyecto de ley 3753 / 2009 a fin de legalizar dicha difusión, además de mejorar el registro de datos, permitirle el acceso a la base de datos de otros organismos, así como la capacidad para efectuar denuncias penales.

En este contexto, a fin de que la ciudadanía conozca plenamente a los candidatos y pueda emitir un voto consciente y responsable, este proyecto de ley del JNE debe ser prioritariamente aprobado. Pero principalmente los partidos políticos y todo aquel que postule o alcance un cargo público por votación popular debe actuar con notoria honradez, rectitud, veracidad y honestidad; satisfacer el interés general; y desechar cualquier ventaja personal.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de diciembre de 2009

Entre el 16 y 18 de noviembre pasado se realizó en Roma la “Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria” de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y Alimentación (FAO) para adoptar medidas urgentes en la erradicación del hambre en el mundo. Actualmente se encuentran aquejadas por el hambre y pobreza más de 1,000 millones de personas –sexta parte de la población mundial– debido a una insuficiente inversión en seguridad alimentaria (acceso físico, social y económico a suficientes alimentos), en agricultura (cultivos, ganadería, silvicultura y pesca), y desarrollo rural. La producción agrícola tendrá que aumentar en 70% al 2050 para alimentar una población mundial que se prevé superará los 9,000 millones.

La declaración de esta cumbre plantea objetivos estratégicos y compromisos en cinco “Principios de Roma” para alcanzar una seguridad mundial sostenible, tales como aumentar inversiones, recursos y coordinaciones, acceso a más personas, así como enfrentar causas y mitigar efectos. Sin embargo, no se incluyen acciones ni objetivos cuantificables en las políticas públicas de los países para convertir compromisos en metas. Además, debieron analizarse más profundamente otros factores, tales como monopolio agroindustrial, agrocombustibles, soberanía alimentaria, especulación, cambio climático, energía y agua, deforestación, pérdida de biodiversidad, uso de pesticidas, precio de fertilizantes, etc.

Bajo este panorama, en el Perú puede agravarse la crisis alimentaria si seguimos dependiendo de la importación de alimentos esenciales como trigo, maíz, lácteos y soya. En el foro “Retos para el desarrollo agrario 2011” realizado en junio del año pasado en el Congreso de la República, se concluyó que entre los problemas del sector agrario figuran elevados costos de insumos de producción, atomización de los agricultores, mínimo acceso al crédito agrario, uso irracional de recursos naturales, requiriéndose la mejora de los flujos de comercialización, de saneamiento de tierras y de asistencia técnica.

A pesar de la importancia de esta cumbre el presidente Alan García no asistió –al igual que a la cumbre climática mundial en Copenhague– participando solo cuatro congresistas. El gobierno debería dar máxima prioridad a esta problemática ya que 32% de peruanos se alimenta inadecuadamente, y en 17 de los 24 departamentos el 30% de la población menor de 5 años –unos 600,000 niños– presenta desnutrición crónica, principalmente en Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca y Puno.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de diciembre de 2009

Entre los días 7 y 18 de este mes se llevará a cabo la XV Cumbre Climática Mundial en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, a fin de fijar un marco que reemplace al Protocolo de Kioto de 1997 para combatir el calentamiento global reduciendo la emisión de los gases de efecto invernadero más duraderos en la atmósfera (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso). Sin embargo este objetivo estaría muy lejos de conseguirse si EE UU y China, los mayores contaminantes del mundo –con 40% del total de emisiones–, y los países desarrollados y emergentes, no se comprometen en dicha cumbre con acuerdos firmes de reducciones importantes así como medidas punitivas por su incumplimiento. Sin considerar la amenaza del calentamiento global al planeta y priorizando su desarrollo económico pretenden plantear reducciones insuficientes y cumplirlas en el largo plazo.

La actividad industrial desenfrenada y modo de vida dependiente de los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas) ha contaminado la atmósfera, y el planeta acelera sus irreversibles efectos destructivos. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), si la temperatura de la superficie terrestre a fines de este siglo aumentara 4 a 5 °C se elevaría el nivel de los mares en medio metro, inundando regiones costeras y muchas metrópolis del mundo, mientras sequías y desertificación azotarían a un tercio del planeta y gran parte de las aguas subterráneas se volvería salobres; del 40 a 70% de las especies del mundo quedarían en riesgo de extinción. En Sudamérica se reduciría entre 15 y 20% la disponibilidad de agua y desaparecerían los glaciares y recursos hídricos.

En el caso del Perú, a pesar que emite menos del 1% de gases contaminantes, es uno de los ocho países más vulnerables del mundo a este fenómeno y ya sufre sus graves efectos. En los últimos 35 años nuestros glaciares –que cubren el 71% del total de la región andina y son gestores de la vida de los ríos amazónicos– se han reducido en 22%, equivalente a la pérdida de unos 7 mil millones de metros cúbicos de agua.

En este contexto en que nuestra actuación en esta cumbre debe ser propositiva es inexplicable la inasistencia del presidente Alan García. Debemos instar a los países desarrollados a que asuman sus responsabilidades históricas de reducir significativamente sus emisiones e indemnizarnos con transferencia tecnológica y recursos económicos anuales no reembolsables para la adaptación y mitigación de nuestro país a los graves efectos de este fenómeno climático.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de diciembre de 2009

El pasado día 16 Transparency International presentó en Berlín, Alemania, su informe anual “Índice de la Percepción de Corrupción Mundial 2009”. Este documento califica el nivel de percepción de corrupción en el sector público y político de 180 países con puntuaciones entre 0 y 10 puntos (a mayor puntaje, más transparencia). El país percibido más transparente es Nueva Zelanda (9.4) y el más corrupto Somalia (1.1). El Perú solo alcanzó 3.7 puntos, muy por debajo de la barrera de 5 puntos que demarca a países con problemas de corrupción. En América Latina esta barrera fue superada por Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3).

Altos puntajes señalan elevada estabilidad política, instituciones sólidas y eficientes mecanismos de solución de conflictos; por el contrario, bajos puntajes muestran instituciones débiles, aumento de corrupción y saqueo de recursos públicos que potencian la inseguridad e impunidad.

Últimas encuestas del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica indican que en nuestro país las acciones que adoptan los poderes del Estado para combatirla no son eficientes. El 85% piensa así del Gobierno, 88% del Poder Judicial y 91% del Poder Legislativo. Asimismo, la mayoría (55%) considera que la corrupción es el principal problema para nuestro desarrollo.

Estos resultados demuestran que este grave flagelo es percibido como una de las peores enfermedades que aqueja a nuestra Nación, y debe ser frontalmente combatido ya que afecta la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y el desarrollo económico y social. Para tener una idea de su magnitud, desde el 2002 se encuentran denunciados por delitos de corrupción 11,876 funcionarios públicos, y solo 1,033 han sido sentenciados.

Aunque somos el único país en América Latina que tiene un Plan Nacional Anticorrupción; además ha sido nombrada una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y está implementándose un nuevo Código Procesal Penal para agilizar los juicios, sin embargo la corrupción aumenta.

La única salida es la del ejemplo. No será posible ganar esta lucha si no existe un muy alto compromiso ético y transparente con el país, del gobierno, de los poderes del Estado, de los políticos y personajes públicos, para que se distingan por su austeridad y honradez; para que ningún acto de corrupción quede impune, y para impedir mercados electorales o de tráfico de influencias, lobbies, informaciones privilegiadas o sobornos en los contratos públicos de servicios, obras o concesiones.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de noviembre de 2009

Un nefasto espionaje chileno con la captación de un desleal y pérfido traidor a la patria, el suboficial Víctor Ariza de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ha violado nuestra soberanía obteniendo información clasificada, como el plan estratégico hasta el 2021 de la FAP y proyectos de modernización y reparación, afectando gravemente nuestra seguridad nacional.

Existen pruebas contundentes que el gobierno peruano ha entregado al gobierno chileno: nombre e identikits de los agentes chilenos, pagos de US$ 178,000, comunicaciones con claves encriptadas, movimiento migratorio de Ariza, etc., pero a pesar de la evidencia el gobierno chileno mantiene la inexplicable posición que “no hacen espionaje”, que “no han hecho nada incorrecto” o que “sus instituciones han actuado adecuadamente”.

Existe otro antecedente similar en 1978; el suboficial FAP Julio Vargas Garayar fue captado por agentes chilenos para fotografiar la Base Aérea de La Joya, siendo fusilado por traición a la patria el 20 de enero de 1979. Asimismo, el embajador chileno Francisco Bulnes, –expulsado y declarado persona no grata– ordenó fotografiar nuestros aviones Sukoi a dos oficiales chilenos embarcados en el petrolero “Beagle”, acoderado en Talara. Además en noviembre de 2003 agentes chilenos espiaron al Consulado argentino en Punta Arenas, pero al ser sorprendidos violando una caja fuerte, forzaron al gobierno a explicar que “actuaron independientemente sin instrucciones superiores”.

En este panorama, el traidor Ariza por su execrable acción debe recibir el máximo peso de la ley y ser públicamente degradado.

Asimismo, el espionaje chileno obliga al gobierno a reforzar y perfeccionar nuestros sistemas de inteligencia y contrainteligencia, así como mejorar la articulación sistemática entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y los organismos de inteligencia de las FF AA y PNP.

Del mismo modo, obliga al gobierno a analizar la debilitada operatividad de nuestras FF AA, que por la antigüedad y obsolescencia de la mayoría de sus unidades –que sobrepasan 30 años de servicio– se encuentran en el límite de su vida útil disponible e inexorablemente en el mediano plazo serán dadas de baja, con las graves consecuencias que se podrían presentar en nuestra Defensa y Seguridad Nacional si no se planifica oportunamente su repotenciación para –sin discurrir en una carrera armamentista– mantener una capacidad disuasiva que nos permita defender adecuadamente cualquier hipótesis de conflicto interno o externo.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de noviembre de 2009

Merced a la campaña del diario EXPRESO sobre las bajas remuneraciones del personal militar-policial, el Ministerio de Defensa ha comunicado que desde el año 2007 ha cursado documentación al Ministerio de Economía para buscar soluciones, sin recibir respuesta alguna. Esto denota una falta de decisión política y desidia del gobierno para resolver esta insostenible problemática.

Los exiguos sueldos del personal militar-policial son los más bajos de la región, están congelados desde hace más de 20 años, y son discriminatorios e inequitativos con respecto a cargos equivalentes en ministerios (Defensa, Economía, Energía, Producción) y organismos autónomos del Estado (ONPE, RENIEC, SBS, Contraloría, Poder Judicial), que reciben el doble y hasta el triple. Además, la remuneración básica es injusta y vergonzosa; para el máximo grado es de S/. 0.07 (US$ 0.024), y el gobierno no la aumenta para no pagar una justa compensación por tiempo de servicios, la que actualmente con más de 30 años asciende a S/. 3,800 (US$ 1,300), lo que no sucede en cualquier otra institución del Estado.

En el primer gobierno de Alan García, con DS 213-90-julio se homologó para el máximo grado al 75% del sueldo de un congresista, sin embargo se dejo en suspenso en marzo de 1991 en el gobierno de Fujimori con DS 051. El actual gobierno, con DU 062-2009-junio la ha definido no aplicable. Además existe un proyecto remunerativo consensuado entre el Ministerio de Defensa y las Instituciones, con escala sincerada y regulada, que se encuentra encarpetado por más de 2 años.

A pesar del trabajo a dedicación exclusiva del personal militar-policial y del importante rol que cumplen en el país, nada ha hecho el gobierno para mejorar su nivel y calidad de vida. El personal en situación de retiro se ha visto obligado a realizar reiterativas y masivas paradas cívicas –la última el pasado día 12– reclamando la reivindicación moral, social y económica del personal en actividad y retiro, así como de sus viudas, discapacitados y deudos.

En este contexto, las exiguas remuneraciones del personal militar-policial, además de insostenibles, presentan graves consecuencias que el gobierno debe considerar: 1) Se está produciendo un apreciable retiro de personal especializado; 2) No existe incentivo para la presentación de postulantes; y 3) Se imposibilita el aumento del aporte del personal a la Caja de Pensiones Militar Policial, lo que podría ocasionar su colapso en el corto plazo con imprevisibles consecuencias sociales.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de noviembre de 2009

La multiplicidad de formas que reviste la informalidad en nuestro sector laboral así como la importancia que ha cobrado la economía informal en los segmentos tradicionales y emergentes, nos obliga a reexaminar esta problemática cuyo producto con relación al PBI –que llegaría hasta 50%– es de los más altos del mundo. Según el informe del 15 de abril pasado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la informalidad en nuestro mercado laboral llega a 67.9%, una de los más altas de la región.

Nuestra fuerza laboral es fundamentalmente informal. Se calcula que de 15 millones de la población económicamente activa (PEA) al 2008, alrededor de 10 millones pertenecen al sector informal. La carencia de empleos genera informalidad y constituye el único medio de subsistencia, en especial para miles de jóvenes que al término de sus estudios se ven obligados a incorporarse al sector informal recibiendo un bajísimo nivel de ingresos y careciendo de protección social. Como ejemplos, en los centros comerciales de la Avenida Abancay, en el centro de Lima, el 75% de trabajadores son informales, y solo en el sector minería se calculan más de 150 mil.

Un estudio presentado en octubre pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cipesa) de la Universidad Católica del Perú, señala que en el período 1998-2008 un 21.7% de los trabajos formales se convirtieron en informales, demostrando que el empleo que se genera es básicamente informal. Asimismo, en junio de 2008 el ministro de Trabajo explicó que el 80% de los nuevos empleos es informal o subempleado, y solo de 15% a 20% es formal.

Nuestro país no cuenta con una Ley General de Trabajo. En 1990 se adoptó una reforma laboral con 9 tipos de contrato y hoy existen cerca de 30, pero no han ayudado al traspaso de trabajadores informales al sector formal. Un proyecto de dicha ley se encuentra entrampado hace años en el Congreso de la República. Según sus opositores, estaría circunscrito solo a los trabajadores formales y además contendría requisitos muy complejos que no impulsarán la formalización del empleo ni la de cientos de miles de pequeñas empresas.
En este contexto, la alta cantidad de trabajadores excluidos de las estructuras formales debe obligar al gobierno a generar más empleo, apoyar la formalización del sector informal, así como garantizarles protección social por encontrarse más expuestos a una situación de precariedad y pobreza.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de noviembre de 2009

Tal como señala el objeto de la ley 28694 del 20 de marzo de 2006: “Por necesidad pública y de preferente interés nacional, con la finalidad de salvaguardar la calidad del aire y la salud pública”, se prohíbe a partir del 1 de enero de 2010 la comercialización de diesel con contenido de azufre superior a 50 partes por millón por volumen (ppm), sin embargo, a dos meses del plazo este oscila en nuestro país entre 1,500 y 5,000 ppm. Ya anteriormente el gobierno había aprobado con DS 025-EM del 5 de julio de 2005 un cronograma para su reducción progresiva hasta 50 ppm en enero de 2010, disponiendo que su incumplimiento sea sancionado por el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía (Osinerg).

El espíritu de ambas normativas fue que las refinerías estatales de Petro-Perú (Conchán, Talara, El Milagro e Iquitos) y de Repsol (La Pampilla), contaran con un período de casi cinco años para la instalación de plantas de sulfirización y adecuarse así a dicha reducción, sin embargo éstas no han cumplido aduciendo que esperaban la modernización de la refinería de Talara y de Petro-Perú para comenzar a invertir.

Cabe resaltar que el alto contenido de azufre que emana el diesel de nuestro precario parque automotor cuadriplica el límite de partículas nocivas permitidas por la Organización Mundial de la Salud, y es causante del padecimiento de enfermedades respiratorias, alergias, fibrosis, riesgos cardiovasculares o cáncer de pulmón, con índices de 4,500 muertes prematuras anuales.

El pasado día 5 con DS 061-2009-EM el gobierno reafirmó la prohibición de comercializar diesel con más de 50 ppm de azufre, pero solamente para Lima y Callao, dejando libre la venta con alto contenido contaminante en el resto del país, donde ciudades como Arequipa, Trujillo y Cusco sufren similar problemática. Este decreto, además de no mencionar el incumplimiento de las refinerías, no especifica un nuevo plazo para que éstas produzcan diesel con bajo contenido de azufre para cubrir los requerimientos nacionales. Según el presidente de Petro-Perú, Luis Rebolledo, a partir de enero de 2010 deberán importar este diesel lo cual incrementará los costos de la empresa, y asimismo, recién el año 2015 podrían cumplir con la ley.

Pasados casi cinco años que tuvieron las refinerías para adecuarse a las normativas para mejorar la calidad del aire, lo que inexplicablemente no cumplieron, tendríamos que preguntarnos: ¿Qué debe pasar con la salud pública para que las autoridades asuman su responsabilidad?

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de octubre de 2009

El pasado día 18 el ministro de Defensa peruano, Rafael Rey, declaró que al haberse logrado superar los “desentendimientos y desencuentros” con Chile buscará un acercamiento con su homólogo Francisco Vidal para dialogar sobre temas políticos y militares. La respuesta del ministro Vidal –dada el día 19 durante el operativo “Salitre II”– fue condicionando el diálogo a la firma de un método de homologación de gastos militares, tal como el aplicado entre Argentina y Chile. Al día siguiente, al inaugurar el ejercicio binacional “Hermandad” entre Bolivia y Chile, resaltó además que el 2002 Chile le propuso al Perú esta homologación, reiterando “aceptar encantado” el encuentro expresado por su par peruano, siempre que “firmemos” dicho método.

Habría que recordarle al ministro chileno que en setiembre de 2001, durante la 1ra. reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política Perú-Chile (2+2), se iniciaron los estudios del proceso de medición de gastos de defensa, siendo aprobada en la 2da. reunión en julio de 2005, suscribiéndose una “Metodología estandarizada común para la medición de los gastos de defensa”, proceso que nunca se inició por la imposibilidad de determinar los gastos de defensa reales en armamento chileno debido a los alcances de la Ley 13.196 “Ley Reservada del Cobre”, la cual a pesar de muchas tentativas no ha podido ser derogada debido a la resistencia política de quienes consideran que aún con todos sus defectos debe mantenerse, ya que les ha permitido tener paz y seguridad por más de medio siglo, con unas FF AA debidamente equipadas y capacitadas para cumplir con su misión.

En 1999 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró esta misma metodología entre Chile y Argentina, sin embargo en su informe final especifica que “dadas las características muy especiales de la ley reservada de Chile, no es factible conocer o estimar gastos anuales en compras y mantenimiento de material bélico que es financiado por el rendimiento periódico de las mismas”.

Aunque para el ministro Rafael Rey la homologación de gastos de defensa entre Perú y Chile es tema de agenda, esta no tiene ningún sentido. Además de la abismal diferencia en armamento, la medición no sería confiable ni transparente, y no evitaría la carrera armamentista chilena ni alcanzaría el equilibrio estratégico. Nuestro país no debe adoptar esta metodología, ni mucho menos, aceptar el condicionamiento del ministro de Defensa chileno para iniciar un diálogo.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de octubre de 2009

En solo nueve días se han producido tres ataques terroristas en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), lo cual representa una preocupante intensificación de acciones subversivas –cada vez con mayor capacidad de combate– contra bases y efectivos de las FF AA. Dichos ataques se iniciaron el pasado día 4 contra la base militar del cerro San Judas, y cuatro días después contra la base de puerto Ocopa en Satipo, quedando herido un soldado. También atacaron en el cerro San Judas dos helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea y el Ejército, y el día 12 emboscaron una patrulla militar en la zona de Vizcatán, donde murió un sargento al pisar una mina –según información oficial– sembrada por el propio Ejército para evitar ataques externos.

Después del criminal ataque terrorista del pasado 2 de setiembre en Sinaycocha en el que fue derribado un helicóptero MI-17, muriendo 3 efectivos de las FF AA y quedando 5 heridos, el ministro de Defensa, Rafael Rey, manifestó la decisión del gobierno de “revaluar” las formas de actuar en la estrategia o táctica de las FF AA en la zona de operaciones del VRAE, y asimismo, de “redireccionar” el presupuesto destinado a compra de armas para defensa externa hacia la lucha terrorista.

Con respecto a la “revaluación” del accionar de las FF AA, fundamentalmente debe mejorarse el ineficaz sistema de inteligencia para enfrentar a los terroristas y prevenir sus ataques y emboscadas. Sobre la “redirección” del presupuesto de defensa externa al VRAE sería una decisión equivocada, ya que los exiguos recursos del Núcleo Básico de Defensa (US$ 120 millones anuales entre el 2007 y 2011) están casi en su totalidad comprometidos y además cubren los requerimientos de un mínimo porcentaje de unidades de las FF AA. Los recursos restantes no cubrirían las necesidades de adquisición de equipamiento para hacer frente al de los terroristas, obtenido con dinero del narcotráfico que mueve alrededor de US$ 2,000 millones anuales.

En este contexto, sin adecuados recursos las FF AA están limitadas para cumplir su misionamiento tanto en el frente externo como en el VRAE. La lucha contra el terrorismo en el campo militar requiere además de mayor presupuesto para adquisición de helicópteros blindados, cámaras infrarrojas (Flir), aviones no tripulados con cámaras de monitoreo de largo alcance (UAV), detectores de minas de alta precisión, vehículos de transporte blindados, entre otros equipos de inteligencia, comunicaciones y armas de última tecnología.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de octubre de 2009

Nuestro máximo héroe y “peruano del milenio”, el Gran Almirante Miguel Grau, cuando aún ostentaba el grado de Capitán de Navío, el 30 de mayo de 1877 fue nombrado Comandante General de la Marina. Una de sus primeras acciones fue presentar su “Memoria de Marina” exponiendo la real situación de operatividad de nuestras unidades navales. En ella informó que de seis buques de combate con que contaba la escuadra, únicamente se encontraban operativos el Monitor “Huáscar” y la Corbeta “Unión”.

El resto, la Fragata “Independencia”, la Cañonera “Pilcomayo” y los Monitores “Manco Cápac” y “Atahualpa” estaban fuera de servicio por falta de materiales y repuestos para reparar sus calderas, máquinas y cascos. La conclusión de su Memoria fue la siguiente: “De algún tiempo atrás la Marina no ha hecho adelanto material alguno. Su importancia ha desmerecido mucho, pues siendo nuestros principales buques construidos en una época en que el blindaje y gruesa artillería hacían sus principales ensayos, ya han quedado muy atrás de las poderosas naves de guerra que se construyen en el día”.

En sesión del Congreso del 11 de setiembre de 1877, la cámara de diputados tomó conocimiento del informe e inexplicablemente lo archivó. Dos años después, el 5 de abril de 1879, Chile nos declaró la guerra. Grau asumió el mando del “Huáscar” y aunque no estábamos preparados para la contienda, procuró hacerlo de inmediato con los escasos recursos disponibles. Desde el inicio de la Guerra del pacífico y después de seis meses de combates y siete incursiones al sur, el 8 de octubre en el Glorioso Combate de Angamos, nuestro héroe se inmoló por la patria legándonos una profunda e imperecedera lección de sacrificio y patriotismo.

Este episodio de nuestra historia nos debe obligar a reflexionar que después de 130 años, las actuales unidades de combate de nuestras FF AA presentan serias limitaciones en su operatividad, debido a su tiempo de servicio –la mayoría sobrepasa los 30 años–, poco tiempo de vida útil disponible, obsolescencia del material, limitaciones en conseguir repuestos por la antigüedad de sus equipos y sistemas, y la falta de presupuesto que no permite efectuarles adecuadas reparaciones ni mantenimiento.

Inexorablemente durante los próximos años, esta situación no permitirá la reparación o repotenciación de muchas de ellas obligando a darles de baja y debilitando aún más nuestro sistema de seguridad y defensa nacional.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de octubre de 2009

El pasado 28 de setiembre, el canciller peruano José García Belaúnde propuso ante la Asamblea General de la ONU un pacto de no agresión regional. Aunque tal ponencia no estuvo dirigida a Chile, la presidenta Michelle Bachelet se dio por aludida y afirmó que su país “no está en una carrera armamentista y no tiene una política de agresión, sino defensiva y disuasiva”. Tal aseveración no corresponde a la realidad. La cantidad, características y performance del armamento adquirido en forma sostenida por Chile, con gastos de más de US$ 20,000 millones, corresponde a una irrefutable carrera armamentista.

Aunque políticamente fijen a sus FF AA un carácter defensivo, el inventario militar demuestra que es netamente ofensivo: 46 cazabombarderos F-16 (18 de ellos los recibirán el 2010); 2 submarinos “Escorpene” con misiles; 8 fragatas misileras; 140 tanques Leopard II; 100 vehículos de combate Marder; 30 helicópteros, entre Bell-412, AS-535 Súper Puma y Cougar; 8 aviones antisubmarinos C-295; 12 aviones de ataque Súper Tucano; patrulleras marítimas; y un satélite, según el ministro de Defensa Francisco Vidal, de “obvio” uso militar; además de una indeterminada cantidad de armas (misiles, torpedos y municiones) adquiridos con decretos supremos reservados, exentos de toma de razón y refrendación, al amparo de su Ley Reservada del Cobre.

En cuanto a su política disuasiva, es importante resaltar que el Libro Blanco de Defensa chileno la define como un efecto que se crea en la percepción adversaria acerca de la fortaleza de las capacidades y voluntad política del país disuasorio para emplear el Poder Nacional en resguardo del Interés Nacional, y que además exige hacer creíble la voluntad y capacidad de emplear la fuerza militar si fuese necesario. Claros ejemplos son la ubicación de toda su flota aérea cerca de nuestra frontera, o el nombre y concepción estratégica del operativo “Salitre 2009” a realizarse en Antofagasta.

Debemos considerar positiva la propuesta del Perú sobre un pacto de no agresión regional, sin embargo, como cada país es soberano y libre de implementar su política de Defensa y la mayoría ha optado por fortalecer sus FF AA, no se avizora unanimidad para un acuerdo ni un cambio de situación.

Aparte de dicha propuesta, es responsabilidad del gobierno, como política de Estado y mandato constitucional, otorgar los recursos necesarios para contrarrestar la reducida operatividad de nuestras FF AA.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de octubre de 2009

El 22 de este mes fue presentado el estudio de la Unidad de Inteligencia de Economist “La Competitividad en la Industria de Tecnología de la Información 2009”, el cual valora y compara la solidez y desempeño de la industria de la Tecnología de la Información (TI) de 66 países del mundo –incluyendo al Perú– y ofrece una hoja de ruta a los gobiernos para que asuman sus fortalezas y debilidades. Nuestro país alcanzó el puesto 55° entre 66 países, y en la región el 6° entre 8 países, después de Chile (27°), Brasil (40°), Argentina (41°), México (48°) y Colombia (52°).

De los seis factores que analiza el estudio, en tres de ellos nos encontramos a la zaga con bajísimos niveles de puntuación. En investigación y desarrollo (6.9% sobre 100%) por el ínfimo gasto del gobierno y del sector privado; las mínimas patentes registradas y la baja recepción de regalías y aranceles por licencias. En infraestructura (11.9% sobre 100%), por los reducidos gastos del mercado en hardware, software y servicios y la baja cantidad de computadoras, servidores de internet, y conexiones de banda ancha. Y en capital humano (22.1% sobre 100%), por la baja cantidad de estudiantes universitarios en carreras de ciencias, proyectos, desarrollos de aplicaciones y de web.

El asunto es que sufrimos una grave ausencia de propuestas de impulso a la innovación, la ciencia y la tecnología. Nuestro porcentaje de inversión en todo el sector tecnológico es el más bajo en América Latina (0.15% del PBI) –US$ 4 anuales por habitante– a diferencia de Argentina, Chile y Brasil que invierten entre 0.5% y 1%. En la industria de banda ancha, redes esenciales para la competitividad de las empresas –internet, velocidades de bajada y enlaces fijos y móviles–, ocupamos el último lugar en Sudamérica con 2.9% habitantes con acceso, a diferencia de Chile (9.7%), Argentina (9.3) y Uruguay (8.5).

En este contexto, considerando que las tecnologías de la información se están convirtiendo en un índice de progreso económico y social en el mundo, el gobierno debería incrementar la inversión al sector tecnológico, y asimismo, incentivar esfuerzos coordinados con empresas privadas y universidades para que inviertan en tecnología con el fin de fortalecer la competitividad del país, incrementar el emprendimiento y la calidad de vida de la población, así como mejorar la investigación y la capacitación tecnológica de nuestro recurso humano.

Publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de setiembre de 2009